Argentina, ¿un refugio de impunidad para los golpistas de Bolsonaro?

“Cuando alguien está enfermo, busca un médico; cuando hay sospechas sobre las urnas en una elección, sobre el sistema electoral, se busca a las Fuerzas Armadas”, fue la deducción que hizo Felipe Cortés Rivelli, un seguidor del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, de 33 años, cuando me contó, la noche del 31 de diciembre de 2022. Fue en medio de un campamento de cientos de bolsonaristas frente al cuartel general del Ejército en Brasilia que estaba exigiendo a los uniformados que impidan la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva unas horas más tarde. El monstruo se mantuvo debajo del agua para rugir la semana siguiente cuando, muchos de ellos, tomaron las sedes de los tres poderes. 

La anécdota teje un hilo desde entonces al presente y conecta a la capital brasileña con Buenos Aires. Este mes, el Supremo Tribunal Federal (STF), la corte suprema de Brasil, pidió al Gobierno argentino información sobre 143 condenados y acusados en el marco de las causas que investiga responsabilidades de quienes el 8 de enero de 2023 -una semana después de la asunción de Lula- invadieron los edificios públicos en Brasilia. El pedido lo hizo la Policía Federal brasileña, que estaba encargada de la investigación. Argentina respondió con la confirmación de que unos 60 de esa lista entraron al país. 

Sin embargo, tal como me confirmaron fuentes de la Embajada brasileña en Buenos Aires y de la Cancillería en Brasilia, se tiene ese listado porque quedaron registrados en los pasos fronterizos, pero se sospecha que podrían ser más, ya que algunos podrían haber sorteado controles de ingreso al país. ¿El objetivo? Pedir asilo político en un lugar al que miran con confianza por su  Gobierno libertario, afín al bolsonarismo. 

Pero las mismas fuentes del gobierno de Lula, que mantienen contacto con la administración de Javier Milei, descreen que este se juegue tanto, y según dialogué con el expresidente de la Asociación de Jueces para la Democracia de Brasil Marcelo Semer, si Argentina les da asilo sería “un desastre político”. Hablé también con la diputada Carla Zambelli, del mismo Partido Liberal que integra Bolsonaro -y cuya imagen fue viralizada antes del balotaje por apuntar con una pistola a unas personas en San Pablo argumentando que la habían atacado-, para preguntarle cómo ve las condenas judiciales a los seguidores del exmandatario.

Donde todo empezó

Quienes protagonizaron esa intentona golpista, en su mayoría, eran parte de las decenas de campamentos que los seguidores de Bolsonaro impulsaron frente a los cuarteles militares en distintos puntos del país desde octubre de 2022. Fue cuando el líder de ultraderecha perdió la elección contra Lula, y muchos de ellos confluyeron en diciembre y enero en Brasilia. Esas acciones fueron un operativo clamor hacia las Fuerzas Armadas para que tomaran el poder porque subyacía la sospecha -sin pruebas- de que había existido fraude electoral. Un fantasma que el entonces mandatario agitó incluso durante la elección que lo llevó al Ejecutivo en 2018. 

Seguidores de Bolsonaro acampan frente al cuartel general de las FFAA en Brasilia la noche del 31 de diciembre, a horas de la tercera asunción de Lula, con banderas de Brasil con la inscripción #BrazilWasStolen (“Brasil fue robada”). Foto: DL

“Mañana será el día de nuestra victoria”, decían aquella noche de diciembre en la que convocaban a movilizarse a las 9 de la mañana del día de la asunción del 39º presidente de Brasil. Pero como Brasilia se había inundado de una marea roja -los seguidores de Lula, vestidos del color del Partido de los Trabajadores (PT), literalmente tiñeron la capital diseñada por Oscar Niemeyer- los bolsonaristas fueron superados en número y tuvieron que esperar. Sus carpas siguieron una semana más formando un trenzado con los árboles que estaban frente al cuartel general, donde esperaban con bolsas de dormir, mesas y sillas plegables, parrillas portátiles y escenarios improvisados. Estaban apenas a unos 6 kilómetros de la Catedral Metropolitana, desde donde partió la caravana de Lula camino a su tercera jura presidencial. 

El 8 de enero de 2023 se conoció como “la toma del Capitolio a la brasileña”, pero en este caso tuvo agravantes, ya que fueron atacadas las sedes de los tres poderes y no solo la del Ejecutivo. Pero la suma de los dos episodios, que tuvieron la misma tónica de desconfianza al sistema electoral -uno los elementos más básicos de la democracia representativa (sí, ya rotos en varios frentes)- más que trasladar la mirada hacia atrás, hacia el 6 de enero de 2021 en Washington, tiene que llevarnos hacia adelante por su potencial simbólico: habilitaron a que muchas personas puedan imaginar una foto similar en cualquier parte del mundo. Seguro alguien, en algún lugar de Argentina, proyectó en su cabeza una toma de la Casa Rosada, el Congreso y los Tribunales. 

Argentina, ¿”refugio de la impunidad”?

La espuma del tema de los prófugos bolsonaristas subió no solo por el pedido de información del país vecino, sino también por una serie de notas periodísticas que ya señalaban que algunos de estos prófugos habían “sido localizados por las autoridades argentinas” y que “ninguno de ellos pasó los controles de inmigración”. Además, el portal UOL publicó una entrevista a dos de esos militantes pro-Bolsonaro que habían hecho los periodistas brasileños Amanda Cotrim y Eduardo Militão frente a la Casa Rosada en abril. Argentina le había otorgado permiso de permanencia provisoria en el país. 

Luiz Fernandes Venâncio, de 51 años, y Marco Antônio Iglesias Simal, de 31, fueron acusados por el Ministerio Público Federal de acampar frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia «incitando públicamente a la animosidad de las Fuerzas Armadas contra los Poderes Constitucionales». Fueron detenidos al día siguiente de la intentona golpista y ambos niegan haber entrado o saqueado los edificios de los tres poderes el 8 de enero. Dijeron que llegaron a Argentina en marzo y el primero declaró haber roto su tobillera electrónica para salir de Brasil.

Los prófugos Simal y Venancio, mostrando un documento de residencia provisional en Argentina. Foto: gentileza de Amanda Cotrim/UOL

Mientras tanto, el vocero presidencial argentino, Manuel Adorni, se mostró desinformado el martes en conferencia de prensa y a pesar de que ya lo habían consultado al respecto, no buscó estar al tanto. “Hablé con la ministra [de Seguridad, Patricia Bullrich] la semana pasada sobre ese tema y todavía no… yo, no tengo la información actualizada a hoy. Hasta la semana pasada esa información no la había… No la habíamos recibido”, dijo Adorni respondiendo a la periodista brasileña Sylvia Colombo sobre si Argentina recibió el pedido de información de parte de Brasil. A esa altura, la demanda de información no solo ya había llegado al país, y la entrevista de UOL llevaba días replicada por medios argentinos, sino que además, al día siguiente, los medios brasileños confirmaron que Argentina ya había respondido. Recién en una entrevista que hizo después de la conferencia de prensa al canal STB, dijo estar al tanto. 

El paso que sigue es saber cuántos de los que llegaron al país pedirán asilo político, un procedimiento que se tramita ante la Comisión Nacional para los Refugiados de Argentina (CONARE). Sin embargo, se trata de información que no están obligados a hacer pública, dada la sensibilidad de estos pedidos, en cualquier caso. Los números de cuántas personas ya habrían hecho la solicitud a la CONARE van desde 78, según informó UOL, hasta los cerca de 100, según medios argentinos. Insisto, no es posible confirmarlo porque el organismo aduce proteger los datos de los solicitantes de asilo. 

“Hay una preocupación en el gobierno argentino: si la CONARE le da refugio a algunos, otros miles van a intentar lo mismo”, me señaló en off una fuente diplomática brasileña. Es una bomba en las manos del Gobierno de Milei, quien sí debería responder a la justicia brasileña en caso de que esta solicitase la extradición de los prófugos, en función de los acuerdos bilaterales. Un paso que aún la corte brasileña no dio, pero que se espera que suceda. 

El tema del asilo político y la extradición son el meollo de la cuestión. Por un lado, Argentina y Brasil, como parte del Mercosur, tienen acuerdos de extradición -si bien Bolsonaro y el expresidente argentino Mauricio Macri también firmaron un acuerdo complementario en 2019, este todavía sigue en el Congreso– que están vigentes y esto implicaría que, si la justicia brasileña lo requiriera, Argentina debería responder. 

Pero si miramos al detalle la legislación del bloque regional hay excepciones. “No se concederá la extradición por delitos que el Estado Parte requerido considere políticos”, señalan los países del bloque en un acuerdo de 1998. De todos modos, aclaran que “a mera invocación de un fin o motivo político, no implicará que éste deba necesariamente calificarse como tal” y tipifica los casos que quedan excluidos de la categoría. Acá se abre una disputa interpretativa, que daría una ventana a los prófugos. Además, esta idea de que en realidad se trataría no de delincuentes, sino de “perseguidos políticos” que necesitan recibir una amnistía, la profundizó el diputado e hijo del expresidente Eduardo Bolsonaro durante un acto en el Congreso argentino, donde fue invitado por La Libertad Avanza. Lo cuenta Sebastián Rodríguez Mora acá.

La diputada bolsonarista Carla Zambelli me dijo que más allá de los pocos que pudieron romper sus tobilleras electrónicas, el juez de la corte suprema, Alexandre de Moraes, “empezó a detener y poner en la cárcel a otras personas que estaban bien. Por ejemplo, hay un señor en la cárcel ahora que está con un cáncer terminal ¿Por qué no dejarlo con la familia? Va a morirse. Y tantas otras personas que están buscando y poniendo de vuelta en cárcel que no estaban pensando en huir ni nada. Entonces lo que pensamos es que esto es un abuso de poder”. 

Para ella, además hay personas condenadas que “ni siquiera estaban adentro de los predios” de los tres poderes en Brasilia. Como me nombró distintos casos en los que consideraba que estaban siendo perseguidos o mal juzgados, le pregunté si opinaba que todos los que participaron de los actos de 8 de enero no debían ser juzgadas. Me dijo que ella no creía eso. “Yo pienso que tienen que ser juzgados, pero hay un término en las leyes brasileñas que es la individualización de las penas. O sea, que ellos allí no eran una organización, no era un bloque de personas que se conocían. Hay gente que no entró a los edificios y ha roto cosas y estos sí tienen que ser tratados como vándalos. Pero hay gente, por ejemplo, que entró y hay videos de gente que fue condenada a 17 años de prisión, pero ellos estaban adentro diciendo a los demás que no hagan eso”. 

Pero el argumento de que se trata de perseguidos políticos es ampliamente rechazado.  “Lo del 8 de enero de 2022 no fue ningún tipo de manifestación o exposición de ideas. Fue la destrucción de los edificios del poder público con la expectativa de que las FF. AA. serían llamadas para poner orden, mientras había una presión enorme de Bolsonaro sobre los militares para dar un golpe. Querían derrocar al gobierno y suprimir la democracia a través de la intervención militar. Puede que su propósito fuera político, pero sus acciones fueron sencillamente criminales”, me dijo Marcelo Semer, expresidente de la Asociación de Jueces para la Democracia de Brasil.

El autor de libros como “Las paradojas de la justicia» y “Dos caras, la novela del Brasil de la Lava Jato”, me dijo que “la única posibilidad de que Argentina rechace la extradición es que conceda asilo político a los fugitivos” pero que “políticamente, esto sería un desastre, entre otras cosas porque el propio gobierno de Milei está sufriendo un enorme volumen de manifestaciones” y se preguntó: “¿Qué señal estaría dando al país si protegiera a vándalos y golpistas?”. Además, estimó que “desde el punto de vista diplomático también sería una afrenta” porque si bien no se puede prohibir al país que no conceda asilo, “la imagen de Argentina como refugio de la impunidad la dejaría en mal lugar, incluso en la lucha contra el terrorismo”.

Patear la pelota hacia adelante

En paralelo a esa ventana, los prófugos apelan a otra para ganar tiempo. La explicó muy bien acá uno de los bolsonaristas que invadió la sede de los tres poderes: “A partir del momento en que pedís un asilo político, nadie más te puede tocar (…) Hasta que el pedido sea aceptado o no por el país, estas bajo protección de ese país”, dijo. Y para llevar más tranquilidad a quienes dijo que lo consultan, aseguró: “No hay plazo legal para que tu proceso sea evaluado”. Por eso, trató de tontos a aquellos prófugos que están en Argentina que no pidieron el asilo y los alentó a hacerlo “lo más rápido posible”. 

La mayoría de los prófugos estaban en medio de procesos judiciales -algunos con condenas apeladas- pero se mantenían en libertad. Al haberse escapado, sólo complicaron su situación, ya que de ser capturados deberán aguardar sus sentencias en prisión, me explicó Semer. La justicia de Brasil también debe investigar cómo es que tantas personas lograron romper sus tobilleras o evadir los controles que recaen sobre una persona en proceso judicial. Así como las autoridades de los dos países tienen que explicar la falta de controles en los pasos fronterizos.

El militante pro Bolsonaro exculpó a Milei por haber enviado la lista de los prófugos a la justicia brasileña: “No significa que van a ser deportados o que los van a entregar a la dictadura brasileña (sic) esto es normal porque son acuerdos internacionales firmados por los dos países que deben ser cumplidos, y como saben, nosotros en la derecha velamos por la ley y el orden exactamente como hace nuestro querido Milei en Argentina”.

Las mismas fuentes diplomáticas brasileñas que mencioné antes me señalaron este último como un paso al que podría apostar Milei. Descreen que la CONARE vaya a conceder asilo, pero pueden estirar los procesos sin decidir formalmente. Esto sería porque los prófugos ya tienen la condición de asilo provisorio, pero se ahorraría “el costo político de conceder asilo”.

¿Hasta dónde tirará de la soga el Gobierno de Milei? ¿Pondrá las manos en el fuego por decenas de prófugos dejando que mañana otros tantos pidan el mismo reparo?

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