Rosario, en el centro del mapa narco

El tiroteo se produjo este año. Fue con ametralladoras, desde la ventanilla abierta de un auto en movimiento. Ya se hacía de noche en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, en el Gran Rosario, pero eran apenas las 7 de la tarde. Era un día otoñal, típico de junio, no tan frío, y por eso todo el vecindario tomaba mate en la vereda. Geraldine Mora Gómez tenía un año y siete meses y estaba a upa de su abuela, Sandra, de 41. Una de esas ráfagas la alcanzó. La abuela resultó herida, igual que un tío. La beba murió en el acto. Nunca antes la violencia entre bandas criminales vinculadas al narcotráfico había roto códigos así, pero no parece encontrar límites. Son más de 200 los homicidios dolosos que acumula Rosario en lo que va de 2022, y no para de superar sus propios récords. 

“Cuando terminaron las primeras etapas de aislamiento por la pandemia, surgió una gran ferocidad para disputar los territorios. Antes no veíamos asesinatos a bebés. Descendimos un escalón más en la metáfora del infierno de Dante”, analiza Carlos del Frade, histórico periodista local de investigación y hoy diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe. En su lectura, “hay una gran subdivisión entre las bandas y ha aumentado la cantidad de armas en circulación. Es un gran negocio ilegal, paraestatal, y eso genera que muchísimas chicas y chicos encuentren laburo a partir de las armas como primera herramienta de trabajo. Ese es el drama que tenemos”. Según el legislador, “al profundizarse la desigualdad, se empieza a ver un mayor nivel de violencia para quedarse con el dinero de quienes consumen cualquier tipo de sustancias”.

Para el exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, “la experiencia en Argentina, particularmente en Rosario, es que quien canaliza los fondos (ilegales) es el circuito histórico financiero de la ciudad. En Rosario hay una predominancia fenomenal de prácticas ilegales muy consentidas y lo que hacen es gestionar el dinero negro de la economía real”. El ahora asesor del gobierno nacional detalla su punto de vista: “Tenés dos ruedas económicas muy importantes en la provincia de Santa Fe: una es la economía real, los que producen de verdad, la economía agropecuaria, la economía industrial y la economía de servicios vinculada a estas dos cuestiones, lo cual convierte a Santa Fe en la segunda economía nacional. Ahí se produce, se elabora, se trabaja. Pero hay toda una parte de la rentabilidad de estos sectores de la economía real, fundamentalmente desde que se produjo el boom de la soja en el año 2000, que empezó a tener una parva de dinero negro. Cuando, en los años 2005 y 2006, los cereales empezaron a cotizar muy alto en el mercado internacional, ese dinero negro empezó a ser gestionado por una franja de nuevo burgueses, nuevo yuppies, que viven de eso, de la gestión del dinero negro de la economía real. Y, para invertir ese dinero, han generado un nivel de emprendimiento con financieras históricas tradicionales, que anteceden todo esto. Con el consentimiento de la política, particularmente del socialismo. El narcotráfico en Rosario crece. Es decir, se consume cada vez más, hay mayor rentabilidad, y eso explica en gran medida la competencia feroz entre grupos por quedarse con el negocio. Son gente rústica, los grandes líderes narcos están encarcelados”. 

El fiscal Fernando Arrigo, quien desde 2018 se concentra en estas causas en Rosario, refuerza la idea: “En los últimos años se viene viendo cómo muchas veces estos líderes suelen ser personas que ya tienen condenas y siguen delinquiendo desde sus lugares de detención”.

Los líderes

El mundo narco criminal de Rosario está muy fragmentado pero el manejo macro del negocio todavía está controlado por dos grandes grupos: Los Monos y Alvarado, a pesar de que sus líderes están presos y condenados. 

“Ha habido una guerra entre Alvarado y Los Monos, pero hay un montón de terminales que giran en torno de uno y otro. Yo creo que los líderes encarcelados no quieren consolidar los territorios con referentes narcos con cierta capacidad de gerenciamiento porque, así, lo pierden. Les siguen reportando, como una franquicia. Ahí hay una tendencia a tratar de desestabilizar los territorios, precarizando su gestión con gente que solo sabe tirar tiros. Esto sumado a que no hay un Estado que ponga orden, legal o ilegalmente”, analiza Saín.

Esteban Alvarado es el jefe de lo que se conoce como “la banda de los rosarinos”, que empezó con robos y desguaces de autos. Este año fue condenado a prisión perpetua como líder de una asociación ilícita que incluyó asesinatos y policías asociados, que hacían investigaciones para señalar a Los Monos, pero no en nombre de la ley sino para hacer crecer al narco rival.

Carlos Argüelles, ex miembro y luego principal testigo en contra de esta banda, fue acribillado por sicarios después de confesar su participación en un juicio abreviado. Lo mismo le ocurrió a uno de sus sicarios, Nicolás “Fino” Ocampo, tras haber aportado información.

El líder de Los Monos es Ariel “Guille” Cantero. Se entregó en 2013, después de haber encargado una serie de asesinatos para vengar el homicidio de su hermano Claudio “Pájaro” Cantero. Como Alvarado, fue juzgado por asociación ilícita. Lo condenaron a 22 años de prisión en 2018 y a eso se sumaron otras cinco condenas.

Cifras contundentes

En el último tiempo, la provincia de Santa Fe registra cada año entre 341 y 373 homicidios dolosos, es decir, asesinatos intencionados. En 2019, fueron 341; en 2020 fueron 373; y en 2021, 358, al igual que en 2018. Los números que sí crecen todo el tiempo son aquellos que, dentro de esa cifra anual, pertenecen a la ciudad de Rosario. Las cifras oficiales indican que, de esos 358 asesinados en 2021, 241 ocurrieron en Rosario —la cifra más elevada de los últimos siete años—, 80 en la capital provincial, y el resto se divide con menos de diez en cada localidad. Mientras la tasa de homicidios dolosos del país cada 100.000 habitantes rondaba el 5.3 en 2020 y bajó a 4.6 en 2021, la tasa de Rosario en 2020 fue de 18.57 y la de la ciudad de Santa Fe, de 13.61. El último informe provincial advierte que “las ciudades de Santa Fe y Rosario se encuentran interrelacionadas con las localidades aledañas menos pobladas en múltiples sentidos, desde las actividades económicas hasta los desplazamientos de residentes con fines laborales, recreativos, etcétera, hecho que debe ser tenido en cuenta en el análisis de las violencias altamente lesivas”.

A modo de aval de los dichos de Del Frade, puede citarse el documento oficial que indica que “las armas de fuego como mecanismo causante de las muertes violentas en Rosario es superior a las visualizadas para la provincia de Santa Fe”. Agrega el periodista: “En el primer semestre de este año, tuvimos en Rosario 397 personas heridas por armas de fuego. Son 60 por mes, una cada doce horas. Es impresionante”.

En relación a las víctimas, dice el informe que “durante el año 2021 el universo se compone mayoritariamente de varones (…) y la distribución de las víctimas por grupos etarios muestra que, en el departamento de Rosario, las mayores concentraciones se registran en las franjas de entre 20 y 24 años y entre los 25 y los 29 años —dos de cada diez víctimas en cada una de esas franjas—”. Siete de cada diez homicidios que tuvieron lugar el año pasado en Rosario sucedieron en la vía pública y en tres de cada cuatro casos se observa un componente de planificación del evento homicida. 

“Seis de cada diez muertes se dieron en el marco de organizaciones criminales y/o economías ilegales y menos de dos de cada diez en conflictos interpersonales. El porcentaje de homicidios en situación de robo es mucho menor que estas dos últimas categorías contextuales en todos los recortes territoriales”, aclara el documento, lo cual habilita a pensar la conexión entre grupos narco criminales y la mayoría de los homicidios dolosos. 

Amenazas

Hay funcionarios, militantes y especialistas de esta conflictividad en Rosario que están dispuestos a describir lo que saben y otros que prefieren no hablar o hacerlo en off porque temen represalias. Lo que todos tienen en común es que reciben amenazas. “Yo estoy amenazado de muerte por Esteban Alvarado. Aparecen amenazas periódicamente. Pero hay que seguir”, dice Del Frade. 

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, le cuenta a Cenital que tiene compañeros fallecidos por tiroteos en los barrios del Gran Rosario. “Nos estamos movilizando seguido porque esto involucra a sectores que antes no se metían en el tema. Y la policía juega un papel muy dinámico, entre la defensa y la zona liberada”, dice y se refiere al reclamo por el homicidio de Ayelén González, de 25 años, vecina del barrio Alvear e integrante del Polo Obrero de Rosario. El hecho ocurrió en abril y lo que cuentan sus compañeros es que Ayelén se enfrentó a una persona que disparaba al aire cerca de su casa, le quiso advertir que estaba poniendo en riesgo a su hijo y al resto de los vecinos. González terminó asesinada. Quien disparó es un adolescente de 14 años.

Por qué ahí

El fiscal Arrigo plantea que, “a partir de los años 2012-2013, en Rosario hubo un crecimiento exponencial del negocio con la aparición de organizaciones dividiéndose el territorio y la complicidad de la policía en cada una de esas organizaciones. En las principales causas, fue condenado también personal policial que era parte de las agencias dedicadas a perseguir el narcotráfico. Hasta 2014, era común la existencia de búnkeres, puntos de venta generalmente ubicados en barrios periféricos. Lo llamativo es que eran lugares acondicionados específicamente para la venta de drogas sin ningún tipo de pantalla o simulación, lo cual daba la pauta de una policía cuanto menos negligente y muchas veces gerenciadora del negocio”.

Según Arrigo, en 2014, con el primer desembarco de Gendarmería en la ciudad, esa forma de venta fue mutando del búnker a personas con mochilas en la vía pública, siempre con las grandes organizaciones dueñas del negocio cooptando a menores de los barrios periféricos para vender, como “soldaditos”, que “por mucho tiempo fueron los únicos detectados por las agencias de investigación pero eran perfectamente intercambiables y el negocio se mantenía”.

Algunos funcionarios provinciales comparan la realidad de Rosario con la Baltimore de la serie The Wire: la policía es un factor pero su accionar delictivo no explica la problemática, aunque sí reconocen que podría revisarse la enorme cantidad de reformas que atravesó la normativa policial en Santa Fe y sus escalafones. A eso hay que sumarle que, también en 2014, la provincia incorporó un nuevo Código Procesal Penal, que pasó al modelo acusatorio, lo cual implicó mayor investigación de parte de los fiscales, con un fragmento inconcluso de esas reformas. 

Pensando en las autoridades, ninguno de los ministros de Seguridad de Santa Fe de la gestión del actual gobernador Omar Perotti parece haber dado en el clavo con las políticas a implementar o al menos no tuvo tiempo de hacerlo. En agosto pasado, asumió en el cargo el comisario retirado Rubén Rimoldi, en reemplazo de Jorge Lagna, quien a su vez había reemplazado a Marcelo Saín. 

Si bien cualquier ciudad del país y del mundo puede distinguirse por características propias, las de Rosario podrían contribuir al caldo de cultivo que propicia esta realidad y permiten sumar factores para su comprensión. Hoy, la ciudad tiene poco más de un millón y medio de habitantes (Censo 2022), lo que la convierte en un gran centro de actividad privada sin ser una capital. “En barrios periféricos, se expenden narcóticos, y en el centro lavan la guita en negocios gastronómicos, financieras, concesionarias”, murmura un funcionario.

Arrigo agrega el factor que también cita el juez Ariel Lijo y es que Rosario es una zona portuaria: “No podemos soslayar la ubicación geográfica, es una de las ciudades con los puertos más grandes del país. Está atravesada por las rutas denominadas ‘de tráfico’, que vienen desde el norte. La cocaína, generalmente desde Bolivia, y la marihuana, desde Paraguay”.