¿De qué hablamos cuando hablamos de coparticipación?

¿El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería recibir por coparticipación el mismo monto que el Estado Nacional recauda en el territorio de la Ciudad? Esta no es una buena forma de preguntar cuál sería un reparto equitativo de fondos en un país federal. El Estado Nacional no le está prestando un servicio de recaudación a los gobiernos de las provincias y los municipios. El Estado Nacional ejerce una autoridad que, de acuerdo con la Constitución, comparte con los gobiernos provinciales y con el gobierno de la Ciudad. Porque Argentina es un país federal, no una confederación circunstancial de repúblicas independientes.

El modo más adecuado desde el punto de vista legal, histórico y concreto de preguntar cuál es el reparto más justo de los impuestos es: ¿cómo deben colaborar los distintos gobiernos en la tarea de recaudar impuestos y cómo deben repartirse el dinero que resulta de esa actividad de recaudación?

En lo posible, el gobierno nacional y los gobiernos de las provincias y la Ciudad deben compartir información y no recargar impuestos sobre las mismas personas o las mismas actividades. Pero más allá de estos criterios generales, deben reconocer que sus tareas no pueden ser competitivas, sino que son solidarias. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recaudaría menos dinero, no más, si el Estado Nacional no existiera o si la eficacia recaudatoria del gobierno nacional fuera menor. El Estado Nacional es el garante del orden jurídico y político que hace posibles las actividades y la acumulación de riqueza que forman la base impositiva del gobierno de la Ciudad. La actividad del Estado Nacional como demandante de empleo, bienes y servicios tiene un fuerte impacto económico que contribuye al producto y a la base impositiva de la Ciudad de Buenos Aires. Multitud de compras de bienes y servicios que se realizan efectivamente en el territorio de las provincias se documentan, y entonces pagan impuestos, en el territorio de la Ciudad. Entre estas están muchas de las compras que forman parte del gasto público nacional.

El problema no se resuelve con contabilidad detallada. No se trata de restarle a lo recaudado en el territorio de la Ciudad, el costo del impacto económico de la actividad del gobierno federal y el resultado fiscal de las transacciones que se efectivizan en el territorio de las provincias. Somos partes de un mismo país. Corresponde entonces determinar si los gobiernos, todos los gobiernos, el nacional, los provinciales, los municipales y el de la Ciudad, disponen de los recursos necesarios para ofrecer a las ciudadanas y ciudadanos garantías de derechos y servicios de calidad equivalente, cuidando que todo eso ocurra en condiciones compatibles con el mantenimiento del orden macroeconómico y la equidad social. 

Mirando el problema desde este punto de vista, parece razonable que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reciba fondos para atender la responsabilidad resultante de brindar parte del servicio de policía que antes brindaba la Policía Federal. Pero no es razonable que sus recursos hayan aumentado mucho más allá de eso. Un ejemplo sencillo, entre muchos otros que podrían darse, muestra cuánto se desvió el reparto decidido por el gobierno de Macri de un reparto sensato. En 2015, el gobierno de la Ciudad recibía por cada uno de sus habitantes 44% menos que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En 2018 recibió 48% más. No importa cómo se calcule la diferencia razonable entre lo que recibe uno y otro gobierno: la transferencia de una parte de un servicio no puede justificar un desequilibrio de esta magnitud en un plazo tan corto. Ninguna provincia en este período y muy pocas desde 1983 aumentaron el monto de los fondos recibidos desde el gobierno nacional en la misma magnitud que la Ciudad de Buenos Aires. Es el distrito más rico del país, el distrito de origen de quien fue presidente entre 2015 y 2019 y el único que sigue gobernando su partido. 

En un país federal, que atraviesa una situación crítica por responsabilidad de ese gobierno, ese aumento, decidido por un decreto, sin que representantes de ninguna otra provincia pudieran opinar sobre él, es un desequilibrio que es urgente corregir. Para evaluar si la corrección está bien es indispensable tener presente que la Argentina es una república federal, no una unión transitoria de gobiernos.