El consenso imposible en todas las canchas

En cada una de las reuniones con los expertos epidemiológicos que asesoran al Gobierno, Alberto Fernández asume la misma postura: frente a la variedad de propuestas, recomendaciones e ideas, el Presidente elige siempre el camino más conservador. El viernes, en la Quinta de Olivos, algunos de los científicos presentes se mostraron dispuestos a avalar cierta flexibilización del aislamiento social. Ante la sugerencia, hubo ministros y funcionarios que respaldaron la idea. Pero el Presidente los frenó en seco. En todo caso, si hay pueblos, ciudades o incluso provincias en las que podrían relajarse los controles, que los intendentes y gobernadores asuman la responsabilidad política de tomar esa decisión. Fernández no quiere cargar con las consecuencias de relajar la cuarentena si la decisión sale mal

Esa postura explica la cantidad de gráficos y la exposición docente del mandatario en la conferencia de prensa de ese mismo día a la noche. El Presidente necesita sostener el consenso social sobre una medida dura y restrictiva en un delicado y difícil movimiento doble: exaltar los beneficios de la cuarentena y felicitar a la sociedad por respetarla, pero a la vez evitar una sensación de triunfalismo que vaya relajándola por goteo. Evitar que la cuarentena sea víctima de su propio éxito.

Muchos gobernadores e intendentes se paran en la misma lógica y por eso, a pesar de que desde el viernes quedaron habilitados a pensar y proponer maneras en las que podría darse una salida administrada del aislamiento por distritos o zonas, no se agolparon por ahora los pedidos a la Jefatura de Gabinete para implementar cuarentenas comunitarias en el interior. Sí habrá análisis y reuniones sectoriales para evaluar propuestas, pero todos avanzan con pie de plomo.

Y es que el respaldo político para la decisión de sostener el aislamiento surge sin obstáculos entre quienes tienen responsabilidades de gestión. Para con los dirigentes sin distritos a cargo, el Presidente tomó una precaución. Justo antes de iniciar la conferencia de prensa, llamó por teléfono al jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri. El cordobés es uno de los representantes del ala dura del macrismo, pero -político al fin- no deja de sentirse halagado cuando Fernández lo llama para consultarlo o informarlo. En este caso, le avisó lo que anunciaría minutos después: la extensión del aislamiento.

Ya habían conversado por teléfono el lunes, cuando sin demasiadas precisiones el Presidente le propuso tomar un café. Eran esas horas complejas para el Gobierno, en pleno escándalo público por la compra de alimentos con precios muy por encima de los convalidados oficialmente. El diputado estaba en Córdoba, así que quedaron en hablar en la semana. Horas más tarde, el Presidente le contaría a Joaquín Morales Solá, en TN, cuál era la propuesta que le quería hacer a Negri: «¿Por qué no organizamos un grupo que siga de cerca cómo evolucionan las compras?. Porque lo que se desató en torno a compras de Desarrollo Social surgió porque todo esto es público, no está oculto. Y cuanta más transparencia haya y más se comprometa la oposición para mí mayor será la tranquilidad», dijo. El tema quedó pendiente. Le surgieron a Fernández otras preocupaciones.

De todas formas, y más allá de la convocatoria (todavía no oficializada) a la oposición, a nadie escapó en Gobierno que los más descontentos con el episodio de la compra de alimentos por encima de los precios máximos fueron los movimientos sociales. Muchos de ellos, con representantes en el gabinete. El que lo expresó públicamente casi con un megáfono fue Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, pero el malestar cruzó a todos los movimientos que integran el Frente de Todos. Fueron ellos, de hecho, los primeros en encender las luces de alerta, incluso antes de la publicación de la compra en el diario La Nación. «Acá alguien metió la cola. No dudamos de Arroyo pero alguien se quedó con un vuelto. Nosotros sabemos comprar y los precios esos no tenían nada que ver», resumió entre sus colaboradores uno de los dirigentes sociales con despacho en Casa Rosada. Así fue que después de las explicaciones públicas para salir del paso (como que los proveedores «se plantaron» ante el Ministerio), Arroyo terminó admitiendo tácitamente el mal paso y pidió la renuncia de los funcionarios que aprobaron las compras. Analistas, observadores e integrantes del Frente de Todos hablaron del «fuego amigo» y de las consecuencias negativas de haber repartido demasiado los lugares en el gabinete al analizar el episodio. Pero los mismos datos pueden mostrar un aspecto positivo: hay en el Frente de Todos voces propias que alertan sobre errores en la gestión y el balance interno de poder les permite no sólo expresarse sino también lograr correcciones. Eso es un activo político. Y su ausencia fue tal vez uno de los defectos más costosos del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Ese ruido interno y las renuncias llegaron después de los cacerolazos incentivados por el macrismo para reclamar que la dirigencia política se baje los salarios. A la seguidilla, se sumó esta semana la última embestida del ala dura de Juntos por el Cambio, tras el informe que dio la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, a la Cámara de Diputados. La funcionaria habló allí de ciberpatrullaje para monitorear el humor social y su antecesora y hoy presidenta del PRO, Patricia Bullrich, salió a cruzarla. Detrás de ella, arremetió todo el sector de los «halcones» cambiemitas. Fue uno de los intentos de polarización menos efectivos. Bullrich es quien detuvo y le abrió una causa penal a Nicolás Lucero, un chico de 20 años, por tuitear una canción de cancha en contra del ex presidente Mauricio Macri. Lucero fue sobreseído y no fue el único caso. También por decisión de la ex ministra fue detenido y estuvo preso en Ezeiza durante más de 50 días Miguel De Paola, un chico de 23 años que tuiteó frases en árabe. Tal vez no era la mejor vocera para hablar en contra del ciberpatrullaje.

De hecho, y sin hablar específicamente del tema, la desautorizó públicamente el asesor estrella del macrismo, Jaime Durán Barba, quien le aconsejó a Juntos por el Cambio en Radio Con Vos que «en este momento de la historia hay que pararse como argentinos, más que como oposición». Según el ecuatoriano, «Fernández ha tenido una actitud sana de convocar a la gente y la Argentina es el más exitoso de América Latina frente al virus». El analista político se deshizo en elogios hacia el Presidente y observó que no es recomendable para la oposición intentar sacar rédito político de las diferencias durante la pandemia. Un funcionario porteño de los que nunca confiaron demasiado en las propuestas y pronósticos de Durán, resumió irónicamente: «En idioma duranbarbeano más duro sería: si mide bien, trabaja bien».

Pero, más allá de sus diferencias internas frente al Gobierno, Juntos por el Cambio mantiene su intención de que Fernández los reciba en exclusiva (no junto al resto de la oposición) en algún momento. Tal vez ese deseo se materialice en los próximos días, si efectivamente el Gobierno decide avanzar con el proyecto de ley para gravar las grandes fortunas de la Argentina.

A las varias tensiones políticas que supone una iniciativa de ese tipo hay que sumar una administrativa: ¿puede el Congreso sesionar de manera remota? Hay dos bibliotecas en el Palacio Legislativo y no dicen lo mismo. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le aseguró a su equipo de trabajo que está dispuesto a firmar una modificación reglamentaria para permitir una sesión virtual con herramientas como la identificación facial de los diputados y un sistema de claves para loguearse y votar de manera remota.

Sin embargo, en el Senado, el equipo de asesores que trabaja con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner opina distinto. Creen en la Cámara alta que directamente no es posible sesionar de manera no presencial. Y la cita de autoridad a la que apelan excede al reglamento del Senado: la Constitución Nacional, advierten, establece expresamente en el artículo 64 que ninguna de las Cámaras «entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros». Y subrayan que leyendo el artículo de manera integral queda claro que la Constitución habla expresamente de que los diputados y senadores deben estar presentes en el recinto.

Así, si el Presidente quiere efectivamente avanzar con el gravamen, deberá sopesar esta discusión y resolver junto con Massa y CFK de qué forma se reunirá el Congreso. No tiene otra opción: la creación de un nuevo impuesto no puede definirse por decreto. La Constitución lo prohíbe.

El proyecto de ley, en el que trabajan el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el diputado Carlos Heller, encontró algunas dificultades para establecer los límites y las franjas a las que debería aplicarse el gravamen. Llamativamente, descubrió el Gobierno, las 50 fortunas personales más grandes de la Argentina que reflejó la revista Forbes en su último relevamiento no coinciden con las declaraciones de bienes personales de esas personas en poder de la AFIP. Según ese ránking, Paolo Rocca, Marcos Galperín, Alberto Roemmers y Gregorio Pérez Companc son algunos de los individuos que deberían quedar alcanzados a título personal si se crease el nuevo impuesto. Pero además, AFIP tiene datos para aportar a la redacción de la iniciativa, después de descubrir que hace años la OCDE informó a la Argentina sobre la existencia de 950 cuentas en el exterior no declaradas y que suman unos u$s 2.600 millones, según reveló BAE Negocios. Parece muy difícil que alguno de ellos deje de ser millonario o billonario por el gravamen. Aun así, son de los que mayores palos le ponen al consenso que busca el Presidente respecto de la cuarentena, y desde hace días presionan por distintas vías para que el Gobierno acepte retomar a buen ritmo la actividad económica. En esa negociación, queda claro, el consenso total es y será imposible.