La estrategia del Gobierno contra la AFA para privatizar los clubes

La discusión sobre las tarifas de gas, cuyo incremento fue pospuesto en más de una ocasión, comenzará a impactar en las boletas que lleguen en mayo. La apuesta del Gobierno por las sucesivas postergaciones fue que la quietud del dólar, con el crawling peg del oficial corriendo al 2% mensual, permitiera que la importante contribución al aumento del costo de vida del ajuste tarifario quede compensada con el descenso del resto de los precios que componen el índice. Es más, durante la última semana, Javier Milei y Luis Caputo festejaron una supuesta tendencia deflacionaria; el presidente a partir de una cuenta anónima de Twitter que luego salió a aclarar que usa datos inventados. Aún así, en el Gobierno son optimistas: el índice de marzo -del INDEC, no de Jumbo BOT-, centro de preocupación hasta hace muy poco tiempo, volverá a mostrar descensos y algunos indicadores privados de alta frecuencia anticipan un desplome de los precios de los bienes en la última semana.

Sin embargo, el golpe del aumento de las tarifas de gas será muy significativo. Para entender el impacto, hay que aproximarse a los motivos. Aumentarán fuertemente tanto los cargos fijos como los variables, se reducirán algunas diferencias por niveles de ingresos, que benefician a los hogares de menos recursos en el peor momento estacional de consumo. Entre los componentes tarifarios, el Gobierno anunció una fuerte suba del cargo fijo, que integra la factura independientemente de los niveles de ingresos de quien paga, y que no sólo aumentará su valor sino que pasará a pesar más como porcentaje final de la tarifa. Los valores del cargo fijo saltarán de un mínimo que en marzo no llegaba a 300 pesos para los hogares de menores ingresos y menor consumo, y un máximo de casi 1.800 pesos para los usuarios residenciales de mayor consumo -casi todos consorcios-, a un piso homogéneo de 2.122 pesos para los hogares de menor consumo y 52.800 pesos para los hogares de mayor consumo, sin importar el nivel de ingresos. Los aumentos del cargo fijo superan en algunas categorías el 5.000%. Desde el Gobierno alegan que con las variaciones en el cargo variable -lo que se paga de acuerdo al consumo exacto-, el monto final de los aumentos tarifarios en gas oscilaría entre el 300 y el 500 por ciento, en función de la categoría de usuarios y el nivel de subsidio y anticipan que el aumento llevará la factura de gas promedio a valores de 24.285 pesos por mes para usuarios de ingresos altos, 23.678 para usuarios de ingresos medios y 15.830 para los de menores ingresos, que seguirían fuertemente subsidiados. De acuerdo a la versión oficial esto pondría en línea la factura de gas con las que se pagan por otros servicios, como la telefonía celular o la televisión por cable.

El impacto, sin embargo, será mayor al del promedio anual. La estacionalidad determina que el impacto en los gastos de los hogares sea de mucha mayor cuantía en los meses de mayo, junio, julio y agosto, los meses más fríos del año, cuando el consumo se multiplica y Argentina pasa de exportador a importador gasífero neto. Como las tarifas están diseñadas para promover el ahorro energético, los mayores niveles de consumo determinan un aumento más que proporcional de la factura, que se suma a los cambios en los cargos fijos y variables. Muchas familias podrían sufrir, entre marzo y julio, variaciones de más de diez veces el valor de lo que pagaron.

Al nivel de aumentos se suma la situación salarial. Comparadas con el último gran aumento de tarifas, dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri, las nuevas tarifas de gas colocarían el gasto por hogar en relación a los salarios registrados, en un lugar comparable al peor momento de dicha relación durante el macrismo. El panorama, a futuro, empeora. Las tarifas se actualizarán mensualmente en base a la inflación, con indexación automática. Del lado de los salarios, para los formales, las paritarias competirán con las presiones impuestas por la recesión, algo que afecta aún más severamente a trabajadores informales, privados de la negociación colectiva. Todo se agravaría sustancialmente si hubiera un aumento significativo de la tasa de desempleo. Cualquier aumento en el ritmo de devaluación -una preocupación creciente de numerosos observadores que evalúan la afectación que significa para la competitividad industrial la apreciación real del dólar vivida en los últimos meses- impactará directamente en los niveles de salario real, mientras las tarifas gozan de una actualización automática garantizada.

Las recientes declaraciones del ministro Luis Caputo en el sentido de no homologar paritarias por encima de la inflación muestran una política de ingresos activa que, sin embargo, sólo lo es con los asalariados. El plan económico reconoce el atraso en las tarifas pero no en los sueldos, donde se comporta más cerca de la heterodoxia que de la determinación libre de precios entre empleadores y trabajadores, algo que en privado repetía Milei al menos hasta hace un mes: “¿Qué tengo que ver yo en una negociación entre los trabajadores y las empresas? Que arreglen lo que quieran”.

Pensadores insospechados de simpatías marxistas, como Domingo Cavallo, vienen advirtiendo las inconsistencias que asoman. El exministro señaló el atraso del dólar y el salarial como dos cuestiones prioritarias a atender, sugiriendo un aumento del ritmo de depreciación en línea con la inflación y un ajuste mensual de salarios y otras prestaciones de carácter similar, postergando al menos hasta fin de año el levantamiento del cepo. La política de ingresos, bien usada, es una herramienta desinflacionaria potente, que actúa con fortaleza sobre algunos precios que fijan expectativas. Resulta casi cómico leer a Caputo quejarse de los aumentos desmedidos anunciados por las empresas de medicina prepaga, que sólo fueron posibles a partir de la liberación de precios del sector que dispuso el propio Gobierno a través del DNU.

En el orden de la política exterior, si la visita de la última semana de la titular del Comando Sur de los Estados Unidos, generala Laura Richardson, fue un éxito para la estadounidense, deberá agradecer la inestimable, entusiasta y voluntaria colaboración del presidente argentino. Una vocación por el alineamiento con la potencia del norte que fue expresada en campaña de forma repetida y enfática. La generala es una funcionaria relevante, pero tiene un rango subordinado en la estructura de poder de las Fuerzas Armadas, que en los Estados Unidos están, a su vez, celosamente sometidas a la autoridad civil del secretario de Defensa, designado por el presidente. Es decir, si bien no es una responsabilidad menor, no se trata de una funcionaria de Gabinete del Gobierno estadounidense ni un cargo similar. Incluso entre las visitas de alto nivel recibidas por el Gobierno argentino -que incluyen al secretario de Estado, Antony Blinken, y al jefe de la CIA, William Burns-, Richardson ocupa un lugar relativamente menor.

Tampoco destaca su lugar dentro de la estructura burocrática de Defensa. De los once Comandos que tienen los Estados Unidos, el Comando Sur es uno de los dos que recibe menor cantidad de financiamiento. El promedio de fondos que se le asignó en la última década fue de 200 millones de dólares anuales, de un presupuesto de Defensa que en 2023 rondó los 850 mil millones. Es decir, menos de la milésima parte. A partir de la presencia de China en la región, Richardson impulsa la ampliación del orden de ese presupuesto a cerca de 350 millones anuales.

Extraña entonces que su visita motivara un viaje nocturno, logísticamente complejo, del presidente argentino, con granaderos y pompas dignas de un jefe de Estado y vestido con ropas militares, si no es para escenificar un alineamiento en el que la gestualidad bélica ofrece una contundencia que difícilmente pueda igualar ninguna foto con un funcionario civil, por más alto rango que revista. El anuncio de una “base naval conjunta” realizado por el presidente adoleció de claridad en cuanto a su alcance. La ambigüedad llevó a muchas especulaciones respecto a que la obra pudiera avanzar con presencia también de fuerzas norteamericanas. No hubo ninguna precisión hasta el momento, ni detalles de parte del Gobierno argentino ni del estadounidense. Una base de estas características luce a priori desfasada de las potestades presupuestarias del Comando Sur. En cuanto a la legislación argentina, la presencia de tropas extranjeras debe ser aprobada, según la Constitución Nacional, por el Congreso de la Nación, lo que hace dudar si la base naval sería sencillamente la continuación del proyecto nacional proyectado durante la gestión de Jorge Taiana, sin participación de potencias extranjeras.

Más allá de la poca importancia relativa del sur del Atlántico en el comercio global -algo que podría cambiar de un momento a otro como demostraron las disrupciones del Canal de Suez y la revitalización del Cabo de Buena Esperanza a causa de la guerra en Gaza-, la proyección antártica es observada como estratégica tanto en Washington como en Beijing. Con o sin presencia estadounidense, el anuncio de Milei sobre el relanzamiento del proyecto de base naval al lado de la titular del Comando Sur supone una garantía del actual Gobierno de que China no formará parte de nuestra proyección antártica. Una postura que contradice expresamente la que impulsa, en una obra 100% civil, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella -que busca activamente financiamiento chino. Por eso mismo, en su entrevista con Alejandro Fantino, Milei inscribió la base naval no en la proyección antártica, sino en la discusión por Malvinas.

La gestualidad de la visita, que incluyó guiños argentinos de Presidencia y Cancillería al relato estadounidense sobre la “presencia maligna” de China en la región -particularmente en relación a la base de observación de Neuquén- motivó rápidos y forzados reajustes sobre las declaraciones públicas. Lo que iba a ser una “inspección” de las instalaciones neuquinas operadas por China, se convirtió en una visita, que se hará conforme al cronograma ya previsto. Desde Beijing hay paciencia asiática y una relación comercial que, al final del día, sigue siendo la segunda en importancia de la Argentina, después de Brasil.

Sobre el otro gran tema de importancia para Estados Unidos en la relación de Argentina con China, el país intentará descartar definitivamente la obra de la cuarta central nuclear, Atucha III. El avance de la obra, que sería la primera que aplicaría la tecnología Hualong en un país con tradición de desarrollo nuclear pacífico fuera de China, se encuentra estancado desde hace ocho años y dividía incluso posiciones en la anterior administración. Entre quienes la objetaban no había impugnaciones geopolíticas sino prácticas, por el costo y la necesidad de una obra de generación de energía que se suscribió cuando Vaca Muerta todavía era una incerteza y la provisión de gas dependía de la buena voluntad de Bolivia y Catar.

Un funcionario de la anterior administración, que participó en reuniones con pares estadounidenses sobre la cuestión nuclear rememora que para los norteamericanos la relación con China en materia nuclear tenía otra preocupación importante. Buscaban evitar la exportación de reactores de investigación o multipropósito a China, que Argentina ya ha exportado a distintos países desarrollados y emergentes. En la mirada estadounidense, por sus bajos costos, si China dominara esa tecnología, se haría rápidamente de ese mercado a nivel mundial.

No hay en cambio ningún relato que confirme una presión norteamericana para que Argentina abandone el proyecto CAREM, un proyecto de vanguardia de reactor nuclear pequeño, iniciado hace 17 años y que cuenta con más del 60% de avance en su construcción. Si fuera a abandonarse, los opositores harían mal en endilgarlo a las presiones estadounidenses. Será exclusiva responsabilidad de las autoridades argentinas, que junto con el parate total de cualquier obra pública, deberían presentar un plan de negocios viable para este desarrollo. La reactuación de la política exterior menemista no debería olvidar que los 90 fueron años de fuerte cooperación nuclear con Brasil y desarrollo de los reactores multipropósito que luego se exportarían.

Las cuestiones geopolíticas no terminan en China y los Estados Unidos. El jueves, la Sala II de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña, notificará el fallo de la causa AMIA. En la sentencia se reafirmará la responsabilidad directa del gobierno de la República Islámica de Irán en el planeamiento del atentado, así como del ataque ocurrido dos años antes contra la Embajada del Estado de Israel en Argentina. En ambos casos, se adjudicará la ejecución material de los hechos a la organización libanesa Hezbollah que opera, desde su fundación en 1982, subordinada a la agenda de la dirección del Estado iraní: la mayoría de los análisis coinciden en caracterizar el atentado a la Embajada de Israel como una respuesta de la organización terrorista libanesa a la eliminación, por parte de Israel, de Abbas Al Musawi, uno de sus máximos líderes. Según pudo averiguar #OffTheRecord, y contrariamente a algunas especulaciones, no se dictaría ninguna absolución en las acusaciones por encubrimiento dictadas contra el exjuez Juan José Galeano, y los fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, aunque podría haber algunos cambios de calificación.

Mientras tanto, en la superficie aparecen alineamientos que apenas esconden viejos anhelos. El reconocimiento público de Milei a Sergio Agüero tiene como anverso al Kun como vector del ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol argentino. De diálogo permanente con Macri, Agüero acercó -como ya fue dicho en esta entrega- al City Group para comprar Independiente, hoy gestionado por la primera línea del expresidente. El nombramiento que se acordó para operativizar este viejo deseo de Macri fue el de Julio Garro como subsecretario de Deportes que, junto con el Daniel Scioli -que también dialoga casi diariamente con El Calabrés-, son los encargados de ejecutar la maniobra. El Gobierno aspira a sancionar una ley que, dice, esté sobre el estatuto de la AFA. Sin el aval de la organización que comanda Claudio Tapia esa situación es ciencia ficción: un club podría ser propiedad de un holding extranjero, pero no estaría habilitado para competir en el torneo local. Un mal negocio. Sin embargo, en una maniobra conocida, comenzaron a entornar a Pablo Toviggino con amenazas de causas judiciales: el cruce con Carlos Tévez, casualmente técnico de Independiente y también cercano a Macri, fue parte de esos avisos refinados.