¿Qué está pasando con las PyMEs?

Antes de analizar la situación actual de las PyMEs y cómo impactó el COVID-19, resulta necesario poner en contexto su dimensión dentro de la economía, porque de pequeña no tiene nada.

Actualmente hay alrededor de 520.000 empresas en Argentina, donde el 99% son consideradas PyMEs. Sí, leyeron bien. Solo el 1% de las empresas argentinas (es decir, unas 3.500) tienen más de 200 empleados, que es la cantidad de trabajadores que se necesita para ser considerada una empresa grande. La gran mayoría de las empresas –el 84%– tiene 9 empleados o menos (por ese motivo se agregó la clasificación de “micro” empresa), el 13% son las pequeñas (10-49 empleados), mientras que el 2% restante son medianas (50-200 trabajadores).

De todos modos, la clasificación anterior no es tan efectiva para dimensionar su magnitud, ya que es evidente que va a haber siempre muchas más empresas pequeñas que grandes. Es más, la metodología utilizada –a nivel mundial- considera a una buena cantidad de actividades unipersonales como empresas, por ejemplo, un comercio o la prestación de servicios como puede ser la asesoría contable.

Por este motivo, resulta más apropiado ver su participación respecto del empleo total registrado (ya que no se cuentan con estadísticas oficiales para el empleo informal). Bajo esta óptica las micro, pequeñas y medianas empresas albergan a poco más del 60% de los trabajadores (repartidas casi en partes iguales del 20%, cada una), mientras que el 43% restante es generado por las grandes empresas.

Empresas (en % del total y en % del total del empleo)

A partir de lo anterior, queda claro que las PyMEs son claves para el funcionamiento de la economía. El problema es que, precisamente por su tamaño, son empresas que no cuentan con la suficiente espalda financiera como para mantenerse a flote por mucho tiempo sin generar ingresos. Según la consultora Analytica, una empresa de hasta 49 empleados solo puede sostenerse por tres semanas sin facturar y pagando salarios. Esto significa que, a partir de ese momento, debería recurrir a ahorros de la empresa o a algún tipo de financiamiento. Las empresas de más de 50 trabajadores podrían aguantar hasta 3 meses y medio.

¿Cuántas empresas –y cómo– se vieron afectadas por la cuarentena?

La primera distinción que hay que hacer es entre las actividades que fueron consideradas esenciales por el gobierno y las no esenciales, ya que esto afectó directamente su funcionamiento. Asimismo, también es importante mencionar que algunos de los rubros que siguieron operando, lo hicieron con una dotación mínima, lo cual significó una reducción en su nivel de actividad. Por último, dentro de los sectores no esenciales, hay algunos que tienen la capacidad de seguir realizando sus actividades (plena o parcialmente) de manera remota, es decir por medio del teletrabajo.

La Fundación Mediterránea realizó un estudio donde identificó que, del total de empresas que hay en el país, el 36% estarían inactivas; el 19% en condiciones de operar por medio del teletrabajo; un 15% se encuentra trabajando pero con dotación mínima, de modo que solo el 31% de las empresas están funcionando plenamente. Esto implique que la cuarentena total impacta, en mayor o menor medida, al 70% de todas las empresas del país.

Si bien ésta se inició el 20 de marzo (con lo cual su impacto no sería tan relevante durante ese mes), es importante recordar que las PyMEs ya venían muy golpeadas, ya que tanto en 2018 como en 2019 el PBI se contrajo más del 2%. No es lo mismo para una empresa atravesar una cuarentena total en estas condiciones que si viniese de un crecimiento sostenido en la actividad.

Frente a esto, a los pocos días el gobierno anunció el otorgamiento de líneas de crédito a tasas preferenciales (24%) por más de $300.000 millones, destinadas a sostener el pago de salarios en las PyMEs. Sin embargo, además del hecho de que esto implica un endeudamiento para las empresas, los bancos privados se mostraron reacios a prestar, precisamente porque (desde su óptica) resulta muy elevado el riesgo de prestarle a una empresa que ya de por sí se encuentra con problemas de liquidez. En efecto, hasta la semana pasada solamente se habían otorgado alrededor de $73.000 millones, muy por debajo de los esperado, según el propio Ministro de Producción.

En la misma línea, un relevo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) concluyó que solo el 22% de las empresas consultadas pudo acceder al crédito. Los principales motivos por los que no pudieron acceder fueron por no alcanzar la calificación crediticia necesaria (20%), porque les dijeron que hacía falta un trámite presencial (12%) o porque les ofrecieron una tasa superior a la estipulada (9%). Asimismo, otro relevo de la UIA llega a una conclusión prácticamente similar: de las empresas que están atravesando dificultades para poder afrontar el pago de sueldos, solo el 20% logró acceder a algún tipo de crédito bancario.

Con lo cual, ya con todo abril prácticamente consumado en cuarentena, el impacto en las empresas va a ser realmente duro. Los dos relevos anteriores marcan que la gran mayoría de las empresas consultadas sufrieron caídas en las ventas superiores al 60%. Ante esto, el gobierno lanzó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la producción (ATP), cuyas medidas principales son el subsidio directo del 50% del salario neto de todos los trabajadores de empresas del sector privado que se hayan visto significativamente afectadas por el COVID-19 (con un piso de un salario mínimo vital y móvil, actualmente en $16.875, y un techo de dos de ellos, o sea $33.750), y por otro lado, la reducción/postergación de hasta el 95% de las contribuciones patronales.

 Hasta ahora unas 400.000 PyMEs se inscribieron al programa, y resta que AFIP comunique cuáles están en condiciones de acceder al beneficio, lo que va a depender fundamentalmente de si la empresa está dentro de los rubros no esenciales y/o si sufrió caídas significativas en su facturación.

¿Esto es mucho o poco?

Si tomamos la masa salarial neta del sector privado registrado, y suponemos que la medida alcanza al 80% de los trabajadores, esto implicaría alrededor de $285.000 millones (más del 1% del PBI), con lo cual estamos hablando de un monto más que considerable. Además, de mantenerse la cuarentena, es probable que el beneficio se extienda a mayo.

Desde el punto de vista de una empresa individual es muy difícil de estimar, ya que depende de qué tan intensiva en trabajo sea. Hay empresas que para producir utilizan muchos trabajadores, mientras que otras son más intensivas en capital. Además, las empresas tienen otros costos que deben seguir pagando independientemente de que estén funcionando o no, como son los impuestos, gastos operativos o alquileres (para quienes estén interesados en este tema, el IARAF realizó un estudio pormenorizado para una pyme “tipo”, con distintos escenarios y diferentes respuestas de política económica). Desde el punto de vista del trabajador, el problema es que de todas maneras puede sufrir un recorte de ingresos, si es que la rama en la que trabaja no se encuentra funcionando y eso lleva a recortes por suspensiones.

De cualquier manera, la medida apunta a alivianar todo este tipo de tensiones, con el principal objetivo de sostener el capital de trabajo en las empresas. Además, es un avance sustancial respecto del uso del crédito como herramienta, aunque resta ver si la velocidad de implementación, la cantidad de empresas alcanzadas y la magnitud del desembolso son suficientes.