De votos y botas en el Planalto

La democracia brasileña vive una situación inédita. Jair Bolsonaro alertó sobre un posible fraude en las elecciones y ordenó a los militares llevar un conteo de votos paralelo. Tras días de especulaciones, el Alto Mando del Ejército hizo pública su posición con respecto a su rol en la elección: “Quien gana, se lleva el resultado”, separándose así de la función de árbitros que Bolsonaro pretendía encomendarles.

En una democracia saludable no debería importar lo que piensan los militares sobre el resultado de las elecciones. La preocupación acerca de una intervención electoral del Ejército es síntoma de dos cuestiones: los pactos de la transición y el militarismo de Bolsonaro.

La transición brasileña fue iniciada por las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, todo el proceso fue controlado por ellas. Hay una elección que los civiles deben hacer cuando asumen el poder en una transición: democracia o gobernabilidad. En esos pactos políticos, los militares consiguieron prerrogativas, recursos y baja intromisión civil en sus asuntos, la falta de condena a los abusos de derechos humanos y continuidad con el orden económico. La mayoría de esas prerrogativas perduran al día de hoy.

Según una encuesta de Datafolha, 37% de los brasileños cree que Bolsonaro intentará un golpe de Estado. Es normal que eso nos lleve a creer en la posibilidad de un gobierno tomado por los militares. Son las cicatrices que nos dejaron los 70. Pero las relaciones cívico-militares en la región han cambiado y poco se parecen a las dictaduras de décadas pasadas. El golpismo moderno no es incitado por los militares, sino por el poder civil. El caso de Brasil es excepcional: quien está al mando del gobierno civil es un militar retirado. Pero pongámoslo de otra manera: es el poder elegido por el pueblo quien busca en los militares respaldo y legitimidad para extralimitarse institucionalmente.

Bolsomilitarismo: ¿gobierno militar o militares en el gobierno?

Hoy, los militares están más involucrados en política que en cualquier otro momento desde el retorno de la democracia en 1985. Un tercio del gabinete lo integran militares retirados o en ejercicio y controlan carteras clave: Infraestructura, Minas y Energía y Defensa. Han tenido un rol preponderante en la gestión de la pandemia, influencia en la relación con China y Estados Unidos y manejan gran parte del presupuesto nacional, garantizándose una acumulación de poder sin precedentes. Los datos hablan solos: hay militares en el gobierno.

¿Pero es un gobierno militar? Los militares tienen casi siempre cosmovisiones y preferencias similares y la población los percibe como un grupo hermético y cohesionado. Sin embargo, la mayoría son oficiales retirados y, aunque se consideran parte del gobierno, no se sienten representados por Bolsonaro. En 2021, los comandantes de las tres fuerzas armadas renunciaron simultáneamente. Una crisis política resultado de la mala gestión de la pandemia, los desastres ambientales y el fracaso de la política económica llevó al presidente a intentar que los militares lo apoyaran en un estado de emergencia. No sucedió.

El resultado ha sido un gobierno militarizado: uniformados que ocupan cargos en la administración federal, se involucran en la seguridad pública, crean escuelas, securitizan problemas de índole social y controlan gran parte del presupuesto del Estado. El dilema que enfrentan los militares es el de apoyar a quien les asegure una participación en la política o distanciarse de Bolsonaro para preservar su prestigio y legitimidad.

La etapa Lula

Las relaciones cívico-militares con Lula transitaron una suerte de pacto de coexistencia donde las Fuerzas Armadas se limitaron a participar en cuestiones como la seguridad pública, la defensa y la demarcación de tierras indígenas. Lula no confrontó con la corporación ni las Fuerzas Armadas se insubordinaron ante el poder civil.

Cuando llegó Dilma esto cambió. La primera Comandante en Jefe mujer no fue bien recibida por los uniformados. Al poco tiempo se creó la Comisión de la Verdad en 2012 que proponía investigar las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, rompiendo la cordial amistad que el Partido de los Trabajadores (PT) y las Fuerzas Armadas habían logrado. En 2016, casi todo el instrumento militar era anti-PT.

Lula conoce bien la historia de su partido con los militares y entiende sus limitaciones. Ha intentado acercarse convocando a su antiguo adversario, Geraldo Alckim, para tender un puente con aquellos sectores en los que no tiene suficiente apoyo e intentó establecer canales de comunicación con las altas cúpulas, pero no fue bien recibido.

Tres serán, en resumidas cuentas, los desafíos de un hipotético gobierno de Lula, en el caso de ganar en segunda vuelta. Primero, discutir el rol de Brasil en el mundo y su política de defensa. En un eje estratégico donde las Fuerzas Armadas han ganado protagonismo, Lula encontrará resistencias. Segundo, la administración de la seguridad pública, ámbito donde las fuerzas ya tienen amplios márgenes de control. Por último, la tarea de la memoria. La intención de crear la Comisión de la Verdad aún resuena sombríamente en las mentes de los militares. Lula, al igual que los gobiernos civiles de las transiciones, tendrá que elegir entre democracia y gobernabilidad. Posiblemente se incline por la segunda.

Rescoldos inflamables de una transición incompleta

Al calor de los acontecimientos surge la posibilidad de que, frente a un supuesto triunfo de Lula en el próximo ballotage, Bolsonaro decida desconocer los resultados e incitar a sus electores a la desestabilización. Las Fuerzas Armadas tendrán que optar si acompañar a Bolsonaro o mostrarse como habilitadores de la estabilidad democrática.

Los militares no buscan manejar el gobierno. La autonomía que garantizó la transición controlada, le ha permitido a esta institución corporativa velar por sus intereses sin la necesidad de rebelarse contra el poder civil. Pero la transición dejó rescoldos inflamables. El gobierno de Bolsonaro les ha devuelto a los militares un lugar importante de la escena pública y el control de áreas estratégicas del Estado. El contexto político y social de la región nos ha demostrado que, tarde o temprano, la democracia tiende a pagar por sus pactos de gobernabilidad. El escenario electoral deja a Brasil al filo de este momento. La participación de las Fuerzas Armadas en la política demostrará, eventualmente, si el proceso de subordinación al poder civil es aún una asignatura pendiente.