Migrantes climáticos: la emergencia ambiental acelera el desplazamiento de poblaciones vulnerables

El calentamiento global está alterando el clima debido a actividades humanas, principalmente por la acumulación de gases de efecto invernadero, como consecuencia del uso de combustibles fósiles. Salvo por una pequeña minoría que lo niega, parece haber un consenso entre la sociedad civil, la comunidad científica, el sector privado y los gobiernos: esta problemática es un hecho y define nuestro tiempo.

Si pensamos en las causas, es decir, en cuánto aporta cada país al calentamiento global y en sus responsabilidades para mitigarlo, no podemos dejar de mencionar el principio de “responsabilidades comunes, pero diferenciadas”. ¿Qué significa esto? Que se espera que los países desarrollados (mayores emisores) adopten medidas más ambiciosas, mientras que los países emergentes o en vías de desarrollo, que contaminan menos, tengan un grado de responsabilidad menor.

Eso en cuanto a las causas. Pero si analizamos las consecuencias de la crisis climática, ocurre algo similar. Aunque afecta a todo el planeta, no lo hace de manera equitativa: los que menos contribuimos a esta crisis somos quienes más sufrimos sus consecuencias. ¿Quiénes? El sur global: América Latina, África y algunos países de Asia.

Actualmente, el 29% de la población de América Latina vive en situación de pobreza (alrededor de 183 millones de personas), y el 18% de ellas residen en asentamientos populares, según un relevamiento de la organización TECHO.

El mismo relevamiento indica que en Argentina hay al menos 6.467 barrios populares (villas, asentamientos y conjuntos habitacionales), donde familias enteras viven en extrema vulnerabilidad, sin acceso a servicios básicos como agua potable, energía eléctrica o red cloacal formal. A menudo se ven obligadas a habitar zonas de riesgo, sin la infraestructura mínima para una vida digna.

Es acá donde los efectos del cambio climático se sienten primero y con mayor intensidad.

La organización social TECHO junto con Jóvenes por el Clima publicaron en agosto de este año un informe titulado “Desigualdad climática en barrios populares: factores de riesgo ambiental en la crisis habitacional de Argentina”. En él, se destacan datos impactantes como que las personas vulnerables tienen 15 veces más probabilidades de morir a causa de fenómenos climáticos extremos, que las muertes por inundaciones son siete veces mayores en los países con mayor desigualdad y que en nuestro país, 4 de cada 10 barrios populares se exponen a un factor de riesgo ambiental.

En este sentido, los esfuerzos para hacer las ciudades más resilientes ante el cambio climático son aún incipientes, y las políticas públicas rara vez incluyen a los barrios más pobres y precarios. El cambio climático es, sobre todo, un problema de justicia social.

3 amenazas ambientales

El informe de TECHO también resalta tres principales factores de riesgo ambiental que afectan a los barrios populares del país:

1. Proximidad a cuerpos de agua: Muchos barrios populares se encuentran cerca de ríos, canales y otros cuerpos de agua. Si bien su cercanía puede ser útil para ciertas actividades, también representa un riesgo importante cuando el caudal aumenta y se producen desbordes, generando inundaciones. Además, estos cursos de agua suelen estar contaminados, lo que agrava los riesgos de salud para los residentes. Las aguas desbordadas pueden mezclarse con cloacas y basura, lo que incrementa la exposición a enfermedades.

2. Zonas inundables: Casi la mitad de los barrios populares (48%) están ubicados en zonas propensas a inundaciones. Estas áreas, muchas veces ocupadas debido a la falta de alternativas habitacionales, carecen de sistemas de drenaje y desagües pluviales. La saturación de las napas freáticas y la falta de mantenimiento en las conexiones eléctricas también son problemáticas graves. Durante las lluvias intensas, los anegamientos en calles sin asfaltar complican la movilidad, y el riesgo de electrocución aumenta por la precariedad de las redes eléctricas.

3. Basurales: Los basurales a cielo abierto y los microbasurales (que afectan al 34% de los barrios populares), combinado con la falta de servicios de saneamiento, aumenta los riesgos para la salud de la población.

En Argentina, según TECHO, el 40,3% de los barrios populares se encuentra expuesto a al menos uno de estos factores de riesgo ambiental, con consecuencias que van desde daños materiales hasta la pérdida de vidas. A nivel nacional, Argentina, por ejemplo, se encuentra entre los 14 países más afectados por inundaciones, alcanzando pérdidas del 1,1% del PBI nacional. Punto en contra para los que piensan que la economía y el ambiente no tienen nada que ver.

Migrar forzosamente

Como ya te conté, los efectos del cambio climático impactan fuertemente en la población más vulnerable de América Latina. Uno de los efectos más visibles es el crecimiento de los flujos migratorios que, cada vez más, se ven impulsados por razones climáticas.

Entre 2008 y 2019, según los datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), los eventos climáticos extremos provocaron un promedio de 21,5 millones de desplazamientos anuales, más del doble que los causados por conflictos y violencia.

¿Quienes se desplazan? Se trata de personas que se ven obligadas a abandonar áreas cada vez más inviables de sus países debido a problemas como la escasez de agua, las malas cosechas, el aumento del nivel del mar, las inundaciones o desastres repentinos.

En muchos casos, estos fenómenos extremos afectan los cultivos y la producción de alimentos de pequeños productores y comunidades locales, que utilizan sus cosechas para subsistir. Al verse afectada esta actividad se ven obligados a buscar nuevas tierras fértiles o a trasladarse a ciudades en búsqueda de nuevas oportunidades.

Según un Informe de la FAO del 2023, 857 millones de personas en el mundo se dedican a la producción agrícola primaria. En muchos países, los sistemas agroalimentarios son una fuente de sustento más importante para las mujeres que para los hombres.

Los desplazamientos por causas ambientales y climáticas no están claramente cuantificados, en gran medida porque la decisión de migrar suele ser multicausal. Según el Banco Mundial, se estima que hacia 2050 podría aumentar a 200 millones anuales la cantidad de personas que se desplazarán y requerirán asistencia humanitaria.

La mayoría de las personas desplazadas por desastres climáticos permanecen dentro de sus países, en áreas que siguen siendo vulnerables a fenómenos extremos. Algunas de ellas no pueden regresar a sus hogares y se convierten en desplazadas internas, mientras que un número menor busca refugio en otros países.

Es importante destacar que el Estatuto de los Refugiados sólo ofrece protección a quienes huyen de la guerra, violencia o persecución habiendo cruzado una frontera internacional. Aquí surge una distinción clave: mientras que los migrantes eligen voluntariamente trasladarse por motivos laborales, económicos o familiares, los refugiados lo hacen de forma forzada. Sin embargo, el término “refugiado climático” no está reconocido en el derecho internacional, lo que deja un vacío legal que impacta en la protección de estas personas frente a los desplazamientos forzados por razones ambientales.

El cambio climático es lo que llamamos un “multiplicador de amenazas” porque magnifica el impacto de otros factores que pueden contribuir a los desplazamientos, como la pobreza, la falta de trabajo, y las tensiones relacionadas con la escasez de los recursos.

Todos los caminos conducen a Roma

Es fundamental desarrollar políticas públicas que fortalezcan la resiliencia y adaptación climática de las poblaciones vulnerables, incluyendo una perspectiva ambiental y de riesgo en el diseño y gestión de políticas de integración socio-urbanas para mejorar el hábitat en barrios afectados y asegurar el acceso a servicios básicos para las familias en mayor situación de vulnerabilidad socioeconómica.

En este contexto, aunque suene utópico, avanzar hacia la equidad social y la justicia ambiental se vuelve imprescindible.

La falta de una definición adecuada para los migrantes climáticos dentro del marco jurídico internacional genera su invisibilidad dentro del sistema global. La resistencia de la comunidad internacional a ampliar la definición de “refugiado” deja a estas personas sin reconocimiento ni apoyo, impidiendo que se recopilen datos sobre su situación y se les brinden los servicios básicos que requieren.