Una bancada de diputadas indígenas y feministas para reconstruir la resistencia

El año en que Bolsonaro fue electo presidente de Brasil comenzó con el asesinato de Marielle Franco y de su chofer en Rio de Janeiro. Franco era una concejala mujer, negra, lesbiana y favelada que investigaba y combatía a las milicias en la ciudad más violenta de Sudamérica. Bolsonaro, que fue investigado por sus vínculos con los autores del crimen y dedicó su mandato a subestimar las pautas raciales y de género con el argumento de que somos todos iguales, fue especialmente en contra de negros e indígenas. Marielle se convirtió en el símbolo de los que luchan por recuperar un Brasil más justo e inclusivo. En la campaña de 2022, eso se manifestó en diversas articulaciones que militaron candidatas mujeres negras, indígenas y trans para ocupar bancas en el Legislativo, con la premisa de que el feminismo popular tiene la potencia de subvertir el orden establecido. De las 513 bancas de la Cámara de Diputados, hoy 436 están ocupadas por hombres; no hay cupo femenino ni reglas que garanticen representación étnico-racial. En uno de los países más diversos del mundo, el Congreso tiene cara de hombre blanco.

En ese contexto, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) coordinó una campaña nacional para “Aldear la política”. Fue la primera vez que una bancada indígena disputó las elecciones de forma coordinada en todo el país a partir de la designación de sus organizaciones de base: 12 candidatos a diputados federales, 18 a diputados estaduales, representando a 20 estados. La campaña no recaudó fondos, pero diseñó la estrategia general, orientada a visibilizar la presencia indígena en todo el país, destacando la potencia cultural de los saberes tradicionales más allá de las denuncias de violencia. A fin de cuentas, Brasil es tierra indígena. Fue fundamental para dar visibilidad a las problemáticas que atraviesan. El número de candidatas indígenas casi se triplicó en dos elecciones: fueron 29 en 2014, y 85 en 2022, considerando todos los niveles de gobierno. En 2018, Joenia Wapichana fue la primera mujer indígena electa como diputada federal por el estado de Roraima (RR). Ese año, Sônia Guajajara fue la primera en integrar una fórmula presidencial acompañando la candidatura de Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Ahora resultó electa diputada federal, y a partir de enero de 2023 asumirá el legado de su antecesora.

Joenia Wapichana estudió abogacía; en cuanto se recibió, sus parientes la llevaron a trabajar al Consejo Indígena de Roraima (CIR) donde montó el departamento jurídico. Emergió como figura política en la lucha por la demarcación de la Tierra indígena Raposa Serra do Sol, que en 2008 la llevó a ser la primera abogada indígena en manifestarse ante la Corte Suprema. Dijo que era la primera diputada indígena, pero no quería ser la última.

La lucha por la demarcación de la Tierra indígena Raposa Serra do Sol es un caso paradigmático. A partir de la sentencia judicial que homologó la demarcación, hay sectores que fuerzan una interpretación según la cual sólo podrían demarcarse aquellas tierras ocupadas hasta el momento de la sanción de la Constitución, en 1988. Esa es una de las principales batallas del movimiento indígena a nivel legislativo. En 2019, frente a la “declaración de guerra” del gobierno Bolsonaro, fundaron el Frente Mixto Parlamentario en Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas, integrado por 219 diputados y 29 senadores. Ahora, avanzan en la formación de líderes que, visibilizados a partir de la campaña indígena, puedan ocupar cargos de gestión. Existe la perspectiva de creación de un Ministerio de Pueblos Originarios en caso de que Lula resulte electo presidente en la segunda vuelta.

Sônia Guajajara creció en el estado de Maranhão. Hija de padres analfabetos, recibió asistencia de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) para cursar el secundario, y luego se formó en Letras, Enfermería y Educación Especial. Su militancia ambiental de base la proyectó como líder indígena frente al Congreso y ante instancias internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las Conferencias Mundiales del Clima (COP) o el Parlamento Europeo. La decisión de presentarse como candidata en San Pablo fue una estrategia para visibilizar las demandas en el distrito más importante del país, dónde están radicadas las empresas que hacen circular su dinero por los territorios indígenas. En mayo, fue incluida dentro de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time. Se propuso transformar ese reconocimiento en capital a favor del respeto de los derechos y modo de vida indígenas, y trabajar junto a las otras diputadas indígenas y feministas para resistir en el Congreso “a la poderosa bancada ruralista”. Una investigación de Repórter Brasil mostró hasta qué punto son empresarios del agronegocio los que financian a las bancadas ruralistas y armamentistas, implicadas en el desmonte de la política socioambiental y el genocidio indígena.

Célia Xakriabá es la otra diputada indígena que integrará la “bancada del Cocar”, denominada así por el nombre que llevan los tocados de plumas que usaron durante la campaña y que piensan llevar al Congreso, como una política de jerarquización identitaria, anti-racista. Celia es del del norte de Minas Gerais (MG), cursa el doctorado en Antropología de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fue asesora de la diputada federal Áurea Carolina durante su mandato en Brasilia, a quien ahora irá a sustituir. “Estamos llegando con la fuerza del Cocar para hacer una política diferente, con la pintura del urucum y del jenipapo”, dijo, en referencia a los frutos con los que pinta su cara y su cuerpo.

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En 1910, el mariscal Rondôn condujo el trabajo de tender las líneas del telégrafo a través de la Amazonia y se encontró con comunidades indígenas que hasta entonces no habían sido contactadas. Fundó el Servicio de Protección al Indio (SPI), que marca el inicio de la política indigenista brasileña. Antropólogos europeos como Claude Lévi-Strauss o Roger Bastide, exiliados de la Segunda Guerra Mundial, hicieron su carrera en Brasil y desde entonces ese territorio es referencia en materia indigenista. A partir de 1964, la dictadura se propuso “desarrollar” la Amazonia, y para eso construyó rutas, represas hidroeléctricas, aeropuertos y emprendimientos mineros como Carajás o Serra Pelada. Los planes de desarrollo que resultaron en un genocidio indígena que despertó la indignación mundial, derivaron en la creación de la organización Survival International y la instalación de la cuestión indígena en la agenda internacional. En la década de 1980, conocida como la “década de la destrucción”, el avance de la industria maderera y de las hidroeléctricas sobre la Amazonia afectó la reputación de organismos como el Banco Mundial, que financiaban esos proyectos. Entonces, comenzaron a exigir la realización de estudios de impacto ambiental y consultas previas a pueblos indígenas y comunidades tradicionales. Desde entonces, la política ambiental brasileña también es una referencia internacional, de la mano de la cuestión indígena. Cuando Bolsonaro se refiere a no demarcar más tierras indígenas o a terminar con el “activismo ambiental xiita” se está refiriendo a lo mismo: a garantizar los intereses del gran capital, aun cuando el costo sea pasar por encima de los propios brasileños y el pulmón del planeta.

La Constitución de 1988 reconoce el derecho de las poblaciones indígenas a su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, pero, por sobre todas las cosas, les reconoce el derecho originario sobre las tierras que ocupan, el usufructo exclusivo de las riquezas del suelo, los lagos y los ríos. Para eso, el gobierno nacional debe conducir los procesos de demarcación de tierras indígenas, lo cual entra en conflicto con empresas mineras, mineros artesanales o garimpeiros, usurpadores de tierra, madereros, agentes del agronegocio y otros que presionan para expandir la frontera hacia el interior de la Amazonia. Durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso se homologó la demarcación de 145 tierras indígenas; Collor de Mello homologó 121; Lula, 79, y Dilma Rousseff, 21. Entre 2016 y 2018, después del impeachment, no se firmó ningún decreto de delimitación de tierras indígenas y el presupuesto de la agencia indigenista fue reducido en mayor proporción a la de otros órganos públicos, lo cual se agravó durante el gobierno de Bolsonaro. Algo parecido sucede con las comunidades tradicionales, como los quilombos, donde viven descendientes de poblaciones negras esclavizadas. Sus territorios son protegidos por el artículo 68 de la Constitución Federal, pero los trabajadores públicos denuncian el desmonte de la política de regularización territorial a partir de la transferencia del organismo responsable al Ministerio de Agricultura, en manos de los ruralistas.

Recientemente, frente a la parálisis y creciente judicialización de los procesos de demarcación, el movimiento indígena optó por asumir un protagonismo activo a través de lo que se conoce como “retomadas”, la ocupación de los territorios por cuenta propia. Los conflictos se manifiestan con violencia. El informe anual del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) sobre violencia contra los pueblos indígenas de Brasil reveló que en 2021 aumentaron las invasiones y ataques contra comunidades y líderes. Los asesinatos del indigenista Bruno Pereira y el periodista inglés Dom Philips fueron la cara visible para la comunidad internacional de una realidad de violencia explícita que se acentuó en los territorios durante los últimos seis años: casos como los de la invasión de tierras tradicionales por empresarios, como los productores de aceite de palma, en Pará; la violación y asesinato de una niña Yanomami de 12 años en la comunidad Arakaça, en mayo, en Roraima; o la masacre de Guapoy, en junio, en Mato Grosso do Sul, se repiten cada mes. La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) que registra cada año los conflictos en el campo, registró que la cantidad de asesinatos en el primer semestre de 2022 supera el total de muertes registradas en el año entero de 2021. Fueron 32 muertes el año pasado y hasta septiembre de 2022 ya eran 36. El último informe de la organización británica Global Witness, que desde hace diez años releva mundialmente los homicidios de activistas ambientales, registró 342 asesinatos en Brasil durante la última década. Una de cada tres víctimas era afrodescendiente o indígena y el 85% de los ataques ocurrió en la Amazonia. “Dicen que es mucha tierra para poco indio, pero nosotros decimos que es mucha lucha para poco indio”, dijo Sonia Guajajara en un video en el que reflexionó sobre lo que representa su candidatura.

Joenia Wapichana no consiguió la reelección, pero junto con los otros 27 candidatos forma parte de una política de formación de líderes conducida por APIB, que pretende que los indígenas ocupen cada vez más lugar en la política institucional, para que las decisiones sobre ellos no se tomen sin ellos. Entre las novedades de esta elección también se encuentran dos diputadas federales trans —Duda Salabert (PDT-MG) y Erika Hilton (PSOL-SP), con posibilidades de que también entre Robeyonce Lima (PSOL-PE)— que asumen con la misma intención de articularse al feminismo popular y fortalecer la resistencia en el Congreso Nacional.

Frente al gobierno de Bolsonaro, el líder indígena Ailton Krenak acuñó una frase que ya repitió varias veces de distintas formas: “Somos indios, resistimos hace 500 años. Lo que me preocupa es si los blancos van a resistir”. El resultado de las elecciones generales de 2022 dejó una sensación de desconcierto en la mitad de la población brasileña, que creía estar plebiscitando la democracia y se encontró con que para la otra mitad del país ese no parece ser un problema. La hora demanda lecturas sinceras del escenario y estrategias políticas que consigan romper con esa polarización infranqueable que ya avaló un golpe institucional y acabó en la desarticulación del sistema político de la redemocratización. Podría ser la hora de inspirarse en este colectivo que, frente al poder brutal que se desplegó sobre sus comunidades, encontró la forma de resistir a partir de la articulación de las organizaciones de base, pensando fuera de la caja y haciéndose un lugar en Brasilia por primera vez en la historia, justo cuando el contexto les es más adverso. O quizá por eso.