Ariel Lijo: “Es irrelevante la cantidad que se secuestra respecto del tráfico»

El juez federal dice que el enfoque debió haber cambiado hace rato a combatir a las organizaciones criminales.

Ariel Oscar Lijo es juez federal porteño desde 2004 por el primer concurso del Consejo de la Magistratura. Tiene a su cargo el Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, con oficinas en el tercer piso del edificio de Comodoro Py 2002. Además de haber tomado decisiones judiciales de alto contenido político sobre figuras resonantes de la coyuntura nacional, en los últimos años ordenó allanamientos, detenciones e incautaciones vinculadas al universo narco de distintos puntos del país, con epicentro en algunos barrios populares de Ciudad y provincia de Buenos Aires. “Tenemos que concentrarnos en bajar los niveles de violencia asociados al narcotráfico”, le dice a Cenital.

En mayo pasado, la Corte Suprema nacional reunió a jueces federales en Rosario, centro neurálgico del narcotráfico del país, para emitir una señal de alarma, reclamarle al Gobierno que cubra las vacantes judiciales en Santa Fe, criticar el escaso control dentro del sistema penitenciario, y pedir mayor coordinación de todos los actores estatales. El evento lo abrió Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal y del Consejo de la Magistratura, y lo hizo pidiendo un minuto de silencio por el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien investigaba al territorio narco en Paraguay y fue asesinado en Colombia pocos días antes de este evento rosarino. 

“El juzgamiento del narcotráfico” era el título del Encuentro Nacional de la Justicia Federal, al que otro miembro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, llevó el recuerdo de un fallo que tiene, entre otras, su firma: el fallo Arriola, que en 2009 despenalizó para ese caso la tenencia de droga para consumo personal. Dijo Lorenzetti en su exposición que hace “más de una década que no hay políticas de Estado” y propuso la creación de una agencia interdisciplinaria para combatir el mercado ilegal de venta de drogas. Lijo estuvo en ese mitin y coincide bastante con los planteos de aquellos expositores. Eso sostiene en la entrevista con este medio y agrega: “El Estado tiene todos los recursos para controlar”. 

¿Se expandió el narcotráfico durante la pandemia en la Argentina?

Seguramente, porque la gente tenía menos para hacer, menos trabajo, más tiempo encerrada. Es lo que pasa también con los hábitos de consumo en ciudades aisladas. A veces sorprenden semejantes niveles de narcotráfico en pueblos o en el sur. Algunos lugares del sur tienen mucha droga circulando. Por ejemplo, en los vuelos de Ushuaia siempre se producen secuestros en Aeroparque. Y otra cosa que empezó a pasar en los últimos años es que empieza a modificarse el sistema de acceso. Es mucho más sencillo acceder a distintos tipos de drogas, es más accesible en distintos ámbitos: en la noche, las pastillas, etcétera. Siempre tuvieron un circuito más o menos simple porque es gente con recursos y la gente con recursos, en general, siempre tuvo un acceso más fácil, pero era más difícil de conseguir droga en volumen. En los últimos tiempos, con las redes sociales y los sistemas de delivery, eso cambió, no sólo en el precio. El precio, en realidad, depende. 

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¿De qué?

El de la cocaína va vinculado al aumento del dólar. Hace muchos años que no se agarran grandes embarques de droga, excepto que sean para exportar, o sea, que vengan por la hidrovía y vayan a Europa. Ahí son cuestiones de contrabando de estupefacientes, son casos del fuero penal económico. Lo que pasa últimamente es un mecanismo de tráfico hormiga. Con unos mangos, van comprando uno, dos o tres kilos y la trae cualquiera, incluso de Bolivia. En las villas, les compran a ese tipo. Actualmente, no hay un sistema de suministro propio, sino que le compran al que la trae de distintas calidades. Eso es un cambio fenomenal porque el tráfico hormiga es mucho más difícil de combatir, si es que el combate funciona. En cambio, la marihuana viene toda de Paraguay, o la mayoría, la que no se planta. Después, hay mucho cultivo de cogollo, de distintas especies, está muy sofisticada la cuestión de la marihuana.

¿Siguen persiguiendo eso, también?

No, lo que agarrás es el tráfico: camiones enteros con miles de kilos. Es mucho más accesible, mucho más barata. Cambia el precio de la droga con el tema del dólar y eso lo que trae, aparte de la violencia propia de las bandas de narcotráfico, es más violencia asociada a la criminalidad común para tener plata para consumir, porque necesitan más. Aparte del desastre del paco, que ya es lo más bajo en la escala. 

¿Y el crecimiento de este mercado ocurre más o menos desde cuándo?

El crecimiento del mercado es constante desde que empezó. Es irrelevante la cantidad que se secuestra, la operación antinarcóticos, lo que se haga. Es irrelevante respecto del consumo o el tráfico. El enfoque hace rato que debió haber cambiado y dirigirse a combatir a las organizaciones criminales porque es imposible, inabordable, la persecución del consumo de estupefacientes como está planteada. El fallo Arriola tuvo una interpretación bastante tergiversada porque la Corte resuelve un caso. Despenalizar, legalizar, solo lo puede hacer el Congreso y no hay una ley, entonces hay una conciencia casi extendida de que la tenencia para consumo no es delito. Yo considero que no lo es y en los fallos nunca procesamos a alguien por tenencia para consumo, salvo algunos casos excepcionales en puertas de colegios o que eran border las situaciones entre tenencia y consumo, pero sigue siendo un delito. La ley está vigente y es un delito.

¿Hay que cambiar la ley?

Bueno, hay una conciencia de que ya no es más delito, que la gente puede tener droga y consumir sin ningún problema. Y depende de qué juez o fiscal te toque. Otra cosa que hay que asimilar es la cuestión cultural respecto de lo que es el consumo de estupefacientes. Son datos que los legisladores tienen que tener en cuenta y los tribunales también. Para mí, la verdadera lucha contra el narcotráfico no son las posiciones más radicalizadas, como legalizar. Vos tenés propagandas de vodka, de bebidas alcohólicas, a cualquier hora del día y nadie dice nada. Lo que me parece es que los recursos que existen en materia de seguridad y judicial tienen que enfocarse en las organizaciones criminales porque son las que venden. Porque encima son menores, y uno tiene la plata y otro tiene la droga. Se fueron sofisticando, dentro de la precariedad de lo que es vender droga en una villa o en donde sea. Tenés un montón de episodios en que hacen las denuncias y, cuando la policía va, no están más. Ese tipo de complicidades existen.

¿Ese es el escenario? ¿Los vendedores suelen ser menores de edad?

Sí, exacto. Los que venden son todos menores, a propósito, y trabajan para mayores. Después, tenés lugares donde está asentada la organización criminal y otros lugares en donde, en general, hay mucha violencia, sobre todo donde no hay una sola banda, que eso me parece que es en los barrios de emergencias. Lo más dañino es la violencia social del narcotráfico. La gente no puede salir a trabajar o llevar a los chicos al colegio. Les toman las casas para usarlas de búnker de drogas o porque les viene bien. En la Villa 31, tomaban las casas, cerraban los pasillos, y se quedaban con todas las casas y vendían droga. Ahí hicimos una intervención muy grande, mucha gente detuvimos. Hace cinco años, había el doble de muertos en la 1-11-14 por año. Solamente con la intervención en la Villa 31, el índice de homicidios de la Ciudad de Buenos Aires bajó el 48% por año. La intervención no es solo policial. La urbanización es el Estado presencial, con servicios. 

¿Y ahora el problema se mudó?

La intervención no hace que se deje de vender droga. Me parece que lo más importante para la gente es que pueda vivir en paz. Es responsabilidad nuestra la de, como mínimo, eliminar la violencia vinculada al narcotráfico. Porque te quedás en el episodio del narco, que es malo en sí mismo, pero el deterioro que genera en los barrios es fenomenal y eso es lo más terrible. Y aparte no le podés pedir a alguien que vive en un conglomerado de casas que denuncie, porque después se queda solo ahí. Es una canallada poner responsabilidad en los vecinos, sobre todo cuando el Estado tiene todos los recursos. La violencia asociada al narcotráfico está fuera de control. Pero el Estado tiene todos los recursos para eso, no necesita que los vecinos vengan y le cuenten. Son decisiones políticas.

En todos los relatos aparece alguien de la policía involucrado.

Bueno, puede ser, sí, en general, pueden tener vínculos. De todos modos, hay muchas cosas que se pueden hacer. No necesitás que un vecino te cuente que están vendiendo en su esquina. Hoy tenés drones, cámaras, hay miles de cosas. Lo que es una falacia es pensar que, con intervenciones judiciales o policiales, vas a eliminar el narcotráfico o el consumo de estupefacientes.

¿Se podría regular o no ser así de violento?

A mí lo que me parece es que, con la decisión correcta y la utilización de los recursos adecuados, más allá de que vas a seguir teniendo casos aislados porque es inabordable, se puede bajar drásticamente el nivel de violencia vinculada al narcotráfico. 

¿Encuentra diferencias entre barrios o provincias respecto de este asunto?

Sí, por supuesto la provincia de Buenos Aires o Santa Fe, con un territorio más amplio, viven otra realidad. Pensá que, por ejemplo, Moreno pasó de tener 80.000 a 800.000 habitantes en menos de 20 años. Las dimensiones de los barrios son fenomenales y la cantidad de recursos que tienen las provincias no son los de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires están todas las fuerzas federales. La Policía de la Ciudad tiene una cantidad de recursos tecnológicos fenomenal. Es mucho más compleja la situación en las provincias que en la Ciudad. Pero el fenómeno es exactamente igual: usan los mismos recursos, hacen lo mismo, los que venden son los chicos, recaudan menores, etcétera. Después, lo que sí te pasa en la Provincia que por ahí en la Ciudad es un poco más difícil es que, si intervenís en un barrio, en general es un efecto de corrimiento, se van a otro, no desaparecen. Eliminás la violencia vinculada al narcotráfico en ese barrio, no que la gente se drogue, consuma o venda droga. Dejan mochilas con drogas y pasan a buscar la recaudación, no están asentados en los barrios, pero eso es un cambio grande para la gente. Una vez recorrimos Villa Itatí, en Quilmes, después de urbanizada. Hubo una intervención con el Gobierno para que la gente tenga agua o lo que sea. Si no, no sirve para nada: hacés 50.000 allanamientos y la policía termina el allanamiento y se va. La gente salía y agradecía porque podía llevar a los chicos al colegio. Demoledor. Es como caer a lo más básico: “Ahora podemos llevar a los chicos al colegio”. Pero bueno, el acceso es mucho más sencillo, los costos son… cada vez vale menos la droga en Argentina y está más expandido el consumo. Una vez agarramos a una dominicana en un bar en Constitución con un kilo en la cartera. Porque, claro, por lo que sale la cocaína en Bolivia, van y compran uno o dos kilos y acá lo venden al menudeo o son como proveedores de los mayoristas. Y ganan la diferencia. Es mucho más fácil armarse una pequeña bandita para vender droga y eso genera mucha más violencia. Siempre es por el territorio. Igual, las cosas pueden hacer mal o ser dañinas para la salud o para lo que sea. Pero, en una democracia liberal, las cosas no son malas en sí mismas. Una persona puede morirse drogándose o comiendo huevos fritos.

De hecho, según la ONU, los consumidores problemáticos son la minoría. 

Bueno, pero eso depende mucho de las personalidades. El ejemplo es el tabaquismo: no es un delito, mató a más gente que nada en el mundo y el Estado no salió a perseguir como si fuera el buen padre de familia o una cuestión moral que impone. No son razones las que tiene el Estado, lo que puede emprender son acciones. Concientizar respecto del consumo de tabaco, restringir los lugares donde se puede consumir, culturalmente generás una modificación. Cuando yo era chico se fumaba en los micros de larga distancia, todo el día a toda hora. Fíjate que hoy la gente prende un cigarrillo y la miran mal. Ya termina siendo invasivo de las libertades. Podés hacer campañas en serio, preventivas, y emprender acciones para controlar el consumo, para generar conciencia. Pero, si le seguís diciendo a la gente que la droga es fea, mala y mata, nadie te va a creer.

Sobre todo si le hablás de “la” droga, como si fuera una sola.

Claro, pero además, si vos decís “la droga mata” y ven que hay gente que no se muere… Realmente es un flagelo, es terrible para las familias que atraviesan situaciones conflictivas de consumo. Pero el derecho penal está para hacer daño, no para resolver. Matan a alguien y vos lo metés preso. La verdad, lo que hiciste es otro daño. Nadie nunca en la vida va a poder demostrar cuál es la relación con la intervención penal. Y en el caso del narcotráfico y el consumo, olvidate. 

¿Encuentra diferencias entre los casos desfederalizados y los que no lo están

Sí, estoy completamente en desacuerdo con la desfederalización. Porque es un delito interjurisdiccional que transita por todo el país. En las provincias, los jueces federales usan recursos de la seguridad de las provincias. No es que el juez federal que está en Córdoba usa a la Policía Federal. Las policías son las mismas. Para mí, es un error. A los jueces nos llegan los casos que trae la policía. Nosotros no andamos por la calle. Eso es un primer eslabón y el otro es que, por supuesto, si el Estado no toma las acciones correspondientes, hay mucho más trabajo por la violencia asociada al narcotráfico. Es el delito de propia mano, que es mucho más expuesto. Es el que roban un tren, el que se pelea, el que mata, el delito más básico. Eso genera más trabajo y es mucho más fácil de agarrar. Viene un camión con droga, con marihuana, con lo que sea, lo detenés. Podés detener mil camiones, camioneros presos, pero no tenés ningún narcotraficante. Son elementos intercambiables. ¿Cuántos vendedores le podés detener a una organización asociada al narcotráfico? Todos los que quieras porque son infinitos los recursos. No es que, como agarraste al que vende, no venden más. Al otro día vende otro. Agarraste al pibito que vende y se va en libertad porque es menor ¿Y qué? ¿No venden más? ¿Se ponen una verdulería? Droga siempre tienen. 

¿Y eso solo lo puede hacer la justicia federal?

Para mí, sí. Algunas provincias lo pueden hacer. Pero necesitás más recursos económicos, es mucho más complejo, son mucho más sofisticados. Yo, desde que estoy acá, agarré una sola banda. Decir “narcotraficante” es mucho, pero era la organización completa. Hay más de 60 condenados. Tenemos desde que la compraban en Bolivia hasta cómo la bajaban por dos lugares distintos. Les secuestramos, en varias intervenciones, como cuatro mil kilos de droga. Le dije: “Maestro, usted se tiene que dedicar a otra cosa porque ya lo agarré cuatro veces. Si lo agarro yo…”. Es que se recuperan enseguida. Está contemplado entre los costos que cada tanto pierdan un cargamento. Pero en este caso fue el fin, se acabó, porque agarramos una organización que estaba en el principio. Ahora, una vez que se instalaron y que lo hicieron bien, chau, olvídate, no hay manera. 

Y ese poder económico compra gente en todos los ámbitos. ¿También en la justicia?

Con todos. Sí. Yo casos de jueces vinculados al narcotráfico no conozco ninguno. 

Hay uno condenado en Salta.

Bueno, Raúl Reynoso. Terrible. También eso es una vulnerabilidad fenomenal. Tenés a un tipo solo, en el medio de la nada, con una actividad casi principal, que es la de tráfico de drogas. Complicado. A mí me parece que, si no hay un cambio de paradigma… Las experiencias de Uruguay, por ejemplo, ahora. No son experiencias aisladas, están consensuadas. Argentina es un colador en términos fronterizos, si es que las fronteras significan algo.

¿Influye que Rosario sea un puerto?

Sí, también. Tiene que ver con que se da una cantidad de condiciones: tiene un puerto, hay un mercado, tiene todo un sector marginal, que es el Gran Rosario, es muy fácil penetrar a la fuerza de seguridad, por el poder económico. También tiene que ver con mayores niveles de marginalidad y de pobreza. Yo me acuerdo: hace más de 10 años el fenómeno era terrible, eran familias que empezaban a vender drogas. No es que había un puntero o un pibe. Eran marginales. Un departamento en un barrio, en los monoblock, lo que sea. Vendía la madre, la abuela y los vecinos denunciaban y venía la policía. Y, claro, el problema era qué hacíamos con los nenes, con los chiquitos, porque había bebés. Y después ya directamente los menores vendían. 

¿Y ahí qué pasa con los menores? 

Los menores, si no tenés un familiar a quien dejárselos, tenés que mandarlos a un instituto de guarda. Pero te tenés que ir a dormir, eh, después de haber mandado a un chico a un lugar así. Siempre buscamos la forma de que se quede con la madre, la abuela, pero a veces son las que venden. Entonces, bueno, tenemos que concentrarnos en bajar los niveles de violencia asociados al narcotráfico. Y, después, respecto al consumo, el Estado tiene que emprender acciones de concientización para desalentar las conductas.

¿Hoy esas violencias las encuentra por igual en todo el país?

Hay lugares que son peores. Rosario, algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, Moreno, La Matanza, algunas villas de Martín Fierro, la 1.11.14, Zavaleta. En la 1.11.14, se hicieron más de mil allanamientos. ¿Terminamos con el narcotráfico? Nada. Seguimos trabajando. El asunto es cómo convive la gente con esa violencia. Ese me parece el fenómeno más grande y eso se profundizó.

¿Y qué pasa con las represalias? ¿Hay amenazas?

No, bueno, eso tiene regulaciones propias, no solo represalia de los propios, represalia de las organizaciones, de la propia fuerza. En el mundo lo que existe es agencias, que tienen un nombre. Por ejemplo, Brasil tiene diez juzgados federales en Foz de Iguazú. Aunque pongan mil juzgados federales, a los juzgados llegan los casos que traen las fuerzas de seguridad. Pero las agencias son como organismos que juntan información, de AFIP, de Migraciones, de bases públicas. No es una cuestión de inteligencia política ni nada, sino de inteligencia criminal. Están integradas por expertos de distintas fuerzas y permiten hacer intervenciones puntuales sobre esas organizaciones, al margen de lo que pase con la policía o con los tribunales o con lo que fuere. Eso es lo que se planteó en Rosario, que hay que crear uno de esos organismos, que tampoco son muy numerosos en recursos, es tecnología y tampoco están hablando de cientos de millones. 

¿Y por qué esa gente no sería vulnerable para ser cooptada?

Porque no está en el territorio, son analistas de información. Son centros donde acumulás información y hacés intervenciones. No tenés ni vínculo. Solamente son un puente de información, no es de espías ni de andar infiltrando ni sacándole fotos a la gente. Es: “Acá estamos detectando esto, acá se está detectando esta otra cosa”. Y unifica información que ya existe respecto de personas que fueron detenidas en distintos lugares. Esa es la manera que me parece correcta de encarar una lucha real contra las organizaciones enteras. El único daño que se le hace es cuando le sacás los recursos económicos. Droga consiguen más. 

¿Y las armas de dónde vienen?

Hay por todos lados. En Brasil hay un problema grande, que acá todavía no, pero me parece que hay que estar atentos, que son las organizaciones en las cárceles. En Brasil tenés varias organizaciones: el Primer Comando Capital (PCC), el Comando Vermelho (comando rojo), Bala Na Cara (BNC, Bala en la cara), Primer Comando de Frontera. Hay una gran circulación de droga, que pasa incluso por Argentina, que ni siquiera es para la Argentina. Y ésas son organizaciones más fuertes. 

Me siento periodista desde antes de terminar la escuela, cuando colaboraba en programas de Rock & Pop y Supernova. Trabajo en Información General; salud y educación son mis temas preferidos. Hice tele de chica y madrugué siete años para el aire de Metro. Hoy soy conductora de Ahora Dicen en Futurock. Trato de no ser tan porteñocéntrica.