Soja y carne libres de deforestación, entre barreras y requisitos ambientales: ¿cómo se prepara Argentina?

Mientras que el Gobierno Nacional pone en agenda debates que parecían estar saldados hace décadas, las principales economías y mercados del mundo avanzan en políticas proteccionistas que pueden afectar a nuestro sistema productivo. Aún en un contexto de crisis económica debemos estar atentos a los nuevos paradigmas globales que trae el desarrollo sostenible. Hay nuevos desafíos que impone el comercio internacional vinculado a las barreras comerciales basadas en requisitos y normas ambientales: el que no certifica, no exporta.

¿Cómo se prepara Argentina?

Mientras el presidente dispone en el mega DNU la “desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional”, las principales economías del mundo se vuelven cada vez más proteccionistas.

La problemática ambiental se suma a la agenda de las negociaciones comerciales internacionales y comienza a formar parte del histórico debate, libre mercado versus proteccionismo.

Sabemos que las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) buscan (o intentan) establecer un equilibrio entre los derechos que tienen los países de adoptar medidas para alcanzar objetivos legítimos –como la protección del ambiente– mientras, por otro lado, intenta asegurar que esas prácticas no se apliquen de forma arbitraria y no constituyan un proteccionismo encubierto.

Con el transcurso de los años, la temática ambiental logró tener un rol cada vez más predominante en el comercio, sobre todo porque, a pesar de las reglas de la OMC, los países desarrollados comenzaron a utilizarla como un recurso proteccionista, llegando en algunas oportunidades a convertirse en claros obstáculos para el comercio internacional.

Y vos te preguntarás, ¿por qué se utilizan argumentos ambientales para, por ejemplo, frenar importaciones? Diría que es un fundamento que goza de cierta legitimidad creciente en el público general y las torna más difíciles de cuestionar.

También es una realidad que, en el mundo, los consumidores estamos cada vez más preocupados por el ambiente y comenzamos a exigir que los productos cumplan con ciertos estándares ambientales. Los ejemplos más conocidos son: productos orgánicos, veganos, no testeados en animales, con empaques reciclables, etc. Esto hace que muchos países se sientan legitimados para implementar regulaciones al respecto. Teniendo en cuenta también que son muchos los acuerdos multilaterales donde los países se comprometen a promover el desarrollo sostenible, como la famosa Agenda 2030. Esto hace que a la OMC se le dificulte determinar que efectivamente muchas de esas regulaciones tengan el objetivo central de ser barreras no arancelarias proteccionistas.

¿De qué tipo de obstáculos estamos hablando?

Las principales economías y mercados del mundo están adoptando estándares climáticos y ambientales cada vez más exigentes. Para darte algunos ejemplos, la Unión Europea (UE) exige etiquetados ecológicos para la comercialización de varios productos como electrodomésticos y productos de limpieza. También cuentan con la normativa REACH (por sus siglas en inglés) sobre el registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas, que afectan desde productos químicos industriales hasta productos de consumo, como textiles y juguetes.

Muchas regulaciones no se implementan sólo puertas adentro, sino que las trasladan a todos sus proveedores internacionales, generando mayores exigencias a los países menos desarrollados.

En concreto, estos nuevos requisitos que se vienen dando en materia ambiental significan nuevas barreras comerciales para los principales productos y servicios de exportación.

Para seguir poniéndote en contexto, te cuento que la UE lidera el proceso hacia la producción sustentable en el marco del desarrollo sostenible a través del Pacto Verde Europeo. Un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo principal de alcanzar la neutralidad en carbono a 2050.

Soja y carne, libre de deforestación

En junio de 2023 el Parlamento de la UE aprobó el Reglamento 1115/2023 sobre la comercialización en el mercado interno y la exportación desde la UE de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal. Es decir, estamos hablando de un reglamento que exige cadenas de suministro libres de deforestación.

Lo que quieren es evitar la deforestación importada asociada a productos agrícolas y forestales que se comercializan en la UE.

La deforestación importada se refiere a la pérdida de bosques en otros países, principalmente en regiones tropicales, debido a la expansión de la agricultura, la ganadería y la explotación forestal. ¿De qué productos estamos hablando? Carne de res, soja, aceite de palma, café, cacao y madera.

¿Cómo obtienen las empresas ese certificado? A través del cumplimiento de leyes ambientales y forestales, garantizando la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad, implementando prácticas agrícolas sostenibles que incorporen los derechos de las comunidades, asegurando la trazabilidad y transparencia de sus procesos productivos, entre otros aspectos.

¿Qué implica esta certificación para Argentina?

Implica cambios concretos. La soja y la carne vacuna en Argentina son dos productos de exportación. Sobre todo la harina de soja que se exporta a Europa deberá adaptarse a estos requisitos a partir del 30 de diciembre de 2024. Condiciones como ésta, implican una trazabilidad desde el origen: todo establecimiento productor va a tener que brindar una garantía de que no deforesta desde el 31 de diciembre del 2020.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, en 2022 la Unión Europea fue destino del 12% de las carnes y los cueros bovinos exportados por la Argentina. El 20% del comercio exterior de harina de soja argentino tuvo por destino este bloque comercial, lo que en conjunto lo convierte en el principal comprador del primer producto de exportación de la Argentina.

Críticas

Como mencionamos al principio, la protección del ambiente se está transformando en un excelente argumento para limitar el comercio internacional.

Por supuesto que la problemática existe y no se puede negar. La deforestación y la degradación forestal están avanzando a un ritmo alarmante, profundizando el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Es un problema importante a abordar, sobre todo por parte de los países del norte global, pero la norma europea no considera las diferentes circunstancias y las capacidades de los países, ni las prácticas sostenibles locales. Y es extremadamente probable que medidas como la diligencia debida y la trazabilidad afecten en mayor magnitud a los pequeños productores, que no estarán en condiciones de afrontar los costos que implican estos procesos.

En consecuencia, los países de ingresos medios enfrentamos cada vez más desafíos: acceder a nuevas tecnologías, a financiamiento y cumplir con condiciones cada vez más estrictas para acceder a mercados financieros y de consumo.

La UE marcando tendencia como Madonna en los 90

La normativa de deforestación de la UE es un primer paso hacia un mundo que avanza hacia la trazabilidad de las cadenas de valor. Las políticas de cuidado del ambiente son un impulso que seguirán avanzando enmarcados en la Agenda 2030 que incluye el objetivo de garantizar modalidades de consumo y producción sustentables.

Reino Unido ya tiene aprobada una norma en la misma línea y el Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó dos informes al presidente Biden sobre medidas orientadas a detener la deforestación internacional asociada con la producción agrícola en el mismo sentido que la UE.

Puede esperarse entonces que en el mediano plazo comiencen a esbozarse iniciativas similares a las de la UE. También es inminente que se traslade a los mercados del sudeste asiático e incluso de China.

Estamos hablando de un cambio en la forma de producir y comercializar. Y ese cambio es global, es cuestión de tiempo para que el resto de los países desarrollados lo empiecen a exigir.

Estemos o no de acuerdo, nos parezca justo o no, es necesario que el sistema productivo argentino se adapte a estos nuevos desafíos que propone el comercio internacional.

Por supuesto que la presencia del Estado será fundamental para asistir a las pymes y promover su reconversión y la adopción de prácticas sostenibles en sus procesos productivos.

Sobrevive el que mejor se adapta al cambio

Hay una plataforma nacional llamada “Visión Sectorial del Gran Chaco Argentino” (ViSeC), desarrollada por el sector privado, que consiste en un sistema georreferenciado que permitirá realizar a nivel nacional una trazabilidad completa de las partidas de soja y la carne vacuna desde el campo de origen hasta el puerto de embarque.

Sus miembros, entre los que se encuentran diversos actores de la cadena de valor, desarrollaron un sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de trazabilidad, que garantiza la no deforestación en el proceso productivo en todo el territorio nacional para la soja. Este desarrollo fue liderado por la Bolsa de Comercio de Rosario

Se trata de una iniciativa que desde 2019 buscó adelantarse a las exigencias internacionales de la UE y que ya comenzó a ponerse en marcha. Su objetivo principal es trabajar de forma precompetitiva para abordar una problemática compleja que ninguna empresa podría solucionar individualmente enfocándose en deforestación y otros cambios de uso del suelo.

En la plataforma virtual los actores de las cadenas productivas (productores, acopiadores y exportadores) tendrán que ir cargando en 2024 los datos solicitados. Se suman ahora también los frigoríficos.

Contradicciones

Personalmente es un tema que me genera contradicciones. Por un lado, sabemos que la deforestación tiene un impacto global significativo. Según la FAO, en los últimos 40 años se registró una disminución del 80 % en el área total de bosques primarios del mundo.

La deforestación tiene consecuencias en la disponibilidad de alimentos, materias primas, medicamentos y la regulación de ciclos vitales como el del agua y el clima.

En ese sentido, es fundamental que las principales naciones del mundo se pongan al hombro esta problemática e intenten buscar alternativas para desacelerar la deforestación, un problema estrechamente relacionado con la pérdida de biodiversidad que forma parte de la triple crisis planetaria que estamos atravesando como humanidad.

A la pérdida de biodiversidad se le suma el cambio climático y la contaminación.

Ahora bien, la idea de aplicar ciertas medidas y regulaciones ambientales para frenar esta problemática puede ser buena, pero no se puede desconocer las diferentes realidades de los países y sus regiones. Sobre todo, teniendo en cuenta que América Latina es acreedora ambiental, es decir que absorbe más carbono del que genera y que nuestra contribución al cambio climático es ínfima en comparación con las principales potencias del mundo.

Es necesario lograr un comercio justo y equitativo que impulse el desarrollo sostenible a nivel global. Pero como vos y yo sabemos, esto suena un poco utópico. Por este motivo, y porque no podemos quedarnos afuera de los mercados, es que tenemos que posicionarnos y adaptarnos de la mejor forma posible a los nuevos desafíos que se presentan.

A modo de recordatorio, mientras el mundo debate sobre la deforestación y la pérdida de biodiversidad (incluido el sector privado), en Argentina el Gobierno nacional envió al Congreso para su tratamiento en diciembre del 2023 su proyecto de Ley Bases, que incluía la derogación de la Ley de Bosques. Esto recortaría los fondos estatales disponibles para el cuidado de los bosques, facilitando el desmonte sin autorización previa y la quema de pastizales sin permisos formales. El debate de aquella Ley Bases se cayó y por ahora circula un borrador de un nuevo proyecto de Ley a tratarse, donde afortunadamente, parecería que no se incorporará la derogación de la Ley de Bosques.