Te cura o te mata

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Los primeros anuncios de Sergio Massa dieron cuenta de una realidad extremadamente incómoda para todos los accionistas del Frente de Todos y, también, para la ciudadanía. Aún con su carácter provisional -el propio Massa fue enfático en que no se debería esperar de las medidas efectos mágicos y señaló que el paquete es apenas el de una primera batería-, las iniciativas dan cuenta, en lo explícito y en lo implícito, de un ajuste más profundo que el anunciado durante el corto paso de Silvina Batakis y -va de suyo- mucho más hondo que el que le fue permitido concebir y anunciar a un Martín Guzmán que durante el primer semestre supervisó un aumento real del gasto público que la consultora PxQ ubica en su último informe en el 11%. La incomodidad no es sólo ideológica: el mayor ajuste significa que habrá un universo mayor y más diverso de afectados y, posiblemente, un camino a la recuperación más largo y complejo, al tiempo que ratifica que el desafío más importante que observa en el horizonte es la pérdida de reservas con el riesgo de una inflación salida de control. Las consecuencias del diagnóstico no son menores. En los Estados Unidos, los economistas de izquierda y centroizquierda que sostienen hoy que el principal desafío de su país es enfrentar y bajar la inflación atípicamente alta que enfrentan, aceptan -desde la honestidad intelectual- que hacerse caso de esa prioridad significará afectar tanto la recuperación del poder adquisitivo como los niveles de empleo. Tanto en lo dicho como lo no dicho por Massa la última semana dio cuenta de la urgencia de las necesidades que se avecinan.

Los ejes fiscales y de emisión monetaria anunciados buscan evitar una mayor salida de dólares que, a pesar del cambio de expectativas que significó su propia llegada para los tipos de cambio paralelos, siguieron drenando. Las reservas brutas del BCRA disminuyeron en cerca de 5 mil millones de dólares en poco más de un mes -de 42 mil a 37 mil millones- y las netas cayeron desde alrededor de 5 mil millones a poco más de mil, con pérdidas de 700 millones solo en la última semana. La inflación de julio medida por la Ciudad de Buenos Aires fue del 7,7%, un guarismo que muy difícilmente sea mucho más alentador en el resto del país, lo que dificulta además la defensa ordenada del tipo de cambio real en los niveles actuales, ya que una caída de la nominalidad, gradual y ordenada, en esos valores, aparece casi imposible. La perspectiva de una devaluación que achique la brecha supone una capacidad de controlar tanto su alcance como sus efectos, escenario que hoy es absolutamente incierto. El Kicillof de 2014 y el Massa de 2022 no se diferencian en la disposición a aceptar un ajuste inevitable sino en las condiciones en que se realiza. Mientras la inflación de aquel entonces era del 29% acumulado anual y el salario en dólares el más alto de Latinoamérica, la de agosto de 2022 se ubicaría por encima del 70% con un Banco Central sin reservas, una tasa de interés real en pesos que debería viajar desde valores negativos del 1,3% a valores fuertemente positivos, una brecha cambiaria del 117% y el poder de compra de la gente y en consecuencia su humor social en pisos intolerables.

La quita de subsidios adicional anunciada para todos aquellos consumos eléctricos mayores a 400 KWh por mes constituye tal vez la medida de ahorro más significativa entre las anunciadas por el nuevo ministro. El cambio de afectación -que ahora alcanzará al 50% del consumo total de electricidad- significará un ahorro que la consultora PxQ calcula en 1.500 millones de dólares adicionales a los 1.000 millones que preveía la quita de subsidios al 10% de hogares de mayores ingresos. En conjunto, las medidas supondrán un ahorro muy significativo, del 0,5% del PIB. La estrategia detrás de las medidas supone que, de obtener algún resultado en reforzar reservas y mejorar el resultado de las cuentas públicas, las condiciones para evitar -o incluso para administrar- una devaluación serían menos inasumibles.

La pregunta de la consultora de Emmanuel Agis en su último informe sobre las posibilidades de una devaluación “administrada” son pertinentes. El informe realiza el ejercicio de proyectar los resultados de un deslizamiento al alza-como alguna vez patentó un jefe de Gabinete- del 50% del valor del tipo de cambio oficial. Las previsiones son complejas. La inflación anual se ubicaría en doce meses en valores de tres dígitos (113%) y la brecha se mantendría en el 70%, en torno a los valores que surgen de sumar los impuestos y adelantos que existen en pagos con tarjeta y dólar ahorro. La caída del PIB sería de entre 1,2% y 1,6% anual y la recuperación tardaría en comenzar entre 9 y 12 meses, un plazo que se adivina imposible, dado el calendario electoral.

Ante esta alternativa que de todas maneras podría no alcanzar a evitar, la estrategia de Massa parece entonces enfocada en mejorar el punto de partida, antes de intentar la reducción de la brecha. No es cuestión de suspicacia ver en los anuncios de un refuerzo fijo de ingresos para los jubilados y un fortalecimiento para aquellos trabajadores asalariados que ganan entre 50 y 150 mil pesos un intento de evitar que se salgan de control las paritarias. Atender las situaciones más urgentes y poner límite a la carrera de precios y salarios. Del mismo modo deben interpretarse los anuncios en materia fiscal y de funcionamiento del Estado, donde se reiteró el límite al gasto público en personal no sólo en la administración central sino en los organismos descentralizados y empresas públicas, se prohibió el gasto financiado por adelantos del Banco Central y -una vez más- se ratificaron las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional del 2,5% de déficit para fin de año, lo que da cuenta de una ejecución del presupuesto que, casi con seguridad, no habrá de alcanzarse. Lo más importante, sin embargo, sucedió en el área de Energía, donde el gobierno anunció una quita de subsidios mucho más abarcativa que la segmentación original, y un cambio profundo de nombres que, hasta el momento, había sido imposible.

La salida de Darío Martínez y Federico Basualdo de la Secretaría de Energía es reveladora, también, por su reemplazo. La salteña Flavia Royón, ingeniera industrial y, hasta su nombramiento, ministra de Minería y Energía de su provincia, llega con un perfil fuertemente favorable a las inversiones privadas. Durante su gestión, se consolidó como el segundo destino de inversiones mineras a nivel nacional, impulsando varios de los grandes proyectos de litio en construcción. En una entrevista de febrero con la revista digital Misión Productiva, Royón señalaba como pilares para el desarrollo de la actividad minera la “seguridad jurídica” y la “previsibilidad” ligada a la rentabilidad de las compañías, al tiempo que cuestionaba los resultados productivos de modelos como el boliviano, donde la legislación acordó un lugar protagónico -y durante mucho tiempo exclusivo- para el Estado y la producción se mantiene en niveles marginales.

El equipo que acompañará a Royón lo completan Santiago Yanotti -reconocido primero por su trabajo en el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Publicos Provinciales de Tucuman (ERSEPT) y luego en la mayorista estatal Cammesa desde donde conoce de primera mano los problemas del mercado eléctrico y a quien Darío Martínez quería para el rol que cumplirá ahora en los albores de su gestión- que reemplaza a Federico Basualdo como subsecretario de Energía Eléctrica; la abogada Cecilia Garibotti -una especialista en derecho público y cuestiones regulatorias con estudios de posgrado en la Universidad de Stanford- como subsecretaria de Planificación y a Federico Bernal, ex interventor del Enargas, como subsecretario de Hidrocarburos.

El caso de Bernal es curioso. En el gobierno dicen que hace como el tero: con una prédica de barricada, el inquieto Bernal era el elegido por algunos de los empresarios del sector. Este integrante del Instituto Patria fue, durante su paso por el ente regulador, el principal opositor al Plan Gas.Ar, que evitó que la crisis energética desatada por la guerra en Ucrania tuviera consecuencias mucho más abarcativas para las cuentas fiscales y externas argentinas. Decía en su momento que el Plan que asignaba un valor de 3 dólares al millón de BTU era demasiado generoso con las empresas. Las importaciones cuestan entre 3 y 10 veces ese valor. Una desatención producida por Totalcoin. No serán los únicos cambios: Massa deberá nombrar al reemplazante de Bernal en ENARGAS y tiene decidido también desplazar a las conducciones del ENRE y Cammesa.

Quien continúa en su cargo es la secretaria de Minería, Fernanda Ávila. En el último viaje a Catamarca, Alberto Fernández se comprometió con Raúl Jalil sobre este punto. Sáenz insistía en reemplazarla por Royón. Ante la negativa, Massa le ofreció Energía. Un upgrade para el salteño con un riesgo colateral: que su funcionaria sea la cara del tarifazo impostergable. Como representante también de los gobiernos de las provincias, Royón deberá asumir también las consecuencias que, a nivel federal, tendrá la quita de subsidios. Contrariamente a lo que se señala de forma habitual, los subsidios no benefician exclusivamente al AMBA sino que se aplican a todo el país. La diferencia se encuentra en los rubros que se cobran como tarifa final al usuario. Mientras todos los distritos reciben un valor subsidiado por los costos de generación eléctrica, las provincias pueden fijar los valores que cobran las distribuidoras y otorgar montos mayores como valor agregado de distribución, un privilegio que las controladas por el ENRE y el Enargas no poseen. La mayor quita de subsidios impactará en las cuentas provinciales y, también, en el humor de los gobernadores.

Bonus track:

• La revelación sobre la cercanía futbolística de varios de los funcionarios judiciales encargados de acusar y juzgar a CFK en la causa que investiga las obras de vialidad realizadas durante su gobierno excede los problemas meramente casuísticos vinculados a una eventual recusación listados en los códigos procesales. La información publicada, cuya repercusión debería contrastarse con la que tuvo la visita imaginaria del juez Sebastián Casanello a la Quinta de Olivos, da cuenta de algunos de los peores vicios de las cercanías y complicidades de esa corporación que expresa por sí sola gran parte de la Justicia Penal en el fuero Federal. La realización de los torneos en Los Abrojos, la propiedad de descanso de la familia Macri, confirma las sospechas no solo sobre la promiscuidad entre actores judiciales, políticos y de inteligencia durante el anterior gobierno sino la enorme despreocupación respecto de los resguardos formales vinculados al ocultamiento de esa información. No hace falta creer en la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner -ni de ningun ciudadano- para denunciar la violación grosera de las garantías de imparcialidad y debido proceso judicial que la Constitución consagra desde hace más de un siglo y medio. A propósito de esos registros lúdicos, un pasaje del libro Macri de la colega de LN+ Laura Di Marco:

“Una curiosidad en la cartografía del nuevo poder: Los Abrojos, que siempre ostentó el cetro simbólico de tener la mejor cancha de césped del país, es el corazón de la intimidad presidencial. Los funcionarios que juegan al fútbol semanalmente los miércoles por la noche — en torneos domésticos de Casa Rosada, que organiza el vocero Iván Pavlovsky — no lo hacen en la quinta presidencial sino en Olivos. Ser invitado a “San Miguel”, como dicen los Macri, implica un nivel de proximidad de la que no goza cualquier ministro. Entre esos privilegiados, por ejemplo, pueden estar, entre otros, Nicky Caputo, María Eugenia Vidal, Michetti, Peña o el gurú ecuatoriano”.

Como te habrás dado cuenta, este correo hoy te llegó un poco más tarde que lo habitual y te pido disculpas por eso. Espero que hayas aprovechado el tiempo para sumarte y hacer tu aporte a la comunidad de Cenital.

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Iván