62,5 millones de pobres, el escenario al que se enfrenta Lula

El domingo asumirá como presidente de Brasil y encontrará una situación social grave, una matriz productiva modificada y una población radicalizada. Las señales que dio Da Silva en los nombramientos de su gabinete y los desafíos que se le presentarán.

Katia Regina dos Santos confía en que el carisma de Lula será el arma clave para vencer los desafíos que acechan a su tercer mandato. “Él tiene la habilidad que necesita para enfrentar al Congreso”, dice a Cenital, en una zona comercial de la periferia de San Pablo. “El pueblo confía en eso”. 

Militante del Partido de los Trabajadores (PT) desde hace más de una década, Katia es la responsable del comité de su barrio, ubicado en Cidade Tiradentes, una de las zonas más pobres de San Pablo que queda a más de 30 kilómetros del centro. A Tiradentes se la conoce todavía hoy como una “ciudad dormitorio”, que aloja a más de 220 mil ciudadanos. La mayoría viaja por lo menos dos horas todos los días para trabajar en la metrópolis. Muchas de las viviendas fueron construidas por el Estado a partir de la década de los 80 bajo ese propósito, y buena parte de los pobladores de ese entonces eran obreros provenientes del Nordeste, la zona más pobre de Brasil, donde nació el presidente electo. 

Más del 60% de los votos de Tiradentes fueron, tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral, para Lula. “La gente de aquí se identifica con los proyectos sociales del PT, el Bolsa Familia, la creación de Universidades. Saben que les fue mejor cuando estaban ellos en el gobierno. ​​Antes de Lula la gente no tenía capacidad de soñar”, dice Katia. Fueron esos votos de las periferias de las grandes ciudades las máximas responsables del triunfo de Lula el 2 de octubre. El PT ganó más de 7 millones de votos en el sudeste –donde se encuentran San Pablo y Minas Gerais, otro estado clave– respecto a 2018. En una contienda que se definió por poco más de dos millones de votos, el avance en esos territorios se reveló crucial. 

A 30 kilómetros de allí, en el corazón de San Pablo, los rascacielos tienen masas de personas durmiendo a sus pies. Son más de 30 mil los que no tienen techo en la ciudad, un número que creció drásticamente en los últimos años. En el distrito de Jardins, la zona más codiciada por turistas, donde abundan los restaurantes internacionales, los shoppings y museos como el de arte moderno, las escenas de personas pidiendo comida, muchos de ellos niños, se repite varias veces en la misma avenida. El centro de la ciudad, donde las personas sin techo suelen pasar la noche luego de vagar por otras calles, parece desierto, prácticamente deshabitado por turistas y otros locales. Algunos paulistas lo apodan como el “campamento de los refugiados”. 

“Infelizmente la pandemia causó daños irreversibles para las personas con menos de dos salarios mínimos (alrededor de 450 dólares). Los precios aumentaron, los empleos desaparecieron y muchas familias tuvieron que salir a las calles. No hubo políticas públicas, del gobierno estadual o del federal, para esa gente. Ambas tenían gobiernos de derecha en ese entonces, que no pensaban en ellos. Y esa gente votó, y  lo hizo por los políticos que sí piensan en ellos”, dice Katia. 

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De acuerdo a la última publicación del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el país vive niveles récord de pobreza y extrema pobreza. 62,5 millones de brasileños eran pobres a fines de 2021, un salto de más de 11 millones respecto al año anterior. El tamaño del gigante sudamericano engorda todas las proporciones: hablamos, por ejemplo, de 33 millones de personas que pasan hambre en un país que produce alimentos, según la última Encuesta Nacional de Soberanía e Inseguridad Alimentaria (IA).

“Yo estoy convencida de que Lula y el PT van a lograr revertir la situación”, dice Katia, luego de repasar las diferencias que encuentra en su barrio hoy con respecto a unos años atrás. Se le ocurre rápidamente una: “Hoy hay más iglesias evangélicas que bares. Están por todos lados”. 

Un desafío a medida de Brasil

La emergencia social que lo ha llevado al gobierno es la máxima prioridad para Lula, que el 1 de enero asumirá para un inédito tercer mandato. Enumerar las diferencias con el contexto nacional e internacional que tenía el PT en los primeros dos periodos, entre el 2003 y el 2011, se ha vuelto un lugar común: ya no hay boom de commodities, el tejido social y productivo del país se ha deteriorado de manera veloz, el Congreso parece aún más bloqueado por la derecha que entonces y la disputa entre Estados Unidos y China en la región se ha acelerado.

En su primera experiencia como presidente, Lula ensayó una fórmula de gobierno que se volvió un sello. Entre el equilibrio y la articulación de intereses, el PT negoció con los sectores de poder para impulsar el núcleo de su agenda, dotada mayormente de políticas sociales que lograron reducir drásticamente la pobreza –más de 30 millones de brasileños escaparon– pero sin antagonizar con el capital y el modelo productivo vigente, cuyos patrones también ganaron en aquellos años. Esa matriz, para algunos críticos provenientes de la izquierda, fue exitosa para realizar las primeras metas sociales pero se quedó corta a la hora de ejecutar transformaciones más estructurales, capaces de cumplir las expectativas de las flamantes clases medias que se incorporaron en aquellos años, al igual que las tradicionales.

Una de las principales preguntas que se plantean de cara a la asunción es si esa fórmula alcanzará esta vez para que Lula lleve adelante su agenda. La semana pasada, el nordestino se anotó su primer triunfo legislativo, a pesar de todavía no haber asumido. El Congreso aprobó una enmienda constitucional que le permite ampliar el techo del gasto público para financiar los programas sociales. El PT quiere aumentar el programa de ayudas que comenzaron con la pandemia y siguieron en campaña, empuñados por Bolsonaro. Originalmente de 600 reales (114 dólares), el presidente electo propone elevarlo en un tercio. Unos días antes de la votación, la Corte Suprema había habilitado la medida. No fue el único fallo a favor de Lula: también declaró inconstitucional el “presupuesto secreto”, el instrumento que le permitió a Bolsonaro negociar con parlamentarios fondos y partidas de manera discrecional para obtener gobernabilidad. El PT temía que su permanencia le diera capacidad de chantaje a los parlamentarios de derecha, que hoy son mayoría en ambas Cámaras. 

El techo de gasto público es uno de los principales escollos para la política económica del flamante gobierno. Aprobado durante el gobierno de Michel Temer tras la destitución de Dilma Rousseff en el 2016, el instrumento congela por dos décadas el aumento del gasto público por encima de la inflación –por lo que el crecimiento real del gasto siempre es del 0%– y tiene caracter constitucional. Paradójicamente, el creador de la medida, el entonces ministro de finanzas de Temer, Henrique Meirelles, fue presidente del Banco Central en los dos mandatos de Lula y uno de sus principales apoyos en la campaña de segunda vuelta este año. Esto ilustra la amplitud de la coalición que hoy llega al poder, que tiene su principal exponente en Geraldo Alckmin, el próximo vicepresidente llamado a ocupar un rol central en la nueva administración. Alckmin supo ser el líder de la centroderecha brasileña y compitió con Lula en 2006.

Contrario a lo que postulaban algunos analistas, los primeros ministros anunciados por Lula a principios de diciembre, todos de suma importancia, son figuras cercanas a su riñón y no del establishment. El caso más resonante es el de Fernando Haddad, quien se hará cargo de la economía. Haddad, el candidato del PT en 2018 luego del encarcelamiento de Lula, compitió sin éxito para ser gobernador de San Pablo este año, fue ministro de Educación en los primeros años de Lula y es uno de sus hombres más cercanos, quizás el preferido para encarar la sucesión. Su nombramiento responde a cuestiones más políticas que técnicas, y se ha ganado las primeras críticas de los grandes medios de comunicación, que habían moderado sus posiciones hacia el PT en los últimos años y ahora ensayan una incipiente postura de desconfianza. Lula también nombró a Rui Costa, exgobernador de Bahía con el PT, como jefe de gabinete, y eligió a Mauro Vieira como canciller, un cargo que ya había ocupado en la recta final del gobierno de Dilma, luego de ser embajador en Argentina y Estados Unidos. 

Entrevistado por Cenital en la sede de la Fundación Armando Alvares Penteado (FAAP), donde se desempeña como investigador de economía política, Vinicius Rodrigues Vieira explica que, además de la riña con el Congreso por las políticas sociales y reformas como la tributaria, el flamante gobierno va a enfrentar un desafío económico mayor. “El principal sello de los cuatro años de Bolsonaro a nivel económico fue el crecimiento del agronegocio, que hoy es dominante. Este ganó mucho más que en los años de Lula y Dilma. Si el equilibrio político y económico ya estaba inclinado hacia ese sector, con Bolsonaro se terminó de completar. Hoy Brasil se ha consolidado como un país agroexportador”.

En los primeros años de Lula, agrega Vieira, los principales socios comerciales de Brasil eran Estados Unidos, la Unión Europea y Argentina. Con este último, al igual que con el primero, el gigante sudamericano exportaba sobre todo productos manufacturados. Hoy China se ha asentado como el principal destino de las exportaciones de Brasil, y más de un 90% de esos envíos son commodities. El peso de la industria manufacturera en el PBI cayó del 25% al 12%. 

El creciente poder del agronegocio en Brasil será un desafío económico pero también político. Su músculo se extiende desde el Congreso, donde controla bancadas cada vez más grandes, hasta el Amazonas, un territorio que va a definir el vínculo de Lula con el resto del mundo, sobre todo Europa. Hoy, el agronegocio es un firme pilar de apoyo de Bolsonaro, cuyas mejores votaciones se dieron en los estados de mayor producción agrícola. El lazo es también cultural: no lo votan solo por sus políticas económicas sino también por su narrativa ultraconservadora, englobada en la tríada “Dios, Patria y Familia”. 

El cambio es mayor de lo que parece, y se vincula con las penurias de las periferias de las grandes ciudades que dieron el triunfo a Lula. “Hay un problema estructural: la mayoría de la población todavía está en las grandes ciudades, mientras el crecimiento económico se está dando en el centro del país, en los estados agricultores. La migración interna no está siendo proporcional a ese crecimiento”, explica Vieira. “Entonces, tenés mucha población que todavía se queda en las periferias de ciudades como San Pablo y Minas Gerais, cuando el desarrollo hoy está pasando por estados como Goiás y Mato Grosso, donde florecen estas clases medias ligadas al agro”. El problema es inverso al que tienen otros gigantes como Estados Unidos o Francia, que concentran las oportunidades en las grandes ciudades y relegan al interior rural. 

La política exterior también forma parte de la ecuación, y las primeras señales serán un indicador de cómo piensa Lula dar respuesta a estos desafíos. En su primer discurso como presidente electo, advirtió: “No nos interesan los acuerdos comerciales que condenan a nuestro país al eterno papel de exportador de commodities y materias primas. Reindustrialicemos Brasil, tenemos que invertir en la economía verde y digital”. 

“Lula va a buscar reindustrializar el país”, señala Vieira. “Para eso tiene como prioridad la reconstrucción de lazos con Sudamérica e intentará revitalizar el Mercosur. Hoy se está hablando mucho de reshoring: la idea de que las industrias manufactureras regresen de Asia a Occidente, a países aliados. Por eso creo que Lula intentará estar cerca de Estados Unidos y los países europeos, a los que ha hecho guiños durante la campaña. Eso no significa que vaya a romper con China o con los BRICS (la alianza que integran junto a India, Rusia y Sudáfrica), pero Lula percibe que esa cercanía ha llevado a la desindustrialización”.

La presencia del bolsonarismo

Los síntomas se manifestaron casi en paralelo a la victoria de Lula. No habían pasado veinticuatro horas y los simpatizantes del presidente Bolsonaro ya tenían cortadas más de doscientas rutas en veinticinco estados del país. Apañados por la Policía Ferroviaria Federal (PRF), cuyo jefe era un bolsonarista confeso, los manifestantes se negaban a aceptar el resultado electoral y pedían por una intervención de las Fuerzas Armadas. Bolsonaro miraba las noticias en silencio; recién hablaría al día siguiente. 

Esa misma semana, el 2 de noviembre, en el feriado por el día de los muertos, las masas bolsonaristas salieron a las calles en todo el país, esta vez para demostrar fuerza. Lo consiguieron: las convocatorias fueron realmente masivas, con puntos álgidos en Río de Janeiro y en Santa Catarina, en el sur del país. En San Pablo, las avenidas y los subtes de Jardins se tiñeron de camisetas y banderas de Brasil, que coparon la ciudad durante todo el día.

Dueño de más de 58 millones de votos en la segunda vuelta, el futuro político de Jair Bolsonaro es incierto. Inquieto por una pila de causas judiciales, el presidente saliente ha dado pocas pistas respecto al rol que ocupará en la oposición. Revalidado como el líder de la ultraderecha brasileña, no tiene rivales que se le acerquen desde el centro. Las figuras que repuntan en ese campo de cara al nuevo ciclo lulista se le parecen, como el militar Tarcisio de Freitas, el gobernador electo de San Pablo y un aliado durante la campaña. Pero, de manera similar a como sucede en Estados Unidos, el sistema político luce polarizado y la centroderecha aparece evaporada, con sus antiguos referentes en el campo de Lula. Bolsonaro, que ha ganado votos respecto a 2018 pese a una gestión mal valorada, tiene otro logro para exhibir: sus aliados y ex ministros avanzaron en las elecciones legislativas, confirmando que el bolsonarismo no es un fenómeno pasajero, y excede el antagonismo al PT. 

El gobierno entrante deberá fijarse no solo en esa mayor presencia parlamentaria –hoy el Partido Liberal, al que se sumó Bolsonaro en la campaña, tiene la bancada más grande en Diputados– sino en las calles, un escenario que ha logrado dominar en los últimos años, a partir de las masivas movilizaciones contra Dilma en 2013. El 13 de diciembre, el día en el que le otorgaron a Lula el diploma de presidente electo, grupos bolsonaristas intentaron invadir una sede policial en Brasilia y quemaron decenas de autos y micros. Tras una campaña signada por la violencia política, con cuatro asesinatos a simpatizantes del PT por parte de adherentes al entonces presidente, el riesgo de que una parte del bolsonarismo se siga radicalizando es real. Al punto de que el 27 de diciembre, cinco días antes de la asunción de Lula, la policía civil brasileña detuvo a un simpatizante de Bolsonaro por colocar un explosivo en un camión de combustible cerca del aeropuerto de Brasilia, dispuesto a «iniciar el caos» para «impedir la instauración del comunismo», en un plan mayor que involucraba más bombas y armamento.

Ese riesgo se vincula con otro de los cambios de los últimos años: el mayor acceso a armas por parte de la población civil. Según un informe de los institutos Igarapé y Sou da Paz, en Brasil hay más de un millón de armas en manos privadas, un aumento del 187% respecto a 2018, el año en el que ganó las elecciones Bolsonaro. El presidente, apoyado abiertamente por empresas armamentistas y sus seguidores, flexibilizó todo el esquema de regulaciones. Hoy, en Brasil, los civiles tienen más armas que las Fuerzas Armadas.

Los militares también serán otro grupo a mirar. Nunca hubo tantos uniformados en cargos civiles como en el gobierno de Bolsonaro, y estos han ganado beneficios económicos y protagonismo en la política, como explica el podcast La Revancha, producido por Cenital y Congo. Lula eligió a José Múcio, un político de origen conservador que mantiene buenos vínculos con generales, como futuro ministro de Defensa. En su primera entrevista luego de la noticia, aseguró que uno de los principales focos será “la despolitización y la despartidización de las Fuerzas Armadas”. Propuso que estas vuelvan “a lo que siempre fueron: una organización del Estado que no participa en política”.

Para Gunther Rudzit, profesor visitante de la Universidad de la Fuerza Aérea (UNIFA) y de Relaciones Internacionales en la Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) de São Paulo, la institución seguirá operando de manera autónoma al poder civil. “En Brasil nunca hubo control civil sobre los militares y no hay señales de que eso vaya a cambiar. Los militares aquí tienen un involucramiento político más importante que en otros países, aunque como en todos tienen sus propios intereses y buscan protegerlos”. 

Rudzit, que trabajó en el Ministerio de Defensa bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), agrega: “Los militares siempre se llevaron bien con Lula, porque les dio lo que querían, autonomía y dinero. Diferente fue la relación con Dilma, que quiso crear una Comisión de la Verdad”. Pronostica una relación “normal, aunque habrá tensiones constantes ”. Y sugiere prestar atención al reemplazo de la cúpula militar, prevista para principios de 2023, especialmente al comando del Ejército. “La principal pregunta es si va a respetar los principios de antigüedad y jerarquía o si va a ascender a un general más nuevo”.

Los militares guardaron silencio tras la elección, una señal que algunos analistas interpretaron como un reconocimiento del resultado. Algunos generales ya se habían ocupado de filtrar a la prensa que respetarían el resultado de las urnas y que se oponían a cualquier movida autoritaria del presidente. Eso, sumado al principio de subordinación que reina en todas las Fuerzas, tranquilizó a los observadores. Varias alertas de la Casa Blanca sobre posibles consecuencias en el vínculo entre el sector de defensa brasileño y el norteamericano también pudieron haber jugado un rol. 

Consultado sobre la presencia del bolsonarismo en las filas policiales, Rudzit confirma que “hay bolsonaristas en toda la estructura, pero más en la policía militar (PM) que en la civil”. Como la policía militar depende de los estados, será importante prestar atención al vínculo del gobierno entrante y los gobernadores, que también se han alejado del discurso más radicalizado de Bolsonaro.

En el vínculo del lulismo con las fuerzas de seguridad y el del bolsonarismo con el resto de la sociedad reside una de las principales promesas de campaña del PT: que Brasil recupere el orden democrático. Detrás de la esperanza del progresismo latinoamericano en el retorno de Lula y antes de las especulaciones sobre la dirección de un gobierno con mayor amplitud ideológica que en otros tiempos, se encuentra esa urgencia: que Brasil vuelva a algo parecido a la normalidad. ¿Podrá?

Creo mucho en el periodismo y su belleza. Escribo sobre política internacional y otras cosas que me interesan, que suelen ser muchas. Soy politólogo (UBA) y trabajé en tele y radio. Ahora cuento América Latina desde Ciudad de México.