Las universidades se preparan para tres años más de conflicto

Un entendimiento profundo de la disputa con el Gobierno de Javier Milei fue tomando forma en los últimos meses para los rectores de las universidades públicas de la Argentina, quienes hoy tienen una certeza: las instituciones que conducen fueron elegidas por el presidente como un objetivo de su guerra cultural contra el Estado, la agenda progresista y la ampliación de derechos, y el Poder Ejecutivo simplemente no va a hacer nada por desescalar el conflicto. Al contrario, lo va a alimentar. Por eso, los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no dudan a la hora de describir la situación: será una disputa que se extenderá durante todo el mandato de Milei. “Nosotros estamos preparándonos para una pelea que va a durar todavía tres años y dos meses más”, explican.

El recorte en el presupuesto para los salarios de docentes y no docentes explica solo una parte del asedio que el Gobierno mantiene sobre el sistema educativo en general y las universidades en particular. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la ejecución presupuestaria, “en materia educativa se observan fuertes caídas en la ejecución de partidas sensibles como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-98% en la ejecución base caja), el Programa Conectar Igualdad (-84%) y el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación (-92%)”. Solo repasar los porcentajes del recorte impacta. Un ajuste del 84, 92 o 98% más que ajuste es eliminación. La investigación científica, que en parte depende de las universidades, también sufre el ataque. Según el CEPA, hubo fuertes caídas en los fondos asignados a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y otros organismos del sector como la CONAE, CONICET y CONEAU.

El CIN, creado por el expresidente Raúl Alfonsín –denostado en los últimos días por Milei, algo que los gobernadores radicales calificaron como “la frescura” del mandatario–, tiene una mirada preocupante sobre el recorte presupuestario. Si la asignación para las universidades nacionales se aprueba tal como fue enviada por el Poder Ejecutivo en la Ley de Presupuesto 2025, hay casas de estudio que ya en enero no van a poder pagar sueldos, advierten. Según un informe de Argentinos por la Educación, el presupuesto educativo de 2025 será el de menor participación sobre el PBI de la última década. El Gobierno hizo, al prever los fondos educativos, una cuenta que parecería desconocer la inflación con la que convive desde hace décadas nuestro país: tomó lo girado a las universidades nacionales en agosto 2024, lo multiplicó por 12 y así presupuestó el 2025 para el sistema de educación superior. Los rectores avisaron que necesitan por lo menos el doble de lo ofrecido por el Poder Ejecutivo. Y en una negociación incipiente lograron que el ministro de Economía, Luis Caputo, abra un poco la billetera pero con algunas condiciones.

El presidente del CIN, Víctor Moriñigo, lo explicó así a Infobae: “Tenemos la intención y las charlas avanzadas para que eso suceda. Creo que esos 3,8 billones de pesos (que ofreció inicialmente el Gobierno), que eran un techo, de a poco se han transformado en el piso de la discusión. De hecho, esa cifra que presentó el presidente Javier Milei en septiembre ya quedó desactualizada con el 6,8% que cobramos con el salario de octubre. Así que esos 3,8 billones tendrán que ser modificados. Deberíamos ir en busca de un monto que esté lo más cerca posible de lo que solicitó el CIN, que son 7,2 billones de pesos. Lo ideal sería esa cifra, pero no somos obtusos y sabemos que cuanto más nos arrimemos, mejor. Las charlas están bastante encaminadas para que gremios, rectores, diputados y el Gobierno encontremos una salida colectiva por medio de la institucionalidad”.

La oferta oficial fue llevar esos 3,8 billones de pesos presupuestados inicialmente a algo más parecido a 6 billones. Pero con una trampa: en vez de asignar esos 2 billones extra en la planilla anexa que indica cuánto dinero recibirá cada una de las universidades, el Poder Ejecutivo propone dejarlos asignados al sistema en general y poder disponer de ellos para girarlos a discreción cuando cada universidad lo requiera. En el CIN ven en esta propuesta el huevo de la serpiente para romper la cohesión de los rectores y por eso la rechazan. Las negociaciones continúan, empujadas por propuestas como la de Ciencias Exactas de la UBA, que quiere impulsar una consulta popular vinculante para garantizar el financiamiento del sistema de educación superior.

La fortaleza del CIN hoy frente al Gobierno pasa por la unidad entre los rectores y por un frente gremial que, por primera vez en décadas, también aparece cohesionado. El temor a que el Gobierno pueda romper esa unidad con fondos, sin embargo, está muy presente. Dentro de ese panorama de cohesión, hay afinidades. Las universidades con rectores radicales (Córdoba, Rosario, Litoral, entre otras) se agrupan por un lado. Las de rectores peronistas (principalmente las del Conurbano), por el otro. Y la UBA, por tamaño e incidencia, funciona como un universo aparte. Hoy todos tiran para el mismo lado, mientras intentan encontrar la llave para discutir con un Gobierno que no duda en acusarlos de cualquier cosa (chorros, elitistas, casta) para poder doblegarlos.

“Las universidades tenían una imagen en la sociedad 90 a 10, por eso nadie se les animaba a las universidades”, dijo este lunes el presidente Milei, sin abundar en por qué alguien debió habérseles animado antes. Es difícil encontrar una respuesta a esa pregunta entre los argumentos oficiales, porque la Casa Rosada ensayó una serie imparable de explicaciones sobre por qué ataca a las universidades. Dijo que malgastan sus fondos en estudiantes extranjeros que deberían pagar; que son un privilegio pagado por todos para el sector más pudiente de la sociedad, dado que los pobres no llegan; que los estudiantes demoran hasta diez años en terminar la carrera y así malgastan los recursos nacionales; que son centros de adoctrinamiento; que no sirven para la movilidad social ascendente y, finalmente, que no se dejan auditar.

Ese último argumento, el de las auditorías, fue el que funcionó. Tras meses de intentos, y habiendo atravesado dos marchas multitudinarias y federales en defensa de la educación universitaria pública, el Gobierno encontró una razón que parte de la sociedad cree válida para la embestida contra las universidades. Poco importa que sea el propio Gobierno el que no logró designar a la totalidad de la Auditoría General de la Nación (AGN) y demoró así el relevamiento sobre las casas de estudio. La decisión de involucrar a la Sindicatura General de la Nación (Sigen), hoy judicializada, le dio aire a un Poder Ejecutivo que no encontraba un flanco débil en los rectores. Ellos lo saben y se preparan para tres años más de batalla.

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