La seguridad bajo la perspectiva libertaria: principios y realidades

El gobierno y la gestión del problema de la seguridad de la Argentina bajo principios libertarios comportará —como con el resto de los problemas públicos— un enorme desafío, tanto para los nuevos gobernantes electos como para el resto de los ciudadanos. En base a la plataforma electoral de La Libertad Avanza (LLA) y el pensamiento libertario en la materia, las políticas de seguridad que se esperan implicarán una serie de cambios legales, institucionales, y de política revulsivos del status quo actual. 

Ahora bien, los resultados esperados sobre el problema de seguridad de tales cambios no se garantizan por el simple hecho de ser un cambio. El determinante del éxito de una reforma no es lo que reforma, sino lo que construye en reemplazo de lo reformado. En tal sentido, se analizarán dos propuestas de la LLA: la creación de un Sistema de Seguridad Nacional y la política de drogas.  

La visión de la “Seguridad Nacional” 

La principal innovación que propone LLA refiere directamente a la reforma de uno de los pocos consensos multi-partidarios que se mantienen desde la recuperación de la democracia: la especialización y diferenciación de los sistemas de defensa nacional (Ley 23.554/1988), por un lado, y de seguridad interior (Ley 24.059/1991), por otro. El primero, regula los medios necesarios para disuadir o repeler agresiones de origen externo. El segundo, organiza el esfuerzo nacional de policía para proteger la vida, libertad y patrimonio de los argentinos. Mientras que la defensa nacional es la otra cara de la política exterior, la seguridad es la otra cara de la justica. 

En contrario a ello, LLA coloca las propuestas de seguridad, justicia, y defensa nacional bajo un mismo capítulo denominado “Seguridad Nacional”. Allí propone una nueva doctrina de Seguridad Nacional (punto 25) que anime una nueva Ley de Seguridad Nacional en la que se establecería el marco normativo para reestructurar “…los Sistemas de Defensa Nacional, Seguridad interior e Inteligencia Nacional en otro macro, denominado Sistema de Seguridad Nacional que incumbe, entre otros subsistemas sectoriales del Poder Nacional, los instrumentos militares y no militares en: Subsistema de Seguridad Interior –Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y Servicio Penitenciario Federal, en sumatoria con las Policías y Servicios Penitenciarios provinciales y municipales (policías locales)-, Subsistema de Seguridad Exterior –Instrumento Militar de la Nación y Servicio Exterior de la Nación y Subsistema de Inteligencia Nacional – Instrumento informativo de la Nación.” (punto 28). Esto permitiría “Promover un redespliegue conjunto de la Seguridad Nacional.” (punto 34) para dar cuenta de las “…las clásicas y las nuevas amenazas, riesgos o conflictos a la Nación…” (punto 27). 

Los resultados esperados de tales cambios dependerán de los detalles legales e institucionales (hoy desconocidos) y de la capacidad/restricciones de implementación. No obstante, hay algunos aspectos que pueden ayudar a anticiparlos. 

Primero, conceptualmente asume la confusión—bastante extendida—respecto a la naturaleza del soldado y el policía, suponiendo que son especies del mismo género. Y, por tanto, intercambiables. Tal confusión se asemeja a asimilar a los médicos con los veterinarios, pues ambos administran medicina. En realidad, el objeto y el fin especifican al medio. La organización, aptitudes, y medios que tiene un soldado en nada sirven para reunir evidencia judicialmente válida que permita encarcelar a los principales líderes de una narco-organización, por caso. De la misma forma, poco puede hacer un policía con su arma reglamentaria en un escenario de guerra.  

Segundo, tal solución implica suponer que el problema generado por las organizaciones criminales radica en el poder de fuego y/o la carencia de policías suficientes, lo cual requiere convocar a las FF.AA. en auxilio de las policías. Ninguno de los dos supuestos se constata en la realidad. Las organizaciones criminales que operan actualmente lo hacen por connivencia de las policías (problemas de integridad) o por inoperancia en la aplicación de la ley (problema procesal-penal). Asimismo, Argentina no tiene carencia de policías. Por el contrario, es uno de los países con mayor tasa de policía por habitante de todo el hemisferio. Más que Brasil y que EE.UU., por caso. El problema es que tenemos muchos empleados con estado policial, pero pocos policías, esto es, funcionarios con autoridad, aptitud, y medios adecuados para disuadir e incapacitar delincuentes.

Por tales motivos, es dable esperar que el esfuerzo que requiere llevar adelante este cambio estructural de los sistemas de defensa nacional y seguridad interior no se justifique por los resultados que probablemente generen sobre el problema de seguridad de la Argentina. El principal desafío que toda gestión de gobierno enfrenta, sobretodo cuando es una nueva, es seleccionar cuidadosamente los cambios que llevará adelante, pues los recursos (políticos, económicos, técnicos, tiempo) son escasos, y las exigencias de resultados múltiples. Una mala selección en este sentido puede ser fatal.     

La política de drogas

Respecto a las drogas, LLA se aleja drásticamente de los principios libertarios en la materia. Para el libertario-utilitarista (Stuart Mills, Nozick), el uso de drogas no constituye un problema que merezca la intervención gubernamental, por lo que no debería existir una política de drogas en absoluto. Toda política de drogas es una “empresa socialista”, como sostuvo Milton Friedman. Todo individuo tiene un derecho natural a moldear su propia vida, y él es—en todas las circunstancias—el mejor administrador de su propio bienestar. Prohibir a alguien hacer algo que le gustaría hacer, o imponer un costo por hacerlo, no puede mejorar la situación de esa persona. Así, no hay razón alguna para que otros intervengan en las elecciones y estilos de vida privados ni en la actividad económica de producción y promoción que sirve y da forma a esas elecciones. 

De allí que los libertarios han sido los grandes promotores de la legalización de todas las drogas. Aun cuando estas lleven a enfermarse, sentirse atrapados en una forma de vida despreciable, perder su autoestima y las principales funcionalidades sociales y económicas, depender psicológica y económicamente de su familia y amigos, entre otros daños asociados con el uso. Llevado al extremo, todos tienen el derecho de elegir su propia forma de irse al infierno, sin que nada ni nadie tenga justificado ejercer coacción alguna para corregirlo. En esta inteligencia, la intervención gubernamental se encuentra limitada a castigar la transgresión a las reglas que protegen la propiedad y libertad de otros. Cualquier otra intervención no está justificada, incluso si busca mejorar en cierta medida su bienestar.

En contrario a estos principios, LLA propone “Dar especial atención a la lucha contra el narcotráfico, atacando cada una de las células y organizaciones delictivas, controlando límites provinciales y espacio aéreo con radares y personal calificado, dotando a su personal del conocimiento, herramientas de trabajo, de protección junto con el manejo y aplicación de las nuevas tecnologías.” (punto 9) Reforzando esa orientación, también propone “Incorporar sensores móviles, vehículos, drones, satélites y todo equipamiento necesario para el control de fronteras y lograr la recopilación de información para prevenir delitos complejos y monitorear fronteras de manera remota.” (punto 21)

En esta materia, la plataforma de LLA no especifica nada respecto a las estrategias de reducción de demanda (prevención, tratamiento), claves para reducir la cantidad de personas inclinadas a usar drogas y/o reducir los patrones de uso problemáticos. La evidencia indica que el éxito de las estrategias de represión de la oferta de drogas ilegales depende fuertemente de la existencia y éxito de las estrategias de reducción de demanda, y viceversa. Ambos son dos caras de la misma moneda. Por ello, si la propuesta en materia de drogas se reduce a la represión de la oferta, los resultados esperados no serán muy distintos a los obtenidos en los últimos 25 años.