Boleta Única de Papel, un debate informado

La boleta única de papel, ¿tiene aroma de mujer?

Abordar este debate con perspectiva de género, supone identificar los posibles sesgos que introduce. En combinación con otros elementos, la BUP genera incentivos negativos en la representación de las mujeres, afectando a la democracia paritaria.

Desde hace años, el movimiento feminista subraya la necesidad de poner en cuestión las relaciones de poder que habitan el espacio público. Carol Pateman destaca: “la vida pública, aunque no totalmente exenta de mujeres, sigue siendo el mundo de los hombres y sigue estando dominada por ellos” (1996). Si bien es cierto que en la actualidad existe igualdad paritaria en el acceso a cargos públicos, persisten condiciones materiales y subjetivas que reproducen una situación de desigualdad real que deja fuera de competencia a personas por su condición de género.

Se preguntarán — y, de hecho, nos lo han preguntado desde la exposición en la Comisión de la Cámara de Diputados — qué tiene que ver esto con el debate por la implementación de la Boleta Única de Papel (de aquí en adelante, BUP) y la perspectiva de género.Lla idea de esta nota es que podamos acercarnos a esbozar algunas respuestas.

Si consideramos que ninguna reforma institucional es neutral y que, a su vez, genera incentivos, resulta necesario analizar el posible impacto de la BUP desde una perspectiva de género.

Bueno, hacemos un primer parate acá: en primer lugar para hablar en un lenguaje que nos sea familiar a todes, pero también porque, como habrán visto en nuestras bios, somos politólogas y por eso nos encanta dar definiciones. ¿Por qué hablamos de incentivos? Bueno, desde una perspectiva neo-institucional, “las instituciones son concebidas como conjuntos de reglas e incentivos que restringen las posibilidades de elección de los agentes políticos, quienes buscarán maximizar sus preferencias dentro de ese marco institucional” (Weingast, 1996). Considerando esto, las restricciones en las posibilidades, la maximización de preferencias, ¿cómo no preguntarnos por el producto de estos procesos? ¿Cómo no situar su análisis en términos de costos e implicancias a nivel político-social? ¿Cómo no pensarlo necesariamente desde una perspectiva feminista, siendo conocedorxs de los peligros que esta falta de enfoque implicó históricamente y sigue implicando en la actualidad?

Bien, ahora sí, seguimos. Partimos de la base de que las instituciones políticas, los sistemas electorales, la legislación electoral, están insertos en una sociedad y son producto de determinadas condiciones estructurales que no podemos dejar de atender si queremos analizar de manera situada y realista los posibles impactos que pueden generar sus reformas. Especialmente en el ámbito público, históricamente masculinizado.

El debate por la BUP tiene diversas aristas desde las cuales puede ser abordado, pero sobre todo creemos que resulta enriquecedor para el análisis y para la construcción de un debate a la altura del momento histórico que vivimos, pensar el impacto de la BUP desde una perspectiva de género (seguro que todavía no se habían dado cuenta, digan la verdad).

Para esto, incluimos dos conceptos claves: la representación política de las mujeres y la democracia paritaria. Ambos conceptos, entrelazados entre sí, constituyen dimensiones fundamentales de la equidad de género avanzando sobre una idea de democracia paritaria y contribuyen al empoderamiento de las mujeres y diversidades y a la inclusión de una agenda de institucionalización de género con el potencial de transformar los resultados políticos institucionales.

En este caso particular, es posible destacar que la BUP, como un elemento del sistema electoral, en combinación con otros elementos -como quiénes encabezan las listas- generan incentivos negativos en la representación de las mujeres, afectando la democracia paritaria. ¿Por qué sucede esto? Como vemos en el cuadro 1, históricamente son los varones quienes encabezan las listas.

Fuente: Observatorio Político Electoral- Ministerio del Interior de la Nación.

No es necesario irse muy lejos en la historia. En 2017, para las elecciones de la Cámara de Diputados, el 20% de las boletas estaban encabezadas por mujeres. Por si no queda claro: 8 de cada 10 boletas estaban encabezadas por varones.

En 2019, tras la aplicación de la Ley de Paridad, sólo el 23,6% de las listas de la Cámara de Diputados estaban encabezadas por mujeres. En el Senado, las listas encabezadas por mujeres representaban el 16,7%.

En 2021 se registra un pequeño avance, dado que 3 de cada 10 boletas -en lugar de 2/10- estuvieron encabezadas por mujeres.

La BUP, en sus dos modelos paradigmáticos dentro de nuestro país — Córdoba y Santa Fe — tiene un importante impacto en el plano visible de la oferta electoral: muestra muy pocos candidatos, considerando que, sobre un espacio determinado y finito, debe disponerse la totalidad de la oferta electoral.

La reducción del espacio se profundiza, entonces, cuantos más partidos se presentan a elecciones: imagínense lo que puede suceder en un país como el nuestro, en donde el promedio de partidos presentados entre las seis elecciones sucedidas entre 2011–2019 fue de un total de 561. Esto disminuye la cantidad de candidatos que se muestran en la boleta, tendiendo a mostrar las cabezas de lista, que históricamente son varones en su amplísima mayoría- como señalamos anteriormente.

Esto nos lleva a realizarnos algunas preguntas. La primera: ¿qué prioridades establecemos al momento de proponer reformas de los sistemas electorales?; la segunda, ¿para quiénes vamos a legislar? O, mejor dicho, ¿qué tipo de representantes queremos para que legislen sobre nuestras vidas, nuestros derechos, sobre nuestro modo de aparición en los espacios de discusión, de toma de decisiones?

La BUP puede implicar en condiciones estructurales una situación de desigualdad real que deja por fuera de competencia a personas por su género. En este punto, es importante poner énfasis en que no podemos retroceder en esta materia: fueron años los que luchamos por la aparición de la mujer en el ámbito político y en el derecho paritario a ocupar cargos de poder, y es nuestro deber defender lo conseguido y seguir militando por ampliarlo más aún.

Es por ello que sostenemos que el problema que puede implicar la implementación de la BUP es en torno a la representatividad política de las mujeres. Acá no vamos a discutir sobre sesgos en el acceso de las mujeres a los cargos legislativos, sino cómo las instituciones políticas no garantizan ni fomentan la representación política de las mujeres, ni la construcción de liderazgos femeninos.

En nuestro país existe la Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, que establece la paridad con alternancia en el armado de las listas. Dicha ley fue sancionada años después de que la ley denominada Ley de Cupo se convirtiera — en su aplicación — en un techo más que en un piso para las mujeres en el ámbito público, y para avanzar en la construcción y profundización de una democracia paritaria.

La importancia de hablar de representación política y de democracia paritaria radica en la ruptura de la división sexual del trabajo basada en una falsa idea biológica sobre el deber ser del varón y de la mujer. El sistema patriarcal estima, desde sus inicios, que en el caso masculino el espacio de acción aparece ligado a la producción, al trabajo asalariado y al ámbito público; mientras que las mujeres están ligadas al trabajo reproductivo, doméstico, de los cuidados y la esfera privada. Esta división sexual del trabajo significó y significa, entre otras cosas, la exclusión del ámbito público para las mujeres en el ejercicio y la construcción del poder.

Finalmente, la igualdad de género va mucho más allá de la igualdad de oportunidades y exige la participación de las mujeres en los procesos de transformación de las reglas básicas, jerarquías y prácticas de las instituciones públicas.

El desafío es repensar la democracia paritaria de manera amplia, incorporando a las mujeres en la representación política, rompiendo la lógica patriarcal que nos excluye del ámbito público. Además, fortalecer una gestión con perspectiva de género que impulse políticas públicas que garanticen el acceso a los derechos para todas, todos y todes. Resulta fundamental incorporar en la elaboración y puesta en marcha de las diferentes políticas públicas, leyes y/o proyectos de ley la perspectiva de género transversal e interseccional: sin ella corremos el riesgo de mantener o incrementar las brechas de género presentes en nuestra sociedad.

Otro desafío para avanzar hacia una democracia paritaria es la deuda que existe con las diversidades. Es necesario incorporarlas institucionalmente a la democracia representativa y al sistema electoral.

Ponerse a pensar la BUP desde una perspectiva de género es un modo de visibilizar la representación y participación en el espacio público de las mujeres, destacando que la lógica patriarcal -imperante en la política- significó la histórica ausencia de las mujeres en espacios de poder, limitando su acceso a cargos públicos. Incentivar la vida pública de las mujeres y diversidades resulta esencial para romper con dicha lógica, buscando fomentar normas sustantivas para el acceso y posterior ejercicio del poder tanto en la esfera pública como en la privada.

Resulta fundamental avanzar hacia una democracia paritaria y un funcionamiento pleno de nuestra ciudadanía.

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