Por qué pensar el vínculo con las comunidades indígenas en la explotación de los minerales

Entrevista a Déborah Pragier.

El recurso litífero sobre el cual Argentina busca incrementar sus exportaciones se encuentra mayoritariamente en territorio de comunidades indígenas. Para conocer cómo es el vínculo de éstas con las empresas y el Estado, entrevistamos a Déborah Pragier, quien hizo su tesis doctoral sobre el tema.

Cenital: ¿Por qué hay que pensar en las comunidades indígenas cuando se habla de extracción del litio?

Débora Pragier: En Argentina, el recurso litífero se encuentra mayormente en territorio de comunidades indígenas. Esas comunidades ancestralmente han habitado estos territorios y tienen derechos sobre ellos. Y por eso cualquier actividad, extractiva o no, que se desarrolle en su territorio requiere de su aprobación. El artículo 75 de la Constitución reformada en 1994 les otorga derechos sobre esas tierras. Derechos que tienen que ver con la posibilidad de habitarlo, con las decisiones que se toman en ese territorio y así proteger sus estilos tradicionales de vida, su cultura, sus formas de organización social y sus propias instituciones políticas, etc. Además, el Convenio 169 de la OIT también da cuenta de estos derechos y es potente porque enfatiza dos cuestiones claves: i) la consulta previa, libre e informada y cómo debería realizarse; y ii) la autonomía de esas comunidades respecto de sus formas de desarrollo. El Convenio sostiene la idea de que hay otras formas de pensar el desarrollo y que estas comunidades tienen cierto grado de autonomía para decidir cuál sería la forma en que pretenden desarrollarse y vivir. Estas comunidades, sobre todo las del norte, han sido históricamente muy invisibilizadas y son territorios de los que nadie se ha ocupado durante muchísimo tiempo. Entonces, el boom del litio pone en foco comunidades que han desarrollado históricamente sus propios medios de vida y tienen una lógica interna que, si bien siempre tiene un ida y vuelta con la sociedad circundante, mantiene prácticas comunitarias específicas. Si uno va, puede ver que solo viven descendientes de pueblos indígenas en esos territorios.

Por ende, hay que consultarles.

Sí. Primero, porque es el derecho que estas comunidades tienen. Vivimos en un Estado de Derecho y la introducción del articulado constitucional sumado a otras normas nacionales y la adscripción a legislación internacional supuso un gran avance en términos de derechos humanos. Segundo, si nosotros estamos hablando de litio para la transición energética, no podemos seguir manejándonos de la misma manera. No me parece viable pensar la transición energética con los mismos registros con los que históricamente se han explotado los recursos naturales. La transición energética no debería ser simplemente cambiar un recurso por otro, sino una transformación de los modos de producir y de consumir. En ese sentido, es importante habilitar discusiones respecto a cuánto extraer y por qué. Este momento de las sociedades contemporáneas con esta crisis climática teniendo que pensar la transición energética nos obliga a pensar también estas ideas que son la base del modelo de desarrollo que tenemos hasta hoy.

Fuiste a hacer campo a los salares, contame del paisaje y de la organización de las comunidades que allí viven.

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Es muy loco, porque yo también tenía mis prejuicios. Antes de mi tesis doctoral, venía de pensar cuestiones ligadas al desarrollo local y tenía un esquema mental más productivista. Sabía lo que se puede leer y lo cierto es que el registro más a mano nos habla de que en la Puna hay grandes extensiones de tierra donde no hay nada, mucho viento, muy poca población, muy pocos animales y un clima hostil.

¿Y qué te encontraste?

Me pasó a mí -y a casi todas las personas que conozco- que nos propusimos mirar de nuevo sin prejuicios el espacio y nos encontramos con comunidades que tienen un vínculo diferente con ese territorio. Efectivamente es un clima hostil: amplitud térmica, viento. Difícil en algún sentido. Pero hay comunidades que viven ahí hace 10.000 años y han logrado permanecer y sostener sus vínculos, sus relaciones y sus familias en ese contexto y ése es su territorio. Y ahí fui tomando la idea de la interculturalidad, más allá de esta idea de integración a la cultura o la integración de ese otro. El concepto de interculturalidad me permitió mirar distinto y ver cómo se interactúa de un modo horizontal, sinérgico con otros. Donde esa horizontalidad implica que tengo que cambiar mi forma de ver el mundo. Porque si yo no la cambio, no voy a poder pensar con el/la otrx. Entonces, ¿qué es lo que vi? Comunidades que viven en otro vínculo con el territorio, donde hay mucho saber. Uno va a ver las casas, la forma en que están realizadas. Hay mucho conocimiento sobre ese territorio. Otras personas lo único que pueden ver es pobreza o falta de “desarrollo”. Yo no vi eso, no lo veo así. Por supuesto que hay necesidades que el Estado debería garantizar como a cualquier ciudadano, pero debería hacerlo en condiciones diferentes. Porque hay ideas distintas respecto de cómo vivir en el mundo. Allí hay escuelas, hay salud. Hice entrevistas en los hospitales y, sí, hay necesidad. Por ejemplo, no tienen ambulancia, sino que la tienen que pedir a la empresa en Susques. Si la ambulancia se la tienen que pedir a la empresa, ¿en qué condiciones pueden negociar con la compañía?

Todo esto no quiere decir que las comunidades sean homogéneas y que al interior no tengan distintas maneras de pensar. En las comunidades conviven diversas ideas de desarrollo occidental y de vínculos con la naturaleza e ideas de integración combinadas con ideas de autonomía. Todo eso convive y es súper rico. Es parte de la historia de estas comunidades. Por momentos, alguna de estas ideas permea mayoritariamente en una comunidad y van hacia allí y por momentos son otras las ideas.

En tu tesis decís que no todas las comunidades indígenas responden de la misma manera cuando llegan los proyectos de extracción de litio a sus territorios, ¿cuáles son esas formas de responder?

Más allá de ser útil y necesario para la demanda de derechos comunes pensar en los indígenas como si conformasen un grupo homogéneo, empíricamente no es así. Las comunidades son heterogéneas, comparten algunas cuestiones y se diferencian en muchas otras. Porque están atravesadas por procesos históricos y sociales, relaciones con el Estado, las trayectorias de los referentes de esas comunidades. Muchos de ellos/as fueron a estudiar a las ciudades grandes y volvieron a sus comunidades con ideas nuevas. También hay varios programas del Estado, como los del INTA. En las comunidades de Salinas existió un programa sobre minería comunitaria, están los policías interculturales y hay asistentes sociales. Estos programas del Estado nacional y provincial tienen una mirada distinta respecto del territorio y así se va armando cada comunidad, en cada territorio en especial, un entramado de ideas, capitales sociales, estrategias específicas de esa comunidad. Entonces, no es lo mismo un territorio donde hay referentes de las comunidades que son parte del andamiaje de un programa estatal y tienen distintas trayectorias, eso va rebasando a la comunidad. Esto hace que las comunidades sean bastante heterogéneas y así, en la Puna, mientras que las comunidades de Salinas Grandes rechazaron los proyectos de explotación, las del Salar de Olaroz lo aceptaron.

¿Qué quiere decir que aceptaron?

Que las empresas se acercaron y fueron construyendo vínculos con las comunidades a través de algunos referentes mientras hacían los trámites en el Estado. Estos trámites no implican ninguna consulta previa, libre e informada (CPLI), sino que la forma en que el Estado concibe la consulta previa es la presentación, no vinculante, del informe de impacto ambiental ante las comunidades. La presentación de esos informes no está pensada desde la interculturalidad. ¿En qué sentido? Se les entregan los informes dos días antes, informes muy extensos, muchas veces incluso con partes en inglés. El Estado no les provee técnicos ni herramientas para poder realmente evaluar. Entonces todo depende de la buena voluntad del funcionariado y de las empresas para que efectivamente alguien les pregunte algo a las comunidades. En este sentido, lo que sucede no es una consulta previa, libre e informada porque no se respetan los estándares internacionales de lo que debiera ser una CPLI. Estos Informes de Impacto Ambiental en general dicen que se trata de un territorio deshabitado donde no hay posibilidad de hacer otra cosa, no hay casi animales, vegetación, ni personas. Y entonces no hay ningún riesgo. Además, los informes suelen ser muy crudos respecto de lo que sí hay, una mirada muy despectiva respecto de las comunidades. Sin embargo, las comunidades de Olaroz establecieron un vínculo con la empresa y con gente de la Secretaría de Minería provincial. Esos técnicos -que entiendo que tenían buenas intenciones- fueron los que les garantizaron que no iba a haber impacto ambiental y que sus formas de vida iban a ser respetadas. Geólogos e ingenieros que desde sus disciplinas recomendaban acciones a las comunidades sin contemplar necesariamente el impacto que esta explotación tenía en sus modos de vida en el territorio. De todas maneras, aun si nos restringimos al impacto ambiental, sucede que al no haber ningún control por parte del Estado sobre la manera que la empresa está extrayendo, ¿cómo podemos saber qué impacto tendrá? Por eso no podemos saber si esa garantía se cumple. Hay estudios en Catamarca, con 20 años de funcionamiento de la empresa, donde se ve que sí hay impacto. Sobre todo en el agua, por eso se la llama minería del agua. Y eso condiciona totalmente las formas de vida de esa población.

¿Qué tiene que pasar para que las comunidades puedan ejercer su derecho a decidir sobre el territorio?

Primero, debería garantizarse la consulta previa. Pero que, además, si las comunidades deciden aceptar un proyecto de explotación, el Estado esté apoyando la negociación con la empresa. Imagínate la negociación que se produce entre una empresa trasnacional y las comunidades una vez que estas dicen que sí. Ellas le piden 100, 200 puestos de trabajo, más una camioneta para poder ir a buscar enfermos porque no tienen ambulancia. Lo que se termina acordando es mucho menos de lo que entiendo que esas comunidades merecerían. Lo cierto es que esto no es responsabilidad solo de la empresa, sino del Estado: como el mecanismo de negociación no está normado, para el Estado es una negociación entre privados. En el caso de Olaroz, el Estado nacional tuvo un rol importante legitimando a las empresas, porque el litio es un tema que hace que aparezca mucho en medios y eso genera cierta legitimación de la actividad. De hecho, hubo reuniones entre las comunidades de Olaroz y Cristina Kirchner en el momento de la aprobación. El Estado nacional promueve la explotación del litio y en ese sentido legitima las condiciones en que esas comunidades negocian. Condiciones que, como decía, hace que las comunidades negocien en soledad, sin apoyo del Estado.

¿Cómo es la propiedad de esos territorios?

En el caso de Olaroz las comunidades tenían títulos comunitarios: el territorio era formalmente de ellos. Son las primeras comunidades en obtenerlo. Pero, por ejemplo, yo no encontré nadie que me diga claramente qué canon se les pagaba. El canon consiste en que si alguien encuentra petróleo debajo de tu casa, como el subsuelo es del Estado, te lo puede expropiar, pero te tienen que pagar un monto por esa expropiación. No encontré muy claramente ningún canon. Una sola comunidad me dijo que le pagaban algo así como 3.000 pesos. Una cosa ridícula. De hecho, unos años después, en 2020 o 2021, una de las comunidades de influencia del proyecto de Olaroz presentó una demanda ante el gobierno provincial porque ellas nunca recibieron canon y recién se estaban enterando de que existía esa figura. En ese sentido, la negociación es muy dispar. Entonces, las diez comunidades de Olaroz tenían títulos comunitarios y llegaron eventualmente a un consenso de aceptación del proyecto de explotación y obtuvieron algunos empleos. La empresa Sales de Jujuy tiene una política que ellos llaman de valor compartido, que es bastante innovadora en el marco de las políticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), en la que hay una idea de incorporar a la comunidad a este desarrollo. Pero, si bien es innovadora, está en el marco de la idea de integración. En Argentina hemos pasado históricamente desde la negación, donde no existían las comunidades indígenas o había que desterrarlas, a la idea de que los que existen hay que integrarlos al desarrollo occidental. Y estas empresas están en ese concepto, cuando en realidad el paradigma en el mundo se está transformando hacia la interculturalidad. Entonces, si bien esta empresa particularmente tiene una buena estrategia de valor compartido, en donde se propone integrar a la comunidad, no tiene las herramientas para repensar ese vínculo.

Por otro lado, las comunidades de Salinas Grandes estaban más atrasadas en la demanda de sus títulos comunitarios: no tienen los títulos de la Tierra, pero sí una serie de pasos anteriores a obtenerlos donde se acredita que han estado históricamente viviendo en ese lugar. Para conseguir los títulos hay todo un procedimiento: se presentan carpetas donde dan cuenta de líneas históricas, de dónde vienen sus apellidos, cuáles son los lugares en donde están enterradas sus familias, etc. No es que cualquiera puede ir y decir esta es mi tierra.

¿Esa comunidad aceptó el proyecto de explotación de litio?

En ese momento (2010–2011) no lo aceptaron. Demandaban que se realizara la consulta previa de acuerdo a la normativa, pero también -y acá aparece la noción de interculturalidad- respetando las formas en que ellas toman sus decisiones. En muchas ocasiones, los que entran en vínculo con las comunidades lo hacen desde sus propias formas de hacer las cosas. Por ejemplo, esperan que un referente de una comunidad tome una decisión, como una representación. Y eso no necesariamente funciona así: los referentes de las comunidades no toman decisiones por las comunidades. En todo caso, son intermediarios y llevan el ámbito de la comunidad a la toma de decisión. Estas comunidades tomaron la decisión de demandar por la CPLI, constituyeron un colectivo que se llama la Mesa de las 33 comunidades de Salinas Grandes y Guayatayoc y vienen sosteniendo mediante distintas acciones -presentaciones judiciales, apariciones públicas, cortes de ruta informativos- esta demanda. También hicieron un protocolo de CPLI que marca cómo deberían ser tomadas las decisiones respetando sus formas de vida. El protocolo fue presentado en 2015 ante el recién asumido gobernador jujeño, Gerardo Morales. De esa reunión se concluyó que un decreto provincial establecería que cualquier cuestión que sucediera en el territorio de esas comunidades iba a tener que pasar por este protocolo que se llama Kachi Yupi. Eso todavía no sucedió.

¿Por qué tomaron estas posiciones diferentes frente a los proyectos?

Porque tienen diferentes trayectorias. Que las comunidades de Olaroz hayan tenido sus títulos comunitarios tan prontamente tiene que ver justamente con la participación de sus miembros en lo que se llamó el despertar de la Causa Indígena en Jujuy a fines de los 80. Ahí lo que demandaban era la inclusión de sus derechos en la Constitución del ’94. Y en ese momento la demanda principal era por la tenencia de la tierra. Es decir, en el horizonte de estas comunidades la demanda por la tierra era la utopía máxima y es lo que consiguieron. Entonces, habiendo conseguido la tierra, se plantaron a negociar. Se sintieron suficientemente fuertes para negociar con la empresa como propietarias, dejaron de ser demandantes de un derecho y pasaron a ser propietarios. En cambio, las comunidades Salinas Grandes para esa época recién estaban comenzando a pensarse en el marco de estos nuevos derechos. Cuando ellas comienzan a demandar sus derechos, las discusiones que se estaban dando ya habían pasado el tema de la propiedad de la tierra. Eso ya era indiscutible. Las discusiones que se dan en el segundo momento de la emergencia indígena tienen que ver con la autonomía. En ese marco, el derecho a la CPLI era fundamental y creo que por eso respondieron de esa manera. Ellas estaban discutiendo el derecho a la autonomía, no solo a la propiedad de la tierra. Ya se había demostrado que la propiedad de la tierra no alcanzaba para la demanda de autonomía. Porque la propiedad de la tierra no garantiza que esas comunidades puedan decidir cómo quieren vivir en ese territorio.

Soy Licenciada en Ciencias Ambientales, Magíster en Políticas Públicas y Becaria Doctoral en Ciencia Política en la UNSAM. En todos los ámbitos que puedo me dedico a sumergirme en los dilemas que nos presenta el desarrollo sustentable, uno de los mayores desafíos que enfrentamos en este siglo. Me mudé a un departamento en CABA hace poquito, así que estoy aprendiendo a ser porteña y tener plantas y compost en el balcón.