¿Qué está pasando en las residencias de mayores?

Cuando Inés Desio dice “jamás recibimos un llamado de nadie”, se refiere a que ninguna autoridad del gobierno porteño se comunicó para darle explicaciones o buscar una solución después de que su mamá, de 84 años, se contagiara de coronavirus en la residencia para mayores Libra, de Monte Castro. De un total de 23 internados que había en esa institución, 19 dieron positivo.

Dentro del grupo de quienes tienen más de 65 años, los que viven en residencias para personas de la tercera edad se cuentan entre los de mayor riesgo ante el coronavirus, junto a trabajadores de la salud, paradores para gente en situación de calle y barrios populares. El argumento para esa afirmación es empírico y surge de las cifras mundiales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió a finales de abril que más de la mitad de las hasta entonces 110 mil muertes por coronavirus en Europa eran personas que vivían en residencias para mayores. Según Hans Kluge, director de la OMS para ese continente, el cuidado a esa población «ha sido olvidado en Europa durante largo tiempo». El análisis puede trasladarse a la Argentina, donde ya murieron al menos 42 personas mayores en residencias, se contagiaron más de 200 y muchos de los lugares donde están alojadas funcionan sin habilitación.

Un panorama dispar

En 2015, la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), después de cinco años de trabajo, firmó un nuevo marco de derechos para proteger a los mayores de 65 años. Entre otros puntos, resolvió que lo más pertinente era nombrarlos como “personas mayores” y dejar de llamar “geriátricos” a las residencias de larga estadía.

En el país, hay al menos 3800 residencias para mayores de 65 años, es decir, lugares destinados al cuidado de esa población. Mil de esos hogares están en Provincia de Buenos Aires y 483 pertenecen a la Ciudad, los dos distritos con más casos confirmados de Covid-19.

En Córdoba, a mediados de abril, falleció un hombre de 74 años que había sido ingresado a una de esas instituciones en enero. Luego se supo que un médico del lugar era portador asintomático del virus y 21 personas mayores resultaron contagiadas. Días más tarde, el Ministerio de Salud cordobés clausuró una residencia con 65 contagios, entre empleados y pacientes.

Hay residencias privadas y estatales. Sobre las primeras, no necesitan ser de lujo para que resulten costosas (entre 40 mil y 170 mil pesos mensuales) y es habitual que las familias que contratan esos servicios deban pagar aparte cualquier gasto por fuera de la estadía, como pañales, medicación y especialistas.

Los gobiernos provinciales son los encargados de regular su funcionamiento en cada distrito; por eso no existe un panorama total de residencias en la Argentina. En lo que coinciden varios especialistas consultados por Cenital es en que, hoy, mediados de mayo, la Ciudad de Buenos Aires es el principal foco de preocupación de todo el país respecto al número de contagios y una lupa está puesta sobre la población concreta de riesgo que representan los mayores de 65 años que viven juntos dentro de residencias.

En territorio porteño, el registro oficial indica que 17 de las 483 instituciones presentaron casos confirmados de coronavirus (153 en total, al 13 de mayo). Paula Zingoni, directora general de Planificación Operativa del Ministerio de Salud de la Ciudad asegura que la situación no los toma por sorpresa: “Conocíamos lo que había sucedido en países donde la pandemia se presentó antes. Conocemos el impacto y la mortalidad que tiene esta enfermedad en el subgrupo poblacional de estos adultos y las características especiales que presenta en instituciones donde el distanciamiento social recomendado es muy difícil de cumplir, en parte por las características de los residentes, que en muchos casos presentan una autonomía limitada. Muchos requieren de asistencia para alimentarse, vestirse, incluso asearse. Hay personas que presentan algún grado de deterioro cognitivo, que también dificulta el distanciamiento permanente”.

Un informe de la cartera sanitaria bonaerense registró, a mediados de mayo, al menos 45 contagios y 9 muertes por coronavirus en las residencias habilitadas de la Provincia; se propuso “una vigilancia más activa”, según palabras de la subsecretaría de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del ministerio, Leticia Ceriani. El nuevo plan: “Cuando haya un caso positivo, se seleccionará a un grupo de personas de la institución y se les tomarán muestras, tengan o no síntomas, y, en función de los resultados se verá si es necesario seguir hisopando al resto de las personas mayores y del personal del lugar».

Ceriani advirtió que, al asumir la gestión, se encontró con los mil establecimientos habilitados y con otros dos mil que funcionaban de manera clandestina. «Nuestra idea no es salir a clausurar masivamente en este contexto porque se genera un problema con las personas que residen allí, entonces lo que hacemos es fiscalizar que las condiciones sean dignas y preventivas para que no haya brote», explicó a la agencia Télam. Igual hubo clausuras.

¿Cómo se aplica la ley?

El 14 de abril, autoridades de la Municipalidad de Moreno, en Provincia de Buenos Aires, comunicaron el cierre, por falta de habilitación, de la residencia La Nona, tras la muerte por Covid-19 de una mujer de 82 años. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, avisó, en una de sus ruedas de prensa diarias, que iniciaría acciones penales a una institución del barrio de Belgrano que no dio «una respuesta apropiada para hacer las derivaciones correspondientes». El gobierno había intervenido el lugar con su equipo sanitario y se ocupó de la evacuación y clausura.

La justicia también interviene: la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI (UFI-PAMI), a cargo de Javier Arzubi Calvo, investiga si hubo violaciones a los protocolos de control para evitar la propagación del coronavirus y por qué determinados prestadores no brindan a sus afiliados la cobertura necesaria.

¿Se los está testeando?

María América González, titular del área de Derechos Humanos y Seguridad Social de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, advierte que “hay hogares donde los recaudos se han tomado con la inmediatez necesaria, pero en otros no”, y explica que se trata de una situación “incontrolable porque son personas de alto riesgo y porque es muy silencioso el virus: lo terrible son los asintomáticos y eso lleva a contagios masivos”. 

Su propuesta para una mejor prevención es “hacer hisopados a todo el personal y a los internados, porque un adulto de edad muy avanzada y con afecciones previas, si es detectado a tiempo con coronavirus, puede salir adelante”. Los hisopados son estudios diagnósticos que se toman con una muestra de saliva. Son los ya famosos PCR (polymerase chain reaction), cuyo resultado no demora más de un día y hoy se hacen en laboratorios de todo el país.

Autoridades de algunas residencias solicitaron algo parecido a los poderes ejecutivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en este caso a través de un amparo judicial, mientras testean con dinero de su bolsillo. Pero el reclamo no es por el test diagnóstico, sino por el epidemiológico. Es del test con pinchazo de sangre, de resultado casi inmediato, que dice si la persona tuvo el virus en su cuerpo de manera asintomática contando veinte días para atrás. La justicia hizo lugar a uno de esos reclamos y le ordenó esos testeos al gobierno porteño. La respuesta de la cartera sanitaria porteña es que podrá hacerlo pronto, cuando reciba el pedido que hizo de kits de testeo rápido. En Provincia explican que la indicación, por el momento, es testear a los que tengan síntomas: los recursos son escasos.

¿Cuáles son los protocolos?

Ante la dificultad de agudizar el aislamiento social dentro de las residencias, el Ministerio de Salud de la Nación emitió un protocolo donde sugiere medidas para prevenir contagios, como la suspensión de visitas y salidas de las instituciones, clausura de zonas comunes, que se organice un área diferenciada para personas con síntomas de Covid-19, se garanticen los elementos de protección personal y “se capacite al personal sobre medidas de bioseguridad”. La Ciudad redactó un documento similar.

“Hay un protocolo con eje en la prevención y otro específico para manejo de casos sospechosos o confirmados”, indica Zingoni, del ministerio porteño. “A partir de la notificación de un caso sospechoso o confirmado, se establece el contacto con la institución, telefónica y presencialmente. Se identifican los contactos estrechos del caso y, si el caso es confirmado, se hace un aislamiento preventivo y un estudio de PCR al décimo día del contacto”, completa la funcionaria.

Dice Zingoni que “las instituciones realmente están haciendo un gran esfuerzo, están muy preocupadas. Quizás, en algún sentido, no se pueda evitar, pero sí disminuir al máximo posible lo que puede suceder. Lo que sucede en el mundo es un llamado de atención para poner un esfuerzo muy grande”.

El rol del PAMI

El PAMI (Programa de Atención Médica Integral), la obra social para personas mayores, tiene cinco millones de afiliados en todo el país, muchos de los cuales también contratan medicina prepaga y, en paralelo, aprovechan los medicamentos gratuitos que ofrece la mutual. PAMI mantiene contrato privado con la mayoría de sus 568 residencias de larga estadía en todo el país (25% del total), 84 en la Ciudad de Buenos Aires.

Para ingresar, hay una larga e histórica lista de espera porque, en esos centros, los afiliados no deben abonar ningún servicio. En las clínicas por fuera de PAMI, sus afiliados siguen teniendo un listado de medicamentos gratuitos y la obra social cubre las prestaciones cuando se requiere internación.

“Estamos trabajando en las residencias de larga estadía desde el 7 de marzo, con los primeros protocolos de actuación, pero, más allá de las medidas de protocolo y prevención, nos interesa tratar de mantener ahí la vida comunitaria. No porque estén encerrados en contexto de pandemia esto se tiene que convertir en una cárcel”, dice Mónica Roqué, secretaria general de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidados de PAMI.

 “Hay que mantener la vida de la residencia con extremos cuidados, por ejemplo, disponiendo varios horarios para las comidas y manteniendo las actividades aunque menos numerosas y con distancia. Además, pusimos un grupo de contención de familiares para explicarles lo que estamos haciendo. El aislamiento es físico pero no emocional. Hay que generar estrategias para que puedan seguir en contacto con sus seres queridos”, propone la especialista. En los próximos días, PAMI presentará su informe epidemiológico, en el marco de su programa Residencias Cuidadas.

¿Qué hay que seguir?

Los casos que se conocieron de contagios en residencias demuestran que ahí se replican con mucha facilidad y rapidez. Del total de fallecidos a mediados de mayo (344), el porcentaje que se contagió en una residencia apenas supera el 12%, cuando se subraya que la mayoría de los muertos del mundo es mayor de 65 años.

Tampoco son tantas las personas mayores internadas en estos hogares. Según cifras de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el porcentaje está entre el 2 y 2,5% de ese sector de la población.

Lo que preocupa en ese universo es la demora en la atención, la falta de cumplimiento del protocolo en muchas residencias, y los contagios a través de los asintomáticos. Todavía la situación está controlada, como advirtió la titular del PAMI, Luana Volnovich.

En 2017, la Argentina, que ya había firmado la primera convención regional sobre la vejez y sus compromisos en relación a ese grupo poblacional, incorporó una ley que contempla los derechos de las personas mayores (27.360). La norma dice que todas las instituciones jurídicas se tienen que interpretar y aplicar a partir de los estándares que establece esta Convención. Uno de ellos es el derecho a la salud “sin ningún tipo de discriminación”. Se estudia ahora, no sólo en la Argentina, si el Estado y los organismos privados que tengan la intención están a tiempo de hacer valer ese derecho.