El Salvador: los militares vuelven al Palacio Legislativo

En otro episodio de conflicto abierto de poderes, el presidente salvadoreño metió Fuerzas Armadas en el Congreso para intentar forzar una votación parlamentaria.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se enfrenta a su mayor crisis institucional desde que asumió en su cargo. Luego de que los diputados de la oposición no dieran quórum para tratar un proyecto de presupuesto en materia de seguridad, el mandatario se hizo presente en el Congreso, acompañado por militares y llamó a una «insurrección civil».

El conflicto

Semanas atrás, los legisladores de la oposición sacaron de la agenda legislativa un dictamen que buscaba aprobar un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Para Bukele el proyecto era prioritario, debido a que se destinaría a la compra de equipamiento en materia de seguridad.

Por pedido de Bukele, el presidente de la Asamblea Legislativa, que es unicameral, Mario Ponce, llamó a los legisladores a una sesión extraordinaria. Del total de 84 diputados, solo bajaron al recinto 28, por lo que no hubo quórum y no se pudo reintroducir el texto que el mandatario quería que se tratase con suma urgencia.

En ese marco, el presidente de El Salvador se hizo presente en el recinto legislativo acompañado de militares y policías, que también rodearon el Congreso. Desde allí y ante la polémica generada por el uso de efectivos para presionar, el mandatario fue más allá y pidió a la ciudadanía que saliera a las calles para exigirles a los legisladores que traten el proyecto.

Según Bukele se ampara en el artículo 87 de la Constitución para que sea la concentración ciudadana en las calles, la que exija el tratamiento del préstamo que tiene como fin combatir la criminalidad. El Salvador es uno de los países más violentos del mundo, según el último informe de la Fiscalía General de la República, entre enero y septiembre del año pasado se registraron 2300 desapariciones vinculadas a la violencia de las maras Barrio 18 y Salvatrucha (MS13).

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¿De qué se trata el proyecto?

El dictamen propone aprobar un préstamo del BCIE por 109 millones de dólares, que tiene como objetivo financiar lo que se conoce como fase III del Plan Control Territorial. El proyecto busca equipar y reforzar a las fuerzas de seguridad del país en su combate especialmente con el crimen organizado, impulsado por los grupos conocidos como maras.

Los dos partidos que son mayoría en el Congreso, el centroizquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), consideran que no está claro de qué manera el Presidente de El Salvador gestionará el uso de ese dinero en materia de seguridad y por ese motivo que se niegan a aprobarlo.

Semana clave

Hoy el Congreso amaneció militarizado y las fuerzas de seguridad se mostraron dispuestas a acatar las órdenes de Bukele. «Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el el préstamo para el Plan Control Territorial, los volvemos a convocar el domingo y le volvemos a pedir a Dios; en una semana nos convocamos acá, y si no aprueban, yo no me voy a poner en medio de ustedes y del artículo 87 de la Constitución», afirmó el mandatario, al hacer referencia a su llamado a la ciudadanía a movilizarse para pedir que se trate el dictamen.

De acuerdo al artículo 87, en el que se ampara Bukele, la Constitución reconoce «el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones de los derechos humanos consagrados».

El Congreso seguirá militarizado y el llamado a sesiones extraordinarias también, por las cuales, según el Presidente, los legisladores están obligados a asistir y sino deberán atenerse a las consecuencias. Mientras tanto, la oposición denunció la presión que los legisladores están recibiendo por parte del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y llamaron a las organizaciones internacionales para que medien en el conflicto institucional que atraviesa el país.

Con un alto apoyo ciudadano, el joven presidente salvadoreño intenta forzar a otro poder del Estado, dominado por los partidos tradicionales, que acordaron el final del conflicto civil que dejó cientos de miles de muertos. Estos conviven con acusaciones de corrupción que permitieron a Bukele emerger como representante por fuera de esos polos. Enfrentando acusaciones internacionales de autoritarismo y hasta de quiebre institucional, Nayib Bukele juega con los límites y, de imponerse, habrá acumulado, a meses de asumir, una inédita cuota de poder, al costo de haber traído de nuevo imágenes del pasado más doloroso.

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