El último eslabón de la crisis habitacional

Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien y habiendo disfrutado del fin de semana largo. Yo aproveché para conocer las Cataratas del Iguazú. Qué decirte. Como si no nos alcanzara con ser Campeones del Mundo y tener a los dos mejores futbolistas de la historia, también tenemos una de las siete maravillas del planeta. Qué país.

Vivir en la calle

Entre los últimos días de mayo y los primeros días de junio murieron tres personas en la Ciudad de Buenos Aires que se encontraban viviendo en el espacio público. La muerte de Héctor, un hombre de unos 40 años en el barrio de Villa Crespo, se sumó a las de Orlando y Ramiro en los últimos días de mayo. En abril, además, había muerto una beba a metros de la Casa Rosada.

En ese momento, el tema invadió momentáneamente la agenda mediática hasta que llegó a la política. El revuelo que causó el hecho y su ubicación geográfica hizo que, a más de un año de su aprobación, se reglamentara una ley nacional que aborda específicamente la problemática de las personas en situación de calle (PSC). Esa ley establece, entro otros elementos: un relevamiento a nivel nacional, una red nacional de Centros de Integración Social, la gratuidad de trámites como el DNI y otros certificados necesarios para solicitar subsidios y una serie de recomendaciones sobre todo en torno a la no discriminación en el espacio público. Además, remarca que la fuerza pública sólo deberá intervenir como última instancia en casos que involucren a PSC.

Una de las dimensiones interesantes de la ley demorada en su reglamentación es que tiene tres autoridades de aplicación conjuntas, lo cual le otorga una multidimensionalidad al abordaje. Es una ley que tienen que aplicar en conjunto tres ministerios: Interior, Desarrollo Social y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR), dependiente de la Jefatura de Gabinete.

En la Ciudad de Buenos Aires también existe una ley que aborda la temática. De acuerdo con la legislación porteña, las PSC son definidas como “hombres o mujeres adultos/as o grupo familiar (…) que habiten en la calle o espacios públicos en forma transitoria o permanente y/o que utilicen o no la red de alojamiento nocturno”. Este punto es importante porque muchas veces se contabilizan como PSC a aquellas efectivamente viviendo en la calle cuando en realidad las personas en paradores o alojamientos transitorios también lo son.

Según las cifras del Gobierno porteño, que realizó un censo en abril de este año, son 3.511 las personas viviendo en la vía pública en la ciudad más densa y con mayor ingreso per cápita del país. De ese total, 2.268 se encontraban en algún parador y 1.243 estaban en lo que se suele llamar “situación de calle efectiva” (sin contar aquellas en paradores y centros de integración). Se trata de un aumento del 32% respecto del relevamiento de 2022.

Pero estas cifras son mucho más bajas que las arrojadas por el último Censo Popular que organizó Proyecto 7 junto a otras organizaciones, en 2019. Según la ONG, ese año había 7.251 personas en esta situación, de las cuales más de 5.000 estaban en situación de calle efectiva, es decir, ni en paradores ni refugios. Desde la organización apuntan que, sin embargo, sí están de acuerdo con el porcentaje de aumento, por lo que para ellos hoy habría casi 10 mil PSC en la Ciudad de Buenos Aires. Este aumento puede deberse a muchos factores, aunque casi todas las fuentes coinciden que durante la pandemia el problema tomó dimensiones inéditas a la par que se encarecieron las habitaciones de hoteles familiares y pensiones.

La diferencia entre las cifras que manejan las organizaciones sociales y las autoridades locales se explica por la aplicación de métodos significativamente diferentes. Desde Proyecto 7 señalan que el sistema del Gobierno porteño es limitado porque no recorre toda la Ciudad y se hace desde un móvil y solamente durante la noche, justamente cuando muchas de las PSC se resguardan del ruido y del frío en lugares donde es más difícil ser vistas.

La metodología del Censo Popular, en cambio, contempla cuatro jornadas, incluido el fin de semana, y con voluntarios de a pie y en todas las franjas horarias. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat señalan que esa metodología no es del todo fiable porque se pueden duplicar conteos “porque una gran parte de estas personas no se quieren identificar, por lo que no tenés garantías de no contarla varias veces”.

Quiénes, cómo y por qué

Más allá de la diferencia de conteo, vale la pena detenerse en los datos de aquel censo que, aunque algo desactualizado, muestra en detalle la situación de las PSC, de las cuales se puede presumir que empeoraron. Sobre su composición por edad y género, el 84% de las PSC son mayores de 18 años y un 80% se identifican como varones. En 2019, más de la mitad de los encuestados contestó que era la primera vez que se encontraba viviendo en la calle.

Además, entre las causas más mencionadas por las que quedaron en situación de calle se destacaba la pérdida del trabajo, el desalojo del lugar donde vivían antes, por no poder pagar el alquiler o por separación de la pareja anterior. También se mencionan otros motivos que ayudan a dimensionar la complejidad del tema: por haber sufrido situaciones de violencia doméstica, por hospitalización o institucionalización que finalizó o por problemas de consumo y adicciones. Uno de los datos que más me llamó la atención es que casi el 20% de las PSC cuentan con estudios secundarios completos o más y solamente un 25% no llegó a terminar la escuela primaria.

Desde el año 2006, existe un subsidio habitacional para las PSC o en riesgo de estarlo, pero que según las distintas organizaciones vinculadas a la temática es insuficiente. La última actualización de este subsidio habitacional, según el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (MDHyH), es de $23.031 y lo cobran alrededor de 10.000 personas. Ese monto apenas sirve para cubrir una parte del alquiler de una habitación de inquilinato en la Ciudad de Buenos Aires.

Según los datos del censo que cité antes, el 77% de las PSC encuestadas afirma no acceder al subsidio habitacional por diversas razones, entre las cuales está el vencimiento de plazo, problemas de documentación o la dificultad para conseguir una extensión del plazo (que es por 12 meses pero estipula una prórroga de 6 meses más). Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el subsidio tiene una altísima tasa de judicialización: existen casi 5.000 amparos vigentes vinculados al acceso, el monto o la extensión del subsidio.

Otra de las dificultades que encuentran quienes buscan acceder a este subsidio son los requisitos y condicionalidades. Entre otros, se incluye la residencia legal mínima de dos años en la Ciudad de Buenos Aires y la acreditación de que la persona efectivamente se encuentra en situación de calle, incluso aunque la propia la ley señala que su población objetivo son también las “personas en riesgo” de pasar a vivir en la calle y no solo de las personas en situación de calle efectiva. Además, la transferencia de los $23.000 está supeditada al cumplimiento de tomar capacitaciones laborales, lo cual a veces es difícil sostener para las PSC porque no todas están desocupadas o les pueden salir changas momentáneas e incluso muchas no tienen plata para cargar la SUBE y poder viajar hasta los lugares de capacitación.

¿Qué pasa con los paradores?

Uno de los problemas recurrentes es que las familias que habitan la vía pública porteña no quieren ir a dormir a los paradores de la Ciudad por una variedad de factores que van desde la aglomeración de personas hasta las condiciones que se les imponen al entrar.

En la actualidad hay 3.000 camas en estos paradores porteños (44) y sólo 700 se sitúan en establecimientos del gobierno. El resto surgen de convenios con diferentes instituciones como clubes y parroquias, que llegan a duplicar sus camas en épocas invernales en el marco del llamado Operativo Frío.

“Tenemos centros para familias, exclusivos para hombres, para mujeres, para mujeres con hijos”, señalan desde el MDHyH ante la consulta acerca de la separación de familias que a veces es una de las razones por la cual las PSC deciden no concurrir a sus paradores. Desde la cartera que encabeza María Migliore señalan que en la actualidad “la tasa de ocupación es mayor al 60%. Pero también hay que reconocer que una gran parte de esta población está atravesada por problemas de salud mental o de consumo problemático que, aunque suene políticamente incorrecto, vale la pena dar la discusión de si están siendo libres en todas sus facultades de elegir qué es lo mejor para su situación”.

Sobre ese último punto, muchas organizaciones señalan que la propia ley de salud mental de CABA establece que las personas que son externadas de instituciones y no tienen contención familiar y habitacional (una de las principales situaciones que llevan a una persona a vivir en el espacio público) se les debe ofrecer un albergue. Sin embargo, en la práctica, este ofrecimiento casi nunca llega.

De nuevo según cifras analizadas por ACIJ, el presupuesto total porteño destinado a abordar las políticas destinadas a las PSC sufrió un recorte en 2023 en valores reales del 17,5% respecto al ejecutado en 2022. Esto profundiza una tendencia a la baja que se viene observando desde el año 2018 y si se tiene en cuenta exclusivamente el subsidio habitacional el presupuesto ejecutado en 2022 fue 38% menor en términos reales que el ejecutado en 2021. Si bien el sancionado para 2023 muestra un aumento del 9% respecto del ejecutado durante el periodo anterior, no llega a equiparar la caída sufrida en las partidas previas.

Un problema global

Lo cierto es que se ven personas viviendo en la calle en muchísimos aglomerados urbanos del mundo, incluidas las capitales de potencias mundiales. Es que la raíz del problema es global: el encarecimiento de la vivienda, producto de la commoditificación del suelo urbano, derrama hasta el eslabón más débil conformado por familias que ni pueden pagar el alquiler de una habitación en un hotel familiar o que quizás tienen algún lugar donde dormir pero alejado de la ciudad y no pueden afrontar el costo que conlleva el traslado diario.

Como ya te conté, es un tema complejo donde se tocan otras dimensiones como la salud mental, el consumo problemático y las situaciones de violencia familiar, entre otras. Por eso, el abordaje del tema suele y debe incluir miradas desde distintas disciplinas.

Hay dos grandes enfoques respecto del tema a nivel global. El modelo de “escalera” o el de “primero la vivienda” o housing first. El modelo de escalera establece ciertos pasos sucesivos, donde el Estado le ofrece a la PSC un alojamiento transitorio en el primer paso y después otras ayudas en términos de salud, empleo y otras dimensiones. En este modelo, el último “escalón” es alcanzado cuando la persona vive por su cuenta y sin ayuda del Estado. Sin embargo, si alguno de estos pasos “fracasa”, se vuelve para atrás. Es decir, la responsabilidad individual de la PSC está en el centro. En algún aspecto, es el modelo seguido por el Gobierno porteño, dado que se centra en la focalización y las condicionalidades.

En cambio, el modelo de “la vivienda primero” invierte estos pasos y pone como primera condición el acceso a una vivienda digna para después pensar en cualquier otro tipo de acción. Recién en ese momento el Estado pone a disposición un conjunto de servicios donde las personas deciden a cuáles recurrir según su realidad específica. En este modelo la responsabilidad recae menos en la PSC y más en garantizar sus derechos. En países como Bélgica, Canadá e Inglaterra se aplicaron políticas teniendo en cuenta este segundo modelo, que demostró ser más efectivo en el mediano y largo plazo. De todas formas, ambos modelos coinciden en que al tratarse de un fenómeno multidimensional y no meramente habitacional debe tratarse desde distintos ámbitos de gobierno y no quedar exclusivamente en manos de una sola cartera.

Uruguay, por ejemplo, aborda esta temática desde el Ministerio de Desarrollo Social pero a su vez se estableció una Mesa Interinstitucional de Calle integrada por distintas entidades vinculadas a la problemática, como el Instituto de niñez, el Ministerio de Trabajo, los servicios de salud, entre otras. En Brasil se articula entre el Sistema Único de Asistencia Social y el Sistema Único de Salud, mientras que las autoridades de España elaboraron un plan que, entre otras cosas, busca la coordinación entre los distintos sistemas de atención y el mejoramiento de los paradores. Chile, por otro lado, además del trabajo articulado, propone la figura del acompañante psicosocial para asistir a la persona y hacer un seguimiento más personalizado ya que el gran desafío es que las personas en situación de calle no vuelvan a estar en esa situación de total desprotección habitacional.

Bonus tracks

• Ya que hablamos de este tema. La semana que viene, entre el 26 y el 29 de junio, distintas organizaciones organizan el 3er Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Personas en Situación de Calle. Te podés anotar acá.
• Me gustó esta conversación en la TV Pública sobre cómo es alquilar para la población más jóven.
  
  

Eso es todo por hoy.

Que tengas un lindo fin de semana.

Abrazos,

Fer

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