Zoom a las prepagas: cartelización, diálogo roto y la pelea de fondo por el negocio

Qué cambió para que un gobierno encabezado por un dogmático de la libertad de mercado, que impulsó un DNU que desreguló la actividad, decidiera intervenir en los precios que imponen las empresas.

La avanzada del Gobierno contra un grupo de empresas de medicina prepaga tiene distintos pliegues. Por un lado, la política de precios “micro” del gobierno libertario que no regula pero busca acomodar a los actores al objetivo de bajar la inflación. Por otro, encuestas que le dan al Ejecutivo un enemigo común con la clase media, al que pueden corporizar en una figura pública. Por último, una pelea sectorial en el mercado de la salud, que tiene en un rincón del ring a las grandes prepagas y, enfrente, a los sanatorios prestadores. Estos últimos ganan peso bajo el ala de Mario Lugones, una figura que concentra los temas vinculados a la salud de la administración libertaria. Su hijo, Rodrigo, es socio de Santiago Caputo.

Este miércoles, la Secretaría de Industria y Comercio, al mando de Juan Pazo y Pablo Lavigne, dispuso regular los precios de un grupo de empresas por seis meses. Se valió de una resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). En tiempo récord para un organismo que suele emitir opiniones muy rumiadas, aceleró una denuncia de diputados de la Coalición Cívica por supuesta cartelización en los aumentos de enero. 

La denuncia tenía argumentos sólidos. Las empresas apuntadas (Galeno, Swiss Medical, OSDE, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé y Omint) aumentaron, en enero, prácticamente lo mismo: entre 39,8 y 41,8%. En entrevistas previas, el ahora expresidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), Claudio Belocopitt, había anticipado incrementos del orden del 40%. La UAS y su titular hasta este lunes también fueron denunciados. Pero otras compañías que mandaron a sus afiliados aumentos similares no están en el expediente. Lo mismo ocurrió en febrero, con subas de entre 25,5 y 29%, en marzo (entre 17 y 23%), y en abril (entre 15 y 19%).

El grupo de compañías señaladas (solo ellas) deberá facturar, en mayo, la inflación acumulada desde el 1 de diciembre. Es decir, en torno al 90% acumulado, contra cargas que subieron entre 150 y 165%. Hay dudas sobre la retroactividad: la CNDC no tiene facultades para obligar a las empresas a devolver el dinero cobrado de más. Un recurso de amparo de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) busca que la Justicia lo haga. El amparo judicial es más amplio. Alcanza a otras prepagas, como Luis Pasteur, Sancor, Prevención y Hominis. Esta última es el plan de salud del sanatorio Güemes, que preside Lugones. En este caso, el Gobierno sí pidió retrotraer las subas y que las empresas devuelvan la diferencia.

El origen

El inicio de esta extraña guerra entre un gobierno libertario de un presidente dogmático con la libertad de mercado y las empresas que suben precios está en el DNU 70/23. La norma le quitó potestad a la SSS para regular los precios de la salud privada. Hasta entonces, las compañías debían informar los costos a la autoridad regulatoria y esta debía fijar incrementos coincidentes con esos costos. No ocurría. En el último año, según las prepagas, la brecha entre costos y tarifas superó el 60%, en parte por la fuerte suba de medicamentos, que siguió su curso durante la gestión de Javier Milei.

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Y vino el deshielo. El 21 de diciembre, en Radio con Vos, Belocopitt dijo: “Nos vamos a juntar entre todos, primero porque tenemos que definir prácticas para salir de una situación que es extremadamente alarmante de manera ordenada”. Y anticipó que “el aumento promedio para amortiguar parcialmente los impactos que tenemos va a estar entre 40 y 50%”. Con esa y otras notas periodísticas, la CC inició la denuncia. Pero también actuó el Gobierno, según reconstruyó Cenital de fuentes del sector privado. Lugones pidió a sus colegas, ahora como portavoz libertario, dosificar las subas. Güemes incrementó sus cuotas en línea con sus competidores. 

Un detalle más sacudió los bolsillos. El gobierno de Alberto Fernández tenía un régimen diferencial para algunos usuarios de prepagas, que podían pedir a Salud que su cuota no aumentara más que el índice de salarios. Ese régimen también cayó y la cuota, de golpe, subió más de ese 40% definido.

Cuando Luis Caputo anticipó su descontento contra las subas acumuladas en los últimos meses, las empresas buscaron negociar, siempre vía Lugones. Iniciaron conversaciones para aumentar en mayo y congelar, luego, por dos meses, durante junio y julio. Serán los meses más duros de los aumentos de tarifas de los servicios públicos. Pidieron que el Gobierno les ayude a moderar costos: insumos médicos, servicios y salarios. 

Según los privados, había principio de acuerdo hasta el miércoles pasado. Ese día, relatan, Lugones levantó una reunión antes del último apretón de manos. A última hora, las empresas recibieron intimaciones para presentar, en 48 horas, los costos de sus planes y los aumentos que habían aplicado. Las compañías ya habían empezado a comunicar a sus afiliados el incremento de mayo. Güemes iba a subir otro 13%, o dos puntos más que el IPC de abril. Pero el jueves retrotrajo la suba. El viernes comenzó a trascender que el Gobierno avanzaría con la denuncia de la CNDC.

La pelea de fondo

El sistema privado de salud atiende a 33 millones de personas, pero el “mundo prepagas” está acotado a unos 6 millones de usuarios. El resto son afiliados a obras sociales y a la más grande de todas: el PAMI. De los seis millones de clientes de las prepagas, unos 4,5 millones derivan aportes de sus obras sociales o tienen convenios corporativos y 1,5 millones son usuarios “puros”. De estos últimos, unos 200.000 se caen del sistema por no poder pagar.

“Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media”, tuiteó Caputo el 8 de abril. Belocopitt respondió esta semana, en LN+: “Pagan medicina prepaga de bolsillo, aproximadamente, 1,2 millones de personas, porque al resto se lo pagan las empresas. Si al ministro le parece que le declaramos la guerra a la clase media, yo le preguntaría al resto que no paga si siente que la declaración de la guerra es nuestra”. Aclaración: a los que derivan aportes también les subió la cuota, porque sus salarios crecieron mucho menos que el costo del plan de salud.

Cuatro grandes jugadores se reparten buena parte del mercado: OSDE, Swiss Medical, Galeno y Sancor. Por otro lado, hay prestadores con sus propios planes de salud, algunos vinculados a sindicatos. Uno de ellos es el Güemes. “En el acuerdo sobre cómo pasar los costos a la cuota, también estuvieron los prestadores”, aclara (o complejiza) una fuente del sector que participó de la discusión. Por eso, sus planes de salud aumentaron en línea con las prepagas grandes.

Lugones llegó al universo libertario de la mano de José Luis Barrionuevo, pero se quedó y comenzó a asesorar al jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Un consejero en las sombras que nunca fue nombrado, pero que es el interlocutor con las prepagas y que, además, es secretario de la Federación de Prestadores de Salud. Esta representa a los sanatorios en la puja con las prepagas por el reparto de la torta. Las clínicas se quejan reiteradamente de que las prepagas, cuya cabeza visible es Belocopitt, no trasladaban todos los incrementos a sus prestaciones. 

Fuentes que participaron de esas disputas sugieren que, ahora, buscan invertir la relación de poder y que sean los sanatorios los que definan el vínculo entre los actores del sistema. Acá es donde se mezcla todo. Belocopitt estuvo en el ojo de la “trollera” de Santiago Caputo, el socio del hijo de Mario Lugones. Es un enemigo cómodo para el Gobierno, que ve en las encuestas la poca simpatía que genera en la clase media la suba de las prepagas. Pero los actores que llevan adelante esa cruzada -que poco tiene de libertaria- están, a su vez, cruzados por sus propios intereses corporativos.

Las empresas acatarán la norma de la CNDC y esperan el fallo de la justicia. Como siempre, advierten que puede colapsar toda la salud privada. No solo las prepagas, sino también las clínicas. Dicen que buena parte de ese 150% de aumento acumulado ya se trasladó a los prestadores y que ahora deberían volver atrás con las tarifas, para acomodarlas al 90% permitido.

También se preguntan por qué tanta celeridad con las prepagas, que aumentaron menos que los combustibles y las telecomunicaciones. Son dos sectores que también están concentrados y que suben todos los meses por encima de la inflación. Quizás sean las próximas batallas de Milei y Caputo, los libertarios más locos del mundo.

Otras lecturas:

«Con el FMI encima, Caputo pasa la gorra en EE.UU: ¿quién pone los U$S 15.000 millones?» Por Esteban Rafele.

Periodista especializado en Economía. Pasó por La Nación, Bae, El Cronista y TN. Actualmente es columnista en Mejor País, en Radio Con Vos.