La lógica de la necesidad

Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy quiero escribirte sobre un tema al que nunca le dediqué una entrega completa en todo este tiempo y creo que ya es hora.

Villas, barrios populares, asentamientos, urbanizaciones informales, favelas, tugurios, chabolas, shantytowns. Las formas de llamar a las urbanizaciones que no acceden plenamente a los beneficios de la ciudad son muchas y cambiantes en el tiempo y el espacio. La forma de pensar cómo mejorar (o no) la vida de las personas que viven ahí también lo es. Mientras tanto, algo que se necesita (y no sobra) son datos.

Las razones por las que surgen este tipo de urbanizaciones son muchas y por lo general están vinculadas a la forma -muy- imperfecta que tiene el mercado inmobiliario para asignar recursos, por decirlo en términos estrictamente económicos.

Pedro Abramo lo explica muy sintéticamente cuando dice que hay tres lógicas (no excluyentes entre sí) por las cuales las personas accedemos a la ciudad. La lógica del mercado, en la que hay un comprador y un vendedor o un inquilino y un dueño. La lógica del Estado, donde éste facilita de alguna forma el acceso a la ciudad para una parte de la población. Y, por último, la lógica de la necesidad, donde las personas que están incluidas en las dos anteriores se las arreglan para encontrar su lugar en la ciudad. Es en esa lógica donde entra la autoconstrucción de barrios en terrenos públicos (mayoritariamente) o privados vacantes o abandonados.

¿Qué es un barrio popular?

Como ya te conté varias veces, durante mucho tiempo fue normal escuchar en Argentina que a las villas había que desalojarlas y derribar sus edificaciones con una topadora. Efectivamente esa fue la política hacia ellas durante décadas y sobre todo durante la última dictadura militar. En este hilo a propósito del 47 aniversario del golpe de Estado intenté sintetizar esa política.

Gracias a una larga lucha de diferentes organizaciones villeras, ese paradigma fue perdiendo vigor y de a poco se reconoció al menos la existencia del derecho de esas personas a acceder a una vivienda digna, que dicho sea de paso tiene rango constitucional.

Ese derecho fue luego reconocido en una de las pocas políticas de Estado de los últimos años. En 2018 se votó por unanimidad la Ley de Integración Social y Urbana (conocida como Ley ReNaBaP) que declara de interés público y sujeto a expropiación el territorio sobre el que se emplazan estos barrios. Además, suspende allí los desalojos y plantea el objetivo de mejorar la accesibilidad a servicios, infraestructura y equipamiento público, entre otros beneficios urbanos, en dichos barrios.

Para esa ley un barrio popular es “un conjunto de al menos 8 familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso formal a por lo menos 2 de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)”.

Esta definición es técnica y al servicio de una política pública específica, pero obviamente la discusión acerca de qué es y qué no es una villa todavía está vigente y depende mucho de a quién se le pregunte. Seguramente habrás escuchado hablar de villas y asentamientos como algo similar, pero se trata de dos fenómenos diferentes.

Por lo general, cuando se habla de villas se hace referencia a un lugar con una densidad poblacional alta (altos niveles de hacinamiento) y con predominio de pasillos y tramas irregulares, mientras que en los asentamientos suele haber un trazado más planificado y predominan las calles. En Argentina, el 20% de los barrios populares se consideran villas para el Estado y el 80% son asentamientos.

¿Cuántos son?

Desde hace algunos años, la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU), antes como parte del Ministerio de Desarrollo Territorial y ahora en Desarrollo Social, tiene como tarea nada sencilla justamente integrar a las villas y asentamientos a la trama urbana formal de las ciudades argentinas.

Por ley, la SISU trabaja sobre aquellos barrios relevados en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), creado en 2017 y confeccionado entre el Estado y varias organizaciones sociales. Según ese relevamiento, que se actualizó en 2021, en Argentina hay 5.687 barrios populares donde viven más de un millón de familias (más de 5 millones de personas). Se calcula que alrededor del 6% de las viviendas del país están en una villa y que la proporción de personas se acerca al 12%, lo que da cuenta del alto hacinamiento en la mayoría de estos barrios. Muchos de estos datos los podés consultar acá y jugar con ellos.

En el mapa que te dejo más abajo podés ver la distribución de barrios populares en cada provincia del país. La gran mayoría, cerca de un tercio, se concentran en Buenos Aires, seguido por Santa Fe, Chaco y Misiones. Sin embargo, esas cifras pueden ser engañosas ya que, por ejemplo, los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires son muchísimo más densos que los de la provincia.

En promedio, en cada una de las 50 villas porteñas viven 1.626 familias, mientras que en las de la provincia de Buenos Aires el promedio baja a 296, ya que ahí se mezclan los del conurbano y otras ciudades grandes como La Plata con los del interior de la provincia, mucho menos densos. Por eso, en las villas porteñas (como también en la Ciudad en general) es mucho más común ver construcciones en altura, diferente a lo que pasa en barrios de otras latitudes del país.

¿Hay plata para reurbanizar los barrios populares?

El financiamiento de esta política lamentablemente no está asegurado ni mucho menos. Durante los primeros años, los trabajos dependían exclusivamente de las erogaciones del Tesoro. En 2020 el impuesto PAIS a la compra de dólares se destinó, en parte, a la reurbanización de barrios populares y lo mismo sucedió con el Aporte Solidario de las grandes fortunas recaudado durante 2021 y asignado al año siguiente.

Esas dos fuentes de financiamiento fueron clave para darle algo de sustentabilidad a los trabajos de reurbanización y que no dependan de la coyuntura presupuestaria. Además, podría decirse que es bastante virtuosa porque se trata en ambos casos de impuestos a sectores de alto poder adquisitivo. Sin embargo, esto no asegura nada ya que para financiar la reurbanización de todos los barrios del país se necesitan muchos más recursos que posiblemente requiera desembolsos de organismos internacionales
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Distribución de ingresos totales en millones de pesos

Además de estos recursos, cada jurisdicción (municipios y provincias) según sus posibilidades destina recursos extra a los trabajos de reurbanización y construcción de vivienda nueva en el caso de que haya que relocalizar hogares. La provincia de Buenos Aires financia algunas de estas intervenciones, gracias a la Ley de Acceso Justo al Hábitat, con el impuesto a los terrenos baldíos.

La Ciudad de Buenos Aires, por su lado, empezó en 2016 -existía una ley desde 2009 que instaba la integración sociourbana de la villa 31 y 31 bis- a reurbanizar algunos de sus barrios. Se ven resultados dispares en los cuatro barrios (de 50) donde hay procesos en marcha. Si la experiencia de la Villa 20 podría considerarse el modelo a seguir, sobre todo por los espacios de participación activa de quienes viven ahí, los cuantiosos recursos destinados al barrio Padre Mugica (ex villa 31) no redundaron en mejoras sustanciales para la mayoría de sus habitantes. Sobre esto, me parece muy interesante este informe de ACIJ.

El sueño de la seguridad en la tenencia

Otra pregunta, bastante compleja, es en qué consiste la integración social y urbana de un barrio. Un barrio deja de estar en el ReNaBaP cuando la mayoría de los hogares cuentan con titularidad dominial y a la vez acceden a dos servicios formales, que suelen ser electricidad y agua. Sin embargo, hay mucha bibliografía al respecto que propone otros criterios para considerar que un barrio está finalmente integrado.

Los hogares en barrios populares por definición no tienen título de propiedad, pero sí se reconocen otros tipos de situaciones dominiales intermedias como el boleto de compra venta y, en muy pocos casos, la propiedad comunitaria.

Edésio Fernandes, por ejemplo, sostiene que la regularización dominial por sí sola, sin una acompañamiento adecuado e integral, no alcanza. La titulación, sostiene Fernandes, debe estudiarse para cada barrio ya que va a cambiar según sus características.

Esto tiene cierto sentido si pensamos que integrar a un hogar a la ciudad formal implica muchos otros elementos. Entre otros, el pago de impuestos y tasas, expensas y la inclusión en un mercado inmobiliario para el cual muchas veces la población en villas se encuentra en desventaja. Esto es porque la exclusión urbana en casi todos los casos viene de la mano de otras vulnerabilidades: de género, económicas, de empleo, entre otras.

El sueño de la casa propia toma una dimensión específica en los barrios populares y por eso más que la propiedad muchas veces se sostiene que lo que hay que garantizar antes que nada es la seguridad en la tenencia.

Sobre este tema, un muy buen informe que armaron El Gato y la Caja y la organización villera La Poderosa dice algo interesante: “La concepción de la tierra, para nuestros barrios, no tiene que ver únicamente con la lógica de la propiedad privada o el terreno. Generación tras generación, venimos construyendo hacia arriba o hacia los costados, ‘parcelando’ el espacio con nuestras propias familias porque es muy difícil mudarse o alquilar”, sostiene el artículo. Sobre el alquiler en barrios populares (este fenómeno es particularmente importante en las villas porteñas) te recomiendo este trabajo.

El relevamiento del Observatorio Villero de La Poderosa en 1.222 viviendas, ubicadas en 23 barrios populares de todo el país, que nutre el artículo de El Gato y la Caja, muestra datos muy contundentes acerca de las cuentas pendientes. Por ejemplo, casi la mitad de las viviendas necesita comprar agua embotellada para tomar porque la que sale del grifo no es potable. Esto implica un gasto de casi 20.000 pesos por mes si se considera que en la casa viven cuatro personas. Además, más de la mitad no tiene acceso a luz eléctrica formal y casi un 10% ni siquiera tiene conexión informal o se conecta a un medidor comunitario. Un ejemplo de los riesgos que esto implica es la causa judicial por riesgo eléctrico en la villa 21–24, que el gobierno porteño viene incumpliendo hace once años.

El 10% de las viviendas sin medidor a una red eléctrica en los barrios relevados por La Poderosa sufrieron al menos un incendio en el último año. En invierno empiezan las llamadas “temporadas de incendio” en la villas ya que, además de las estufas eléctricas que suelen provocar cortocircuitos en las conexiones informales, muchas familias deciden calefaccionarse con braseros por falta de gas o iluminarse con velas.

Es muy difícil que el tendido de gas natural llegue a los barrios populares, incluso en aquellos con procesos de reurbanización en marcha. Sólo el 1,5% de los hogares del país tiene conexión formal y la gran mayoría opta por la garrafa, que puede llegar a costar $3.000. Acá se da una paradoja: el gasto de gas en los hogares que sí tienen conexión a gas natural (por lo general de clase media para arriba) ronda los $1.500 por mes. Además, sorpresivamente el Certificado de Vivienda Familiar que otorga ReNaBaP a los barrios alcanzados por la ley no alcanza para acceder a las garrafas subsidiadas del Programa Hogar.

Otro de los datos de La Poderosa que me llamó la atención es que el 25% de las viviendas relevadas no tiene alumbrado público en sus alrededores y al 54% le pasa lo mismo con las veredas. Las que hay, fueron en gran medida construidas por quienes viven ahí. Entre otras cosas, por eso te habrás dado cuenta que se habla de reurbanización y no de urbanización a secas. Porque en su larga historia, las personas que viven en las villas y asentamientos urbanizaron el territorio que el Estado elegía, y muchas veces todavía elige, no mirar.

Bonus track

El oficialismo porteño rechazó el parque en Costa Salguero

Ayer a la tarde se trató en la Legislatura de CABA por primera vez en la historia una iniciativa popular que había logrado juntar 53.000 firmas, casi el doble de lo requerido para que entre en el recinto, que es el 1,5% del padrón electoral.

El proyecto proponía construir un parque público en oposición a la idea del oficialismo de vender parte de esa tierra pública de 32 hectáreas y generar desarrollos inmobiliarios frente al río. Los legisladores de Juntos por el Cambio y sus aliados radicales y socialistas votaron en contra junto con Libertad Avanza de Javier Milei, y el Frente de Todos junto al Frente de Izquierda apoyaron la iniciativa popular.

La venta aún está frenada por un fallo judicial pero podría deducirse, dado el historial, que la justicia porteña va a terminar fallando a favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Hace más de dos años, cuando empezó todo, te escribí esto que creo que todavía tiene bastante vigencia.

Eso es todo por hoy.

Que tengas un lindo fin de semana.

Abrazos,

Fer

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