Política

Cuando la justicia interviene en las elecciones

El lawfare, la proscripción de partidos políticos y la presión a los órganos electorales sientan un peligroso antecedente en la región.

En los últimos años en América Latina se verifica el avance del Poder Judicial con un activo rol en la esfera política y en la vida de los partidos políticos. Los procesos electorales no son la excepción. Un número significativo de elecciones se han visto atravesadas por procedimientos judiciales impulsados por motivos claramente políticos que condicionan el normal desarrollo de los procesos, debilitando la transparencia institucional y privando a los ciudadanos de una verdadera representación política. 

A partir de un análisis comparativo de diferentes casos de los últimos años, se identifican tres tipos de casos:

a) sentencias que inciden sobre el proceso electoral, tanto provenientes de la justicia electoral como originadas en cámaras sin fueros en la materia; 

b) sentencias que contrarían la constitución e influyen en el proceso electoral; 

c) la promoción de procesos judiciales en busca de imposibilitar candidaturas. 

Sin embargo, en el último año se observa que los casos de judicialización se han ido complejizando y los ataques hacia sectores políticos mediante las herramientas judiciales destruyen cada vez más la institucionalidad democrática. Las sentencias o decisiones inciden sobre el proceso electoral e inclusive sobre sus órganos rectores, las instituciones responsables de asegurar unos comicios democráticos y transparentes. 

Tales son los casos de Bolivia y Ecuador, en los cuales se fueron combinando las diferentes prácticas que habíamos identificado. La revisión de estos casos permite avanzar en la comprensión de las nuevas dimensiones que adoptan los intentos de judicialización de los procesos electorales en los últimos tiempos en nuestra región.

El caso boliviano

La situación en Bolivia, inmersa en una crisis política desde el golpe de Estado de  noviembre del año pasado, aún no logra encauzarse. En octubre del año pasado, Evo Morales había ganado las elecciones para renovar su mandato, y con acusaciones de fraude, y presiones por parte de las Fuerzas Armadas, fue obligado a renunciar. Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina, con la promesa de convocar a elecciones en el plazo de tres meses.

A partir de allí comenzó una persecución política y judicial a autoridades del Gobierno de Evo Morales, tal es el caso de siete ex-autoridades que aún hoy se encuentran asiladas en la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en la Paz - desde el mes de noviembre del año pasado -, sin otorgarles la posibilidad de salvoconductos para que pueda trasladarse a México, violando tratados de derecho internacional. La Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo 22.7 el derecho de toda persona de “...buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales”.

Paralelamente a la cronología respecto a la definición de la nueva fecha electoral, que sufrió varios cambios y quedó finalmente fijada para el 18 de octubre, se observaron múltiples intentos de impedir la participación del MAS-IPSP en dichos comicios. 

El 14 de julio la Alianza Creemos oficializó una demanda ante Tribunal Supremo Electoral para inhabilitar al MAS en las próximas elecciones por haber supuestamente difundido una encuesta de opinión, lo que significa una  transgresión al artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral donde dispone que “las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”. A esta demanda se sumaron, con comunicaciones separadas, otras fuerzas conservadoras, incluido el frente Juntos de la presidenta de facto Jeanine Áñez.

Las denuncias aducen que el candidato a presidente por el MAS-ISPS, Luis Arce, difundió en una entrevista radial resultados de una encuesta de opinión, fuera del plazo habilitado por la normativa. Frente a estas acusaciones, el MAS denunció que distintas fuerzas políticas gestan una campaña para presionar al Tribunal Supremo Electoral en un nuevo intento de proscribir al partido y a sus candidatos. Se argumenta que Arce no difundió ningún estudio de opinión, sino que contestó a preguntas generales que le hacían en la entrevista; y denuncian casos de varios candidatos que efectivamente han difundido encuestas, y que no han sido denunciados. El pedido de inhabilitación aún no ha sido tratado y a medida que se acercan las elecciones crece la tensión entre las fuerzas y actores políticos. 

Por otra parte, el 7 de septiembre el Tribunal Departamental de Justicia de la Paz inhabilitó la candidatura a senador de Evo Morales. La primera votación del magistrado había resultado en un empate, por lo que se determinó un nuevo magistrado para poder desempatar, que resultó finalmente en la decisión de inhabilitar la candidatura del ex presidente. El argumento para la inhabilitación es que Morales no cuenta con dos años de permanencia en Bolivia previos a la elección ni domicilio en el país. Tras esta decisión, Bolivia enfrentará por primera vez en tres décadas un escenario electoral sin Evo.

El caso ecuatoriano

Para comprender el escenario debemos remontarnos a las elecciones de 2017, donde resultó electo Lenín Moreno, ex vicepresidente de Rafael Correa durante su primer mandato y miembro de la Alianza País. Secundado en la fórmula por Jorge Glas, también ex vicepresidente de Correa, nadie ponía en duda la continuación del llamado “Socialismo del siglo XXI”.

El primer acontecimiento que comenzó a resquebrajarlo fue el Caso Odebrecht, donde Glas aparecía involucrado. Frente a ello, el presidente Moreno lo privó de sus funciones, prerrogativa contemplada en la Constitución. El cerco siguió cerrándose sobre Glas, quien terminó siendo acusado de corrupción y condenado a seis años de prisión. En este caso, el proceso judicial tampoco ha estado exento de irregularidades: vale mencionar la utilización de un código penal anterior al vigente, o acusaciones sin pruebas materiales y basándose exclusivamente en la confesión de otro acusado.

Luego de su desafiliación del partido Alianza País, Rafael Correa tuvo varios intentos de inscribir una nueva fuerza política – inicialmente Revolución Ciudadana -, rechazadas por el Consejo Nacional Electoral. Así, en las elecciones seccionales de 2019 los candidatos aliados del ex presidente Correa se postularon en alianza con el partido Fuerza Compromiso Social, obteniendo catorce victorias electorales - entre ellas la provincia de Manabí (histórico bastión correísta) y la prefectura de Pichincha -. Así, la Revolución Ciudadana alcanzó dos de las tres más importantes prefecturas (gobernaciones) del país.

De cara a las elecciones de febrero del año 2021, Ecuador vive una instancia más de persecución judicial. Ante la posibilidad del retorno del ex presidente Correa al ejecutivo ecuatoriano, se articularon todos los movimientos para impedirlo, no solo imposibilitando la candidatura del líder, sino con un movimiento más audaz que proscribe de manera inédita al propio movimiento. Comienza aquí a dibujarse un capítulo más, al aportado por la justicia y la estrategia del armado de causas a los candidatos, ahora se suma la manipulación de los órganos electorales y sus decisiones.

Este es el caso del Consejo Nacional Electoral, donde la Contraloría General dirigió un oficio el pasado 22 de junio a tres de cinco vocales del Consejo Nacional Electoral, informándoles que pueden ser destituidos por no haber eliminado del registro electoral a cuatro partidos políticos con supuestas irregularidades, entre los que se encuentra Fuerza Compromiso Social, partido al que pertenecen Rafael Correa y la militancia de la Revolución Ciudadana.

En estos tres años de gobierno, Moreno encabezó una persecución política y judicial a los dirigentes del movimiento de Rafael Correa. De cara a las próximas elecciones la persecución se agudiza, materializándose en la proscripción del partido y presionando a los magistrados Consejo Nacional Electoral.

Meses atrás, Rafeal Correa, desde su exilio en Bélgica, había manifestado sus intenciones de participar en los comicios como candidato a Vicepresidente. Recientemente, desde la alianza Unión por la Esperanza se anunció el binomio presidencial que tiene a Andrés Arauz como candidato a Presidente y Rafael Correa como candidato a Vicepresidente. 

En cuanto a la organización de las elecciones, el 6 de julio, el Consejo Nacional Electoral aprobó por mayoría el Reglamento para la Democracia Interna de las Organizaciones Políticas. De su articulado se desprende directamente la imposibilidad de Correa para presentarse como candidato a vicepresidente, debido a que se dispuso que la proclamación y aceptación de las candidaturas, luego de las primarias, debe ser de manera expresa, indelegable y personalísima. Correa, actualmente exiliado en Bélgica, tiene 31 causas judiciales abiertas y el Tribunal de la Corte Nacional ratificó su condena a ocho años de prisión por la causa sobornos 2012-2016.

El 19 de julio el pleno del Consejo Nacional Electoral ratificó la suspensión de los movimientos políticos Fuerza Compromiso Social (Correa), Libertad Pueblo, Podemos y Justicia Social.

Ante la normativa aprobada por el Consejo Nacional Electoral, el movimiento correísta presentó un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral, impugnando las reformas del Reglamento por ir en contra del Código de la Democracia.

El 3 de agosto interviene el Tribunal Contencioso Electoral, dejando sin efecto las medidas cautelares impuestas sobre estos movimientos políticos, lo cual los habilita nuevamente para la contienda electoral. La medida es interpuesta por del director de Justicia Social y el fallo del juez Muñoz impugna la resolución del Consejo Nacional Electoral, al señalar que es ilegal y carece de fundamentos. El 11 de agosto el Consejo Nacional Electoral, en reunión extraordinaria del Pleno, votó a favor de otorgarle nuevamente otro plazo de 30 días a los movimientos políticos alcanzados por la Sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, para realicen los descargos correspondientes.

El nuevo plazo, automáticamente deja sin posibilidades de competir electoralmente a los movimientos alcanzados por el mismo, dado que sí es condición ineludible que todas las organizaciones políticas participen de elecciones primarias hacia el interior de las mismas, siendo el plazo por cronograma desde el 9 al 23 de agosto y al estar los movimientos políticos en período de revisión de su condición de inscripción, se encuentran imposibilitados de participar.

Siguiendo la cronología de los hechos, se observa que, en un plazo inédito, se impulsan reformas en las leyes electorales, que inicialmente camufladas entre incuestionables cupos de indígenas, jóvenes, no jóvenes y paridad de género, proponen mecanismos de inscripción de candidaturas, con las que se impide que el ex presidente Correa pueda competir electoralmente, aspirando a la vice presidencia del país.

Los hechos evidencian una clara intromisión de poderes: inicialmente la intromisión de la Contraloría General, por sobre las incumbencias del Poder Electoral, con función autónoma otorgada por la  Constitución con la emisión de comunicados que fueron variando en el tenor de los mismo, lo que inicialmente fue la solicitud de “supervisar” lo relacionado a la vida partidaria de determinados movimientos políticos, cambia abruptamente a “ordenar el no reconocimiento legal” de los mismos. Todas estas medidas desconocen abiertamente los alcances legales del proceso electoral 2021, que había sido habilitado formalmente el día 12/03, es decir con tres meses de anterioridad a los hechos.

Estos procesos culminan con la decisión del día 7 de septiembre, del Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Ecuador, por la cual ratificó la sentencia de 19 condenados por el caso de corrupción conocido como “Sobornos”, entre ellos Rafael Correa y el ex vicepresidente Glas. La medida del tribunal deja firme la sentencia de ocho años de prisión y 25 de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Esta decisión pondría fin al intento de Correa de postularse como candidato a vicepresidente. 

Frente a la imposibilidad de que avance la candidatura de Correa, su fuerza política presentó el binomio Arauz-Carrascall, el cual a pesar de los intentos de nulidad presentados y gracias a la presión de la Comunidad Internacional fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral para participar en los comicios del próximo 7 de febrero.

El lawfare como herramienta de persecución política

El concepto polisémico ilustra estos nuevos procesos: entendido como una distorsión en el uso de la Justicia, da cuenta de la utilización de causas judiciales –y jueces– como herramienta de persecución política. Se trata de un oxímoron que remite a los términos “ley” (law) y “hacer la guerra” (warfare). 

Sin embargo, más que una distorsión, lo califico como una aplicación discrecional de la justicia. Este carácter acredita el criterio de una persona o autoridad, y no la regla. Pruebas endebles de incierta procedencia, condenas exprés y prisiones preventivas –que quebrantan la presunción de inocencia– son sus elementos característicos. Los monopolios informativos han teatralizado la escena política, evidenciando una fluida relación entre el Poder Judicial y la prensa. La discusión político-jurídica toma forma y se despliega en los sets de televisión más que en sus espacios concernientes. 

Cabe señalar que esta práctica no es exclusiva de un signo político. Asociarla al progresismo o al conservadurismo sería incurrir en un reduccionismo. La búsqueda de transparencia se esboza como argumento para el impulso de causas que concebimos alcanzadas por el lawfare. En una era con vertiginosas flujos de información, la de transparencia emerge como una demanda policlasista y transversal. Esbozarla como justificativo jurídico –y moral– para el desarrollo de causas políticas es una contradicción. La transparencia debería ser un elemento rector de nuestras democracias, no una herramienta al servicio de la política, utilizada sin verdadera convicción, con lo que no se hace más que banalizarla.

El lawfare, la judicialización de la política, la proscripción de partidos políticos y la presión a los órganos electorales sientan un peligroso antecedente en la región. Mientras miles de personas sufren las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la pandemia, la institucionalidad democrática es vital para poner a nuestros pueblos de pie.

Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América latina y el Caribe (COPPPAL). Doctoranda en Ciencia Política (UNSAM), Profesora de Relaciones Internacionales (USAL).
@DoloresGandulfo
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