Oda a la casta

-Acá hay que elegir entre mierda de perro o mierda de gato, uno nuestro no vamos a poder poner y con éste hay uno más con el que se puede hablar.

-Bueno, bueno, vayamos viendo.

Éste es Ariel Oscar Lijo, el titular del Juzgado Federal N°4 que, como anticipó #OffTheRecord la semana pasada, fue propuesto junto a Manuel García Mansilla para ocupar el lugar que dejó vacante Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El diálogo, con referencias escatológicas, fue entre un muy relevante operador del mundo judicial -que motoriza la llegada del Gordo a la Corte- y Cristina Fernández de Kirchner, la figura sobre la cual están depositados todos los ojos del sistema judicial y empresarial porque es la llave para destrabar o tabicar el nombramiento del candidato más sorpresivo de Casa Rosada.

El foco puesto en Lijo, un hombre representativo de un fuero que acumula tanto poder como críticas y sospechas, tiene derivaciones a varias bandas. Los comunicados de distintas asociaciones empresariales -entre ellas de las más representativas del establishment y de los aglomerados económicos más poderosos, incluyendo desde IDEA hasta la cámara de empresas estadounidenses- sorprende por la oportunidad y el tono, frente a un gobierno al que, al menos hasta la semana pasada, consideraban propio. Los comunicados tuvieron algunos vectores comunes, por dos abogados conocidos en la city: Guillermo Lipera y Máximo Fonrouge. El caso de Lipera es singular: si bien fue un crítico agudo de los gobiernos kirchneristas, defiende, en privado, la inocencia de CFK y sus hijos.

Los sponsors de la candidatura de Lijo son, como ya se contó en la anterior entrega, Ricardo Lorenzetti -autor intelectual de la doctrina Irurzun, elemento con el cual fueron encarcelados funcionarios de los gobiernos kirchneristas- y Daniel Alberto Angelici -principal operador judicial del Gobierno durante el mandato de Cambiemos. Es difícil entender, entonces, qué impulsa a los objetores empresarios a tomar postura contra esta tríada y a favor de la actual mayoría, cuando ni el candidato ni quien aparece como su padrino pueden ser acusados de simpatías colectivistas. Y, si fuera por un renovado ímpetu de transparencia, éste estaría dando sus primeros pasos ya que, como se dijo, varios de los actores involucrados peinan canas aunque las oculten de manera artificial.

Incluso si se aprobara el pliego de Lijo, y durante el tiempo que dure su tratamiento, el Gobierno abre un nuevo foco de conflicto, por algunos meses, con la mayoría de la Corte Suprema de Justicia. Por distintos motivos, con esta maniobra Javier Milei ofendió en la misma magnitud a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Una jugada curiosa que pondría en peligro, por ejemplo, la vigencia del DNU sometido a la Cámara de Diputados, sin mencionar cuestiones donde el eventual activismo judicial -al que vale decir que Rosatti se manifestó reactivo- podría afectar el frente fiscal, como es el caso de los aumentos de tarifas, donde la jurisprudencia de la Corte es poco amigable a las posturas oficiales.

Otra consecuencia del pliego de Lijo es que eclipsó el debate sobre las posturas del segundo candidato propuesto por el Gobierno, el muy respetado Manuel García Mansilla, decano de la carrera de Derecho de la Universidad Austral, una institución de enorme prestigio. Curiosamente contrastado en algunos medios que cuestionaron a Lijo como un nombramiento ejemplar, García Mansilla se emparenta acaso con los nombres propuestos por Donald Trump durante su mandato para el más alto tribunal estadounidense. Candidatos jurídicamente sólidos que reúnen a su vez posturas extremadamente conservadoras en temas sociales y una mirada pro empresarial y anti sindical en la organización social de la producción. García Mansilla tacha con facilidad ambos casilleros.

Numerario en los estudios jurídicos Marval, O’Farrell y Mairal, y Liendo, fue uno de los principales rivales doctrinarios de la Corte Suprema cuando esta decidiera reconocer el derecho al aborto en los casos de no punibilidad previstos por la legislación entonces vigente y, luego, fue un activo opositor a la legalización que aprobó el Congreso. En paralelo, participó de la representación institucional del sector petrolero como director de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH). De la carrera de García Mansilla como doctrinario destacan dos hitos relevantes. Casi en soledad, fue quizás el único jurista que apoyó, en 2015, durante el Gobierno de Mauricio Macri, el intento de nombramiento de dos jueces de la Corte “en comisión”, sin acuerdo del Senado.

Acaso más convencional, García Mansilla escribió en 2004, en un artículo titulado “La metamorfosis del sistema constitucional argentino”, una dura crítica de los Decretos de Necesidad y Urgencia, a los que emparentó con los Decretos-Ley de las dictaduras militares; desestimó en aquel año, con el país todavía en emergencia, que existieran circunstancias excepcionales que habilitaran el dictado válido de esa herramienta. El artículo resaltaba textualmente que “la práctica acepta, incluso, que se dicten DNU ante la renuencia del Congreso a sancionar una determinada ley, cuando en realidad tal renuencia debiera ser interpretada como un impedimento para que el Poder Ejecutivo legisle”. ¿Pensará lo mismo sobre un decreto que ya demostró, con el rechazo de los senadores, que fue dictado bajo esa modalidad porque no hubiera resistido el camino republicano y constitucional para la sanción de las leyes? Incógnita para García Mansilla.

El recorrido parlamentario aparece indefinido. Depende quién sea el interlocutor, en el entorno de CFK oscilan entre el rechazo módico y alguna herramienta semántica para ganar tiempo del estilo “cuando lo manden, veremos”. A priori y paradójicamente -o no- las chances parecen más probables para Lijo que para García Mansilla. “Mauricio está muy incómodo porque quedó entre los rottweilers y el Tano”, resume una figura de confianza del expresidente. La metáfora canina refiere al ala republicana del PRO, encabezada por María Eugenia Talerico, Mariano Federici o Jimena de la Torre. Un republicanismo selectivo, según el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que describió a los organismos del Estado durante el Gobierno macrista como unidades “de persecución”.

Los movimientos de Milei son singulares: luego de la convocatoria al Pacto de Mayo -previsiblemente parte de la pirotecnia oficial-, propone un enfrentamiento con la Corte, envía de manera inconsulta la propuesta de Lijo y abre un nuevo foco de polarización con una reivindicación del accionar de la última dictadura militar. “Nos tienen haciendo jueguitos para mientras tener la chance de pegarla en lo económico”, sostienen en el PRO. Parte de esa hipótesis podría incluir que en las últimas horas surgieron, también, los tres nombres para ocupar el cargo de procurador general: Javier María Leal de Ibarra, Mariano Borinsky y Juan Bautista Mahiques. Leal de Ibarra es un hombre de Lorenzetti y tanto Borinsky como Mahiques, ambos por sus ocasionales actividades lúdicas con figuras profundamente antikirchneristas, serían difíciles de digerir para el núcleo K. Macri sigue bien en lo personal, mal en lo político con el presidente: le había pedido que, al menos, recibiera primero a los gobernadores de Juntos por el Cambio. Milei desoyó, también, esa demanda.

El Gobierno sabe que es allí, en lo económico financiero, donde se encuentra en la mira el éxito o fracaso de su gestión. Las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sobre las previsiones de inflación de marzo cercanas a un dígito son representativas de las expectativas de las esperanzas de gobierno que espera una recuperación tras la cosecha, cuando lograría juntar entre 20 y 25 mil millones en reservas internacionales. Los analistas consultados, de distintas preferencias políticas, son menos optimistas sobre el potencial de la cosecha, pero señalan, sin embargo que, si el Gobierno consiguiera un buen volumen de financiamiento del Fondo o del sector privado -unos diez o quince mil millones de dólares-, podría sostener el peso fortalecido y la baja del índice de inflación. Esto, a su vez, impulsaría una pequeña etapa de crecimiento.

El dólar planchado y los aumentos de tarifas pisados contienen la variación de dos de los tres precios básicos que determinan los costos, y operan como muro de contención para los desbordes inflacionarios. El otro gran precio son los salarios. La contracara de esta relativa estabilidad, sin embargo, es muy costosa. El gobierno acumula gasto fiscal y consolida una tendencia al atraso cambiario que, de no frenar, puede traer gravísimos desequilibrios en materia de competitividad y empleo, especialmente industrial, aunque en el corto plazo ayude a la cuestión inflacionaria.

Hay que decir, sin embargo, que cualquier recuperación, sostenible o no, será modesta: aún dando por buenas las proyecciones de crecimiento “en V” que proveyó la Secretaría de Comunicación, la actividad económica alcanzaría recién en 2025 los niveles de octubre de 2023, cuando el estado de la economía le costó al peronismo una de las peores derrotas electorales de su historia a nivel presidencial. Cualquier error de cálculo, pondría el techo todavía más abajo. En el gobierno peronista, aquellos niveles de actividad, con tarifas y dólar oficial retrasados, convivieron con una inflación en alza. Si Milei condujera una economía donde la tendencia inflacionaria fuera la opuesta, ¿haría eso más aceptable para los argentinos el bajo nivel de actividad? ¿Le señalará alguien los riesgos de sumar desequilibrios cambiarios y en materia de tarifas o serán un precio a pagar de buen grado que facilitará el consumo de productos importados? ¿O tanto los asalariados ocupados como el establishment mirarán para otro lado? Dudas no despejadas.

Last but not least, la riquísima nota que brindó Victoria Villarruel a Jonatan Viale expuso algunos aspectos evidentes, pero abrió otros interrogantes. Al margen del homenaje más sólido a la casta del que se tenga memoria, Villarruel accedió al reportaje luego del desayuno que ella misma contó que compartió con Milei. Allí decidieron, de manera conjunta, hora y lugar de la entrevista. Es por eso que llamaron la atención las declaraciones de la vice. Fue tan sonora la diferenciación, máxime luego de la gestión coordinada, que algunos empiezan a preguntarse si el desmarque de Villarruel no está coordinado con Casa Rosada. Si no, ¿por qué elige, a los 100 días, una diferenciación tan clara? ¿Qué ve o sabe que nosotros no? Otra hipótesis es que las diferencias, que existen, sean utilizadas como una fortaleza con el objetivo de instalarla como candidata natural a la provincia de Buenos Aires el año que viene. Patricia Bullrich, su rival interna, se complementa en este caso: aspira a la jefatura de Gobierno para 2027. Tendrá que resolverlo con Macri: la incógnita es con cuál.