Off the record

El apátrida

Martín Soria es el nuevo ministro de Justicia de la Nación. Los motivos, en palabras de Alberto Fernández en diálogo con #OffTheRecord. ¿Es el elegido de Cristina? Spoiler: no. Conflicto en Chubut, minería, Bolivia y algo sobre el PJ bonaerense.

Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Mañana es mi cumpleaños número 32 y espero como regalo un inicio de debate sobre el aumento de tarifas que contemple la resolución de los problemas macroeconómicos y a la vez le permita a la sociedad recuperar el poder de compra que viene perdiendo desde hace cinco años. O un saludo de Gallardo, da igual.

El apátrida

“Lo conozco hace muchos años, desde que trabajaba en la justicia federal como empleado. He visto cómo evolucionó su mirada sobre la justicia en los últimos tiempos y creo que puede darle un impulso a las reformas que vengo proponiendo”, dice Alberto Fernández a #OffTheRecord sobre el nombramiento de Martín Soria como nuevo titular de la cartera que dejará Marcela Losardo. 

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Como anticipó esta entrega la semana pasada, Soria había sido el único candidato a quien habían contactado al menos dos figuras de relevancia del gobierno nacional durante el fin de semana pasado: el Presidente y su ministro bisagra, Eduardo “Wado” De Pedro. El nuevo mandamás de Justicia deberá acomodarse a una estructura que, salvo Losardo, funciona con intérpretes que tocan juntos hace muchos años. Los casos más evidentes son los del secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y el representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza de De Pedro. Los tres -Soria, Ustarroz y Mena- compartieron anoche un primer encuentro de trabajo.

Los medios y la política tienen sólo dos perillas para intentar entender al Frente de Todos: Alberto rompe con CFK o Alberto es CFK. Tamaña pereza y sesgo de confirmación ya le costó lecturas equivocadas al círculo rojo. Evitar la persistencia en el error puede ser un síntoma de inteligencia. Cristina le recomendó dos nombres que el Presidente descartó según fuentes al tanto de las conversaciones. La desconfianza entre el primer anillo de CFK y la familia Soria se pudo advertir en varias oportunidades. La campaña para gobernador de Río Negro fue la última donde Martín Doñate era el candidato kirchnerista. Luego, la historia es más pedestre: el Gringuito se transformó en diputado y se incorporó al bloque que comanda Máximo Kirchner.

Chubut, conflicto hasta en Navidad

La organización que lidera el jefe del bloque oficialista en la Cámara Baja fue señalada como parte de las internas que presuntamente derivaron en los ataques a la camioneta del Presidente. Esa versión tiene un solo aspecto que tiene vínculos con la verdad: La Cámpora y Mariano Arcioni tienen diferencias de hace muchos años matizadas por la coyuntura. 

Otra versión recorrió la prensa y las redes y tenía que ver con que una camioneta que se retiró del lugar en medio de las agresiones de los manifestantes era, en realidad, un vehículo de la policía en el cual se escapaban policías de civil que se habían infiltrado para provocar los incidentes. Otra vez, una verdad a medias: la camioneta corresponde a la División de Investigaciones de la policía de Chubut, pero llegó con la cápsula de seguridad de la comitiva. La hipótesis que maneja la justicia hasta el momento es que la violencia emanó de los grupos antimineros, irritados por la presencia de Arcioni. 

“Alberto le pidió que no fuera porque había mucha bronca con él y cayó igual, encima le carga la culpa a (Santiago) Igon que es más bueno que el Quaker”, le dijo a #OffTheRecord una persona de confianza del Presidente. Diputado nacional por Chubut del Frente de Todos, Igon tuvo hace dos meses y medio un cruce con el titular de la cartera de Seguridad provincial, Federico Massoni, luego de que éste pidiera “terminar con los planeros”. Massoni, un Sergio Berni de opereta, dio una conferencia de prensa donde señaló al propio Igon y al intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, como los responsables de haber cambiado el itinerario. Por esta reacción también se explican los tuits del ministro del Interior.

Arcioni es un hombre de Sergio Massa. Un recuerdo puede servir para graficar el vínculo: la noche en la que fue ungido gobernador, Massa fue el único dirigente con proyección nacional que se hizo presente y conversó a través del móvil de C5N con Alberto Fernández, que se encontraba en los estudios del canal de televisión. “Sergio, vení y tomemos un café”, fue la frase del hoy Presidente que dio lugar a la sonrisa gardeliana del titular de la Cámara de Diputados y al posterior acuerdo que culminó con la conformación del Frente de Todos. La incógnita era si Massa estaba al tanto de que “Wado” iba a revolcar al mandamás chubutense a través de Twitter. La respuesta es sí. Y el tigrense fue más allá. “El ministro de Seguridad se fue de boca, ahora que se la banquen”, le confió a sus colaboradores cercanos según pudo saber #OffTheRecord.

¿Qué hacemos con la minería?

Tras la agresión al Presidente en Chubut, el debate sobre el desarrollo de la minería en Argentina recuperó un lugar protagónico que había tenido por última vez tras la masiva movilización ciudadana en Mendoza. Si bien tanto Alberto como Cristina han mostrado en distintas ocasiones su apoyo al desarrollo de la actividad, el tema está muy lejos de cosechar unanimidades en el Frente de Todos, donde un sector ha hecho bandera del rechazo a la megaminería. 

¿De dónde se va a sacar el agua? ¿Cuánto se va a usar? ¿Quién va a controlar cómo y cuánto? ¿Esto va a afectar la cuenca endorreica? ¿De qué manera? Las preguntas en torno al proyecto Navidad no son pocas y, en este punto, el Estado necesita garantizar que no se utilice agua de manera insustentable. La necesidad de un poder fiscalizador muy agresivo o una policía minera con más formación e independencia aparecen en el horizonte como herramientas básicas para intentar acercar posiciones con la ciudadanía. En una provincia donde el gobernador no logra pagarles los sueldos a los docentes ni conducir siquiera a su porción de la coalición que lo llevó al poder, las dudas giran sobre cuánto puede controlar el propio Estado.

Con demandas como la mencionada protección del agua y el rechazo al proceso de lixiviación con cianuro, el rechazo a la minería se ha convertido en un importante elemento de movilización ciudadana tanto a nivel local como nacional. Es necesario, entonces, señalar algunas cuestiones. Argentina hoy exporta, en términos absolutos, cerca de 20 mil millones de dólares menos que Chile con una población que más que duplica la del país trasandino. Más allá de las distintas políticas comerciales, alrededor del 50% de las exportaciones chilenas las explica el cobre que extraen de la misma cordillera en la que Argentina no tiene ningún proyecto similar en explotación -en gran parte por la importante oposición social en varias provincias. 

La minería tampoco impidió a Chile ser un importante productor y exportador de alimentos. Mientras el comercio bilateral con China es deficitario para la Argentina en varios miles de millones de dólares, Chile, Brasil y Perú registran abultados superávits. Como señala el embajador Sabino Vaca Narvaja, la diferencia la explican las cuantiosas exportaciones de minerales de nuestros vecinos al país asiático. En un país donde los dólares para viabilizar el crecimiento son un bien escaso, la importancia de multiplicar las exportaciones difícilmente pueda ser exagerada.

Si no hay demasiadas dudas sobre el potencial económico de la actividad minera, los conflictos suelen centrarse en la dimensión ambiental como mencionamos al comienzo. A pesar de las discusiones públicas, la utilización de agua para la actividad en las provincias mineras es mucho menos significativa que para las explotaciones agrícolas. El uso de cianuro para la lixiviación aparece como una preocupación en proyectos de esta naturaleza, pero no será utilizado en Navidad. Son varias las provincias argentinas que prohibieron su utilización, tabicando así el desarrollo de la actividad de gran escala. A nivel mundial, apenas Costa Rica, El Salvador, Hungría, Chequia, Turquía, Alemania y el estado de Montana tienen prohibiciones similares. Una iniciativa aprobada por el Parlamento Europeo en 2010 nunca fue ratificada por la Comisión. Países de alto desarrollo, donde las preocupaciones ambientales juegan un lugar primordial en la agenda pública, como Australia y Canadá son, a su vez, grandes potencias exportadoras mineras. La actividad requiere controles intensivos y si en Australia y Canadá puede ser rentable bajo estrictos estándares ambientales, también puede serlo en Argentina. 

Quienes eligen los caminos de la discusión en base a tuits podrían sorprenderse al enterarse que la minería será una aliada fundamental en el combate al cambio climático: los paneles solares y el transporte eléctrico requieren exponencialmente más cables de cobre que usinas y automóviles basados en combustibles fósiles. Argentina posee, junto a Chile y Bolivia, las mayores reservas globales de litio del mundo, fundamentales para la fabricación de baterías. Recuperar la explotación de cobre aparece, en lo meramente técnico, al alcance. Es a nivel social donde la actividad minera deberá vencer las resistencias. San Juan y Santa Cruz han construido una situación bien diferente a la de Chubut. Los gobernadores que quieran desarrollar la actividad deberán hacer, en el más genuino sentido del término, política. De imponerse el intento, quedará por delante la maximización de las instancias de control y transparencia, salvo que se comparta la ingenua idea de que el mercado y la responsabilidad social empresaria pueden, de alguna manera, suplantar el rol del Estado.

Los límites del perdón

La Justicia de Bolivia dispuso la prisión preventiva por cuatro meses de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y, naturalmente, se abrió el debate. Ayelén Oliva en estas páginas así como una nota publicada por Pablo Stefanoni advirtieron sobre algunos peligros de manipulación jurisdiccional que podrían empañar el proceso. El argumento de Stefanoni es concreto y tiene bases ciertas: el Poder Judicial boliviano sufre de una endémica falta de imparcialidad y es, en general, proclive a acomodarse al poder de turno. Las múltiples y absurdas causas abiertas contra Evo Morales tras el golpe de Estado son testimonio de aquello. Apenas habría cambiado quien detenta el poder.

Otro punto recae sobre el objeto del juicio, el propio, caótico y fracasado golpe de Estado que llevó a Áñez a la presidencia y cuyo juzgamiento como un todo integral Stefanoni considera cuestionable dadas las distintas etapas de dicho proceso y la fachada institucional que mantuvo. Las objeciones, acaso atendibles -imaginen, sin embargo, si el gobierno reformaba al Poder Judicial antes de tratar la denuncia- fallan, según mi verdad relativa, en un punto. Sin importar lo que se piense de la justicia boliviana y de la organicidad o coherencia de los golpistas, en Bolivia hubo un golpe de Estado y Áñez y su gabinete emergieron al frente del gobierno surgido de aquel golpe. Eso, por sí solo, debería alcanzar para probar un crimen contra el orden democrático. Las definiciones habituales sobre lawfare que acusan la utilización del sistema legal como cobertura para perseguir un fin político encuentran aquí un límite bastante evidente. La preservación y consolidación de la democracia, objetivo directo de la persecución penal del golpismo en cualquier república del mundo, es por definición un fin político.

El camino elegido por Bolivia tendrá hacia adelante enormes desafíos. ¿Qué hacer con aquellos referentes golpistas que son también funcionarios electos, como Iván Arias, exministro de Áñez, puesto por los votos al frente de La Paz, o Luis Fernando Camacho, uno de los principales referentes de las violentas manifestaciones que derivaron en el golpe, y elegido en Santa Cruz con más del 55% de los votos? ¿Buscar justicia puede derivar en una guerra civil? ¿Cuál es el límite de la resistencia y la complicidad con la ruptura democrática? Desde El Salvador hasta Chile y desde Argentina hasta Sudáfrica los límites y dosis de justicia y persecución, de reconciliación y de impunidad, fueron decididos por la política y no por los jueces. Sería bueno que esa decisión se tome de forma transparente, con reglas claras para todos los involucrados. No sancionar a quienes rompieron el orden constitucional nos puede condenar a repetirlo.

Bonus track

  • Si van a leer una sola nota sobre tema Bolivia que sea esta
  • Hoy se presenta la lista de Máximo Kirchner para conducir el PJ bonaerense. 

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La recomendación de hoy es Eminencia gris de Aldous Huxley.

Ojalá hayas disfrutado de este correo tanto como yo. Estoy muy agradecido por tu amistad que, aunque sea espectral, para mí no tiene precio.

Iván

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Soy director de un medio que pensé para leer a los periodistas que escriben en él. Mis momentos preferidos son los cierres de listas, el día de las elecciones y las finales en Madrid. Además de River, podría tener un tatuaje de Messi y el Indio, pero no me gustan los tatuajes. Me hubiera encantado ser diplomático. Los de Internacionales dicen que soy un conservador popular.
@ischargro

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