Trama Urbana

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad

El debate estéril acerca de la toma de tierras. ¿Qué mitos hay alrededor de esta práctica? ¿Cuánto más caro para el Estado es llegar tarde? ¿Los ricos también toman tierras?

Hola, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido una linda quincena. Uy, qué poco natural suena eso. A mí me costó no escribirte el viernes pasado, te extrañé. Encima cuando decidí espaciar estos envíos para que me pesara menos la culpa pensé “bueno, total el urbanismo no es tema de coyuntura, sería impensado que todos los medios de comunicación estén hablando varios días seguidos de, no sé, la toma de tierras”. Lo último lo agregué para que quede mejor el gancho inicial de este correo, pero vos me entendés.   

No voy a escaparle al debate central que ocupó la radio, la televisión y los diarios estas semanas. Sí, la toma de tierras es un delito. Ahora bien, ¿qué implica que se debata el acceso al hábitat digno en términos del Código Penal? Sobran los ejemplos en los que dos derechos presentes en nuestra Constitución entran en pugna y el Estado tiene que arbitrar entre ambos. Los cortes de calle son el ejemplo más habitual -protesta versus circulación- pero quizás por esa habitualidad la urgencia en pedir que lleguen los palazos ante un corte de calle ya no está tan de moda.   

Detrás de estos derechos en pugna hay una premisa: ningún derecho constitucional es absoluto, y el derecho a la propiedad de la tierra, que además cumple una función social, no es una excepción. Esto no quiere decir que irrumpir en la propiedad privada de alguien esté justificado ni mucho menos, pero sí pone de relieve lo estéril de encerrarse en la discusión sobre lo delictivo del acto.

La naturalización de un privilegio

Sobre esta tensión entre derechos le pregunté a Pablo Vitale, director de la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales. Su respuesta explica mi punto mucho mejor: “Es un enorme problema social y político cuando escandaliza más la ocupación de suelo sin uso que familias viviendo a la intemperie. Con esto lo que se evidencia es la naturalización del privilegio de la propiedad privada por sobre el derecho a la vivienda. Debería anteponerse la resolución de la necesidad de vivienda de las familias que ocupan a cualquier otra medida”.

También le pregunté a Pablo sobre la idea muy difundida en varios medios acerca de que las tomas de tierras siempre están orquestadas por mafias o “punteros”. “Habría que distinguir dos cosas muy diferentes”, me contestó. 

La primera: “Las tomas con las que se inician los asentamientos (que a diferencia de las villas generalmente son colectivas, más planificadas y replican la trama urbana de los entornos) suelen contar con algún grado de coordinación, la participación de organizaciones sociales, de base o políticas (en los 80, de la iglesia, por caso) y referentes; esto efectivamente suele ser así, aunque siempre sobre la base de una necesidad de vivienda estructuralmente irresuelta que algún fenómeno contextual u oportunidad que cataliza e impulsa la ocupación. Esa misma necesidad habitacional irresuelta, en algunos episodios puntuales, se ha conjugado con intereses de desestabilización política, pero en todos los casos que conozco se sobredimensiona el rol de esos ‘punteros’ como forma de deslegitimar las tomas”.

La segunda: “Los fenómenos de mercantilización de acceso al suelo también se fueron expandiendo en las modalidades informales: alquileres y ventas en villas, especialmente, pero también en asentamientos, ocupaciones de viviendas en estos barrios y  participación en tomas con fines de venta de los inmuebles. En otras ciudades del continente los ‘loteos pirata’, es decir la ocupación de tierras con fines de venta llega a ser una de las formas más extendidas de urbanización popular informal. No es el caso de las tomas en nuestro país, en el que puede haber casos puntuales que, nuevamente, son sobredimensionados mediática y políticamente como forma de deslegitimar las tomas”.

¿Oleada de tomas?

Si bien la toma de Guernica y otras que se dieron en los últimos meses tuvieron sus particularidades en la velocidad con la que se concretaron, las cifras oficiales contradicen las noticias acerca de “una oleada de tomas” en el país y en la provincia de Buenos Aires. 

De hecho, en esta nota, la ministra de Gobierno bonaerense destaca que el año pasado se dieron en promedio 140 tomas por mes y en lo que va de este año ese número desciende a 40. Pero los datos sobre el mercado inmobiliario informal no están seriamente sistematizados. Según datos del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos consignados en esa misma nota, el déficit de la PBA es de 900 mil viviendas y la gestión de María Eugenia Vidal dejó 5700 obras de vivienda paralizadas por más de dos años por falta de pago en cincuenta municipios. 

Entre los escasos relevamientos encontré este informe que desecha la idea de que vivir en un barrio informal es gratis. En la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, alrededor de un tercio de la población en villas paga un alquiler. La misma proporción, y en algunos barrios bastante más alta, que en la ciudad formal. Para estos alquileres no media ningún contrato ni protección de los decretos presidenciales que prohíben los desalojos durante el ASPO. 

Para Vitale, “los fenómenos de tomas de tierras son muchísimo más frecuentes y extendidos de lo que suele saberse, pero que cuando se transforman en noticia, desencadenan un inagotable cúmulo de desinformación, prejuicios, estigmatizaciones y pedidos de represión por parte de quienes, en tiempos regulares, ignoran que es una consolidada y creciente forma de producir ciudad en nuestro país y todavía más en  mayor parte de las urbes de la región”. 

Un gran poder

Esos prejuicios a los que se refiere el Director de ACIJ muchas veces están basados sobre la idea de que la tierra tomada pertenece a alguien “como uno” y que estaba haciendo uso de ella. Sirve para empatizar, pero parece que no es tan así. 

Sobre este punto Vitale indica que “en prácticamente la totalidad de los casos se trata de suelo abandonado, baldío, sin uso durante años; en caso de contar con información, obviamente quienes ocupan prefieren tierras fiscales, que suponen un potencial de regularización mayor que las privadas. Pero por regla, si hay un mínimo de organización se verifica que las tierras estén en las mejores condiciones para una regularización futura (por ejemplo, que no estén adjudicadas para la construcción de un equipamiento urbano) y es muy común que las tomas sean sobre terrenos baldíos que generan perjuicios al entorno (por daño ambiental, inseguridad, etc)”.

Acá entran dos variables que no suelen tenerse en cuenta a la hora de tener discursos punitivistas sobre las tomas: ¿A quién pertenecen las tierras tomadas? ¿Para qué se usaban esas tierras antes de la toma? En este hilo Virgilio Gregorini, presidente de la ONG Techo desarrolla de manera clara cuál es el rol de algunos de los dueños de estas tierras en desuso:  

  1. “Tengo un papel que dice que soy propietario de una tierra, pero no ejerzo ningún acto posesorio (es decir no cumplo mis deberes por ser titular de esa tierra)
  2. Dejo que me ocupen la tierra o coordino la ocupación con algún político/a.
  3. Espero hasta que algún día la Provincia expropie el terreno con fines sociales/políticos.
  4. Uso mis influencias para que el valor de la expropiación sea de mercado como si no hubiera gente viviendo y como si yo hubiera ejercido responsablemente mis deberes sobre ese terreno”.   

Lo que me pareció interesante de ese hilo es que destaca que los dueños de las tierras también tienen deberes. Algo así como lo que le dijo el tío Ben a Peter Parker antes de ser asesinado: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. Tener un pedazo de tierra en medio de una crisis habitacional tan profunda como la que transita hace décadas Argentina es un gran poder. No hacer un uso productivo de ella es una gran irresponsabilidad que genera una suba de precios y termina profundizando esa crisis. 

Para romper con ese círculo vicioso hay un instrumento sobre el cual urbanistas de todo el mundo y organismos internacionales están de acuerdo: más impuestos al suelo urbano ocioso, en forma de vivienda vacía o de terreno baldío. Desde 2012, la provincia de Buenos Aires cuenta con el segundo de estos instrumentos.

Vacunas y remedios

La reurbanización de barrios populares una vez ya consolidadas las ocupaciones de tierras públicas o privadas en desuso es el remedio ante la ausencia del Estado en materia de acceso a la vivienda. La vacuna, sin embargo, sería ofrecer alternativas a la toma de tierras para la generación de barrios informales. Esta segunda opción es mucho más barata. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo urbanizar un barrio popular es entre 3 y 7 veces más costoso que generar una nueva urbanización que albergue la misma cantidad de familias. 

Vamos primero con el remedio. La necesidad de reurbanizar los 4.400 barrios populares relevados en 2018 por la CTEP, Techo y el Estado nacional en 2018 se plasmó en una ley votada por unanimidad. También fue unánime la necesidad de expropiar los terrenos cuando los mismos estén en manos privadas. Al momento de aprobar esa ley no hubo cuestionamientos a las tomas que iniciaron esos barrios. Un poco de historia, en esta nota, que incluye este cuadro que detalla los barrios populares existentes por década de ocupación y ubicación.

El Registro Nacional de Barrios Populares fue un avance claro para las organizaciones sociales pero su financiamiento quedó pendiente por casi dos años, hasta que en diciembre de 2019 se creó el fideicomiso encargado de financiar las expropiaciones y las obras de reurbanización. Parte del impuesto PAIS ahora va a financiarlo y el impuesto a las grandes fortunas se plantea que también. ¿Alcanza? ¿De dónde debería salir el financiamiento para reurbanizar?  

Sobre esto hablé con Sebastián Welisiejko - voz disonante en el eco punitivista de Cambiemos- y ex Secretario de Integración Sociourbana durante el gobierno macrista. 

“El RENABAP no tuvo en 2019 partidas presupuestarias de un volumen consistente” admite. Sin embargo aclara que “se creó una secretaría de Estado nueva y de toda la masa de dinero que ejecutó el Ministerio del Interior una parte iba a los barrios del Registro. Ese ritmo de inversión no alcanzaba pero tampoco alcanza el que se anunció ahora. Creo que el debate tiene que ir más allá de estas partidas porque se necesita otra escala. Lo que sale del impuesto PAIS y de un eventual impuesto a las grandes fortunas es un primer paso pero tiene que ser una plataforma para atraer dinero de otras fuentes, integrando a la fuente pública con el mercado de capitales y organismos multilaterales”, analiza, porque está claro que ningún presupuesto público va a poder invertir 26 mil millones de dólares, el dinero que se necesita para reurbanizar todos los barrios populares del país”, analiza.      

Ahora vamos con la vacuna. Si bien Welisiejko maneja datos menos desalentadores, en este informe de CIPPEC se revela una baja en el presupuesto aprobado por ley dedicado al hábitat durante la gestión de Cambiemos: “(...) el presupuesto asignado por Ley para el hábitat (...) pasó de representar el 6,5% del total nacional en 2014, al 5,3% en 2017”. Para completar el panorama, según esta nota de las investigadoras Paula Shabel y Virginia Nessi en 2018 y 2019, la baja acumulada en el presupuesto dedicado a políticas habitacionales fue del 79%. Medido en dólares y según cifras oficiales de la gestión anterior, la inversión en barrios populares bajó más de un tercio. De 390 millones a 104 millones.

Para que la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat no quede en otro acto simbólico, ese financiamiento -que posiblemente se juegue concretamente en la discusión del presupuesto 2021- va a ser clave. Como contracara de las tomas, el anunciado Plan Nacional de Suelo busca aumentar la oferta de suelo urbanizado. En paralelo, hoy vuelve oficialmente el Procrear con sus líneas de crédito para construcción y ampliación en terreno propio.

Hay tomas y tomas

Para terminar, me gustaría compartirte dos artículos largos sobre este tema para que leas el finde. Por un lado, este estudio que hizo el CELS -que además ayer sacó este comunicado llamando a una mesa de diálogo por la toma en Guernica- hace poco más de un año, que me pareció muy interesante. Recopila varios casos en los que se desarrollaron barrios cerrados irregulares -que en ese momento explicaban casi ¡la mitad! del total de los countries de la Provincia de Buenos Aires- con distinto tipo de estrategias. Hasta donde pude investigar, nadie en ningún medio pidió que la policía desalojara a sus habitantes. Algunos de esos desarrollos se fueron adecuando a una nueva ley y otros aún se tramitan en juzgados desde hace varios años.

En este otro artículo María Cristina Cravino, antropóloga y docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento, disecciona las tomas de tierras en Argentina en las últimas décadas. Un dato que menciona: “Desde 1976 la agencia de Hábitat de Naciones Unidas propone a los Estados que no desalojen los asentamientos populares y en cambio plantea radicarlos y ayudar a los habitantes a construir sus barrios y viviendas”. 

Bonus tracks

  • En medio de la quita de una parte de la coparticipación que Mauricio Macri le dio por decreto a Horacio Rodríguez Larreta, un poquito de venta de tierras sin romper nada, en esta nota sobre Tiro Federal. Además, ¿analizan vender Parque Sarmiento para equilibrar las cuentas?
  • Quizás es el momento para empezar a pensar cómo va a ser la vuelta a la escuela, aunque todavía estemos lejos de que eso sea una realidad en el AMBA. Si el riesgo disminuye a cielo abierto, ¿podemos imaginar la escuela en la vía pública? 800 escuelas en Nueva York dicen que podemos. Si debemos, se lo dejo a la infectadura. Ah, re.
  • Acá Federico Poore compara las intervenciones en el espacio público en favor de peatones y ciclistas en distintas partes del mundo y en la ciudad de Buenos Aires. Está en inglés porque BA Times pero con el traductor anda bien. Spoiler alert: “Poco ambicioso”. 
  • Según un informe de Zonaprop, los precios de las publicaciones de alquileres en CABA (con un precio siempre mayor al que finalmente se paga) aumentaron un 19,2% en el último trimestre, por encima de la inflación. Imputar ese aumento sólo a la recientemente aprobada Ley de Alquileres es tan forzado como desconocer que tuvo un ¿esperado? efecto en el corto plazo. Para mí, hay que ver el mediano y el largo. Mientras tanto, ayer el estado de Cataluña aprobó una nueva ley de alquileres que establece precios máximos de referencia por zonas en 60 ciudades.

Eso es todo por hoy, amigue. Espero que hayas disfrutado leer estas líneas tanto como yo disfruté escribirlas.

Que tengas un lindo fin de semana.

Abrazos,

Fer

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Escribo sobre temas urbanos. Vivienda, transporte, infraestructura y espacio público son los ejes principales de mi trabajo. Estudié Sociología en la UBA y cursé maestrías en Sociología Económica (UNSAM) y en Ciudades (The New School, Nueva York). Bostero de Román, en mis ratos libres juego a la pelota con amigos. Siempre tengo ganas de hacer un asado.
@ferbercovich
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