México se acerca a las elecciones, en medio de la campaña más violenta de su historia

Los recientes asesinatos de dos candidatos a intendentes en México se suman a una trágica lista de aspirantes políticos que perdieron la vida durante el proceso electoral de ese país. Desde julio del año pasado, al menos 30 candidatos fueron asesinados, lo que convierte esta campaña en una de las más sangrientas de la historia mexicana. Y todavía faltan cinco semanas para las elecciones generales.

El 2 de junio, 97 millones de mexicanos están habilitados para votar. Se elegirán candidatos para más de 600 cargos a nivel nacional y casi 20,000 puestos estatales y municipales. Estos últimos son de especial importancia para las dinámicas criminales. La violencia política afecta a todos los partidos políticos importantes, pero su impacto es más devastador a nivel municipal. Esto pone de manifiesto la intrincada relación entre la inseguridad, un tema central en esta campaña, y la política, especialmente en el ámbito municipal.

Detrás de la violencia contra candidatos hay, principalmente, organizaciones criminales que buscan controlar sus territorios. Los “narcos” son cada vez más numerosos gracias a la política de guerra contra las drogas que, al apuntar contra los jefes, terminó fracturando los cárteles, que se multiplicaron como hidras. Los grupos criminales compiten por negocios ilegales, no solo las drogas sino también la nafta robada y tráfico de migrantes, entre otros. La conexión con el poder local es clave para estos grupos, que apuestan a la corrupción para garantizar impunidad y protección para sus economías ilegales.

En un momento en el que se reduce la rentabilidad del narcotráfico internacional “tradicional” de grupos mexicanos, las economías ilícitas con pata local se hacen más relevantes. “A medida que los grupos criminales en México se han extendido y multiplicado, han llegado a depender más de aliados en el Estado, ya sea para obtener protección, oportunidades económicas o impunidad. El precio que pagan aquellos alcaldes, candidatos o policías locales que se cree que no cooperan o están aliados con un grupo criminal rival suele ser violento,” le cuenta a Cenital Ivan Briscoe, director sénior de políticas en el International Crisis Group.

Las elecciones son una instancia estratégica para estos grupos criminales, un momento clave para la posible captura del Estado. La concentración en una misma fecha electoral de tantos cargos incrementa el peligro.

“Instalar o cooptar candidatos a nivel municipal ha otorgado a los grupos criminales influencia directa sobre las acciones de la policía local y estatal. El acceso a información de inteligencia sobre arrestos pendientes u otras operaciones también ha demostrado ser beneficioso para las organizaciones criminales”, según el Wilson Center, una usina de ideas estadounidense. “La influencia política ha permitido a los grupos criminales emplear fuerzas de seguridad locales como apéndices de sus organizaciones para detener o matar objetivos y proteger el transporte de mercancías ilícitas. Además, las organizaciones criminales han aprovechado las finanzas estatales cooptando a empleados gubernamentales”, agregó.

A mitad de abril ya 273 candidatos políticos habían solicitado medidas de protección al Estado federal, que dice que las aprobó todas.

La violencia política de los grupos delictivos emplea diversas formas, como manipular e influir en las elecciones, respaldar a los candidatos con quienes hicieron acuerdos, eliminar a aspirantes que representan una amenaza para sus intereses, intimidar a los trabajadores electorales y atacar y robar urnas electorales, entre otras.

La violencia y la democracia

La situación socava a la democracia al poner a las autoridades locales en un dilema, obligándolas a mantener un equilibrio delicado entre los grupos delictivos y los deseos ciudadanos.

Es un ciclo vicioso: el gobierno nacional delega cada vez más en las Fuerzas Armadas responsabilidades que van más allá de la seguridad pública, abarcando desde la distribución de vacunas hasta la construcción de nuevos proyectos de infraestructura. Esta militarización, a su vez, reduce los recursos y la capacidad de respuesta de los gobiernos locales, que son los que diariamente se enfrentan a las dinámicas criminales en sus territorios.

Esta contradicción también debilita la democracia: los gobiernos locales, que podrían ser la instancia lógica para abordar este problema, se enfrentan a una profunda desconfianza, según otro informe del Crisis Group. Como resultado de esto y de la corrupción arraigada, los alcaldes quedan marginados en la búsqueda de soluciones al crimen en sus respectivas zonas.

Curiosamente, según algunos análisis, la violencia territorial que afecta a los gobiernos municipales surge como consecuencia de la democratización en México, luego de 70 años de un gobierno unipartidista encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante este período, el PRI mantuvo la paz mediante acuerdos informales con grupos criminales, que se astillaron con la transición democrática.

La puja territorial entre grupos ilegales determina el grado de violencia en diversos estados de México, y esto se potencia en época de elecciones municipales. En áreas donde una organización criminal ejerce un dominio, con una influencia más estable sobre el gobierno local, “la violencia dirigida a figuras políticas tiende a ser menor, incluso cuando la violencia general dirigida a civiles va en aumento”, según un nuevo informe del Armed Conflict Location & Event Data Project. Es el correlato político de la “pax mafiosa”, donde un cártel poderoso impone tranquilidad (con la amenaza de violencia) mientras que grupos pequeños en conflicto generan violencia real.

Además de los asesinatos, la violencia electoral abarca amenazas, secuestros y actos de intimidación. Este tipo de violencia, identificada como ‘político-criminal’ por una investigación realizada por México Evalúa, Data Cívica y el medio independiente Animal Político, es empleada por el crimen organizado para consolidar su poder territorial.

“El crimen organizado no solo busca incidir en las elecciones, sino también capturar el aparato estatal. Si bien la violencia político-criminal nos preocupa aún más en época electoral, esta no para tras la celebración de elecciones. Nuestros análisis muestran que nuestra atención y preocupación por este tipo de ataques deben ir más allá de los procesos electorales”, señala el estudio.

La seguridad en campaña

La violencia es un flagelo de creciente intensidad en México, y el sexenio del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) batió los récords de gobiernos anteriores: hasta junio del año pasado había acumulado 160.594 homicidios. Aunque, para ser justos, hace 20 años que cada gobierno supera al anterior en esta materia.

Un diálogo sobre una carretera en el estado mexicano de Chiapas, entre la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum, y un grupo de autodefensa, hombres encapuchados que patrullan la zona y detuvieron la caravana de campaña, ejemplifica un tema central de la campaña actual. “Queremos que usted, cuando sea la presidenta, nos haga el favor de limpiar este tramo a (Frontera) Comalapa, porque no podemos llegar para allá. Porque si pasamos para allá nos hacen pedacitos, doctora. Ese es el sentir de nosotros como pueblo y no le quitamos su valioso tiempo y muchísimas gracias por pararse”.

Sheinbaum les habla tranquilamente y la caravana sigue su camino. Posteriormente, la candidata realizó declaraciones sugiriendo que el episodio podría haber sido montado. Esto despertó enojo entre críticos que señalan que la práctica de retenes en algunas carreteras mexicanas es común, tanto por grupos de autodefensa como por grupos criminales que defienden el tránsito de sus economías ilegales.

“La retención es relevante, pero lo es más el motivo de los encapuchados, su demanda de seguridad, esa que no le otorgan las autoridades locales, estatales, ni mucho menos las federales, que dejan hacer y pasar a la delincuencia organizada en esa región de Chiapas”, aseguró el periodista político mexicano Enrique Pérez Quintana en una nota de opinión.

Sobre esta problemática, las dos principales candidatas presidenciales –Sheinbaum y la conservadora Xóchitl Gálvez– tienen posiciones encontradas. Sheinbaum, exintendenta de la Ciudad de México, propone replicar los programas sociales para combatir las causas de la delincuencia, tal como hizo durante su gestión municipal. Gálvez, por su parte, habla de “mega cárceles”, la opción taquillera de las derechas latinoamericanas. Expertos señalan que ninguna de las dos estrategias tiene muchas chances de prosperar y que ninguna de las dos aspirantes tiene una propuesta clara.

El problema no tiene bala de plata

“México ha probado varias curas integrales para la inseguridad, todas sin éxito y algunas claramente dañinas. La guerra contra las drogas, la estrategia de los capos, la reforma policial, el sistema anticorrupción, la Cuarta Transformación de AMLO: cada uno a su manera apuntaba a abordar las raíces de la violencia criminal”, explica Briscoe a este medio, y agrega: “En lugar de otra gran reforma para salvar el día, sería mejor que el próximo gobierno se dedicara al arduo trabajo de mejorar gradualmente la forma en que funciona la aplicación de la ley, y ambos candidatos principales parecen reconocer esto. Los vínculos con funcionarios estatales, la mejora de la cooperación policial entre los niveles del Estado mexicano y la concentración de recursos en las regiones más violentas no resolverán el crimen de la noche a la mañana, pero son las condiciones necesarias para hacer del país un lugar más seguro”.

Otras lecturas:

«Ecuador, del conflicto con México a un referéndum clave para las derechas«. Por Jordana Timerman.

«Referéndum en Ecuador: Noboa ganó en seguridad, pero perdió en economía«. Por Juan Manuel Karg.