Milei define qué hace con Lijo y García-Mansilla: en este tiempo sólo sumaron resistencias

Nueve meses después del anuncio oficial y dos meses después de amenazar con nombrarlos por decreto, el Gobierno aún no definió qué hará con las postulaciones a la Corte Suprema de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla que quedaron congeladas en el Senado de la Nación. Aunque exploró negociaciones con el peronismo y tanteó el camino de la imposición unilateral, el presidente Javier Milei no logra los consensos necesarios para avanzar con las designaciones y enfrenta una discusión interna en su equipo de asesores. Avanzar por decreto para configurar un escenario tal vez de corto alcance o apostar a la negociación política en el Senado para conseguir una decisión consensuada (es decir, cediendo en algo) pero sostenible, he ahí la cuestión.

Por un lado, tanto él como su consejero estrella, Santiago Caputo, insistieron en las últimas horas en agitar la posibilidad de las designaciones por decreto. Caputo lo hace en sus conversaciones informales con otros asesores, funcionarios o periodistas. Milei lo dijo en una entrevista: “Si el Senado no resuelve, yo lo tengo que resolver”. Aunque rápidamente desde la Casa Rosada –evidenciando la discusión interna– salieron a ponerle matices a su declaración. Según ese subtitulado, lo que quiso decir el mandatario es que “si el Senado no los aprueba y pasa algo en la Justicia por lo cual se los necesita, el presidente lo va a hacer por decreto”.

Y es que, en la otra vereda de la discusión, parte del equipo de Gobierno cree que la designación de jueces de la Corte Suprema por decreto podría terminar afectando negativamente a la administración libertaria. La jugada del peronismo, que hizo firmar a todos sus senadores y senadoras que no apoyarán a ningún candidato designado por esa vía, fue la que encendió las luces de alarma en parte de la Casa Rosada. Si sucede lo que avisó el bloque de Unión por la Patria –Lijo y García-Mansilla son nombrados por decreto y luego volteados por el Congreso–, en el Gobierno hay funcionarios y asesores que temen por la magnitud del impacto que esa noticia podría provocar en los mercados. ¿Sería una mala señal para los inversores? Hay quienes creen que sí y por eso no debería avanzar.

Además de la falta de acuerdos políticos que vuelvan sostenibles las designaciones, ambas propuestas han recibido en estos nueve meses más cuestionamientos que apoyos. Ni siquiera el PRO, que no sólo ha funcionado en gran parte del primer año de Milei como un aliado estratégico, sino que también designó jueces de la Corte por decreto cuando fue gobierno, respaldó a los candidatos del Ejecutivo.

A las observaciones variopintas sobre Lijo, que han sido vastamente relatadas, un grupo de referentes de ONGs y funcionarios y funcionarias judiciales estuvieron recorriendo despachos en el Senado estas últimas semanas para informar a los legisladores sobre Manuel García-Mansilla. Estas personas se dedicaron a estudiar la producción académica del candidato a la Corte y, como resultado, redactaron un documento lapidario que lo señala como un postulante no apto para el máximo tribunal. Entre otras cuestiones, ese informe pone en duda que los textos firmados por García-Mansilla puedan ser considerados “académicos”, porque en su mayoría son publicaciones en diarios y revistas no especializados. Además, señalan: “Sus producciones son peculiarmente endogámicas, no-seculares y aisladas del sistema público”.

Además, advierten sobre el “alto riesgo de parcialidad” que implicaría su nombramiento, porque subrayan que García-Mansilla “dedicó sus últimos 20 años a la defensa jurídica de empresas hidrocarburíferas y desde hace 10 años es director Ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), donde se nuclean las principales petroleras de Argentina (como Total Austral, Chevron, Pluspetrol, Equinor, Shell o Exxon)”. En ese punto, insisten con algo que se convertiría en un hito si el candidato fuera designado en la Corte: “Esta sería la primera vez que ingresa un profesional que tiene a su cargo no ya la defensa legal, sino directamente la representación institucional de un sector exclusivo como éste”.

Dos hallazgos llaman la atención en el recorrido por sus textos plasmado en ese informe: el candidato no estuvo de acuerdo con el fallo del máximo tribunal que anuló el tarifazo de gas durante la gestión de Mauricio Macri, conocido como fallo Cepis. Así se desprende de un artículo suyo publicado en la Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería (RADEHM). Además, en otros textos, García-Mansilla “desprecia en general las reformas introducidas en 1994 a la Constitución Nacional en materia de nuevos derechos y garantías (entre los que figuran la preservación del medio ambiente y la protección de usuarios y consumidores)”, destaca el informe.

Según ese análisis, García-Mansilla “se manifestó en reiteradas ocasiones para negar la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos y el valor de los pronunciamientos de los organismos internacionales de protección de derechos humanos”, y no solo eso, sino que también se pronunció en contra de la presunción de constitucionalidad que rige sobre cada ley aprobada por el Congreso, la cual establece que quien cuestiona la validez de una norma debe acreditar su incompatibilidad con el texto constitucional y no al revés. García-Mansilla, en un artículo de 2014 titulado “¿Presunción de Constitucionalidad o Presunción de Libertad?”, sin dar vueltas, escribió: “Resulta imperioso abandonar la presunción de constitucionalidad”. Es decir, más poder para los jueces y menos para el Congreso.

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