Por qué no está permitido fumar porro en la calle

En la Argentina, los delitos relacionados a estupefacientes comenzaron a tipificarse en 1974, con una ley (20.771) que luego fue suplantada por la que hoy está vigente, la 23.737. ¿Cuántos años tiene la actual ley de drogas? Este año cumple 48: fue publicada en el Boletín Oficial el 11 de octubre de 1989. 

Una de las particularidades de la actual legislación es que cualquiera que comercialice drogas ilegales o de forma ilegal se expone a una pena mínima de cuatro años, es decir, no es excarcelable. Para enviar a alguien a prisión, la normativa no diferencia ni clase de drogas ni tipo de banda ni si se trata de una persona por su cuenta, aunque luego habrá agravantes o atenuantes, pero siempre la condena es la cárcel y puede alcanzar los 15 años de cumplimiento efectivo. Son los jueces y fiscales los que, a partir de la jurisprudencia, resultan más o menos contemplativos.

Estos delitos son competencia de los tribunales federales. La disrupción llegó en agosto de 2005, cuando se aprobó la ley 26.052, que introdujo cambios significativos en la ley de estupefacientes. Las modificaciones más importantes tuvieron que ver con el destino de las multas y los beneficios económicos de los bienes decomisados, pero también se abrió una ventana para dar un vuelco en las atribuciones jurisdiccionales de la justicia en estos delitos.

Hoy, la norma 26.052 es conocida como la “ley de desfederalización” porque, a partir de su aprobación, se determinó que la justicia federal continuara encargándose del narcotráfico, de las grandes bandas que funcionan en varias provincias, pero se agregó que los poderes judiciales locales se concentren en el narcomenudeo, es decir, en los delitos de drogas menores y que están restringidos a ese territorio. 

“Los gobernadores, por un lado, se compran un quilombo cuando adhieren a la desfederalización. Pero, si no lo hacen, cuando el vecino viene a reclamarles por problemas de drogas, ellos tienen que decirles que es un tema que tienen que hablar con el gobierno nacional y la justicia federal. Prefieren hacerse cargo del problema y dar alguna respuesta”, así lo resume ante este medio un alto funcionario judicial, que trabaja con estas causas por todo el país. También existen voces como la del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que sostienen que “la desfederalización fue presentada como una herramienta para que los gobiernos locales pudieran trabajar para reducir los niveles de violencia” pero que “amplificó la arbitrariedad policial y criminalizó la pobreza, al tiempo que aumentó de manera desproporcionada la cantidad de causas irrelevantes que llegan al Poder Judicial”. 

Consecuencias de la desfederalización 

La primera provincia en desfederalizar fue Buenos Aires, ese mismo 2005. Luego se sumaron Córdoba, Salta, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, San Luis está en camino a sumarse a la lista. 

En la página oficial Argentina.gob.ar se puede leer el trabajo de las especialistas Patricia Guzmán y Alejandra Zarza de 2020 que indica que, en territorio bonaerense, “se ha verificado un constante e incesante crecimiento en el ingreso de causas por estupefacientes durante los primeros años”, desde que adhirió a la desfederalización, “elevándose su número de 13.948 causas en el año de implementación a 20.794 causas en el tercer año”. Distinto es lo que señala de la Ciudad de Buenos Aires, “que durante el primer año de implementación la cantidad de causas en las cuales se investigan hechos vinculados a estupefacientes ha verificado un fuerte descenso, pasando de 12.044 causas registradas antes de la vigencia de la ley a 3.436 en el año posterior”.

También aporta una mirada el informe del Ministerio Público Fiscal del año 2014, que advierte que ya “antes de que se promulgara la Ley de Desfederalización, distintos actores institucionales y organizaciones de la sociedad civil advertían que su implementación, lejos de resolver la problemática del consumo y la comercialización de pequeñas cantidades de estupefacientes, importaría la profundización de ciertas tendencias” y que “la creación de una competencia mixta traería aparejado todo un conjunto de situaciones problemáticas y que fundamentalmente su ejercicio implicaría el empoderamiento de las policías provinciales por sobre otras agencias del Estado que verían disminuida su capacidad para establecer definiciones sobre política criminal coordinadas, efectivas y acordes con criterios de seguridad democrática”.

Recién en 2019, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.502 que modifica la inicial de estupefacientes (23.737) para introducir una nueva herramienta: la interacción entre jueces federales y provinciales en las causas por tráfico de drogas. Sí, catorce años después de que surgiera la opción de desfederalizar, apareció la posibilidad de trabajar en conjunto. También se establece que, cuando se genere un conflicto de competencia, la investigación quedará a cargo de la justicia federal hasta que se resuelva dicha cuestión.

Los jueces federales no se muestran muy contentos con la desfederalización, tal como manifiesta Ariel Lijo en la nota con Cenital, y el mismo debate se está dando en la provincia de Tucumán, donde el gobierno local planea ponerla en vigencia pronto, tras su adhesión oficial. El ministro de la Corte Suprema de Santa Fe y especialista en Derecho Penal, Daniel Erbetta, considera que las adhesiones a esa normativa “han sido un fracaso en todos lados”. En una entrevista con La Gaceta, el magistrado declaró: “Meter presos a consumidores es lo más fácil, pero la ley de desfederalización no logró, bajo ningún punto de vista, ni reducir el consumo ni encarcelar a los traficantes. Es decir que han aumentado el negocio, las ganancias y el consumo, y los responsables de los eslabones más altos no están encarcelados. Entonces, que me expliquen cuál ha sido la ventaja de las leyes de desfederalización”.

En el caso de los fiscales, el panorama está dividido. Hay quienes demandan hace años esta herramienta provincial, y otros que la rechazan. 

En 2018, Alejandra Rodenas, ahora vicegobernadora de Santa Fe, publicó una columna de opinión en el diario La Capital para manifestarse en contra. Decía allí que el impulso que hacía el entonces gobernador Miguel Lifschitz para desfederalizar iba a “habilitar a que la justicia provincial se aboque de lleno a la persecución del tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades, es decir, sancionar al último eslabón en la cadena delictiva de una trama que exige una mirada que ponga y exponga a los máximos responsables de su propia existencia”. Y aclaraba que, para llevarlo adelante, “la policía y la Justicia provincial deberían tener (…) una estructura acorde y un mayor presupuesto para poder actuar frente a estos casos”. Por ahora, Santa Fe no adhiere.

Pastillas vs. marihuana

En la Ciudad de Buenos Aires, se creó la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), cuya fiscal coordinadora es Cecilia Amil Martín. “Hay veces que a la persona, al ciudadano de un determinado lugar, no le importa de dónde viene la droga o si se trata de un cartel. Quiere que le solucionen lo suyo, lo que pasa en su zona, y de eso se tienen que ocupar las jurisdicciones locales”, argumenta ante Cenital. Según describe Amil, son cuatro los ejes sobre los que trabajan en terreno porteño: el primero es el de mercados abiertos donde se vende droga y se impone de manera violenta; el segundo son las denuncias de los vecinos -barrios, edificios, lo que sea-; luego, las redes sociales; y cuarto, las fiestas electrónicas donde se venden drogas sintéticas. 

“Según la sustancia que se vende, fijamos más o menos severidad al momento de pedir penas. Tiene que ver con el efecto que te produce un estupefaciente. Científicamente, está demostrado que la marihuana te afecta distinto a la cocaína. No voy a pedir la misma pena para la persona que vende pastillas en un boliche que para la que vende porros”, detalla la fiscal.

Fumar porro

Fumar marihuana en la calle todavía está penado por la Ley de Drogas. No está considerado como un derecho. Lo que hizo el fallo Arriola de la Corte Suprema nacional fue sentar un precedente para que no hubiera detenciones por tenencia para consumo personal. El argumento que esgrimen los funcionarios judiciales que autorizan detenciones por consumo es que les sirve para tirar de la piola y encontrar a quienes vendieron la marihuana. La policía no siempre tiene una orden clara respecto de este asunto porque dependerá de la fiscalía de turno con la que esté trabajando y su posición sobre el tema. 

“Cuando la policía ve algo raro y encuentra a alguien con droga, está obligada a hacer la consulta en la fiscalía. Hay que hacer el sumario y secuestrar la droga. Como muchos vendedores saben que conviene que parezca para consumo, a veces venden poco. Por eso tengo que tratar de tener todo mapeado y ver si los casos se vinculan entre sí, o si hay venta de menudeo”, dice Amil, y da precisiones: “Si estás por entrar a un boliche y tenés 20 pastillas, no te las vas a poder consumir en la fiesta. No es lo mismo que si alguien te encuentra dos porros. Pero sí hay que analizar vinculaciones, es decir, cuántas veces te agarramos en el mismo lugar con lo mismo”.

Barrios calientes 

Para UFEIDE, los barrios con mayor venta de drogas en el ámbito porteño son Ciudad Oculta, Zavaleta, incluso el urbanizado Barrio 31, Constitución, Balvanera y Bosques de Palermo. “Una vez que secuestramos la droga, hacemos un peritaje sobre la pureza, que también lo uso para el momento de pedir la pena. El otro día había cocaína en un envoltorio que parecía más o menos y resultó que tenía 90% de pureza. Si tiene alto grado de pureza, seguramente va a costar mucho más y ahí vamos a pedir mayor pena”, indica Amil. En un cuadro de esa unidad fiscal durante el mes de septiembre, se indicaba que el kilo de cocaína podía encontrarse entre 4.000 y 6.000 dólares, mientras que, por sus investigaciones, el gramo podía valer entre 1.500 y 3.500 pesos, a diferencia del paco, cuyo gramo o unidad se vende entre 700 y 800 pesos. En el mundo de las pastillas, los valores registrados por la fiscalía especializada de la Ciudad van desde 800 pesos una pepa (alucinógeno) a 15.000 una unidad de cristal (metanfetamina), pasando por un promedio de 3.000 pesos una pastilla de MDMA (éxtasis).

Proyectos para despenalizar

A comienzos de este año, un grupo de diputadas y un diputado del Frente de Todos presentó un proyecto para que la mirada de la ley esté puesta en la salud pública y no se criminalice a los usuarios. La propuesta es de Carolina Gaillard, con las firmas de Mónica Macha, Blanca Osuna, Carolina Yutrovic, Jimena López, Verónica Caliva, María Rosa Martínez, Itaí Hagman, Mara Brawer, Lucia Masin y Mabel Caparrós. Es una reforma de la ley 23.737 para despenalizar el consumo, legislando sobre la doctrina del fallo Arriola para usuarios de cualquier sustancia. 

En un sentido similar, el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario y la Fundación para los Estudios Internacionales (Funpei), están comenzando su segunda iniciativa de formación en la materia, con la Diplomatura en Producción y Regulación del Cannabis. La primera, el Diploma de Estudios Avanzados en Endocannabinología, Cannabis y Cannabinoides, estaba más orientada al campo medicinal; en este caso, se trata de una orientación productiva.