El instrumento de votación y la consolidación democrática: los ejemplos del mundo

Recientemente en Argentina comenzó a debatirse nuevamente, como cada cierto tiempo sucede, el instrumento de votación utilizado en procesos electorales. A instancias de partidos de la oposición, se debate en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto para implementar la Boleta Única en Papel (BUP) para las próximas elecciones presidenciales de 2023.

Debatir una reforma electoral basada únicamente en el instrumento de votación conlleva un análisis del contexto en el cual debe implementarse. Realizar una reforma para su implementación en una elección presidencial en contextos polarizados, como el que vivimos hoy en la región y el mundo, parece traer más riesgos que soluciones.

Si a pesar de estos riesgos la decisión es continuar con este debate, debemos hacerlo con la mayor información posible, explorando cuáles son las alternativas disponibles, los lugares geográficos en los cuales se implementan, los costos de ingreso por parte de la ciudadanía y algunos desafíos pendientes en materia electoral para países federales como el nuestro.

Cuando hablamos de instrumentos de votación nos referimos a las boletas seleccionadas para que la ciudadanía pueda ejercer su voluntad en la jornada electoral. Este no es un dato menor porque es justamente este instrumento el componente central del proceso electoral que compete completamente a las y los ciudadanos, y los costos de ingreso a un nuevo sistema deben ser analizados en clave de la capacitación del electorado y de la legitimación del nuevo sistema por parte del conjunto de la sociedad.

Las boletas pueden ser partidarias o únicas. La boleta partidaria es la que se utiliza en el sistema electoral de nuestro país. Esta alternativa permite a quienes ejercen su derecho al voto seleccionar a través de una boleta de papel su preferencia política presentada de manera clara, identificando a las personas que presentan su candidatura y a los partidos políticos que la sustentan.

Aquellos Estados que implementan este instrumento de votación suelen encargarse de la provisión de boletas, a través de la autoridad competente en la cuestión electoral. En nuestro país, si bien el Estado se encarga de imprimir una base de boletas, los partidos políticos no sólo pueden imprimir una mayor cantidad por su parte, sino que son los encargados de velar por el suministro de las mismas en los establecimientos electorales, a través de los fiscales generales y los fiscales de mesa. Incluso, pueden distribuirlas de manera previa a los comicios entre sus simpatizantes. En la actualidad existe una gran parte de la ciudadanía, sobre todo las y los adultos mayores, que llevan la boleta partidaria el día de la elección para tener mayor seguridad de votar al candidato cuyo programa político más lo representa.

En este tipo de instrumentos, los partidos pueden incluir en la boleta fotos de las candidaturas, simbología partidaria y colores determinados, que son refrendados por el Poder Judicial y que colaboran con una mejor identificación de la preferencia política por parte de las y los electores.

Como alternativa a la boleta partidaria se propone la boleta única, que presenta la totalidad de las candidaturas de los distintos partidos en una misma boleta, en la que las y los votantes seleccionarán su preferencia a través de una marca en la BUP. En esta alternativa, la impresión y distribución de las boletas se encuentra exclusivamente en manos de la autoridad con competencia electoral. La presentación de las diferentes candidaturas en cargos y jurisdicciones se pueden presentar de manera unificada en una boleta, como es en el caso de Perú y Bolivia en nuestra región, o se pueden concentrar las candidaturas en distintas boletas según nivel eleccionario, opción por la que optaron Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay.

Sin embargo, el debate sobre la boleta única no termina en el instrumento, ya que esta modalidad puede tener una multiplicidad de diseños y maneras de votar en el cuarto oscuro. De hecho, los países que poseen este mismo sistema pueden presentar boletas con distintas características y diferentes maneras de ejercer el voto.

Ahora bien, la boleta partidaria se encuentra implementada en otros países del mundo, además del nuestro, cuyas democracias son presentadas como ejemplo a nivel internacional. Veamos a continuación algunos ejemplos de aquellas democracias que han sido señaladas como modelo y que poseen un sistema de votación similar al de Argentina.

En nuestra región actualmente, además de Argentina, Uruguay es el único país que contempla en su normativa la utilización de boletas partidarias para los procesos eleccionarios. En este país la utilización de la boleta partidaria no conlleva cuestionamiento alguno sobre la integridad y confianza electoral histórica de la ciudadanía, siendo uno de los países del mundo, y el primero en América Latina, que mejor puntaje obtuvieron en el índice de democracias elaborado por The Economist en 2021, con la máxima calificación en la organización y desarrollo de procesos electorales.

En su caso, la misma Constitución lo llama “hoja de votación”, que debe estar individualizada con el lema del partido político. Si comparamos con el instrumento electoral argentino, podemos señalar que, mientras en nuestro país se hace énfasis en el color de las boletas de cada agrupación política, la ley uruguaya pone el foco en el número de orden, indicando que el color debe ser sobre papel blanco y tinta negra. En ambos casos la responsabilidad de confeccionar las boletas recae sobre las agrupaciones políticas, funcionando más que nada los órganos electorales como contralor de las boletas, mediante la registración u oficialización.

Otro de los ejemplos de la utilización de la boleta partidaria es Suecia que, siendo una democracia parlamentaria, ocupa el cuarto puesto en el índice de democracia anteriormente citado, considerado una democracia plena respecto de los procesos electorales, el funcionamiento de gobierno y la participación y cultura política. Suecia utiliza este instrumento de votación con boletas según los partidos políticos y de tres colores distintos: amarillas para las elecciones parlamentarias; azules para las elecciones regionales y blancas para las elecciones municipales.

Con estos ejemplos, se puede dar cuenta que la implementación de la BUP no resulta determinante para la consolidación en términos democráticos de los países. Por otra parte, se evidencia también que la utilización de boletas partidarias no implica falta de transparencia.

Concentrándonos en los desafíos: no es posible analizar la modificación a las reglas del instrumento de votación sin tener en cuenta la cultura política y social en la que la sociedad se encuentra inmersa. En Argentina el sistema electoral vigente ha garantizado la gobernabilidad y la alternancia partidaria desde el retorno a la democracia, no habiendo denuncias de fraude documentadas y logrando que aun en procesos muy polarizados, como cuando en 2015 Mauricio Macri ganó el balotaje por 2,6%, nadie cuestione el resultado.

Recordemos que el artículo 38 de nuestra Constitución Nacional dice que son los partidos políticos las instituciones fundamentales del sistema democrático; por lo que la única claridad que tenemos es que sin partidos políticos fuertes, la democracia no funciona. En este sentido, la fiscalización partidaria cruzada es y seguirá siendo la mejor garantía en el resguardo de la voluntad popular.

Si la propuesta se basa en trabajar en un proceso de fortalecimiento democrático, no se logrará a través de la fragmentación y destrucción del sistema de partidos, sino discutiendo y accionando para consolidar partidos políticos que interpelen nuevamente a nuestras sociedades, cuya vida institucional no se active únicamente en contextos electorales. Sin embargo, advertimos que esta concepción del fortalecimiento democrático se encuentra lejos de las discusiones actuales acerca de la pertinencia de un cambio en el instrumento de votación.

Asimismo, resulta relevante preguntarnos acerca del impacto y las consecuencias que podría traer la implementación de la BUP en un sistema federal como el nuestro. La boleta partidaria, que actualmente es utilizada en nuestro país, ha dado numerosas muestras de favorecer el armado de coaliciones y la concurrencia de comicios multinivel (estos son municipal, provincial y nacional en una misma boleta). Con la BUP, este punto se vería perjudicado; el proyecto que obtuvo dictamen de mayoría plantea que, ante simultaneidad de elecciones en distintos niveles, las BUP en estos casos deben encontrarse de manera diferenciada, no pudiendo incorporarse cargos provinciales o municipales en BUP de cargos nacionales, por lo que esto desincentiva la adhesión partidaria en los distintos niveles de gobierno y la posibilidad de voto de lista completa.

En ese sentido, desde el punto de vista federal, las dificultades que se presentarían con el diseño de la BUP, serían respecto a la realización de elecciones simultáneas, que al desincentivar el voto de lista completa se puede incentivar la fragmentación del sistema de partidos, pudiendo derivar en situaciones de gobierno dividido. Volviendo al plano nacional, esto también sucedería en la misma BUP planteada para cargos nacionales, ya que si bien en las elecciones generales se prevé el voto de lista completa — recordemos que no así en las PASO — el arrastre de candidaturas podría ser menor, pudiendo impactar esto directamente en la posibilidad de alcanzar mayorías, modificando la dinámica y oferta partidaria y con ellos el funcionamiento institucional del Congreso de la Nación.

En ambos escenarios, con el debilitamiento de los partidos políticos se podría limitar también la capacidad de futuras gestiones públicas. Estos riesgos, que afectan a la correcta implementación de políticas públicas, no se exponen de manera transparente a la ciudadanía en el marco del presente debate.

En virtud del sistema electoral legitimado, que en las elecciones del 2021 arrojó resultados preliminares antes de la medianoche, y que estamos en un proceso mundial, regional y nacional de descenso de los niveles de participación electoral, esta reforma no parecería ser una cuestión ni urgente ni prudente.

Por otro lado, entendiendo que toda reforma política implica un cambio en las reglas de competencia, no resulta prudente legislar para implementar modificaciones en la próxima elección, y mucho menos, en una elección presidencial, con los niveles de polarización que actualmente registra nuestra sociedad.

En conclusión, el mejor instrumento de votación es aquel que genera mayor confianza de la ciudadanía y de las fuerzas políticas. En este sentido ninguna reforma electoral que surja de una votación de la mitad más uno parecería proceder en el camino deseado.