Política

¿Adónde más vas a ir?

El Gobierno intenta demostrarles a los bonistas que no hay opciones políticas que les puedan mejorar la oferta en el futuro, aunque para ello depende de la interna del PRO, que demorará años en develarse. Mientras tanto, la comunicación presidencial sufre por los retuits sin protocolo.

El presidente Alberto Fernández logró una foto de relevancia política clave el jueves pasado cuando anunció la oferta a los bonistas privados sentando en la misma mesa a Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa. Son ellos tres los representantes de las líneas políticas que podrían ofrecer, llegado el caso, salidas alternativas al gobierno del Frente de Todos tal como lo conocemos. Con su presencia avalando la propuesta de quita de más del 60% el Gobierno escenificó una advertencia para los bonistas: no tienen plan B, la negociación es con esta gestión.

La escenficación tuvo mucho que ver con la amenaza que hicieron los bonistas en las charlas virtuales que mantuvieron con el ministro Martín Guzmán y que fueron reveladas por Alejandro Bercovich el viernes en BAE. A la advertencia de “podemos sentarnos a esperar a negociar con otro gobierno que entienda a los mercados”, Fernández le respondió con una foto que, en su epígrafe imaginario, dice: les va a costar encontrar a ese otro gobierno. Fue una jugada política pensada y ejecutada con destreza sobre las variables que el Presidente puede intentar controlar.

La contracara de la foto se viene mostrando desde hace dos semanas en las redes sociales y tuvo un pico en la reunión virtual de la cúpula de PRO, hace una semana, y tiene que ver con la interna cada vez más beligerante entre los dos sectores del partido, expresado por Larreta y los intendentes Néstor Grindetti y Jorge Macri de un lado y por Patricia Bullrich, la presidenta de la fuerza, el ex senador Miguel Pichetto y hasta el propio Mauricio Macri del otro. Esa tensión, que no es inherente al PRO pero que sí convivió con todo el gobierno de Cambiemos, hábilmente pivoteada por Macri, terminará de mostrar sus consecuencias (si las tiene) en las próximas elecciones presidenciales. Pero, hasta entonces, los bonistas podrán soñar con una candidatura de Macri que les dé esperanzas de cobro y que presione internamente al gobierno de Fernández para mejorar su oferta a medida que pase el tiempo y se acerquen las elecciones 2023. Falta mucho, pero no tanto.

El Presidente incide en esa interna, que también es importante para su gobierno, tanto como puede. A la hora de elegir a qué opositores sentar a la mesa y legitimar como sus interlocutores, Fernández viene esquivando a Bullrich. Juntos por el Cambio (JxC) le había pedido una reunión que el jefe de Estado logró trocar por un encuentro virtual con los presidentes de los bloques opositores de la Cámara de Diputados. Así, no sólo diluyó el peso de JxC en el encuentro, sino que además logró cambiar a Bullrich por un más amigable Mario Negri, con quien el Presidente suele cruzar llamadas telefónicas.

El celular es una de las herramientas a las que Fernández no le da descanso y que, cada vez más, le trae a su gestión dolores de cabeza por el uso intensivo y fuera de todo protocolo que el Presidente hace de la red social Twitter. Experto tuitero en sus días de ciudadano sin cargo, el jefe de Estado es reacio a entregar el control de su cuenta a su equipo de comunicación. Así fue que sólo en la última semana terminó replicando un insulto a un periodista que lo critica y un elogio de una cuenta que, además de alabarlo, difunde contenidos antisemitas.

Fernández designó a su histórica Community Manager, Cecilia del Milagro Hermoso González, como directora interina de Comunicación Digital. Como parte de ese equipo, nombró también a Juan Ignacio Agosto como coordinador de Comunicación Presidencial Digital. La atinada previsión de incluir esos dos cargos en su gabinete no parece convivir con lo que sería recomendable: que el Presidente convierta a su cuenta en la red social Twitter en un canal de comunicación institucional no personal. O con algún tipo de control que, al menos, cuide su imagen pública a la hora de retuitear.

Esperando el impuesto a la riqueza

Mientras tanto, una de las primeras peleas que encaró Fernández no para de dilatarse. La discusión pública por un impuesto por única vez a las grandes riquezas de la Argentina para solventar la emergencia provocada por el nuevo coronavirus COVID-19 se dilata pero no se concreta. El proyecto de ley, que hace diez días parecía una realidad, no tiene todavía fecha de presentación ni claridad respecto del trámite que seguirá el Congreso para intentar aprobarlo en medio de la emergencia.

Sí tiene respaldo tanto de Fernández como de Guzmán. “Lo hemos analizado en detalle y corresponde. Es un impuesto por única vez que afecta a 11.000 personas de una posición patrimonial muy fuerte. Estamos hablando de millones de dólares”, dijo el ministro el fin de semana, en una entrevista con Horacio Verbitsky. El Gobierno, mientras tanto, sigue esperando por el resultado de la estrategia de la presidenta del Senado para definir si es posible avanzar rápidamente, con una sesión virtual que le ahorre problemas y gastos al Congreso. Para ello, Cristina Fernández de Kirchner le pidió una declaración de certeza a la Corte Suprema que, todo indica, será desfavorable para las intenciones de la vicepresidenta.

La respuesta, podría sin embargo, incluir algún tipo de salida política que reafirme la postura del oficialismo respecto de un mecanismo de sanción atípico para una ley (ya sea de manera remota o cambiando los lugares de reunión del pleno de diputados y senadores). Si el máximo tribunal dijera, por ejemplo, que no puede responder el pedido de certeza porque esas cuestiones son exclusivas del reglamento de la Cámara y que ello es competencia exclusiva de los legisladores, el Gobierno podría encontrar allí un argumento para intentar desarticular eventuales planteos contra el impuesto por el modo de sanción que eligió el Congreso.

Las mismas consideraciones afectan y afectarán al paso previo a debatir en los recintos: las comisiones. Hasta ahora, las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados vienen sesionando de manera virtual, recibiendo informes detallados y continuos de los ministros nacionales (con un ritmo y un nivel de asistencia inédito para el Congreso) pero nunca se enfrentaron al desafío de tener que firmar un dictamen de comisión para, justamente, habilitar el tratamiento de un proyecto por el pleno de alguna de las dos Cámaras. Cualquier decisión que alcance a la realización de las sesiones (remotas o con cambio de locación) deberá implementarse primero para la firma de los dictámenes.

Por allí pasan algunas de las cavilaciones de los líderes legislativos del oficialismo hoy por hoy, mientras se suman las versiones sobre sesiones virtuales, intercambio de recintos (senadores a Diputados) o reuniones (de los diputados) en el Centro Cultural Kirchner. El procurador Eduardo Casal tiene hasta mañana para opinar sobre el pedido de la vicepresidenta. Luego la Corte decidirá.

En el interín, sin tanta paciencia, el intendente de Castelli, Francisco Echarren, ya dictó una ordenanza con un impuesto extraordinario para quienes tengan campos de más de 200 hectáreas, ya consiguió el aval judicial a la medida, y ya está comenzando a cobrarlo. Se trata de una contribución única de entre ocho mil y cuarenta mil pesos destinada a reforzar el sistema de salud pública, con la promesa de que si el municipio no utiliza el dinero, será devuelto a los contribuyentes. Echarren consiguió sortear un amparo judicial interpuesto por el legislador bonaerense de PRO, Luciano Bugallo, a quien la Justicia provincial le respondió que no tiene legitimación para intentar frenar la medida pues no vive en Castelli y tampoco está alcanzado por el impuesto extraordinario.

Echarren contó, además, que muchos de los que sí están alcanzados por el nuevo gravamen no sólo no tienen problemas con la decisión sino que además ofrecieron aportar más dinero. “Es que, ¿para qué querés tus millones si cuando te enfermás no vas a tener un respirador?”, preguntó con tino el intendente.

Otros distritos lo miran con envidia. En la Ciudad de Buenos Aires, el legislador porteño del Frente de Todos Santiago Roberto presentó un proyecto similar. Propone un impuesto extraordinario a bancos y financieras para solventar la coronacrisis. Según el texto, la mitad de la recaudación por ese gravamen iría a la compra de insumos médicos y la otra mitad, a complementar a los comedores comunitarios. Los bancos son uno de los actores que más malestar le ha provocado al Gobierno desde el comienzo de la crisis. Hasta Sergio Massa, de histórica buena relación con el sector, advirtió en las últimas horas que las entidades hacen “trampas” y ponen “trabas” para no poner su parte en medio de la emergencia.

El Gobierno decidió que será el Estado el que pondrá los fondos que le pedía a los bancos, y pagará los intereses de los préstamos que los monotributistas y trabajadores autónomos podrán tomar a tasa cero. A esa novedad hay que sumarles los ocho millones de Ingresos Familiares de Emergencia, los 120 mil milones para las provincias, la rebaja en aportes patronales, el pago de la mitad del salario de los trabajadores privados… ¿Cuánto más puede aguantar ese bolsillo así?

Soy columnista política en un país en el que la política no da respiro. Jugué mucho tiempo de local en el Congreso. Gracias a ese lugar hermoso, los conozco a casi todos. Trabajo también en Radio Con Vos y en IP. Gracias al feminismo descubrí hace poco que me gusta jugar al fútbol.
@nbg__
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