Off the record

El tiempo es un gran ordenador

Las visitas de los jueces de Casación a la Quinta de Olivos recordaron la denuncia contra Sebastián Casanello sobre la cual hubo novedades a partir de la testimonial de Lázaro Báez en la causa de espionaje en Lomas de Zamora. Una interrelación que cristaliza el grado de putrefacción de un sector del Poder Judicial y los servicios de inteligencia.

Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Recibí rigoreos por el comienzo de la entrega anterior así que en esta me limitaré a recordar que, como nos enseñó Marco Aurelio en sus Meditaciones, “lo que no beneficia al enjambre tampoco beneficia a la abeja”. En criollo: cuidate que falta poco.

Una de Netflix

Empezó como versiones periodísticas, pero inmediatamente se tornó real: luego de los trascendidos, Leandro Báez -que no había sido llamado a indagatoria- designa a Santiago Viola y Claudia Balbín como abogados defensores. En ese momento la causa tenía cerca de 100 cuerpos, algo que a un letrado con experiencia y mucha capacidad de trabajo podría llevarle más de una semana revisar. Balbín y Viola lograron en 72 horas completar la lectura de toda la causa y volcar los argumentos para recusar al juez Sebastián Norberto Casanello por una presunta visita a la Quinta de Olivos. Daban ganas de contratarlos.

El juez rechaza la recusación y en el escrito hace referencia a que, tardíamente, comprendió los motivos de las operaciones de prensa. Sin embargo, la Cámara Federal resuelve algo atípico para quien abreva al principio del Estado que los actos de los funcionarios se presumen legítimos: abre a prueba. En paralelo, Graciela Ocaña copia los argumentos de la defensa de Báez (h) y presenta un pedido de juicio político contra Casanello. A los pocos días, Lázaro Báez hace llegar un manuscrito a través de Viola a la Cámara Federal asegurando que él había visto al juez en la quinta presidencial. Báez es el primero que miente. Martín Irurzun y Eduardo Farah no advirtieron una irregularidad: el abogado de Báez no era Viola sino Daniel Rubinovich que presentó un escrito al día siguiente diciendo que no tenía nada que ver con esa misiva. 

Después de unos meses y antes de que la Cámara decida, se presenta Viola en el incidente de recusación y dice que lo llamó un hombre llamado Gabriel Corizzo que aseguraba haber sido testigo del encuentro de Cristina Fernández de Kirchner con el juez federal. Irurzun y Farah rechazan la recusación, pero denuncian penalmente a Casanello porque si bien no estaba probada la reunión, los magistrados entendían que había que investigar en un contexto más amplio. La denuncia cae en el juzgado de Luis Rodríguez que delega la instrucción en Carlos Stornelli. El fiscal llama a testimonial a Corizzo que cuenta que se encontró con Viola y otra persona que decía ser fiscal. Posiblemente Eduardo Miragaya. Es ahí cuando declara que cree haber visto a Casanello en la Quinta de Olivos. 

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El juez lo denuncia por falso testimonio y esa nueva causa vuelve a caer en Rodríguez-Stornelli. El fiscal pide medidas de prueba, demuestra que el titular del juzgado federal 7 nunca estuvo en Olivos y pide el archivo de la causa. En ese momento aparece el otro protagonista operativo de la serie: Carlos Scozzino, chofer. Igual que Centeno. Scozzino aseguró haber llevado entre agosto y octubre de 2015 a Corizzo a Olivos y que en esa oportunidad vio a Casanello, a quien identificó por haberlo visto en televisión. La historia de los dos caballeros confundidos es conocida: fueron condenados por falso testimonio. Sin embargo, la investigación continúa porque Casanello insiste en que hay que conocer a los instigadores de la operación y pide que se indague a Santiago Viola. Stornelli recoge esa misma idea; el juez Rodríguez lo indaga, pero le dicta la falta de mérito. Lo mismo que a Miragaya.

La querella y Stornelli apelan la falta de mérito a Viola, esto va a Cámara donde Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dan vuelta la decisión de primera instancia y procesan al abogado. Mariano Llorens, por su parte, sostiene la decisión de la instancia inferior y va más allá: a Viola hay que sobreseerlo porque fue engañado. Una víctima. La causa hoy está nuevamente en Casación. ¿Cómo van a resolver Mariano Borinsky y Gustavo Hornos ante los instigadores de una operación contra un colega por una visita a Olivos que no existió y luego que se conocieran las propias que sí? Es una incógnita. Hornos podría argumentar que él en general no tuvo agenda de trabajo con el expresidente: en una de sus visitas cenó junto a Mauricio Macri y Chris Martin, el líder de Coldplay. Algunos dicen que la operación contra Casanello tenía un segundo capítulo luego de destituirlo: volver a sortear la causa para que cayera en un histórico juzgado que tenía acordada la liberación de Báez. Eran las épocas en las que Hornos le habilitaba oficialmente las escalinatas de Comodoro Py a un programa de aire para burlarse de un colega suyo.

Este espectáculo grotesco tuvo un episodio que pasó casi desapercibido. En noviembre de 2016 se juntaron con agenda vaticana en una quinta del Gran Buenos Aires una serie de laudatistas entre los que se encontraban el propio Casanello, Daniel Rafecas, Marcelo Sánchez Soronodo, entre otros. El objetivo era la organización de unas jornadas antimafia en la legislatura porteña. En aquel momento, una nota del diario Clarín consignó el encuentro, pero modificó la agenda: aseguró que en el temario había estado la posibilidad de generar anticuerpos ante el espía Jaime Stiuso que, casualmente, recogió el artículo y se presentó como querellante. El primer juez que sostiene que una reunión social con una hipótesis periodística debía ser investigada penalmente fue Mariano Llorens. El mismo que visitó a Macri en Olivos durante su mandato. Llorens está comprometido por sí mismo. No fue el único. Stiuso apeló y logró que otro magistrado compartiera criterio: Mariano Borinsky. Un cuento del Gordo Soriano.

Hay otra historia que se remonta a los comienzos. Tres días después de ser detenido, Lázaro Báez es retirado del pabellón para una consulta oftalmológica. En lugar de un oculista, al encuentro llegan Claudia Balbín acompañada de otra persona. Le dicen que vienen de parte de presidencia -algo incomprobable hasta el momento- y le dan 48 horas para pensar una propuesta: si declaraba algo que comprometiera a Cristina Fernández de Kirchner le devolvían las empresas. Ayer en Lomas de Zamora, Báez declaró como testigo en la causa de espionaje y por primera vez individualizó al acompañante de Balbín. Era Eduardo Miragaya.

Esta trama es importante por varios motivos, entre ellos el de orden global. La semana pasada fue agenda el capítulo argentino del reporte que, año a año, realiza el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre las prácticas en materia de Derechos Humanos en los países miembro de Naciones Unidas. En algunos medios, el capítulo argentino fue calificado como una suerte de llamado de atención del Secretario de Estado, Anthony Blinken, al gobierno de Alberto Fernández. Una lectura al menos parcial.

Los informes son un deber que la legislación estadounidense impone al Departamento de Estado, en principio como insumo para el Congreso, aunque operan también como herramienta de publicidad de las posiciones estadounidenses en la materia. Son elaborados por las Embajadas que los Estados Unidos tienen alrededor del mundo y suelen contener un relato bastante balanceado de los hechos. Una búsqueda rápida puede identificar algunos señalamientos importantes a situaciones en países aliados como Colombia, los Emiratos Árabes Unidos e incluso Israel. Al contrario de las crónicas periodísticas, el informe describe debilidades pero también fortalezas en su evaluación de la Argentina. Conviven el reconocimiento de las elecciones justas y libres, los avances en materia de género y la existencia de una prensa libre, con los señalamientos sobre abusos policiales, independencia judicial y las denuncias de ADEPA y de FOPEA. El capítulo sobre corrupción, bastante narrativo, rememora la condena a Julio De Vido y el procesamiento de CFK, pero también el de Macri. Los puntos sobre la mentada falta de independencia judicial aparecen calcados de informes anteriores, cuando gobernaba JxC.

El informe sobre Argentina no aparece entonces demasiado especial. Las investigaciones contra dos políticos muy cercanos a los Estados Unidos, como José Serra y Geraldo Alckmin, ocupan un lugar destacado en el informe sobre Brasil y los relatos sobre reportes de corrupción aparecen también en los informes de países desarrollados, como Corea, Italia, España, Francia y hasta en otros donde el problema es de una dimensión muy menor, como Japón o el Reino de Dinamarca.

Lejos del intento de convertir algo ordinario en extraordinario, en el gobierno estadounidense han sido, hasta el momento, transparentes en sus posiciones. La única parte del informe que firma el Secretario de Estado, el prefacio, identifica con claridad las preferencias estadounidenses. Los gobiernos de China, Rusia y el gobierno de Bashar Al-Ássad en Siria, a nivel global, y Venezuela, Nicaragua y Cuba en nuestro continente son mencionados por Blinken de forma expresa. Una forma directa de la que, por lo demás, el jefe de la diplomacia del país del norte no ha huido. Hace apenas días desde que se sintió en condiciones de pronunciarse, a través de su cuenta de Twitter, contra la detención de la expresidenta de facto de Bolivia Jeannine Añez, en la misma semana en la que conversó, larga y animadamente con el canciller Felipe Solá.

El mundo también mira a la Argentina por las oportunidades de inversión o la falta de ellas. La noticia pasó casi desapercibida, pero en la víspera de la Semana Santa, tras la reunión del Gabinete Económico, el gobierno anunció la creación de un nuevo régimen de promoción para inversiones exportadoras. El esquema se aplicará a proyectos productivos de al menos 100 millones de dólares en un rango amplio de actividades -tanto para inversiones nuevas como ampliación de capacidad instalada- y permitirá a las empresas disponer de hasta el 20% de las divisas obtenidas a partir del negocio con un límite anual del 25% del monto bruto del capital inicial. 

El gobierno comenzó así a transitar el largo camino que va desde el cepo, reimpuesto al final del gobierno anterior, a una regulación más racional de la cuenta de capital. Como señaló Alberto Fernández varias veces durante la campaña, entre ellas a Cenital, el mismo cepo que limita la salida de capitales, también hace muy difícil su ingreso. ¿Quién pondría su dinero a producir en un país, si no sabe si podrá luego realizar ganancias, repagar sus créditos o devolver aportes de su casa matriz? El nuevo régimen arranca por las grandes inversiones y se vincula exclusivamente a nuevas capacidades exportadoras, por lo que es de esperar que no tenga costo en divisas sino lo contrario, y contribuya a mejorar un indicador -la inversión privada- en el que Argentina se destaca por su bajo nivel, aún en la comparación con las generalmente tasas de la región. Sectores como el minero, hidrocarburífero, y algunos industriales altamente competitivos como el automotriz o de farmacia probablemente se cuenten entre los primeros beneficiarios de un régimen cuyo éxito se medirá por la existencia o no de nuevos anuncios de inversión.

Bonus track

  • El pedido de nulidad de Carlos Beraldi por el Memorándum con Irán fue la primera repercusión de las visitas de Borinsky y Hornos a Olivos, pero no la más importante: Marcelo Gallo Tagle, de la Asociación de Magistrados -a la que no se le recuerda una crítica dentro del mundo judicial-, dijo que el hecho constituía algo “gravísimo y de una realidad inusitada”. Sorprendente.

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La recomendación de hoy es La paradoja de la globalización de Dani Rodrik.

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Iván

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Soy director de un medio que pensé para leer a los periodistas que escriben en él. Mis momentos preferidos son los cierres de listas, el día de las elecciones y las finales en Madrid. Además de River, podría tener un tatuaje de Messi y el Indio, pero no me gustan los tatuajes. Me hubiera encantado ser diplomático. Los de Internacionales dicen que soy un conservador popular.
@ischargro

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