Quién va a defender a los partidos políticos

Argentina tiene una pasión por discutir su sistema electoral. En los últimos años se han debatido muchos de sus aspectos: la unificación o separación de las fechas entre elecciones nacionales y provinciales, los mecanismos de competencia interna de los partidos, y varios etcéteras. Por alguna razón, en los últimos años estas discusiones se han enfocado en el instrumento; sin ir más lejos, en el 2016 el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri hizo un intento fuerte de avanzar con el reemplazo de la boleta partidaria de papel por el voto electrónico (que preferían llamar “boleta única electrónica”). Ese proyecto ganó la aprobación de una mayoría en la Cámara de Diputados, pero no tuvo apoyo mayoritario en el Senado. Vale recordar que en el 2016 el entonces gobierno había ya adquirido un número de máquinas de votación, que no llegaron a usarse.

Hoy la oposición impulsa un nuevo intento de cambio del instrumento de votación. En este caso, ya abandonado el proyecto del voto electrónico, se trata de eliminar la boleta partidaria en las elecciones nacionales y reemplazarla por la boleta única de papel.

La boleta partidaria consiste en una única papeleta por partido o coalición, identificada con un único color, y en la cual van “pegadas” las candidaturas de cada una de las categorías que se ponen en disputa: presidente, senadores, diputados nacionales, parlamentarios del MERCOSUR. En general, se encuentran en ella las fotos de quienes encabezan las listas, y el votante debe elegir entre las boletas de todos los partidos que se disponen en una mesa a tal fin. Si lo desea, puede cortar boleta, combinar distintas secciones, o dejar el sobre vacío para votar en blanco.

El proyecto presentado por la oposición busca ahora reemplazarla por la boleta única de papel. Esta se trata de un único cartón o papel en donde se ubican, por categoría, los nombres de los partidos o coaliciones, usualmente con la presencia de sólo el primer candidato o candidata de la lista, a veces (no siempre) con foto. El votante hace saber su preferencia marcando con una lapicera o lápiz una cruz al costado de su candidato o partido elegido. Mientras que en el primer caso los partidos políticos diseñan, imprimen y en varios casos distribuyen las boletas, en el segundo esto pasa a ser una responsabilidad cien por ciento estatal.

El principal argumento para impulsar el reemplazo de la boleta partidaria por la boleta de papel es que fortalecería el control estatal sobre la impresión de las boletas, y que disminuiría la necesidad de los partidos de reclutar, capacitar, y disponer fiscales partidarios en las mesas de votación. El estado — de acuerdo al dictamen de mayoría, la Cámara Nacional Electoral y las Juntas Electorales de las provincias — diseñaría las boletas, imprimiría el número justo para cada una de las mesas, y distribuiría las mismas. A cada votante le sería entregada una boleta, y sólo una, al ingresar al cuarto oscuro. Esta boleta, doblada, se introduciría en la urna.

El argumento final es que no harían casi falta fiscales partidarios, ni habría que temer el mítico robo de boletas, ni sería necesario entrar a reponerlas. Más control estatal, menos presencia y activismo de los partidos políticos.

Es comprensible que este sueño de mayor control burocrático sobre un proceso político pueda resultar atractivo en un momento histórico en el cual los partidos políticos sufren el escarnio permanente, incluso de los propios políticos profesionales. Sin embargo, el objetivo de esta columna es señalar que la presencia de los partidos políticos en el acto electoral no nació de un error o de una equivocación histórica, sino de una decisión de los legisladores de desconfiar del gobierno de turno y de fortalecer a los partidos como expresión de la sociedad civil. El papel que juegan los partidos en la gimnasia electoral argentina es una de las causas de su fortaleza y eficacia, y cualquier reforma que se intente debe hacerse con gran cuidado de no alterarlo.

Para comenzar, no es una exageración sostener que las elecciones argentinas funcionan muy bien. La sospecha de fraude ha sido inexistente en elecciones nacionales en tiempos modernos. La Ley Sáenz Peña, eje fundamental de la democracia electoral, fue ganada luego de años de lucha encabezada por la Unión Cívica Radial. La llamada Década Infame puso un paréntesis en la integridad electoral argentina; sin embargo, el régimen fraudulento establecido durante esta década no logró volverse hegemónico, sin duda porque el voto libre se había hecho carne como una demanda y una expectativa de los actores políticos. En 1946 se retornó a una mecánica electoral en la que todos los participantes aceptaron el resultado como legítimo; aún los enconados adversarios del peronismo no negaban la limpieza del sufragio. Luego del golpe de estado de 1955, la proscripción del partido peronista por 18 años se generó a través de normativas, y no a través de la manipulación de las elecciones. La legitimidad social de los actos electorales se reforzó luego de 1983, cuando el país logró la concatenación de una serie temporal inédita de elecciones nacionales exitosas a lo largo de casi 40 años. Si bien existieron algunas elecciones sospechadas de malos manejos, como la de Santa Fe en 1983, Córdoba en 2007, y la de Tucumán en 2015, en todos estos casos fueron elecciones provinciales, organizadas por cada jurisdicción, no nacionales. Aún en momentos de desencanto ciudadano, en momentos de crisis económica o hiperinflación, nunca la Argentina ha dudado de la legalidad y legitimidad de sus elecciones.

Esto puede parecer poco, pero no lo es. En el octavo país más extenso del mundo, con lugares en donde no hay energía eléctrica o tiene que llevarse la urna a lomo de mula, nuestras elecciones ocurren cada dos años y sus resultados son aceptados por todo el mundo.

Paradójicamente, la rutinización del buen funcionamiento electoral permite que los argentinos permanezcan bastante ignorantes sobre cómo funciona el sistema. Una de las cuestiones que resulta dejada de lado es el hecho de que el sistema electoral argentino (como todo el sistema político, en realidad) funciona casi como una co-organización entre el estado, los partidos políticos y los ciudadanos. Los partidos y los ciudadanos se involucran desde antes incluso de la elección a fines de controlarse entre sí pero también controlar al estado, es decir, al gobierno de turno.

En gran parte del discurso que circula en los medios de comunicación, pareciera que el voto es un “servicio” público que debe “proveer” el estado; algo equivalente a abrir una canilla y que salga agua corriente. En el paradigma “servicio”, los ciudadanos no tienen necesariamente nada que hacer ni por qué involucrarse, siempre y cuando los estamentos técnicos y burocráticos del estado le provea el servicio en tiempo y forma. Después de todo, muy poca gente “sabe” cómo opera, por ejemplo, el sistema de regulación de los vuelos de pasajeros en el país; sólo saben que van a un aeropuerto y los aviones están allí, salen y llegan. Mientras el sistema más o menos funcione, y no se produzcan fallas catastróficas, podemos recostarnos en que los sistemas funcionarán sin ningún input de la sociedad civil. La sociedad puede confiar, sin necesidad de involucrarse.

Es necesario afirmar enfáticamente que esto no es así en el ordenamiento legal sobre las elecciones argentinas, y que no lo es a propósito. El voto no es un servicio que se consume sin preguntar. El principio filosófico sobre el cual se diseñó el sistema electoral argentino es la desconfianza hacia el estado. Y los partidos políticos son el principal agente de esta desconfianza.

En el ordenamiento legal y práctico de la República Argentina, los partidos políticos no son sólo sellitos de goma en una boleta. Antes bien, la Constitución Nacional establece taxativamente en su artículo 38 que “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.” Tan centrales son, que el constituyente establece explícitamente que la CN “garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas.” Por esto mismo, porque al cuerpo político nacional reunido en su asamblea soberana le interesa garantizar la fortaleza de los partidos, se dictamina que “el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes.”

En lo específicamente electoral, la ley reconoce a los partidos como colaboradores y veedores en cada uno de los momentos del acto electivo. Sus apoderados y fiscales son responsables de fiscalizar todos los pasos de la elección y el escrutinio, como lo establece el capítulo II del Código Nacional Electoral. Los partidos reciben ejemplares de los padrones electorales y nóminas de electores inhabilitados. Pueden impugnar candidatos de otros partidos frente a la justicia si consideran que no cumplen los requisitos. Diseñan las boletas electorales, deciden su color, fotos y tipografía (capítulo IV del CNE). Distribuyen las boletas, se aseguran de su presencia en el cuarto oscuro y, el día de la elección, sus fiscales de mesa se complementan con los fiscales generales y, luego, los apoderados partidarios controlan el escrutinio y las impugnaciones.

Es decir, las elecciones argentinas funcionan como un gran sistema de desconfianza cruzada. Los partidos políticos se desconfían entre sí, y, sobre todo, desconfían del estado. Ciudadanos comunes miran, controlan, conocen y comprenden cada paso del acto electoral.

Es importante recalcar que esto no es por casualidad. Antes bien, esta desconfianza hacia el control estatal de las elecciones fue una verdadera victoria cívica frente al fraude organizado desde el estado y por el estado. Ernesto Semán reconstruye en su libro “Breve Historia del Antipopulismo” la génesis de la reforma electoral de la Ley Sáenz Peña y da varios datos sorprendentes. El primero es que no puede considerarse legítima a ninguna elección anterior a la sanción de la Ley Sánez Peña en 1912. Aunque el voto cuasi-universal (sólo masculino) era ley desde 1857, entre 1862 y 1910 sólo votó entre el 1,2% y el 2,8% de la población. El segundo es que la sociedad demandaba una reforma electoral décadas antes de la ley Sáenz Peña, y lo hacía contra el régimen y contra el estado. Por eso mismo, Julio Roca sancionó una primera reforma electoral en 1902, con el asesoramiento de Joaquín V. González (reforma que fue derogada en 1905.) El tercero es que en las primeras elecciones que se realizaron luego de sancionada la Ley Sáenz Peña el número de votantes “después de mantenerse estable durante medio siglo, se multiplicó de una elección a la otra en un 375% (…) los votantes pasa(ron) del 2,8 al 9%” (p. 76). Los partidos políticos argentinos, sobre todo la entonces joven Unión Cívica Radical, le arrancaron las reformas al régimen, y (con razón) se veían a sí mismos como los garantes de la voluntad cívica. En un giro paradojal, se nos dice ahora que debemos confiar en lo estatal y desconfiar de los partidos. Pero hay riesgos en ese pedido de confianza.

Si los partidos no pueden diseñar las boletas de turno, quedarán sujetos a la buena voluntad del funcionario de turno, quien podrá o no tener intención de favorecer a su partido en la elección. Si no tienen incentivos para presentar fiscales, ya no podrán controlar que a cada mesa llegue la cantidad adecuada de boletas, o que no existan presiones a los votantes para, por ejemplo, sacarle una foto a la boleta. El escrutinio tendrá menos ojos observándose, lo cual lo hará menos confiable.

Con la cantidad de partidos actual, las boletas deberán ser gigantescas o, en su defecto, convivirán la boleta única de papel y la partidaria dentro del cuarto oscuro (o distintas boletas únicas, una por categoría). Esto no simplificará el escrutinio, sino que lo hará igual o más complicado. Además, las boletas no dejan de ser manipulables: se pueden agregar cruces, o intentar borrarlas. La presencia de los fiscales será igual o aún mas crucial que con el sistema actual para garantizar el escrutinio.

Finalmente, es paradójico que los representantes de dos de los tres partidos nacionales avalen una reforma que, al debilitar las marcas partidarias y poner el foco en sólo una persona, la cabeza de lista, impulsará los candidatos mediáticos, las aventuras unipersonales, y el transfuguismo, por sobre el saber específico de quienes dedican su vida a la cosa pública. Hay algo paradójico en que sean los representantes en el congreso, elegidos por la política organizada, los que reclamen desempoderarse a sí mismos para empoderar a burócratas estatales que no han sido elegidos por el voto ni deben rendirle cuentas a sus votantes. El voto, en la Argentina, no es simplemente un servicio burocrático que se nos debe proveer. Es un proceso que involucra a la sociedad entera, a los partidos, a sus militantes, a miles de ciudadanas y ciudadanos que prestan su esfuerzo como presidente de mesa. Es un trabajo, una gesta, y una fiesta que involucra a la sociedad toda.