La defensa nacional en el día después de Milei
Cuáles son los riesgos de que desaparezcan las fronteras con la seguridad interior y el resultado que estas políticas dieron en otros países de la región.
Tras la dictadura, la reconstrucción de la democracia precisó de ciertos consensos. De ellos surgió el actual plexo normativo de la defensa nacional: la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia Nacional. A su ritmo, esta plataforma base consiguió despolitizar a las Fuerzas Armadas, redefinir el accionar del instrumento militar, afianzar el control civil y trazar de manera taxativa y precisa una distinción entre la seguridad interior y la seguridad exterior. Este consenso puede estar a punto de romperse.
Cinco contrapuntos de la nueva política de defensa
En el corazón de la propuesta de LLA late una redefinición y reestructuración del plexo normativo. Aunque las coyunturas están sujetas a cambios, la política a negociaciones y la gobernabilidad a acuerdos resulta pertinente desgranar las implicancias de esta reforma, revelando contrapuntos que podrían perjudicar el sistema de defensa argentino.
El primer contrapunto es normativo y surge en torno a la inconveniente difuminación de las fronteras entre la seguridad interior y la defensa nacional. En la plataforma electoral, bajo el ítem “Seguridad Nacional y Reforma Judicial”, se propone la reestructuración de las leyes del plexo normativo bajo un único paraguas denominado “Seguridad Nacional”. Esta propuesta implica la incorporación, bajo una misma categoría, de las amenazas tanto “clásicas” como “nuevas” a la seguridad. Sin embargo, la defensa y la seguridad interior no son lo mismo. La primera se ocupa de la protección del territorio nacional ante amenazas externas, mientras que la segunda se enfoca en amenazas domésticas y la protección ciudadana. Mantener esta separación facilita el diseño de políticas públicas apropiadas, la definición de tareas y responsabilidades, una adecuada distribución del presupuesto y la adquisición de capacidades de manera estratégica, alineada con los intereses nacionales. La mezcla de estos ámbitos tal como la propone LLA es confusa, relega la defensa nacional a la seguridad interior y otorga a las Fuerzas Armadas la capacidad de intervenir en asuntos de orden interno.
En consecuencia, surge un segundo contrapunto vinculado a los roles. La posibilidad de emplear a las Fuerzas Armadas en seguridad interior conlleva un solapamiento de funciones con las fuerzas de seguridad, lo que podría originar problemas de identidad y pertenencia. Los militares, a diferencia de las policías o gendarmerías, se preparan y entrenan para la guerra. Utilizarlos para misiones no tradicionales o frente a las “nuevas” amenazas implicaría el rediseño de una Fuerza Armada con capacidades y doctrinas diferentes. De lo contrario, se vuelve problemático encomendarles tareas y atribuciones que poco tienen que ver con su entrenamiento y formación. Esto no solo genera desprofesionalización de las fuerzas, improvisación y desconcierto, sino que también implica desnaturalizarlas, dañar el ethos militar y privarlas de su razón de ser.
Así llegamos al contrapunto sobre el control civil. La separación de ministerios y la conducción de la política de defensa a través de civiles son elementos esenciales para asegurar una Fuerza Armada democrática. Acá se destacan dos cuestiones: la propuesta de Victoria Villarruel de “reformular el diseño de las fuerzas y su despliegue suprimiendo escalones innecesarios y burocráticos” y los rumores de que la coordinación de la cartera recaería sobre un militar retirado. En cuanto a lo primero, los escalones a los que Villarruel hace referencia son necesarios para garantizar una cadena de mando bajo el control civil. En cuanto a lo segundo, sería la primera vez desde la recuperación de la democracia que la defensa volvería a estar en manos de alguien de origen militar.
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El contrapunto sobre la política exterior es curioso. La LLA reconoce a la política de defensa como política exterior de manera explícita y se refleja, a su vez, en las definiciones de hipótesis de conflicto de Villarruel en las que destacó la base de exploración espacial de China, el conflicto en las Islas Malvinas con el Reino Unido, conflictos limítrofes con Chile, problemas en las fronteras con respecto al terrorismo internacional y el crimen organizado y el conflicto mapuche en el sur. De todas esas definiciones, la mayoría son de orden internacional. Sin embargo, esta definición entra en conflicto con la utilización de las Fuerzas Armadas para combatir el delito interno, el narcotráfico y la seguridad pública e invita a un abandono de la política de defensa como política exterior. Esta ambigüedad genera una multiplicación de conflictos que atrae problemas de definición estratégica y nos sitúa frente a una pregunta válida: ¿cuál es la misión de las Fuerzas Armadas en democracia?
El último contrapunto tiene que ver con la preservación de las instituciones democráticas. La fusión normativa generaría problemas de superposición de funciones y responsabilidades entre ministerios, y haría al poder civil perder capacidades frente a la ampliación del desempeño militar en áreas como la seguridad interior y el desarrollo. Utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas ajenas a la defensa nacional es perjudicial para las democracias donde las instituciones se diseñan con fines específicos. Esto oculta déficits en la administración y el fortalecimiento institucional, dando lugar a disfunciones que obstaculizan el proceso de desarrollo estatal.
Bienvenida a la ola regional
La tendencia de utilizar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior es un fenómeno regional del cual, hasta el momento, Argentina era la excepción. Mirarse en este espejo se vuelve importante para entender hacia dónde pueden dirigirse estas propuestas. En México y Colombia, la militarización de la seguridad pública ha llevado a un aumento de la violencia y violaciones a los derechos humanos. En Brasil, hasta hace poco, los militares controlaban importantes ministerios. En Bolivia legitimaron un golpe de Estado. En Ecuador y en Chile reprimieron protestas sociales. Son tan solo algunos ejemplos.
La militarización también conlleva una dependencia del poder civil de las capacidades coercitivas de los militares, socavando su habilidad para liderar a las Fuerzas Armadas y permitiendo que los militares recuperen control político. En algunos países de la región, los políticos de turno dependen de los militares para mantener su poder. La posibilidad de la militarización en Argentina se agrava al venir acompañada de la reivindicación del episodio más cruento de la historia nacional: la última dictadura. En última instancia, podríamos estar por perder uno de nuestros consensos democráticos.
Aún es temprano para concluir que esta nueva política de defensa podría militarizar al país. Quedará pendiente entender cuántas y cuáles de estas propuestas se implementarán y cómo se llevarán a cabo. Paciencia.