El pensamiento urbano de Gustavo Petro

El origen del recientemente electo Presidente de Colombia está íntimamente vinculado con las luchas y políticas urbanas. ¿Cuáles fueron los principales hitos de su alcaldía en Bogotá y qué piensa de la expansión urbana el ex miembro del M-19?

Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien a pesar de este frío horrible. Te pido disculpas por mi ausencia en tu casilla hace dos semanas, estuve de trabacaciones (?). Espero que no me hayas extrañado tanto como yo a vos.

Hace poco menos de dos semanas Gustavo Petro ganó, contra la mayoría de los pronósticos, la presidencia de Colombia. Lo histórico de la elección tiene que ver, entre otros factores, con la ideología de izquierda y el pasado guerrillero del mandatario electo. Sin embargo, lo que nos interesa particularmente en este espacio es que su historia y sus orígenes están atravesados por las disputas y políticas urbanas.

La toma originaria y la lucha contra la expansión urbana

En un perfil de Petro que escribió el periodista Iván Olano Duque se cuenta que una de las primeras apariciones públicas del ahora presidente fue cuando, con sólo 21 años, lideró la toma de un terreno en las afueras de Bogotá. Lo hizo como parte del movimiento guerrillero M-19 junto a 400 familias desplazadas por los conflictos armados de la época. El terreno era propiedad de la Iglesia y ahí fundó y ayudó a construir un barrio que aún existe y se llama Bolívar 83, en honor al libertador y al año en el que se realizó la toma. Petro se refugió en diferentes casas de ese barrio hasta que, en 1985, fue apresado.

Una vez libre, fue electo diputado. No era cualquier momento. El año 1991 marca un antes y un después en la historia de Colombia: se votaba la nueva Constitución. Lo primero que hizo Petro fue hablar de la propiedad de la tierra urbana. Denunció a quienes eran los propietarios de tierras en la periferia de Bogotá, que estaban interesados en que la capital se siguiera expandiendo de una forma descontrolada, con baja densidad y sobre tierras protegidas. Descubrió, cuenta Olano Duque, que las familias más poderosas de Colombia -incluso miembros del entonces gobierno nacional- pagaban para que se cambien usos del suelo en la periferia con el objetivo de que subiera de precio.

Más allá de la denuncia de hechos de corrupción, ese acontecimiento habla de la mirada urbana que tenía Petro, detractor de una expansión de la ciudad desmedida con baja densidad, que el dirigente sabía que sólo beneficiaba a los sectores acomodados y generaba segregación social y altos costos para las arcas públicas. No es casualidad que el urbanista colombiano Carlos Moreno, inventor del concepto de la ciudad de los 15 minutos y hoy asesor de la alcaldesa socialista de París, Anne Hidalgo, lo haya felicitado públicamente.

Pero volvamos a 1991. La nueva Constitución, impulsada por el M-19 de Petro, consagró tres principios fundamentales que aún hoy influyen en el ordenamiento territorial colombiano: la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y beneficios.

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Más allá de que esto suena muy lindo, en la práctica tiene consecuencias concretas. Los primeros dos puntos se traducen en que para el derecho colombiano los dueños de la tierra no tienen un derecho inherente a edificar, sino que ese derecho se lo otorga el Estado según la conveniencia del bien común.

Esto se complementa sobre el último punto: las cargas y los beneficios. Si por medio de normas urbanísticas (que por ejemplo cambian la nomenclatura de un suelo de rural a urbano) u otras acciones públicas el suelo en manos de privados se valoriza, esas normas tienen que estar acompañadas por mecanismos que repartan ese plusvalor -mediante lo que en la jerga urbanística se llaman instrumentos de “captura de plusvalía urbana” o land value capture– entre toda la sociedad.

En 1997, la Ley de Desarrollo Territorial consagró todos esos derechos en una sola norma y estableció mecanismos específicos, que son las herramientas con las que cuentan los municipios colombianos para repartir esas “cargas y beneficios” o mecanismos de captura de plusvalías urbanas. Algo similar estableció en 2012 la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires, escasamente aplicada por los intendentes a una década de su aprobación.

“En Colombia la contribución por valorización se ha aplicado desde 1921 y hoy Bogotá recauda cerca de mil millones de dólares por ese concepto que luego invierte en obras públicas”, me cuenta Edgardo Contreras, arquitecto colombiano y Magíster en Planificación Urbana y Regional.

Una Bogotá más humana

En 2012 llega el momento -hasta ahora, claro- del auge político de Petro. Asume como alcalde de Bogotá bajo la plataforma que llamó “Bogotá Humana” y tenía tres ejes principales: “Combatir la segregación social; proyectar una ciudad que no deprede la naturaleza, que afronte el cambio climático y que se organice en torno al agua; fortalecer el poder público, el patrimonio de los ciudadanos”. Postulados muy similares a los que propuso ahora para el país, siempre con la sustentabilidad ambiental como eje.

Suele ser complejo evaluar la performance de una gestión local porque es difícil separarla del devenir nacional. Olano Duque sugiere mirar el índice de pobreza multidimensional de la ONU, que mide no sólo la pobreza monetaria, sino también el acceso efectivo a los servicios públicos, sociales y calidad de vida en general. Según esas cifras, durante la alcaldía de Gustavo Petro casi medio millón de personas salieron de la pobreza (el índice pasó de 11,9% a 4,7%), bajando de manera más acelerada que a nivel nacional.

Transporte para combatir la segregación

El resultado social exitoso probablemente se deba a una serie de políticas, entre las cuales hay varias de índole urbana. Por decreto, Petro estableció un mínimo vital de acceso al agua potable para las áreas más pobres de la ciudad, además de subsidios complementarios. También armó un programa de salud preventiva dentro de los barrios informales y una tarifa de transporte diferencial para los usuarios de ingresos bajos del TransMilenio, el BRT bogotano.

Esta especie de metrobús porteño muy mejorado (por la calidad, cantidad, velocidad y frecuencia de los coches de varios cuerpos unidos por un acordeón) en una ciudad cuyo principal anhelo en materia de movilidad desde hace décadas es el subte, se volvió fundamental.

El propio Petro fue muy claro al respecto cuando, menos de dos años después de asumir, armó una asamblea en medio de una protesta por el mal e insuficiente servicio que prestaba el TransMilenio. “Soy el más consciente de que TransMilenio no funciona bien. Antes de que hubiera TransMilenio el transporte funcionaba peor, la única manera de superarlo, de mejorarlo, es con el Metro”, sostuvo subido al techo de un colectivo ante la mirada atónita de miles de manifestantes.

Justamente el subte fue otra de las banderas de la Alcaldía de Petro. Logró algo en lo que sus antecesores habían fracasado: hacer los estudios de factibilidad de la primera línea. Años después, su sucesor en el puesto los desechó y planteó un metro elevado -ahora en construcción- para abaratar costos y complejidades que presenta el terreno.

Pero probablemente la propuesta más importante del presidente electo fue la construcción de un metrocable, el TransMiCable, que une el centro de la ciudad con Ciudad Bolívar, la zona más pobre de Bogotá. Es una obra parecida a la que hizo Evo Morales en La Paz (uniendo El Alto con el centro de la ciudad) y que le ahorra a las familias de esa zona hasta 50 minutos de viaje por día. Recién sobre el final de la gestión de Petro se empezó a construir la obra que se inauguró recién en 2018. No por negligencia del ex alcalde sino porque el Concejo de Bogotá, dominado por la oposición, había negado los recursos para realizarlo.

El trabajo sucio de romper un monopolio

La obstaculización del teleférico fue solo una muestra más de lo que significó para Petro gobernar sin el Poder Legislativo a su favor. La virulencia de la oposición llegó a tal punto que el ex líder del M-19 fue destituido durante un mes de su cargo.

Todo empezó con su cruzada contra el negocio de la recolección de basura. Petro, cumpliendo con un fallo de la Corte Suprema, formalizó el trabajo de los recicladores de calle -miles de familias en situación vulnerable- e introdujo un operador público en el servicio de recolección de basura de Bogotá, que hasta entonces estaba en manos de cuatro empresas privadas.

Los viejos operadores que perdían el monopolio hicieron que durante tres días hubiera dificultades en el servicio de limpieza de la ciudad y un año después el entonces procurador general de la Nación, que respondía al entonces Presidente Juan Manuel Santos, destituyó a Petro y lo inhabilitó por quince años para ejercer cargos públicos “por haber atentado contra la salud pública”. Después de una seguidilla de manifestaciones públicas multitudinarias y una ardua batalla judicial, Petro logró que la justicia colombiana lo devolviera a su cargo y declarara nula la suspensión para ejercer cargos públicos.

La mirada de Olano Duque respecto de esta situación tuvo que ver también con las disputas que se dan en el plano del desarrollo urbano: “¿Cómo era posible que no se adjudicaran las tradicionales grandes obras de cemento y ladrillo (para priorizar la contratación de maestros y médicos), que se impidiera el crecimiento horizontal de la ciudad (para buscar una ciudad más densa y sostenible), que no se siguieran construyendo troncales de buses articulados (para proyectar y diseñar, al fin, la primera línea de metro de Bogotá)?”. La pregunta que queda después de ver su trayectoria política y sus propuestas urbanas es si Petro tendrá la fuerza necesaria para lograr que las ciudades colombianas sean más humanas.

Bonus track

Ayer, distintas organizaciones en representación de familias inquilinas marcharon en varios puntos de la ciudad para reclamar que no se modifique la ley nacional de alquileres aprobada en 2020 o que, de hacerlo, se tengan en cuenta sus intereses. Es que el nuevo proyecto de ley de Juntos por el Cambio, aprobado en comisiones la semana pasada, pareciera solo haber recogido la posición de un solo lado del mostrador: se vuelve al contrato de dos años, se autorizan actualizaciones trimestrales (!) y propone desgravaciones impositivas para incentivar la oferta de vivienda para alquiler.

Me gustó esta nota de Rosario Fassina y Pablo Vitale en la que plantean que las modificaciones propuestas no están basadas en evidencia. En esa tónica, creo que este comunicado donde se plantean cinco mitos sobre la ley de alquileres arroja bastante claridad sobre el asunto. La conclusión de la Mesa que conforman una decena de organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas es que “la Ley Nacional de Alquileres aporta un nuevo marco de derechos habitacionales, pero, si no hay Estado que regule, implemente políticas y genere incentivos, lo que gobierna es la ley del mercado inmobiliario”.

Mientras en el Congreso siguen debatiendo, la oferta de departamentos en alquiler ahora efectivamente parece estar bajando y es acompañada por una dolarización de los mismos y una suba de la oferta de alquileres temporarios. Sobre este tema me pareció destacable esto que armó Nicolás Fiorentino, que reveló que la mitad de las propiedades en alquiler en una conocida página de búsqueda de inmuebles están en dólares. Sobre la posible “airbnbización” del microcentro porteño te dejo este hilo del legislador opositor Manuel Socías.

Y para descomprimir después de tanta pálida te dejo este tuit:

Herramientas para pensar la ciudad

Antes de irme te dejo un poco de autobombo sin romper nada porque llegó ese curso de Urbanismo que estabas esperando hace un montón (?). En colaboración con la Fundación Germán Abdala y Cenital voy a dictar un curso introductorio al Urbanismo donde leeremos y conversaremos sobre distintos aspectos de la ciudad y las variopintas miradas sobre ella. La idea es que te vayas con algunas herramientas clave e información que te permitan analizar el desarrollo urbano desde un lugar diferente. Si colaborás con Cenital y estás entre las primeras cinco personas inscritas al curso, hay un descuento para vos. Acá te dejo el programa y más información.

Eso es todo por hoy.

Que tengas un lindo fin de semana.

Abrazos,

Fer

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Escribo sobre temas urbanos. Vivienda, transporte, infraestructura y espacio público son los ejes principales de mi trabajo. Estudié Sociología en la UBA y cursé maestrías en Sociología Económica (UNSAM) y en Ciudades (The New School, Nueva York). Bostero de Román, en mis ratos libres juego a la pelota con amigos. Siempre tengo ganas de hacer un asado.