Córdoba, la docta dispersa

¿Cómo fue la gestión de Martín Llaryora que permitió la victoria del peronismo en la segunda ciudad del país? ¿Cuáles son los principales desafíos del intendente electo Daniel Passerini?

Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien y que ya hayas tomado tu caña con ruda, la única forma científica de combatir estos cambios bruscos de temperatura.

Este espacio sigue tomado por la coyuntura electoral. Si estás un poco saturado (yo lo estoy) no desesperes. En nueve días son las PASO y prometo que me relajo un poco. Hasta ahora ya pasamos por las propuestas urbanas de Jorge Macri, Leandro Santoro y miramos el panorama nacional examinando la plataforma urbana de Juan Grabois. Hoy quiero que salgamos del AMBA, nos armemos un ferné y nos vayamos a la segunda aglomeración urbana más poblada de nuestra patria.

¿Sobre qué políticas urbanas edificó su victoria municipal Daniel Passerini? Sobre las del actual intendente de la ciudad de Córdoba y ahora gobernador electo de la provincia, Martín Llaryora, quien le había arrebatado el municipio al radicalismo en 2019 tras los ocho años de Ramón Mestre. Claro que esto no quiere decir que la campaña no haya contado, pero es imposible escindir la victoria de Passerini de la valoración de las políticas que llevó adelante Llaryora los últimos cuatro años. Y gran parte de esas políticas tuvieron que ver con la gestión del espacio urbano.

Lo primero que hice cuando empecé a escribir este correo fue contactar a un periodista cordobés especializado en asuntos urbanos que además tiene un newsletter muy bueno dedicado al tema en Córdoba. Diego Marconetti me dijo que uno de los pocos consensos que había entre todos los candidatos antes de las elecciones era que “la mancha urbana de Córdoba no debe expandirse más y en que hay que promover la densificación”. No es casualidad, la provincia donde nació Rodrigo es la segunda más poblada del país, pero la sexta si se toma en cuenta la densidad poblacional (habitantes por kilómetro cuadrado). Y eso tiene que ver en gran medida con lo que pasa en la capital y sus alrededores.

“El ejido municipal de la ciudad de Córdoba tiene 576 kilómetros cuadrados, el triple de lo que tiene la ciudad de Rosario, y un desarrollo disperso que provoca que la prestación de servicios sea mucho menos eficiente y mucho más cara”, sostiene Marconetti. Hay más datos: entre 2006 y 2016 la mancha urbana del Gran Córdoba se expandió más de 7.000 hectáreas y sobre casi la mitad de ellas se levantaron barrios privados, mientras que un 16% se dedicó al uso “residencial extraurbano” que por lo general responde a la tipología de casas con jardín y pileta. Es decir, la gran parte de la nueva tierra urbana del aglomerado fue dedicada a una forma urbana de baja densidad.

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Cuando Llaryora asumió, sabía que esa dinámica tenía que ser atacada y seguramente por eso impulsó una ordenanza que buscaba frenar el crecimiento con baja densidad dentro de la ciudad de Córdoba. Entre otras cosas, la ordenanza aprobada en 2021 apunta a la densificación de la ciudad y busca poner fin a los loteos en tierras rurales alejadas de la centralidad. El plan apuntaba a que las alrededor de 4000 hectáreas de suelo vacantes dentro de la ciudad sean utilizadas en lugar de seguir urbanizando suelo más alejado. Ese fue uno de los objetivos de la sobretasa del impuesto inmobiliario a los inmuebles baldíos que incluía dicha ordenanza. Una idea que no es exclusiva de la capital cordobesa y que se implementa en varias jurisdicciones del país, entre ellas la propia provincia de Córdoba y en la de Buenos Aires, desde 2012. Si bien casi cualquier urbanista podría calificar de virtuoso el objetivo de densificar la ciudad, es cierto que si esta política no se coordina con los partidos vecinos va a ser difícil que esa regulación tenga un real impacto en el crecimiento urbano del aglomerado, que tiene una dinámica más allá de los límites jurisdiccionales.

“A principios de este año se dio algo contradictorio en la gestión de Llaryora”, me cuenta Marconetti. El intendente mandó un proyecto para regularizar muchos barrios cerrados que se formaron en los últimos años en las zonas periféricas de la ciudad de forma ilegal, cerrando con barreras calles que antes eran de uso público. Ante la imposibilidad de hacer cumplir la ley, Llaryora mandó una ordenanza para regularizarlos y no despertó adhesiones ni en propios ni ajenos por lo cual la idea no prosperó.

Si nos enfocamos netamente en las obras destinadas a vivienda, diversas fuentes señalan el dinero invertido en barrios populares, por lo general con fondos provinciales. La sintonía con la gobernación de Juan Schiaretti fue aprovechada por Llaryora así como Mestre había aprovechado la sintonía con la Rosada mientras Mauricio Macri la ocupaba.

En la ciudad de Córdoba, según el ReNaBaP, hay 163 barrios populares. Le pregunté a los equipos de la Secretaría de Integración Socio Urbana cómo venían las obras de integración de esos barrios y me pasaron un informe que consigna que hay 31 obras de integración en marcha por casi 6 mil millones de pesos, de los cuales la mitad fueron ejecutados por la Provincia y previamente desde la Nación. Para ilustrar la buena sintonía con Schiaretti alcanza con mencionar el programa provincial que buscaba alcanzar 100 centros polideportivos en toda la provincia para 2023, meta que se cumplió hace poco. El gobierno provincial inauguró 55 dentro de los márgenes de la ciudad de Córdoba y muchos de estos centros forman parte de los planes de reurbanización de barrios populares.

“El programa de dotación de agua tuvo un valor altamente positivo”, me cuenta Ana Falú, urbanista tucumana que ya hace años que vive y trabaja en Córdoba, donde está a cargo del Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, donde además dirige la Maestría en Gestión y Desarrollo Habitacional. “Esto rescató y reforzó el vínculo también de Municipio y Nación. La adhesión a la ley de integración sociourbana y la aplicación de recursos nacionales para la dotación de servicios públicos fue fundamental sobre todo durante la pandemia”.

No sabes lo que es tener que andar así

Fui a Córdoba dos veces. La segunda fue hace poco pero la primera fue cuando tenía tres años y lo poco que recuerdo es haberme subido a un trolebús. Lo curioso es que el sistema de trolebuses de Córdoba también tenía tres años en ese momento. La empresa soviética VVO Technoexport había instalado en 1989 los primeros coches y catenarias para su funcionamiento. La red seguiría creciendo por varios años, nutriéndose de más coches soviéticos y luego de varios más de origen chino. En sus primeros 15 años de historia el servicio estuvo administrado por distintas empresas privadas hasta que en 2005 los absorbe la empresa estatal TAMSE, creada en 2002 en plena crisis económica. La empresa privada que administraba el servicio en ese entonces no había hecho inversiones en los últimos años y el sistema estaba quebrado. Luis Juez, intendente en aquel momento, decidió aprovechar la creación de TAMSE por parte de Germán Kammerath, su antecesor, y la legitimidad de una buena sintonía con el inquilino de la Rosada, Néstor Kirchner.

La historia de TAMSE hay que mirarla de cerca. Desde 2005 siguió creciendo e incorporando, además de los trolebuses, muchos de los colectivos de la ciudad y se convirtió en la principal prestadora del servicio, pero conviviendo con empresas de buses privadas. Sin embargo, en 2013, durante el primer mandato de Ramón Mestre (nieto del intendente homónimo que le había comprado a la URSS los primeros coches), TAMSE pasa a administrar solamente las tres líneas de trolebuses y devuelve a manos privadas el sistema de colectivos. Poco tiempo después de asumir, y en medio de la emergencia por COVID, Llaryora decide reabsorber varias de las líneas y comprar desde TAMSE 210 unidades nuevas para que la empresa estatal pase a controlar un tercio de los viajes totales del sistema. Los troles están exclusivamente manejados por mujeres, pero no tiene que ver, al menos en sus orígenes, con una política feminista. Cuando Ramón Mestre padre los llevó a Córdoba, los soviéticos les recomendaron que sean manejados por mujeres porque en la URSS cuidaban los coches mejor que los hombres. Obviamente no fue un camino fácil para ellas pero lo cierto es que los mismos coches que llegaron en el 88 todavía circulan por las calles de Córdoba.




Viajar en transporte público fuera del AMBA suele ser más caro y Córdoba no es la excepción. Junto con Rosario y Santa Fe instrumentan de manera simultánea la denominada “tarifa federal”. En las tres ciudades el boleto costaba en mayo $99, casi el doble que en Buenos Aires. Si bien Rosario y Santa Fe lo aumentaron a 120 pesos en junio, Llaryora lo pospuso para agosto probablemente para que el aumento de tarifa no influya en el resultado electoral. Pero más allá de ese detalle y del innegable impacto de los subsidios en la tarifa, la baja densidad que te mencioné antes también afecta la sustentabilidad económica del transporte público y por ende en la tarifa.

Uno de los porotos que se anotó Llaryora a lo largo de su gestión en términos de movilidad fue que implementó el primer sistema de bicicletas públicas de la ciudad, que veía de atrás las experiencias de Buenos Aires, Mendoza y Rosario. Por ahora es un sistema gratuito hasta por una hora y con la opción de renovar por dos horas adicionales. Además, prevén inaugurar 10 estaciones con 200 bicicletas de las cuales el 10% están adaptadas para personas con discapacidades físicas. Todavía son estaciones manuales y entregan casco y pechera refractaria, algo que sucedía en los comienzos del sistema porteño. Pero lo más interesante de este sistema, al menos para mí, es que están administradas por la propia TAMSE. Esto puede dar una mirada integral entre la red de troles y colectivos junto con la flamante red de bicicletas públicas, lo que se suma a un mejoramiento y extensión de las ciclovías, una política que Llaryora puso en el centro.

Acupuntura urbana

“Creo que teníamos una ciudad absolutamente descuidada y sin duda hay que reconocer que la gestión de Llaryora frente a la ciudad ha sido una gestión relevante y muy concentrada en la recuperación de los espacios públicos”, me dice Ana Falú en un nuevo audio de WhatsApp. Su reconocimiento a una gestión de un dirigente que no está estrictamente dentro de su espectro ideológico no es casualidad. El mejoramiento del espacio público y en particular de plazas y parques es algo que le reconocen propios y ajenos.

Falú también destaca que Córdoba es una ciudad estudiantil y con una estructura etaria muy joven que aprovecha esos espacios públicos. A su vez, la académica destaca que hubo una política dirigida a la reducción del transporte automotor privado y un fortalecimiento de las ciclovías. “La gestión de Llaryora hizo una serie de intervenciones, casi como acupunturas urbanas. Córdoba es una ciudad muy extensa pero que empieza a innovar en la línea que hay que innovar en lo urbano”, describe.

Sin mencionarlas directamente, la urbanista hace referencia a la política de supermanzanas que se implementó sobre todo a partir de la pandemia pero que quedó de forma permanente en la ciudad, en lugares estratégicos como la zona del Mercado Norte y el caso histórico. Básicamente cerró algunas vías al tránsito automotor uniendo cuatro manzanas e instalando juegos para las infancias, vegetación y postas para hacer ejercicio. Es cierto que (al menos por las fotos que vi) en algunos casos ese espacio público extra terminó siendo más aprovechado por locales gastronómicos que por la población en general. La supermanzana es un concepto acuñado por Salvador Rueda, un urbanista que las implementó en Barcelona pero que se esparció por muchas ciudades.



Los desafíos del nuevo intendente

También le pregunté a Ana qué se puede esperar de la gestión de Daniel Passerini, el flamante intendente electo. “Yo espero que Daniel Passerini haga algo que esperé de Llaryora y no hizo, que es poner el foco en el tema de los cuidados. En Córdoba hay una experiencia que inició Rubén Martí (exintendente entre 1991 y 1999), que fue la descentralización de los Centros de Participación Comunitaria (CPC), pero que no llegó a ser un proyecto de descentralización real sino de concentración de servicios en esos CPC. Yo espero profundamente que Passerini tome el tema de cuidados como un tema de género, como un tema central y como un tema que tiene que ver con la redistribución en el territorio de instrumentos que pueden generar equiparación social”.

Para Ana los desafíos que tiene que encarar el nuevo intendente no son muy distintos a los de la mayoría de las ciudades latinoamericanas, en las cuales lo central es resolver la desigualdad territorial. “Córdoba es una ciudad que tiene territorios de alto desarrollo urbano junto a fragmentos urbanos de carencias de derechos ciudadanos. Yo creo que hay que implementar instrumentos de participación ciudadana, un plan de ordenamiento territorial, consensuado, participativo, con una participación de diferentes actores sociales”. La académica lo conecta directamente con los barrios cerrados ilegales que Llaryora intentó regularizar pero no pudo: “Necesitamos realmente usar instrumentos que nos permitan normar la situación no legal de los barrios que las empresas venden como si fueran de perímetro controlado -llamándolos de cualquier otra forma-, pero que implica el concepto de barrio de perímetro cerrado y que en realidad son loteos que se corresponden a la ciudad abierta, a la ciudad con la calle pública, no cerrada, y este es un tema crítico en Córdoba”. Además, apunta a resolver un tema que venimos tocando mucho acá: las vivienda vacías y los alquileres. “Hay un parque habitacional en Córdoba realmente impresionante que está vacío, que está ocioso, y hay instrumentos para esto: impuestos al suelo vacante, a las viviendas vacías, todos instrumentos que el municipio puede ejecutar porque están en su normativa”.

Pero más allá de estos desafíos a largo plazo, Passerini tiene que resolver en el corto algunas cuestiones muy concretas como qué hacer con las concesiones de transporte urbano (¿seguirá el camino estatizador de su antecesor?) y con la licitación de los servicios de recolección de residuos, dos elementos clave que impactan en la vida diaria de quienes habitan la tierra del fernet y el cuarteto. De todas formas, quizás el principal desafío seguramente sea mantener una buena relación con Llaryora para seguir disponiendo de los fondos provinciales que le permitan continuar lo que catapultó al ahora gobernador.

Bonus tracks

  • Esta reseña en Jacobin de un libro sobre Miguel Lawner, premio Nobel de Arquitectura y director de la Corporación de Mejoramiento Urbano durante la presidencia de Salvador Allende.
  • Avanzan las restricciones al alquiler turístico temporario en Portugal. El impuesto será de un 15% adicional respecto de las viviendas no destinadas a ese uso o aquellas que no excedan los 120 días al año. La propuesta inicial era del 35% pero se bajó para que pueda ser votada por otras fuerzas políticas. Además se dieron de baja las “visas doradas” que otorgaban ciudadanía a cambio de inversiones inmobiliarias (que por lo general encarecían la vivienda para las personas locales) pero otras medidas originales como el alquiler forzoso de viviendas fueron descartadas del proyecto original.

Eso es todo por hoy.

Que tengas un lindo fin de semana.

Abrazos,

Fer

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Escribe sobre temas urbanos. Vivienda, transporte, infraestructura y espacio público son los ejes principales de su trabajo. Estudió Sociología en la UBA y cursó maestrías en Sociología Económica (UNSAM) y en Ciudades (The New School, Nueva York). Bostero de Román, en sus ratos libres juega a la pelota con amigos. Siempre tiene ganas de hacer un asado.