Noah Bullock: “El estado de excepción instaló un gulag tropical en El Salvador”

Desde que comenzó el estado de excepción el 27 de marzo de 2022, Cristosal, la principal organización de derechos humanos en El Salvador, documentó 185 muertes de detenidos -ninguno había sido juzgado-. Los muertos sufrieron torturas, golpes, asfixia mecánica por estrangulación, lesiones o simplemente fueron dejados morir por falta de atención a padecimientos mortales, según sus investigaciones. Se considera que las cifras podrían ser mucho mayores, en base a evidencias obtenidas luego de exhumar fosas comunes.

Hablamos con Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, sobre los crímenes de lesa humanidad, las detenciones equivocadas, la corrupción y los resultados del “Modelo Bukele”.

JT: En la prensa internacional se dice algo así como: “El modelo Bukele funciona”. ¿Cómo es tu interpretación de la situación desde una de las organizaciones defensoras de derechos humanos más importantes de El Salvador?

NB: Es interesante lo rápido que la gente ha aceptado que, de alguna manera, no había alternativa a los abusos masivos de los derechos humanos para brindar seguridad a los ciudadanos. ¿Y quién determinó que no había alternativa? Es importante empezar a cuestionar esa premisa. He escuchado a gente decir, por ejemplo, que las pandillas eran como el cáncer y lo que hacía falta era la quimioterapia. Y que ahora lo que tenemos que hacer es curar el cuerpo después de la quimioterapia. Pero esta situación ha cambiado el sistema de gobierno y de justicia en el país. 

Lo que ha hecho el estado de excepción fue instalar, esencialmente, un gulag tropical en El Salvador, un sistema represivo en el que el Estado puede hacer lo que quiera con quien quiera.

A Bukele le gustaría que todos pensaran que él fue el único eficaz a la hora de reducir la violencia en la historia de El Salvador. Pero su predecesor, Salvador Sánchez Cerén, redujo la violencia anualmente durante cuatro de sus cinco años en un 20%. Bukele en lo que va de su mandato nunca superó el 10%. Entonces, con solo mirar las estadísticas, notamos que es falsa la idea de que la única manera de combatir a las pandillas o reducir la violencia era suspender el derecho al debido proceso, utilizar la tortura, las detenciones arbitrarias masivas, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Durante el mandato de Sánchez Cerén se redujo la violencia y, es cierto, también se cometieron abusos y excesos de fuerza, pero nunca se tuvo que suspender el derecho al debido proceso para todos los salvadoreños.

Muchos argumentan que la mano dura es una respuesta necesaria a la violencia que ejercen las pandillas sobre civiles. ¿Cuáles son las realidades que ha encontrado Cristosal en sus investigaciones?

El gobierno argumenta que el estado de excepción fue diseñado para terroristas y criminales, pero quién decide quién es un terrorista y quién es un criminal y qué tratamiento de esas personas es apropiado en una sociedad democrática. 

Con el estado de excepción se reformuló el sistema de justicia. Se pasó de uno que se basaba en el principio de la presunción de inocencia, a otro que llamaríamos “el sistema de justicia penal del enemigo”, en el que hay enemigos de la sociedad que no deberían estar protegidos por derechos. Pero cuando el Estado tiene el poder de decidir arbitrariamente, o muy intencionalmente, quién es enemigo del Estado y luego hacer lo que quiera con esas personas, nadie está a salvo. 

Esta idea de que el Estado hace lo necesario para eliminar a sus enemigos no es nueva. Proviene de la Alemania nazi y en los últimos 150 años fue la premisa de todas las violaciones importantes de derechos humanos y probablemente de la mayoría de las dictaduras. Entonces, lo que estamos tratando aquí no es el modelo de Bukele, sino un modelo clásico y bien conocido de represión estatal, donde se suplanta la violencia criminal por la violencia estatal. La historia marca que cuando la violencia estatal se convierte en política oficial, nunca produce una paz duradera.

¿Cómo es la violencia estatal que reemplaza la violencia pandillera? ¿Cómo es para las comunidades que se liberaron del control territorial pandillero? ¿Cómo se compara con vivir bajo la “violencia del Estado”? 

El ministro de Justicia y Seguridad dijo que los policías y soldados son los jueces de la calle. Las garantías fueron suspendidas. Quien es acusado de ser enemigo de la sociedad no tiene manera de defenderse. El Código Procesal Penal se reformó para acusar a personas por dos delitos: terrorismo o asociaciones ilícitas. Y el Estado presenta evidencia general contra grupos masivos de imputados, es decir, en audiencias de entre 200 y 600 personas, que pueden estar detenidas por hasta tres años mientras avanza la investigación. 

Estamos hablando de un sistema en el que los policías y soldados detienen a voluntad. Y ya han detenido a más de 70 mil salvadoreños. Luego los someten a sistemas de tortura sistemática, ocasionando la muerte extra legal de cientos de personas. Y por si faltaba algo se aplican penas desproporcionadas a personas que ni siquiera pudieron defenderse en tribunales ad hoc, con jueces secretos y en audiencias masivas. Esto está muy alejado de un sistema de justicia penal. Ahora el poder del Estado es decidir quién es enemigo para poder hacer lo que quiera con esa persona. 

¿Cómo se vive esa situación en el día a día de la gente común?

En la comunidad donde yo vivo, las fuerzas de seguridad entraron a la madrugada con un camión de ganado en el que subieron a más de 30 personas. A muchas de ellas las sacaron de la cama, sin ni siquiera revisar su documento de identidad. Y a quienes protestaban, les respondían: “Nada de eso importa. Por órdenes del Presidente, ustedes ahora se van con nosotros”. 

Además, todo el mundo sabe que denunciar o criticar implica también una consecuencia. En nuestro registro de casos tenemos cientos de ejemplos de personas que, en reuniones comunitarias, en redes sociales o de otra forma denunciaron detenciones arbitrarias y luego sufrieron como represalia más detenciones en sus familias. Por ejemplo, una mujer cuyo esposo fue detenido y que luego fue violada por efectivos de las fuerzas de seguridad. Ella hizo la denuncia, le hicieron los exámenes y, una semana después, regresaron los soldados y la llevaron presa en estado de excepción. Hoy en las comunidades hay varias denuncias de policías que han ejercido violencia sexual contra mujeres y bajo la amenaza de que, si hablás, te llevan. 

Lo mismo pasa en comunidades en las que policías y soldados extorsionan a gente con llevarla detenida en estado de excepción si no les pagan una cuota. Entonces, quizás no ha llegado al nivel generalizado de las pandillas, pero ahora sin frenos, sin salvaguardas, el poder del Estado se convierte a la vez en un poder criminal en las comunidades. Estamos hablando de violaciones a los derechos humanos, torturas, detenciones arbitrarias, violaciones y desapariciones. 

¿Esto explica que no haya más quejas por parte de la población?

No hay nadie en El Salvador, aunque apoye o no al presidente, que no entienda que tener una voz, ser una voz crítica, denunciar, incluso proponer, implica consecuencias. Pueden ser las formas más extremas como capturas, torturas, desapariciones o ejecuciones. O que el aparato propagandístico de troles te aplaste socialmente y te estigmatice profesionalmente. Lo mismo pasa con el poder comunicacional, que manda un mensaje muy similar a lo que mandaba la pandilla: es mejor no hablar de política, es mejor no opinar. 

Y en detenciones tan masivas, ¿cuánta gente que no tiene nada que ver termina siendo detenida?

Según los testimonios de cientos de personas que hemos entrevistado, de cada 100 detenciones se estima que más o menos 60 corresponden a civiles y 40 a pandilleros. Y en un informe filtrado a Human Rights Watch el año pasado se calcula que, de 52 mil capturas hacia septiembre del año pasado, solo 123 personas estaban siendo acusadas por homicidio. 

Y es que ni siquiera tienen la capacidad de individualizar a las personas que han capturado. El gobierno mismo ha reconocido que 7.000 personas fueron liberadas por estar mal detenidas, lo cual atribuye al margen de error. El propio fiscal planteó en la televisión que el FBI tiene en su investigación una tasa de error del 30%. Entonces, ese margen de error en un contexto de estado de excepción no está mal. No está mal que el gobierno decida recurrir a detenciones indiscriminadas o a crímenes de lesa humanidad para frenar la situación de pandillas.

Eso nos devuelve a la pregunta de ¿en qué momento se demuestra que esa es la única alternativa? Y creo que, al no hacernos esa pregunta como periodistas o como analistas, terminamos asumiendo cierto nivel de culpabilidad al aceptar como premisa verídica una narrativa propagandística del gobierno. 

¿Cómo fue cambiando la estrategia de Bukele para combatir el delito?

Lo que sabemos es que desde que asumió vimos patrones de bajadas abruptas de homicidios y luego escalas igual de abruptas de estallidos de violencia que cesaron de un momento para el otro. En El Salvador esto es entendido como un indicador de la existencia de un pacto entre el gobierno y los líderes de las pandillas. El mismo Departamento de Estado norteamericano, que produce la famosa lista Engel, plantea textualmente que altos funcionarios del gobierno de Bukele negociaron en dos elecciones con pandillas para generar beneficios electorales para el presidente y su partido.

En los primeros tres años del gobierno no fue posible usar inteligencia del Estado o colaborar con aliados internacionales para detectar las estructuras de las pandillas, sus liderazgos, sus bases económicas y desmantelarlas dentro del marco de la ley porque estaban negociando con ellas. De hecho, el estado de excepción fue decretado cuando colapsó la negociación. Ahí se procedió a una estrategia improvisada de detenciones arbitrarias. 

Todos aceptan que en treguas previas también se controló y redujo la violencia. De hecho, la baja más notable de la violencia fue durante el pacto que terminó en 2012. Pero en El Salvador la negociación no se considera una estrategia válida. 

Esa es una de las historias más tristes de fracaso del liderazgo político en el país. El diálogo no se ha utilizado para construir paz, sino para construir y generar beneficios políticos para el partido en el poder. Por eso la idea de negociar o de hablar es entendida como un acto de corrupción. Pero el diálogo tiene que ser parte de un proceso de construcción de paz. Se tienen que reivindicar estas herramientas democráticas para generar una transición. 

Siempre pensé que parte de la alternativa es la justicia transicional, es decir, un proceso en el que se identifiquen quiénes son los máximos responsables para la brutalidad de la pandilla. Y también de parte del Estado en la represión y las ejecuciones extrajudiciales que hubo. Pero luego dar oportunidad a quienes quieren participar en la construcción de la verdad y la justicia para desmantelar estas estructuras criminales y darle un nuevo futuro para el país. Cuando Bukele llegó tenía un poder y un apoyo popular único. Él pudo haber movilizado la sociedad a un proceso de paz, pero decidió declarar la guerra. 

Las pandillas son fenómenos sociales, nacen a partir de desigualdades y dos décadas de represión del Estado. Y para desmantelarlas se requieren estrategias integrales. No alcanza con quitar de la calle a ciertas personas, hay que transformar las condiciones que produjeron la pandilla en primer lugar. Hay que construir justicia social y se tienen que reparar daños históricos en comunidades marginadas. Pero todo eso no es tan inmediato. Se necesita compromiso político de largo plazo. Y la política, de todos los colores, hasta ahora decidió que es más beneficioso buscar soluciones baratas de corto plazo en lugar de transformar la situación sociopolítica del país. 

¿Se puede confiar en las cifras oficiales de homicidios y violencia? 

Las tasas de homicidios no son confiables. La información oficial al respecto está reservada, solo se comunica en redes sociales y existe mucha manipulación, por eso es muy difícil afirmar siquiera la efectividad de la política. Empíricamente uno observa que hay menos capacidad operativa de las pandillas, menos extorsión y menos homicidios, pero los datos oficiales no te dan seguridad y nosotros tampoco tenemos un registro propio de eso. 

Lo que tenemos son datos sobre detenciones. Vamos verificando las muertes en los centros penales a medida que obtenemos la evidencia suficiente. Ahora tenemos 185 muertes confirmadas en custodia del Estado, pero, como te decía, la evidencia testimonial y otros indicadores documentales indican que son cientas, sino más. Hay evidencia testimonial independiente de diferentes fuentes que indica que incluso hay fosas comunes en los centros penales. Muchos familiares pasan largos meses sin saber o poder verificar el paradero y bienestar de su familiar y no hay garantías de que esa persona sigue viva. Eso se conoce como desaparición forzada, aunque sea de corta duración. Y como las familias no pierden la esperanza, siguen llevando kits a los centros penales sin saber siquiera si lo reciben o si su ser querido está con vida. Nos consta que la mayor parte de la medicina, ropa y comida no llega a las personas. Hemos visto fallecimientos por la negación del acceso a medicina, que sigue siendo una ejecución extrajudicial por omisión de acción del Estado, negación específica a condiciones para garantizar la vida de una persona. 

¿Cómo hizo Bukele para llevar adelante su proyecto?

En su más reciente discurso de la ONU, Bukele dice que el estado de excepción no hubiera sido posible sin un golpe inconstitucional a la Corte Suprema de Justicia y al fiscal. Debía desmantelar los controles y contrapesos de la democracia para poder proceder a abusos masivos. Todo esto no hubiera sido posible sin un pacto con las pandillas. ¿Cómo es posible que el gobierno haya podido detener a más de 70.000 personas sin que las pandillas respondan, sin que reaccionen? Son las estructuras que han dominado el país durante dos décadas y no reaccionan de ninguna manera.

Además, otra característica del modelo es, digamos, la voluntad de cometer detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones a una escala que, según los estatutos de Roma, se consideran crímenes de lesa humanidad. Y la última característica del modelo, además de la militarización implícita y la construcción de un estado policial, es también la flexibilización de los controles administrativos sobre contrataciones del Estado. El estado de excepción sirvió también para que el Estado ya no tenga que ser o no pueda ser transparente en las contrataciones que realiza. Y de esa forma se ha legalizado la corrupción.

Entonces, producto del estado de corrupción o ese famoso modelo Bukele, tenés un estado policial, sin independencia de instituciones, que ha cometido crímenes de lesa humanidad o violaciones de derechos humanos a gran escala, y se han creado mecanismos de corrupción institucionalizados. Ese es el modelo de Bukele.

Este artículo es parte de un dossier especial, A lo Bukele, a cargo de Jordana Timerman. 

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