¿Cómo sobreviven a las amenazas de gobernabilidad los y las presidentes de Sudamérica?

Esta pregunta, casi tremendista, apunta a comprender uno de los fenómenos centrales de la política sudamericana. La región vive desde hace dos décadas dentro de una realidad política paradójica: nunca atravesó tantos años de democracia electoral ininterrumpida y, sin embargo, la turbulencia política es casi continua y las crisis presidenciales son moneda corriente.

Desde principios de los ochenta hasta la fecha, nuestros países parecen haber superado la era de los golpes de Estado y de los gobiernos de facto. Hoy nos resultaría impensable transcurrir veinte años sin votar. Gracias a los procesos de lucha y apredizaje de las sociedades civiles y de los partidos políticos en la década de las dictaduras, ahora no hay posibilidades de que presidentes y presidentas en ejercicio sufran el trágico destino del mandatario socialista chileno Salvador Allende, muerto por su propia mano mientras los tanques de Pinochet avanzaban sobre el Palacio de La Moneda; es imposible que volvamos a ver bombardeos de la aviación sobre la propia población civil para forzar al dimisión de un gobierno electo, como ocurrió en Argentina en 1955.

Eso no significa que gobernar sea fácil en Sudamérica o que todos los presidentes tengan asegurado llegar al final de su mandato. Al contrario, las crisis presidenciales que culminan en renuncias o juicio político se han vuelto una ocurrencia común

En el podcast que compartimos, el politólogo argentino Andrés Malamud recordó el domingo pasado que Aníbal Pérez-Liñán describió las modalidades más comunes de crisis presidenciales. Define el concepto de “crisis presidencial” como el conflicto entre dos poderes: entre el titular del Poder Ejecutivo y otro actor institucional con el poder suficiente como para desafiarlo, en general el Congreso (aunque en algunos casos las crisis presidenciales pueden ser generadas por problemas entre el Ejecutivo y la Corte Suprema). En momentos democráticos, es común ver tironeos entre el Presidente y el Parlamento que terminan en un proceso de impeachment o juicio político.

Por ejemplo, tres presidentes fueron destituidos en Ecuador entre 1996 y 2005: Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez. Fernando Lugo lo fue en Paraguay en 2012 y Dilma Rousseff en Brasil en 2016. Pedro Kuczynski y Martín Vizcarra fueron destituidos por el Congreso en Perú en años recientes.

Como bien señala Andrés en nuestra conversación, Pérez-Liñán acuñó el concepto de “escudo legislativo” para describir una variable crítica para la supervivencia presidencial ante una crisis de gobernabilidad. En Sudamérica es clave que los y las presidentas cuenten con legisladores leales en sus congresos, no sólo para que avancen sus agendas legislativas, sino también para poder resistir a un pedido de juicio político, aun en contra de las presiones de la opinión pública. Como demostró la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, incluso un gobierno relativamente exitoso en términos de gestión, con legitimidad electoral y que contaba con un partido organizado puede ser depuesto en un proceso basado en una acusación amañada si no tiene una mayoría de “su gente” en el Parlamento dispuesta a resistir. Y viceversa: un mandatario impopular puede sostenerse en el poder si cuenta con una bancada lo suficientemente numerosa para tener poder de veto.

Sin embargo, falta una variable en el análisis que Pérez-Liñán llama “el escudo popular”: la opinión pública. Comentábamos con mi colega que sería necesario ir más allá y hablar de “escudo callejero”, porque no es suficiente ser popular en las encuestas, sino que es crítico para un presidente o presidenta contar con cuerpos movilizados en la calle en caso de amenazas a su gobernabilidad.

La multitud es un arma de doble filo. La presencia física de una muchedumbre en la calle puede ser causa de crisis y destitución (aun sin pedido de juicio políticos abierto), como sucedió con Fernando De La Rúa en Argentina en 2001, cuando el Congreso más bien intentó no meterse mientras le fue posible. Pero hay que estar atentos porque una multitud movilizada puede ser clave en la capacidad de atravesar una crisis. Sobre todo porque puede bloquear amenazas concretas: puede sacar a un líder de la cárcel, como en el 17 de octubre de 1945, rodear un cuartel levantisco o bloquear una ruta por donde podrían movilizarse opositores.

La importancia del escudo callejero es muy clara si se analiza lo que sucedió con los presidentes de izquierda en la primera década del siglo. Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Kirchner: todos ellos tuvieron crisis importantes y amenazas concretas a su sostenibilidad política en los primeros años de sus gobiernos. Chávez fue víctima de un golpe de Estado hecho y derecho en 2002. En ese momento, dirigentes chavistas pedían a sus militantes que no se fueran de las calles, que se quedaran allí, presionando. Asimismo, Correa hizo un llamamiento público y apasionado a sus simpatizantes a salir a la calle con rapidez durante las horas en que estuvo secuestrado por fuerzas policiales sublevadas en 2010. Sus presidencias sobrevivieron a las crisis, mientras que Fernando Lugo, que no quiso -ni podía, probablemente- llamar a movilizarse, cayó en 48 horas en 2012.

En síntesis, todas las personas con alguna responsabilidad política en Sudamérica reconocen, aunque no lo digan públicamente, la necesidad de contar con eso que en Argentina llamamos “la calle”. No sólo admiten esto los presidentes populistas de izquierda, sino también los mandatarios de derecha o centroderecha. Mauricio Macri, sin ir más lejos, realizó grandes esfuerzos por demostrar que su mala performance en las PASO de 2019 no había eliminado su capacidad de movilizar, evidenciada en una publicitada manifestación a la Casa Rosada y en una gira por 30 ciudades en 30 días. Esta estrategia fue exitosa, en tanto y en cuanto mejoró su performance electoral en las elecciones definitivas.

Veremos cómo se cruzan, comparan y compiten estas dos “místicas militantes” en los próximos días, que serán de movilizaciones cruzadas en la Argentina, donde la calle está más viva y disputada que nunca.

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