Cien años de bananas

Cien Años de Soledad cuenta las vidas de la familia Buendía, pero es también la historia de cómo una compañía bananera internacional intervino en Macondo, un pueblo caribeño ficticio que representa la localidad natal del autor Gabriel García Márquez y, también, simboliza América Latina. La empresa estadounidense moderniza abruptamente el pueblo, transforma su economía, su entorno natural y su sociedad. El neocolonialismo corporativo tiene su apogeo cuando insta al Ejército colombiano a reprimir con balas una huelga de trabajadores que reclaman derechos.

La masacre ocurrió realmente y la compañía también tuvo contraparte en la realidad. Fue la United Fruit Company, cuyos intereses corporativos fueron tan determinantes en la región que dieron luz a la frase “república bananera”, en referencia a una nación dominada por una élite al servicio de los intereses empresariales extranjeros. La intervención ilegal en la política, a través de lobby, conspiración y violencia, fue una característica constante a lo largo de la historia de América Latina. Fue la United Fruit Company la que, en 1954, instó a la CIA a derrocar al gobierno progresista de Jacobo Árbenz en Guatemala.

Como en Macondo, cada generación enfrenta su repetición

Este 10 de junio, casi cien años después de la masacre bananera de 1928, un fallo histórico en Estados Unidos determinó que la compañía estadounidense, que ahora se llama Chiquita Brands International, tendrá que pagar 38 millones de dólares a las familias de ocho víctimas de un grupo paramilitar que recibió financiación bananera en esa misma zona de Colombia.

En el fallo, el jurado determinó que los pagos de Chiquita aumentaron el riesgo que enfrentaban las comunidades del entorno, por encima de las que ya estaban expuestas. La decisión del 10 de junio señala que los fondos que la empresa les pagó a los paramilitares fueron utilizados para cometer crímenes de guerra, como homicidios, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas, entre otros delitos.

El caso duró 17 años. Según la organización EarthRights International, que defendió legalmente a las víctimas, el fallo representa la primera vez que un jurado de Estados Unidos hace responsable a una corporación local por su complicidad en abusos contra los derechos humanos en otro país. “Este veredicto envía un poderoso mensaje a las empresas de todo el mundo: no quedarán impunes quienes se beneficien de violaciones de los derechos humanos”, declaró en un comunicado de prensa Marco Simons, asesor jurídico de EarthRights International.

Ya estaba establecido que, entre 1997 y 2004, la empresa bananera le pagó 1,7 millones de dólares al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en las regiones de Urabá y Magdalena. La compañía lo admitió en el 2007 y tuvo que pagarle al Gobierno estadounidense una sanción de 23 millones de dólares. La AUC fue designada organización terrorista por Washington.

Los detalles de las víctimas fueron resguardados del informe público para proteger la seguridad de sus familiares. Pero el New York Times señala un episodio que demuestra la profundidad de la violencia que se desplegó hacia las comunidades afectadas: “Uno de los casos fue el de una niña no identificada que se dirigía en taxi a una plantación con su madre y su padrastro cuando fueron detenidos por hombres armados, según relataron los abogados durante el juicio. Los hombres ejecutaron al padrastro y le dispararon mortalmente a la madre mientras intentaba huir. Luego le dieron a la niña el equivalente a 65 centavos de dólar para que tomara un autobús de vuelta a la ciudad”.

Punta de lanza

El precedente que sienta la condena a favor de las víctimas podría impactar en los miles de casos ya presentados en Estados Unidos contra Chiquita por sus vínculos con el paramilitarismo. Según algunas estimaciones, entre 1997 y 2004, alrededor de 400.000 personas fueron afectadas por la violencia de la AUC en las regiones donde cooperaba con la compañía bananera. Es posible que esto presione a la empresa para acordar con las víctimas fuera de la corte.

El caso de Chiquita no es único: la minera colombiana Drummond y Coca-Cola también fueron acusadas en Estados Unidos por financiar grupos paramilitares colombianos, aunque las causas no prosperaron.

En otros países, el accionar corporativo también fue acusado de violar derechos humanos. EarthRights International demandó en 2017 a miembros del Grupo del Banco Mundial por financiar a la empresa agraria Dinant en Honduras, acusada de ataques. Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo el año pasado.

Las víctimas del colapso de una represa minera en Brumadinho, Brasil, presentaron una demanda ante la Fiscalía Pública de Múnich contra la compañía alemana TÜV SÜD, por sus responsabilidades en el hecho.

¿Por qué afuera sí y adentro no?

El presidente colombiano, Gustavo Petro, reaccionó a la decisión del jurado estadounidense con una pregunta: “¿Por qué la Justicia de Estados Unidos pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá? ¿Por qué no pudo la Justicia colombiana?”

Expertos señalan que se debe a una combinación de factores, que incluyen facilidades para demandar a casas matrices de empresas en sus países de origen y una complicada jurisprudencia en Colombia, donde las empresas no pueden ser responsables penales, solo civiles. Los intereses empresariales hicieron un fuerte lobby para que los responsables penales fueran individuos, como directores o gerentes, informa el medio colombiano La Silla Vacía.

Yo no fui

Chiquita dijo en la corte que recibió amenazas de la AUC y que los pagos fueron en respuesta a esta extorsión. Pero la Comisión de la Verdad de Colombia determinó que los desembolsos “eran revisados y aprobados por altos ejecutivos de la compañía” y que Chiquita “sabía de la naturaleza violenta de dicha organización”.

La continuidad en el tiempo de los pagos, más de diez años según una investigación, socava el argumento de la coacción. “Lo que pudo haber empezado como una extorsión, se convirtió en un negocio y una alianza entre Chiquita y estos grupos paramilitares. Y eso fue lo que el jurado escuchó”, le contó una de las abogadas de las víctimas, Victoria Mesa-Estrada, al medio colombiano Semana.

Documentos desclasificados del National Security Archive en Washington dan cuenta de los entramados que tejieron varios directivos de la empresa bananera para ocultar los pagos a la AUC. La investigación, que llevó a cabo Verdad Abierta en Colombia, demostró que el pago de 3 centavos de dólar por cada caja exportada, que se realizó a través de una cooperativa de seguridad privada que sirvió de pantalla para el grupo paramilitar, se dedujo de los pagos mensuales de los productores de las bananas.

Lejos de ser víctimas de extorsión, los abogados de los damnificados argumentaron que Chiquita se benefició de su relación con el grupo paramilitar y del miedo que sembró en la zona agrícola donde operaba. La AUC hostigó y asesinó campesinos, lo que bajó el precio de las tierras que fueron adquiridas para ampliar sus operaciones. Una versión actual de la república bananera.

La amnesia-impunidad

El realismo mágico nace del fermento que amalgama las imaginaciones de los actores latinoamericanos -los conquistadores, los indígenas y personas africanas esclavizadas- y su choque con el proyecto modernizador de la élite, según el escritor nicaragüense Sergio Ramírez. En Cien Años de Soledad son quizás más absurdas las partes tomadas fehacientemente del recuerdo histórico -como el argumento de la compañía bananera de que los empleados no eran tales porque se contrataban a través de terceros- que las fantasiosas cantidades de mariposas amarillas que persiguen a una protagonista.

Esta prevaricación está siendo práctica común, cuenta a Deutsche Welle Gimena Sánchez, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Las empresas contratan subsidiarias locales, lo que complica la persecución de responsabilidades. Pero el fallo contra Chiquita pone bajo la lupa las prácticas corporativas y presiona para que las empresas multinacionales tengan en cuenta sus responsabilidades en la defensa de los derechos humanos.

En el libro, la atrocidad de masacrar a trabajadores de paro es seguida por una plaga de amnesia. El pueblo entero de Macondo se olvida de la masacre en la que murieron 3,000 personas y nadie le cree al único sobreviviente. El fallo del 10 de junio es un golpe contra esa amnesia, que ahora llamaríamos impunidad.

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