La economía al ballotage

Si Milei gana el ballotage, la principal medida económica que implementaría es la dolarización. Esto lo confirmó un mes atrás en una entrevista, en la que además anunció que designaría a Emilio Ocampo al frente del Banco Central, con la tarea de “cerrarlo”. Lo que nunca pudo dejar en claro es cómo la llevaría a cabo. En primer lugar, porque como en la actualidad las reservas netas con las que cuenta el BCRA son negativas (esto lo explicamos acá), eso implicaría convertir todos los pesos en circulación a un tipo de cambio absurdamente elevado (hay diferentes estimaciones según la metodología que se utilice, pero, en todos los casos, es superior a los 3000 $/USD). Para que se entienda, esto significaría una megadevaluación superior al 700%. Como referencia, el salario mínimo vital y móvil, que actualmente es de $132.000, pasaría a ser de USD 44 (mientras que en cualquier otro país de la región, salvo Venezuela, se ubica por encima de los USD 250).

La dolarización se podría realizar a un tipo de cambio menor, pero eso requeriría conseguir financiamiento externo. Por ejemplo, para dolarizar a una cotización de 1.000 $/USD -en torno al valor del dólar financiero actual- se necesitarían unos USD 28.000 millones, monto que luce imposible para una economía que viene de reestructurar su deuda y que se encuentra en medio de un acuerdo con el FMI. Frente a eso, la propuesta de Ocampo es utilizar los títulos públicos en manos del BCRA como colateral para conseguir dicho financiamiento. Esto, además de ser insuficiente (actualmente tiene unos USD 15.000 millones de títulos, valuados a precios de mercado), también sería sumamente difícil de “vender”. Piensen que lo que estaría queriendo hacer es utilizar nuestra propia deuda -catalogada con altas probabilidades de default según las principales calificadoras de riesgo- como respaldo por si no pagamos. Como si fuera poco, hace unas semanas el Presidente de la Corte Suprema salió a decir que la dolarización sería inconstitucional.

En suma, la medida sería inviable, tanto por motivos jurídicos, económicos y de implementación. Curiosamente, con la “motosierra” del gasto público, su otro caballito de batalla, sucede algo similar. Como muestra esta nota de Chequeado, en una entrevista radial, Milei sostuvo que va a reducir el gasto público en 15 puntos del PBI, sin afectar a los sectores más vulnerables y sin echar a los trabajadores del sector público (solo a los cargos directivos, asociados con la “casta”). Para esto, lo que recortaría sería la obra pública, las transferencias discrecionales a las provincias, los subsidios a los servicios públicos, las jubilaciones de privilegio y el déficit de las empresas públicas. Hay un pequeño detalle: la suma de todos esos gastos no llega ni al 5% del PBI.

Si tenemos en cuenta que el gasto público total (que incluye al sector público nacional, las provincias y los municipios) es aproximadamente del 24% del PBI, se advierte que Milei estaría proponiendo bajarlo a menos de la mitad (donde, hoy en día, el 16% de dicho gasto está destinado a educación, salud, viviendas, jubilaciones, AUH, entre otras partidas sociales). Con lo cual, resulta matemáticamente imposible reducir el gasto en esa cuantía sin afectar a los sectores más vulnerables, porque implicaría indefectiblemente recortes en los rubros mencionados. De nuevo, inviable en un país con más del 40% de la población por debajo de la línea de la pobreza.

Hacen falta dos para bailar un tango

Si nos enfocamos en Massa, la mayor certeza la tenemos en lo que va a hacer de acá a las elecciones. Dados los altos costos en materia inflacionaria y los pocos beneficios en materia de reservas que generó la devaluación que aplicó el día posterior a las PASO, no caben dudas de que va a tratar de mantener el tipo de cambio congelado, tal como ratificó su viceministro hace unos días. El problema, como explicamos en la edición anterior, es que un tipo de cambio fijo en un contexto de elevada inflación provoca que el valor del dólar -medido en términos reales- se reduzca rápidamente. Esto lleva a que se requiera de la intervención del BCRA, tanto en el mercado del dólar oficial como en el del financiero, lo que lo obligaría a tener que desprenderse de divisas en un contexto donde las reservas -netas- se encuentran en mínimos históricos. Por tales motivos, esto seguramente venga acompañado de mayores restricciones al acceso de las importaciones, con un impacto negativo en la actividad económica y en los precios.

Acá aparece una complejidad adicional, vinculada a Javier Milei. Como vimos anteriormente, su propuesta de dolarización requiere de un tipo de cambio sumamente alto. Por ende, tiene muchos incentivos a echar leña al fuego: cuánto más incendiarios sean sus comentarios, más probable se hace que la gente y las empresas se desprendan de los pesos y se refugien en la compra de dólares (que, además, lucirían baratos a la cotización actual), lo cual facilita la posterior dolarización.

No obstante, esta estrategia tiene dos grandes problemas. En primer lugar, podría tener un efecto contraproducente en el electorado de cara al ballotage, si es que lo identifica como el causante de la inestabilidad cambiaria (recordemos que una semanas atrás, cuando dijo que el peso “no puede valer ni excremento”, fue criticado duramente no solo por el oficialismo sino por todo el arco opositor).

En segundo lugar, ese efecto desestabilizador podría terminar jugando en su contra, en caso de ganar las elecciones. Acá basta repasar un poco la historia de lo que fue la hiperinflación durante el fin del mandato de Raúl Alfonsín porque algunos creen que la misma fue rápidamente controlada por Carlos Ménem y por Domingo Cavallo con la implementación de la Convertibilidad. Sin embargo, no fue así. Ménem asumió en julio de 1989, en pleno proceso hiperinflacionario (la inflación mensual superaba el 200%). Ahí designa a Miguel Ángel Roig como ministro de Economía, quien fallece a los 5 días de asumir el cargo y luego es reemplazado por Néstor Rapanelli (ambos altos directivos de la empresa multinacional Bunge y Born). Tras aplicar un plan fallido de estabilización, hay una segunda hiperinflación en marzo de 1990 (la inflación mensual fue del 96%) y ahí lo designa a Erman González, que implementa el Plan Bonex.

El plan produjo una reducción sostenida de la inflación, que para fines de 1990 llegó a ubicarse por debajo del 5% mensual, pero una corrida que se desató en enero del 1991 y que provocó una devaluación del tipo de cambio de casi el 70% llevaron a que renunciara y a que, en su lugar, asumiera Cavallo. El flamante ministro asumió en medio de la aceleración inflacionaria provocada por la devaluación, que la ubicó en torno al 27% mensual, y allí anunció la Convertibilidad. Es decir, el proceso hiperinflacionario fue controlado luego de casi 2 años, siendo atravesado en el medio por una serie de medidas sumamente drásticas que podrían haber provocado otro fin de mandato anticipado, de no ser por el fuerte respaldo político y social con el que contaba Ménem.

Este no es el caso de Milei, quien además de no contar con una estructura partidaria, de ganar asumiría con una minoría de diputados y senadores, muy lejos de la cantidad para contar con el quórum necesario para la aprobación de las medidas que quiere implementar.

Los libertarios obtuvieron solo 37 bancas en Diputados (se necesitan 129 para el quórum). Aun suponiendo que lograra que el 100% de Juntos por el Cambio lo apoye, algo bastante difícil, alcanzaría los 130 votos. Todavía más complejo es el panorama en la otra cámara, dado que van a contar con 8 senadores (se necesitan 37 para el quórum), por lo que no lo lograría ni siquiera con todo el apoyo de JxC (que tiene 24 bancas).

Señales mixtas

El hecho de que Milei pueda provocar un efecto desestabilizador solamente con sus anuncios refleja lo frágil de la situación económica actual. Evidentemente, si Massa ganara las elecciones debería haber cambios en el manejo económico. ¿Qué es lo que va a hacer? No está del todo claro, porque hasta ahora no hizo grandes anuncios sobre su programa económico, ni tampoco dijo quiénes estarían a cargo del Banco Central o de la cartera económica. Sin embargo, hace unos días Gabriel Rubinstein, su viceministro de Economía, le dio una extensa entrevista a Jorge Fontevecchia de la cual se pueden extraer los lineamientos generales.

La premisa principal sería el ordenamiento de la macroeconomía, lo que implicaría lograr el equilibrio fiscal y, con eso (luego), la unificación cambiaria. En esa línea, ayer anunció que buscará que el 2024 finalice con un superávit fiscal primario del 1% del PBI, aunque para ello requiere que el Congreso apruebe la eliminación de ciertas exenciones tributarias (como la eximición del impuesto a las ganancias por parte de la mayoría del Poder Judicial o los beneficios fiscales que tiene la industria ensambladora en Tierra del Fuego).

Por otro lado, Rubinstein sostuvo que para eliminar la brecha cambiaria primero se deben acumular reservas, e incluso le puso un número: se necesitan USD 20.000 millones. El tema, como ya vimos anteriormente, es que resulta muy difícil que se pueda conseguir esa cantidad de financiamiento en estas condiciones. De no obtenerlo, entonces se debería optar por una unificación gradual, en la medida en que mejoren las cuentas fiscales y el Banco Central acumule reservas.

El problema de esta estrategia es que el nivel de la brecha se transforma en un blanco móvil, que se aleja con el correr del tiempo, ya que la misma incentiva el adelanto de las importaciones y la subfacturación de las exportaciones, haciendo que el potencial superávit comercial que se espera que haya el año que viene (sin sequía y con el impacto positivo del gasoducto en la balanza energética), se esfume en el mercado informal sin reducir significativamente la brecha cambiaria. Así, será clave el timing y la velocidad a la que se busque unificar el tipo de cambio. El problema es que nunca es un buen momento para devaluar y unificar. Habrá que ver si el tigre pega el zarpazo.