Motosierra, licuadora y aplanadora: el 25% del Estado no recibe fondos para funcionar

El ajuste fiscal tiene mucho de licuadora, se publicita como motosierra y se vale, también, de la aplanadora. Aproximadamente un cuarto de las partidas presupuestarias no había tenido ningún tipo de ejecución hasta fines de febrero. Son programas previstos para el funcionamiento del Estado o para políticas sociales, energéticas y productivas que estaban en cero.

Al cumplirse 100 días del gobierno de Javier Milei, el martes 19 de marzo, estos programas que se mantenían sin movimientos totalizaban 1,3 billones de pesos, o el 3% del presupuesto total de la administración pública. Los datos son oficiales. Los analizaron, en detalle, las consultoras Analytica, que dirigen Ricardo Delgado y Claudio Caprarulo, y Audemus, del exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. También los cotejó Cenital en el portal de Presupuesto Abierto, el GPS de ingresos y gastos de la administración nacional de acceso público.

En el Presupuesto Abierto se ve, en tiempo real, la ejecución del gasto. El sitio informa el crédito inicial y vigente de cada programa (por ejemplo, si una partida sumó recursos o sufrió recortes, por decreto), el gasto devengado (es decir, que ya fue autorizado y que deberá pagarse en breve) y el gasto efectivamente pagado. Este último es el que computa el Ministerio de Economía para informar el resultado de las cuentas públicas “base caja”. Como el Estado funciona con la prórroga del Presupuesto 2023, los recursos iniciales ya pasaron por la licuadora, debido al impacto de la inflación.

Ajustar en seco

En esa radiografía del gasto se observa que, a la licuadora de jubilaciones, salarios y algunos programas sociales, se suma la parálisis total de otras áreas, algunas más sensibles que otras. También se toma dimensión del recorte de fondos a provincias y municipios, uno de los aspectos centrales del ajuste de las cuentas públicas, que detallaron Santiago Bulat y Juan Manuel Telechea en Cenital.

La aplanadora sobre la ejecución presupuestaria tiene varias aristas. Hay programas que el Gobierno eliminó pero que, formalmente, todavía tienen créditos. El más representativo, por los recursos presupuestados y por su impacto político, fue el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires. Tiene un crédito de $274.000 millones pero, como se actualizaba todos los meses por coparticipación, debía girar este año unos $850.000 millones, según estimaciones privadas y de la provincia. También el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que depende de la Secretaría de Educación. Tenía presupuestados casi $350.000 millones y se devengaron $46.600 millones a provincias y nada a las universidades. El envío de recursos a la Ciudad de Buenos Aires para financiar el traspaso de las funciones de seguridad ($81.346 millones) tampoco arrancó.

Educación

Hasta este miércoles, la Secretaría de Educación había ejecutado el 0,82% de los $63.715 millones destinados a programas de infraestructura y equipamento y el 0,94% de los $32.997 millones previstos para el fortalecimiento de jardines de infantes. Si bien se amplió el presupuesto para la Mejora de la Calidad Educativa (pasó de $42.480 millones a $77.828 millones), había devengado apenas $72 millones, o el 0,09% de los recursos. El programa Conectar Igualdad, con recursos por $115.732 millones, tenía un 5,34% de ejecución. Las obligaciones a cargo del Tesoro, un genérico que depende de Economía y concentra un surtido de programas que incluye desde el pago de intereses de deuda hasta distintas transferencias a empresas públicas y provincias, muestran una ejecución dispar. Las partidas destinadas a los servicios de deuda, por casi $4,5 billones, ya se consumieron en un 60% ($2,7 billones devengados, de los cuales se pagaron $2,5 billones). Pero las transferencias a AySA para gastos corrientes y de capital ($212.000 millones en total) están en cero. Un grupo de partidas para financiar gastos corrientes de provincias y municipios por $242.000 millones se ejecutó en un 0,08%.

Energía

El recorte en los pagos de subsidios a la energía explicó el 10% del ajuste del gasto del primer bimestre. Pero, si bien la quita de subsidios ya comenzó, el Gobierno dilató la suba de tarifas del gas y buena parte del “ahorro” se debió a la subejecución de partidas destinadas a pagar la energía, lo que motivó un reclamo de las distribuidoras y transportistas. Las partidas destinadas a subsidiar energía eléctrica ($ 1,1 billones presupuestados para todo el año) se movieron apenas 7,9%. Las destinadas a compensar a productores de hidrocarburos (casi $ 244.000 millones) tuvieron una ejecución del 4,12%. Como los precios siguen al dólar oficial, los desembolsos necesarios se multiplicaron por dos luego de la devaluación de diciembre. Además, la asistencia financiera a Enarsa ($153.841 millones presupuestados) fue nula. En paralelo, otros programas destinados a fomentar el uso racional de energía o hacer obras no se tocaron.

Producción

La aplanadora también llegó a Bioeconomía. Una serie de políticas vinculadas con la política agropecuaria (focalizadas en la productividad, la producción de alimentos, el manejo de riesgos y el desarrollo de mercados), que suman créditos por unos $90.000 millones no muestran ejecución alguna. La Secretaría de Industria, también a cargo de Economía, no ejecutó nada en ninguno de los programas destinados a financiar proyectos productivos, que habían sido un emblema de la gestión anterior. Las partidas para el desarrollo de proveedores estratégicos ($15.000 millones), el Fondo de Desarrollo Productivo (Fondep), por unos $65.200 millones, y el Fondo de Garantía (Fogar), por $11.400 millones, no registran desembolsos.

Infraestructura

La Secretaría de Obras Públicas, bajo el ala de Luis Caputo desde la salida de Guillermo Ferraro del Ministerio de Infraestructura, concentra buena parte del ajuste. Una gran porción de los pagos se interrumpió. Los fondos destinados a Integración Sociourbana ($36.270 millones) tuvieron una ejecución de 1,72%. Las partidas destinadas a impulsar infraestructura para el transporte sostenible ($112.165 millones), al mejoramiento de barrios ($25.370 millones), o a recuperar la cuenca Matanza-Riachuelo ($26.034 millones), entre otras, están vírgenes.

Ayuda social

El Ministerio de Capital Humano, que concentra el gasto social, frenó, a comienzos de año, el envío de alimentos y recursos a comedores. Hasta esta semana, los programas destinados a Abordaje Territorial, que cubren, entre otras cosas, la ayuda a damnificados por eventos climáticos como inundaciones, tenían una ejecución del 1,92%, que bajaba a cero en los ítems destinados a dar ayuda directa a las personas. “Milei y (Sandra) Pettovello no han designado a nadie al frente de la Dirección Nacional de Emergencia y han anunciado el cierre de los 59 Centros de Referencia en todo el país”, remarcó el diputado de Unión por la Patria Juan Marino.

Superávit, cueste lo que cueste

En este escenario, el Gobierno celebró un superávit primario de $3,2 billones en el primer bimestre, con una fuerte contracción real del gasto. También alcanzó un superávit financiero, tras el pago de intereses de deuda, de $856.520 millones. El saldo positivo en las cuentas públicas se obtuvo gracias al mayor recorte del gasto para un primer bimestre en tres décadas. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la licuación de jubilaciones (caída del 38% real, descontada la inflación) representó el 34% del ajuste fiscal. Uno de cada tres pesos salió del (o no llegó al) bolsillo de los jubilados y pensionados. La actualización de salarios públicos por debajo de la inflación aportó otro 7% a la cuenta, y el freno o la reducción de programas sociales, otro 4%. El recorte casi total de las transferencias a provincias para gastos corrientes significó el 5% del ajuste del gasto. La parálisis de la obra pública, tanto por inversión directa del Estado nacional como por envíos a las provincias para gastos de capital, 21%.