Dónde buscar los recursos del nuevo Estado después del coronavirus

En diversos análisis se ha destacado cómo la pandemia provocada por el COVID-2019 ha puesto en contradicción al binomio capitalismo financiero-estado neoliberal. Hasta el momento, sin embargo, esta crisis de paradigma ha alcanzado casi exclusivamente a gobiernos nacionales y organismos multilaterales, quienes han debido asumir íntegramente y en inferioridad de condiciones los costos políticos, financieros, operativos y hasta morales de la lucha contra la diseminación del virus.

En la penumbra permanecen las grandes corporaciones y fondos de inversión, con sus fundaciones filantrópicas y expositores TEDx incluidos, en una suerte de repliegue estratégico e imperturbablemente egoísta, que delega toda responsabilidad de acción en el leviatán hobbesiano, a la espera de tiempos mejores.

De todos modos, podría decirse que la ilusión del gran capital de retomar la senda de acumulación iniciada en los años setenta sin mayor afectación del business as usual, puede resultar tan ingenua como la visión que apuesta por un resurgimiento inexorable del Estado de Bienestar a escala global.

La condición de posibilidad de una u otra alternativa, no obstante, reposa en uno de los (potenciales) interesados. Si los gobiernos efectivamente asumen que, ante situaciones límite capaces de poner en juego la vida de millones y la integridad del tejido social, son ellos y sólo ellos quienes deben cargar sobre sus hombros el deber de «salvar el día», quizá la ecuación sufra algún cambio.

Pero, ¿en qué términos? Propongo empezar por el dinero. Ese bien escurridizo que, como en el caso de respiradores, kits diagnósticos y camas hospitalarias, parece encontrar en el Estado su único proveedor. Sin ingresar en una discusión sobre efectos y virtudes de las políticas monetarias expansivas, las cuales, por cierto, son imperiosas en la actual coyuntura, la pregunta es: ¿Acaso no se debería echar mano a gran parte los billones de dólares ilícitos que año tras año evaden impuestos para luego fugar y resguardarse en paraísos fiscales? El intento desesperado de países como la Argentina de ampliar capacidades sanitarias en una carrera contrarreloj, ¿no es síntoma cabal de unas cuentas públicas languidecidas por los aproximadamente 320 mil millones de dólares argentinos que duermen cada noche en colchones o en bancos de Uruguay, Panamá, Luxemburgo o Islas Vírgenes?

Presupuesto en salud vs evasión fiscal

En un trabajo publicado en enero del año pasado por la Organización Mundial de la Salud, la Dra. Bernadette O’Hare investigó el impacto de la evasión fiscal en los presupuestos nacionales de salud. La especialista señaló que, anualmente, las grandes corporaciones globales eluden impuestos por un monto que oscila entre los 500 y 650 mil millones de dólares. Un tercio de esta suma se le escurre a países de ingresos bajos y medio-bajos, quienes dependen más que ningún otro de la recaudación de impuestos. En ellos, el porcentaje de PBI correspondiente a evasión tributaria más que duplica lo que se destina a inversión en salud.

Señala O’Hare: «Si los impuestos perdidos se recuperarán y reasignarán al sector de la salud, el gasto gubernamental promedio en los países de bajos ingresos podría aumentar alrededor de 8 dólares per cápita a 24 dólares, y en el nivel medio-bajo de ingresos, los países podrían incrementar la partida sanitaria por persona de alrededor de 54 a 91 dólares». Según el mismo estudio, en países de ingreso medio-alto, como la Argentina, el salto per cápita iría de 234 a 368 dólares.

Por supuesto, la «ingeniería contable» que priva a los Estados de los recursos necesarios para atender a emergencias sanitarias transfronterizas, como la provocada por el COVID-19, no es una problemática exclusiva de países en desarrollo.

Observemos lo que sucede en este momento en la Unión Europea. De acuerdo al trabajo de seguimiento que realiza la organización Missing Profits, en el año 2016 Italia y España perdieron 19% (7.5 mil millones de dólares) y 13% (3.6 mil millones de dólares) respectivamente de la recaudación del impuesto a la renta por causa de la elusión fiscal. Gran parte del dinero no tributado tuvo como destino Países Bajos, a través de una práctica denominada coloquialmente «sándwich holandés». Se trata de un mecanismo por el cual una empresa que quiere vender productos o servicios en España sin pagar impuestos, crea una filial en Irlanda con base en un paraíso fiscal. Luego hace lo propio en Países Bajos y traslada los beneficios de un país a otro hasta culminar en el paraíso fiscal.

América Latina y el caso argentino

De este lado del Atlántico, las perspectivas no son mucho más alentadoras. En el último Panorama Fiscal de la CEPAL, el organismo señaló que el costo regional de la evasión fiscal alcanzó un 6,3% del PBI en 2017, lo que equivale a 335 mil millones de dólares. Esa suma casi triplica la inversión de capital que los gobiernos latinoamericanos destinan a incrementar activos del Estado, como la construcción de hospitales públicos, y que en 2016 redondeo los 115 mil millones.

La Argentina no es una excepción a esta dinámica de elusión, más bien todo lo contrario. Así lo refleja otra agencia de Naciones Unidas, en este caso el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo (UNU-WIDER, por sus siglas en inglés), que en 2017 ubicó a nuestro país en el quinto lugar a nivel mundial en cuanto a valores absolutos y en dólares de evasión de impuestos, solo superada por Estados Unidos, China, Japón y la India. UNU-WIDER estimó la sangría fiscal local en un 5,1 por ciento del PBI, 21,6 mil millones de dólares a valores actuales. Recordemos que el gasto salud ronda el 9,4 por ciento del PBI.

A las cifras de evasión, hay que agregar los dólares de argentinos fuera del sistema financiero que, según los últimos datos del INDEC, suman un total de US$ 322.297 millones de dólares. Resulta claro que cualquier intento por recrear un Nuevo Estado de Bienestar en la Argentina deberá incluir, en primer lugar, una acción contundente respecto a la billonaria defraudación contra el fisco en la que incurren las grandes empresas y, en segundo lugar, algún tipo de intervención sobre la dudosa legalidad y legitimidad de la extranjerización de activos, en un país actualmente ávido de recursos para proteger la vida de cientos de miles.

Una hoja de ruta

Sin dudas, en el horizonte se avizora un debate mundial mucho más amplio que lo que concierne únicamente a la salud pública. Desde cuáles serán las medidas de protección socio-laboral y estímulo a la producción que permitan salir de la recesión inevitable, hasta cómo se desarrollará la nueva fase de tensión inter-hegemónica entre China y los Estados Unidos.

Pero no debe perderse de vista la dimensión central y ordenadora que habrá adquirido entonces la cuestión sanitaria y que, seguramente, mantendrá por largo tiempo. En nuestro país, por caso, la salud puede ser el vector de un nuevo «consenso post-crisis», que ya ha tenido capítulos previos con el fin la dictadura cívico-militar y la salida de la convertibilidad. El COVID-19 puede ser el memento mori que redefina la forma en que se discute la asignación de recursos y la gestión soberana del excedente en la Argentina. Después de todo, a lo largo y ancho del mundo hoy se comprueba fatalmente un viejo adagio: la mortaja no tiene bolsillos.