Panic show en España: crece la marca Milei en contra de la marca Argentina

En política internacional son habituales las confrontaciones entre países y sus líderes por cuestiones de Estado en las que existen intereses contrapuestos. La dureza, en esos casos, es parte del guión. Menos habituales, pero extendidas, son las discusiones entre primeros mandatarios por asuntos de relevancia internacional en las que al menos una de las partes no tiene un interés directo, pero que ponen en juego principios, valores o posiciones políticas. La habitualidad es decreciente para las confrontaciones entre presidentes por política interna, como la orientación hacia la izquierda o derecha de un determinado gobierno. Las diferencias en términos personales por cuestiones de política doméstica son una rareza. Que esas acusaciones personales las haga un líder, en el contexto de una visita al otro país, y en un acto de la oposición política, difícilmente tenga antecedentes.

Javier Milei fue recibido en España para participar de un acto político de la oposición a Pedro Sánchez. Su visita prescindió de una agenda oficial al menos lateral de cooperación con las autoridades del reino ibérico y apenas una reunión con las máximas autoridades de la central empresaria española, la CEOE, ofició de excusa formal a un viaje personal pagado con dinero de los contribuyentes. En otras entregas se llamó la atención en este mismo espacio sobre el más que imperfecto solapamiento de la agenda de interés de la Argentina y la internacional personal del presidente.

El paso por España ejemplifica a la perfección la peor cara de este problema. La mención directa de Sánchez y su esposa durante su discurso en el acto ultraderechista de Vox traspasó los límites de lo tolerable en la etiqueta diplomática. El llamado a consultas de la embajadora María Jesús Alonso Jiménez es una consecuencia obvia de la declaración del presidente argentino, con el agravante de que no existió, de parte de Sánchez, ningún testimonio que permitiera encuadrar el entredicho de un modo más o menos justificable y relativamente sencillo de dejar atrás. Los antecedentes con Lula Da Silva, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro -que había criticado a Milei de forma no provocada- no son comparables, ni por la seriedad de las imputaciones, ni por el lugar en que fueron dichas. El gobierno de Sánchez ya había dejado pasar, además, una nota presidencial cargada de agravios a su persona hace algunas semanas, tras una declaración -intolerable- de su ministro de Transporte. El llamado a consultas sine die, es decir, sin plazo de regreso, es la medida más grave después del retiro de embajadores y deja muy poco margen para que la cuestión siga escalando sin una ruptura de relaciones diplomáticas que hoy aparece lejana.

Para el país, se pone en disputa una relación que resistió -con mejores modos- entredichos serios con intereses concretos en juego, como la renacionalización de YPF. Las declaraciones motivaron una reprimenda incluso a nivel de la Unión Europea en un contexto en que el país cuenta, para sus reformas económicas, con una buena voluntad exterior que las ideas de ultraderecha no generan. El rigoreo a quienes deberían ser aliados naturales de la Argentina en sus relaciones con los organismos de crédito internacionales es inexplicable desde la política de Estado, al punto tal que hasta los empresarios españoles se vieron llamados a salir en defensa de Sánchez.

Para la construcción internacional de la marca Milei, en cambio, la discusión es ganadora en sus términos. Al lado de Vox, una formación relativamente menor en términos de su capacidad de ganar elecciones, en un acto donde él era por lejos la figura principal entre los invitados, el presidente logró acaparar las tapas de la prensa española con sus declaraciones. El contrapunto sirvió a Milei, además de para darse aire a sí mismo, para dar espacio a Vox en el inicio de la campaña para las elecciones europeas y dejar en un lugar incómodo al Partido Popular, la derecha tradicional española que, sin secundar al mandatario argentino, se negó a solidarizarse con Sánchez. La posición -hay que decirlo- es también cómoda y funcional para el presidente del Gobierno español, un político hábil, audaz y calculador, más parecido a una suerte de Néstor Kirchner que a la caricatura progresista que llega a las emisoras porteñas. Él también prefiere tener a sus rivales tradicionales del Partido Popular a la sombra de la ultraderecha y el conflicto diplomático es eficaz alimentando esa narrativa.

Convertido en un abanderado de uno de los bandos de la grieta occidental, el autopercibido máximo exponente de la libertad a nivel mundial siguió construyendo en España su propio liderazgo. Anclado en la internacional ultraderechista, pero con una prédica fundamentalista de mercado más amable a los oídos de los grandes empresarios que las encarnaciones nacionalistas como Donald Trump o sus contrapartes europeas. Esta construcción de su figura se hizo en esta ocasión a costa de los intereses permanentes del Estado argentino, en un movimiento que, sin embargo, podría llegar ser percibido en forma desfavorable, también, a nivel doméstico. Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, aliada desde hace años a Vox, eligió quedarse en su país y participar del acto enviando una breve intervención grabada.

La percepción de frivolidad y de utilización de la política para la satisfacción de intereses personales son características que los votantes, en los estudios cualitativos, asocian a la tan mentada casta. Mientras el ánimo social sea favorable al presidente, pasa desapercibido, pero es una de esas cosas con potencial para regresar y atormentarlo. Una prueba del ánimo social vendrá con la ola de frío de esta semana, que pondrá a prueba el sistema energético por el incremento del consumo de gas, al tiempo que desplegará todo el peso de los aumentos de tarifas decididos hasta el momento. El consumo tiene un componente estacional previsible y uno climático, imprevisible. Los cargos tarifarios están compuestos por ambos, ya que varían de acuerdo al consumo. En abril fue el turno de los cargos fijos, mayo será el mes de los variables para el impacto de unos aumentos tarifarios en términos reales muchísimo más severos que los establecidos por el macrismo.

Milei cruzó el Atlántico mientras la provincia de Misiones enfrenta una grave rebelión policial, fundada en conflictos salariales que son inseparables tanto de los recortes que viene llevando adelante la administración nacional -“los voy a fundir a todos”, dijo el presidente en privado en referencia a los gobernadores- como de los efectos recaudatorios de la recesión económica, en una provincia de cuentas históricamente ordenadas. En estos contextos, las opacidades locales asoman. En este caso, a través de Ramón Amarilla y Germán Palavecino, los dos voceros de la protesta, históricamente relacionados al puertismo, que transformaron una demanda legítima en una huelga partidaria.

Misiones, además de ser un distrito muy ordenado en lo fiscal, lo es desde el punto de vista del funcionamiento del aparato estatal para detectar dónde hay inconformismos. Es una provincia que tiene mucho control político -la enorme mayoría de las intendencias son del Frente Renovador de la Concordia, la pieza de relojería que lubricó Carlos Rovira- y tiene uno de los costos de vida más bajos en el país. Anoche, en grupos de WhatsApp de policías de al menos cinco ciudades de tres provincias distintas, empezó a gestarse una situación similar. Y nadie se anima a descartar que el disconformismo se expanda hacia judiciales, docentes o personal de la salud en el resto del país. Según pudo averiguar #OffTheRecord, hay provincias muy ordenadas fiscalmente que están previendo que podrían no pagar el aguinaldo y podría transformarse en el dato político de las próximas semanas. Si el problema es de una provincia, la responsabilidad es del gobernador. Si es de varias, es del presidente.

La confrontación subida de tono en Argentina no se ciñe a la cabeza del Poder Ejecutivo y su particular estilo de liderazgo y personalidad. Las tensiones internas de la Corte Suprema de Justicia, conocidas a cualquiera que esté familiarizado con los pasillos de tribunales, explotaron esta semana por una decisión de mayoría de carácter de superintendencia, es decir, no por diferencias por cuestiones de administración que rigen el funcionamiento interno del tribunal.

La mayoría compuesta por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkratz decidió crear una nueva Secretaría Penal Especial para atender los casos de juicios de lesa humanidad, competencia originaria, recursos por retardo o denegatoria de justicia, cuestiones de competencia y habeas corpus y alivianar la alta carga de causas de la Secretaría Penal. La disputa tiene relevancia, ya que se trata del último acto importante de superintendencia previo a la posible modificación de la composición de la Corte y la eventual llegada del penalista Ariel Lijo.

Ricardo Lorenzetti escribió la que seguramente sea la disidencia más dura desde que fue nombrado en el máximo tribunal. Alegó la existencia de “oscuros intereses” y cuestionó que la “ambición desplace a la excelencia” -no se sabe, aún, si es un señalamiento o una autocrítica. Lorenzetti citó incluso a los tres jueces progresistas que quedaron en minoría en el fallo “Dobbs”, de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos para manifestar su tristeza por el estado del tribunal. La similitud encontrada es sólo aparente. Aquella decisión retrocedió 50 años y revirtió el derecho al aborto. Esta, creó una secretaría más de las muchas que tiene la Corte.

El despliegue de calificaciones de la disidencia habla tanto de la gravedad del enfrentamiento como de la dimensión hiperbólica que adoptaron discusiones sobre asuntos que no versan sobre los grandes temas que llegan al máximo tribunal. Los argumentos desplegados no parecieran alcanzar para justificar las expresiones tan dramáticas ya que la sentencia está lejos de ser inédita.

En la Corte recordaban la Acordada 39/15, otro acto de superintendencia que reorganizó las secretarías de la Corte, y se dictó cuando los pliegos de Rosenkrantz y Rosatti ya habían sido propuestos por el Poder Ejecutivo. La mayoría señala también que la Secretaría Penal tiene siete mil causas pendientes, el equivalente a la mitad del total de las sentencias dictadas desde 2018 y que tramitaron ante dicha Secretaría. Por último, recuerda las diversas y numerosas reorganizaciones administrativas realizadas por Lorenzetti durante los varios períodos en que estuvo a cargo de la presidencia de la Corte y la creación de varias Secretarías especiales como las de Juicios Ambientales y de Relaciones de Consumo -dos áreas de especialidad del propio Lorenzetti- u otras vinculadas a la gestión como la Secretaría General.

También hacían memoria sobre viejas internas en el seno del máximo tribunal, que incluyen a funcionarios ligados a uno u otro sector lo que explicita el enfrentamiento que, sin embargo, no demuestra claros bandos ideológicos para justificar una disputa al modo de la Corte estadounidense, ni es fácilmente identificable en función de las presidencias en que fue nombrado cada uno de los jueces o los actuales candidatos. Padrino de la candidatura de Lijo, Lorenzetti decidió patear el tablero tanto para intentar prevenir una nueva pérdida de poder interno como para intentar construir las bases de un equilibrio que en algunos meses, y con el cambio de composición, podría serle más favorable.

Sin embargo, la oratoria pendenciera de Lorenzetti podría generar lo contrario a lo que busca: consolidar, al margen de fricciones internas, la mayoría de tres que conduce, desde hace años, el pulso de la Corte Suprema