1° de mayo, aplicación actualizada

El mundo del trabajo está cambiando en una dirección inesperada. Después de un accidentado 2020, las acciones de Uber parecían recuperarse en 2021 (7%) hasta que el jueves pasado el secretario de Trabajo de Estados Unidos, Marty Walsh, dijera que la mayoría de los trabajadores de plataformas deben ser clasificados como empleados, una afirmación a tono con las propuestas laboristas de Joe Biden. En un día, Uber perdió casi todo el valor acumulado desde que el demócrata llegó a la Casa Blanca. Las palabras de Walsh pegaron en la línea de flotación de la economía de plataformas, cuyas empresas más prósperas exhiben pérdidas, ralentizan innovaciones y basan su desarrollo en la contratación independiente de choferes y repartidores.

En 2016, Uber estimaba que al llegar 2021 contaría con una flota de más de 100 mil vehículos autónomos eléctricos sin chofer. Hoy no posee siquiera uno, pero son sus choferes quienes permanecen como autónomos conduciendo vehículos de combustión interna para realizar un promedio de 18.7 millones de viajes por día. Todavía Rappi no reparte pizzas con drones o robots. Las plataformas resignaron las innovaciones tecnológicas más disruptivas pero, ante el fracaso de los Estados en aplicar regulaciones, lograron sostener su modelo de gestión de la fuerza de trabajo. Como afirmó Ruth Collier en 2017, la falta de regulación laboral para Uber -el caso “sencillo” de resolver- indica que difícilmente se pueda proteger el trabajo en otras plataformas. Seguimos donde Collier había dejado las cosas. Al menos hasta hoy…

Durante la pandemia del 2020, Uber logró concertar menos viajes que en 2019 y redujo sus ingresos en 3 mil millones de USD. Lo salvó la diversificación de los servicios hacia la comercialización y delivery de productos. Uber compensó la caída en la movilidad vehicular cuadruplicando los ingresos a través de UberEats. Las restricciones que perjudicaron a las plataformas de movilidad beneficiaron a las de comercio electrónico y entrega a domicilio, aprovechando el momentum de las medidas sanitarias. Doordash allí y Rappi acá lograron ocupar una posición dominante en el mercado del retail y pocos especialistas todavía las llaman apps de delivery, su antiguo y modesto nombre. Hoy son verdaderos supermercados digitales que, además de concertar la entrega de los productos con los consumidores, pactan la venta. Quienes reparten para estas plataformas están contratados como independientes. Por eso, el impacto bursátil de las palabras de Walsh arrastró también a las plataformas de comercio y delivery.

Marty Walsh -hijo de irlandeses católicos emigrados a mitad del siglo XX- cobró protagonismo cuando declaró a la ciudad de Boston “santuario para inmigrantes sin papeles”. Luego de ser reelecto alcalde, fue nominado por Biden para ser secretario de Trabajo. El exdirigente sindical asiste a un presidente que en cien días de gobierno realizó más declaraciones en favor de los sindicatos que Donald Trump en toda su presidencia. Pero no son sólo palabras. La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes aprobó un proyecto (Pro. Act) que busca fortalecer a los sindicatos permitiéndoles respaldar huelgas de otros sindicatos; impedir a las empresas demandar a los sindicatos por convocar a esas huelgas; permitir a los sindicatos cobrar cuotas a trabajadores no afiliados; prohibir a las empresas convocar a reuniones antisindicales; impedir que el estatus migratorio de los empleados sea utilizado por las empresas para adaptar condiciones de trabajo; aumentar las multas a empresas por incumplimiento de leyes laborales; y clasificar a trabajadores como empleados -y no como contratistas independientes- a menos que presten servicios sin control ni dirección, que lo hagan fuera del negocio habitual de la empresa que lo contrata y desarrollen el mismo negocio pero de forma autónoma. Estas condiciones implicarían reconocer a los trabajadores de plataformas todos los beneficios laborales, la libre sindicalización y el derecho a negociar colectivamente. La peor pesadilla para Uber y Amazon.

Para encontrar planes de esta tesitura en la historia de Estados Unidos, hay que retrotraerse a 1938. El New Deal de Biden incluye duplicar el salario mínimo y alcanzar una licencia paga de doce semanas para el cuidado de personas. Un estudio publicado en 2012 aseguró que una de cada cinco personas mayores se jubila antes de tiempo para poder cuidar a personas enfermas. El costo de esta licencia se estima en 225 mil millones, pero Biden no piensa en la emisión ni el déficit para financiar los nuevos umbrales de protección social, sino en las 55 grandes corporaciones que no pagaron a single penny en impuestos federales durante el último año.

Antes de las elecciones en Estados Unidos, el CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, ingeniero iraní cuya familia se exilió en América antes que sus empresas fueran nacionalizadas, había enviado una carta pública a Donald Trump pidiéndole protecciones para sus choferes mediante la creación de una tercera categoría de trabajadores independientes con algunos derechos laborales. La pregunta obvia, cuando de creación de figuras intermedias se trata, fue: ¿Quién pagará su salud, sus vacaciones o sus licencias si no lo hace la empresa? La respuesta también es obvia: los propios choferes. Khosrowshahi insistía en que “reclasificar a estos trabajadores como empleados podría resultar en más protecciones sociales pero eliminaría un factor clave de este tipo de trabajo: la posibilidad de dejar de trabajar con sólo tocar un botón”.

En marzo de este año, Uber perdió en la Suprema Corte británica e intentó hacerle decir a los lores lo que los lores no habían dicho. El Tribunal decidió que los choferes no son autónomos, pero Uber interpretó “tampoco empleados”, aunque aceptó categorizarlos como workers. Un dilema de interpretación que bien explicó Jimena Valdez en este mismo servicio informativo. En España, ante una inminente regulación estatal que proteja a los riders, las empresas de plataforma aceptarían la reclasificación en la medida que pudieran abonar alícuotas impositivas especiales. Con más sigilo, acercan propuestas similares al Gobierno argentino. El mismo comportamiento trajo mejores resultados para Uber cuando logró derrotar la AB5 de California, una decisión muy similar a la actual Pro. Act. Uber logró que se aprobara la Proposition 22 para preservar la “flexibilidad de decidir cuándo, dónde y cómo trabajar”. Para Uber, la libertad de desconexión es sagrada. Es una llave a un mundo nuevo que clausura la posibilidad de gozar de viejos derechos.

Desde las reformas laborales conservadoras de la década de 1980, la flexibilidad horaria -siempre dispuesta por las empresas- fue presentada como un aumento del margen de libertad para las personas que trabajan, incluso como un medio para conciliar las tareas laborales con las tareas de cuidado. El resultado fue y es el contrario al prometido. El mundo del trabajo y el del hogar se disolvieron en una única dimensión, pero las tareas de cuidado no son remuneradas ni compensadas mientras los salarios decrecen. Más aún, en la organización posfordista del tiempo, la conciliación entre el trabajo, la formación, el descanso y el cuidado se tornó de difícil a imposible, en especial para las mujeres.

En el naciente Consejo Económico y Social, la economista de la Federación de Empleados de Comercio, Sofía Scasserra, planteó avanzar en la universalización del derecho a la desconexión, que no es otra cosa que la modernización del derecho a una jornada limitada en un entorno digital. Este nuevo derecho se complementa con la soberanía del tiempo de trabajo, otra nueva garantía laboral planteada por la OIT en su informe sobre el futuro del trabajo. Esta última consiste en invertir el sentido de la flexibilización horaria -que implica la desnormalización de la jornada de trabajo dispuesta por los empleadores- por el derecho de las personas trabajadoras a elegir, interrumpir, distribuir y organizar su propia jornada. La llave que para Uber cierra la puerta de los viejos derechos laborales, pero podría ser la clave para sumar nuevos.