Economía

Cómo pagar la guerra contra el COVID-19

Un análisis sobre cuál es la mejor estrategia en materia económica que permita contribuir a combatir la pandemia y a neutralizar los efectos negativos que tiene la política de aislamiento social.


El mundo se encuentra atravesando una pandemia que amenaza con transformarse en la peor crisis económica internacional en la historia del capitalismo. En ese contexto, el debate actual se apoya en una extraña dicotomía: la salud o la economía. Huelga decir que la dicotomía es a todas luces falaz. Pero, aún si no lo fuera, nuestra posición sería clara: elegiríamos la salud. Y esto no lo haríamos como economistas sino como seres humanos. Como economistas, tenemos un primer consejo para el Gobierno: hacer caso omiso de toda opinión acerca de cómo manejar esta crisis sanitaria que provenga de economistas ya que deberíamos ceñirnos a opinar de lo que (supuestamente) sabemos, que es la economía. Y opinamos sobre economía porque justamente nos interesa la salud. El punto de arranque es entonces claro: tomando como un dato la decisión del gobierno nacional sobre el manejo de la pandemia, nuestro rol se reduce a discutir la mejor estrategia en materia de política económica que permita, a la vez, contribuir a combatir la pandemia y a neutralizar los efectos negativos que tiene sobre la economía la política de aislamiento social.

En esta coyuntura, tanto el mundo como Argentina vuelve a mirar a Keynes: las políticas de estímulo a la demanda serían la mejor forma de contrarrestar los efectos negativos del COVID-19. Sin embargo, nosotros preferimos volver a un Keynes ligeramente distinto. No al Keynes de 1937 que explicaba cómo sacar a la economía mundial de la recesión de 1930 sino al Keynes de 1939 que escribió "Cómo pagar la guerra", un artículo en el que el economista inglés elaboraba un detallado plan para un Reino Unido que se encaminaba al mayor de sus desafíos: la Segunda Guerra Mundial. Ese desafío tenía más que ver con una economía cercana al pleno empleo, lo cual podría generar que las comparaciones con Argentina no fueran conducentes. Sin embargo, al momento de entrar en la crisis del COVID-19 había algo que en nuestro país estaba plenamente empleado: los dólares. Argentina entró al COVID-19 con el frente externo complicado (cuándo no). Por esa razón, algunos analistas piensan que el Gobierno no tiene ningún tipo de oportunidad de palear los efectos económicos de la pandemia: porque en Argentina nos quedamos sin dólares. Sin embargo, veremos que este no es el caso.

El único efecto positivo del COVID-19: ahora nos sobran los dólares

Cada vez que Argentina ingresa en una recesión sobran los dólares. ¿Por qué? Porque son el combustible que nuestra economía usa para crecer. Si la economía se contrae en lugar de crecer, los dólares abundan. Este año, con anterioridad al COVID-19, Argentina se preparaba para un sustantivo superávit comercial (la diferencia entre las exportaciones y las importaciones). ¿Y ahora? Por supuesto que el COVID-19 va a tener efectos negativos sobre el comercio internacional. Sin embargo, los efectos negativos que tendrá sobre las importaciones serán aún mayor. Si eso no se entiende, piense el lector cuánta ropa, autos, celulares o heladeras compró en estos días de aislamiento social o comprará en los próximos dos meses: cero. El déficit de turismo proyectado para este año era de casi 5.000 millones de dólares: será prácticamente cero. Por esa razón, Argentina no puede seguir razonando como si faltaran los dólares, porque ahora sobran. Sin embargo, estamos en guerra.

¿Para qué deberíamos usar esos dólares que ahora sobran?

Nuevamente, no hay que preguntarles a los economistas; a lo sumo, pedirles que hagan la cuenta. Argentina se encuentra planificando su estrategia contra el COVID-19. Esa estrategia requerirá respiradores, tests, barbijos e insumos médicos de todo tipo y color. Aquellos que no puedan ser producidos localmente, deberán importarse, y esa debe ser la prioridad absoluta en el uso de los dólares.

Este mismo contexto aparece al mismo tiempo como una oportunidad para que el gobierno pueda arribar a una solución con los acreedores externos. Nadie exigirá que Argentina presente un plan económico para este año y el próximo, o que tenga una mejora sustantiva en su resultado fiscal en el medio de lo que puede ser la peor crisis económica en la historia del capitalismo. Una solución acordada le permitiría al gobierno ocuparse nada más que de lo importante, el COVID-19, al tiempo de poder realizar estímulos fiscales de magnitud en el marco de una estabilidad financiera que la economía argentina no tiene desde hace cuatro años. Entonces, luego de pagado el "armamento" contra el COVID-19:

¿A dónde debe dirigirse el estímulo? ¿Hacia la oferta o hacia la demanda?

Cuando un evento inesperado sucede, los economistas siempre tratamos de identificarlo y clasificarlo dentro de dos categorías muy sencillas: oferta o demanda. Dos ejemplos pueden contribuir a aclarar esta situación: si un misil cae sobre una ciudad y produce la muerte de miles de personas, eso sería un evento inesperado que afecta a la demanda (obviamente, reduciéndola). Pero si ese mismo misil cae sobre una zona fabril, destruyendo la capacidad productiva de miles de empresas, eso sería un evento inesperado que afecta a la oferta (reduciendo la capacidad de producción de la economía en cuestión). Entonces, el COVID-19 ¿afecta a la oferta o afecta a la demanda? Nuestra respuesta: a las dos, pero con diferente intensidad y dependiendo de cada sector. Claramente cuando se habla de aislamiento social y las personas no pueden acudir a sus trabajos, las empresas no pueden producir. En ese sentido, el COVID-19 afectaría a la oferta. Si así fuera, la solución sería sencilla: otorgar crédito a esas empresas para que pudieran atravesar este pozo. Cuando la economía se recuperara, esas mismas empresas podrían devolver el crédito sin problemas.

Sin embargo, en la economía Argentina existen miles de empresas y millones de trabajadores donde la distinción entre oferta y la demanda no existe; y donde tampoco existe el acceso al crédito. Y ese justamente es eslabón más débil de toda la economía. Imagine el lector a una librería de La Matanza, que hace dos semanas no vende absolutamente nada dada la interrupción de las clases. El empleado de esa librería probablemente sea, al mismo tiempo, el dueño. Y si este no es el caso, probablemente sea un trabajador informal. Si la librería no abre, el empleado no cobra y el dueño se funde ¿eso sería la oferta o la demanda? ¿Qué pasa con alguien que vendía panchos en una esquina, que vive día a día? ¿Oferta o demanda? Es las dos. Pero, más importante aún, estas personas no tienen ahorros con los cuales paliar la situación, o acceso al crédito para atravesar este pozo. Su vida es día a día. Entonces ¿cómo deberían actuar la política monetaria y la política fiscal en tal situación?

Política monetaria

En la actualidad el Gobierno anunció un paquete de estímulo a la economía por el equivalente a 2,2% del PIB, de los cuales 0,7% implican un aumento del gasto público y 1,5% se explica por el aumento del crédito estimulado por el Banco Central. Sin embargo, en momentos como el actual, tal política monetaria no solo tendrá un efecto bajo sino que además implicará una mala asignación de recursos. En Argentina, menos de un tercio de las empresas tienen acceso al crédito. Justamente en ese tercio que sí acceden se encuentran aquellas empresas que tienen espalda para capear uno o dos meses de recesión. Otorgar un crédito en ese contexto no solo tendrá baja eficacia sino que además distraerá recursos de otros fines más efectivos para palear los efectos del COVID-19 como, por ejemplo, lograr poner un colateral para todos los cheques que en la actualidad están siendo rechazados por falta de fondos.

Pero, además, en la Argentina actual, liquidez es lo que sobra. ¿Cuál es el sentido de aumentar la liquidez de los bancos en un contexto donde el sistema financiero duplicó su liquidez con respecto a 2017? Pensar que el sistema financiero argentino va a hacer lo que nunca hizo es su historia, que es prestar, en el medio de una pandemia es, como mínimo, pecar de optimista. Y esto no es un problema de los bancos. Si los créditos que los bancos están obligados a ofrecer no están garantizados por el banco central, como sí ocurre actualmente en otros países del mundo, la decisión racional por parte de un banco comercial es no prestar, justamente porque en este contexto las empresas que piden un crédito son las que menos posibilidad de devolverlo tienen.

Al contrario, hay muchas empresas que cuentan con ahorros con los cuales podrían enfrentar este pozo. Esos ahorros son, muchas veces, títulos públicos. Lo que sí tendría sentido es que nuestro Banco Central operara como lo hace cualquier banco central del mundo: ocupándose que el precio de los títulos públicos que emite el tesoro no se desplome y eso produzca un incremento de la tasa de interés. En el contexto del COVID-19 muchas empresas venderán sus títulos públicos para pagar salarios. Este efecto manada generaría que el precio de esos títulos se desplomara, afectando la capacidad de las empresas de superar el pozo con recursos propios. Hasta el momento, el Banco Central de la República Argentina no ha mostrado preocupación alguna por esa dinámica, pero no solo a partir del COVID-19, sino desde antes.

Mientras que la FED anuncia públicamente que actuará para ponerle un piso a los precios de los títulos públicos de su único accionista, este es, el Tesoro de los Estados Unidos, aquí el Banco Central no parece tener preocupación alguna porque los precios de los títulos que emite el tesoro argentino sean precios de default. En lugar de sostener a su tesoro, el Banco Central de Argentina apuesta a que sea el sistema financiero el que nos saque de esta crisis. Nuevamente, en los bancos sobran pesos. Los mismos pesos que le faltan al Tesoro para ponérselos en el bolsillo a la gente. No hay que ser economista para comprender la solución.

Por último, claramente existen empresas que no cuentan con esa espalda y necesitan de financiamiento. Ese debería ser el foco de la política monetaria. Y el sistema bancario tradicional no resulta un buen mecanismo de identificación. El comité de crédito de cualquier banco comercial tiene por objetivo asignar préstamos a aquellas empresas que están en condiciones de devolverlos. El desafío actual es justamente el contrario: otorgar crédito a aquellas empresas que, de no acceder, pueden cerrar sus puertas. El reperfilamiento de esos créditos debería ser automático en función de la duración del aislamiento social. En lugar de otorgar 1,5% del PIB para créditos al 24%, el Banco Central debería asignar esos recursos a un REPRO de emergencia con condiciones de acceso prácticamente automáticas.

Política fiscal

Volvamos a Keynes, pero al que le explicaba al Reino Unido cómo pagar la guerra. Keynes comenzaba su texto explicando cómo reconciliar las demandas de la guerra con las demandas del consumo privado. El esquema propuesto por Keynes era relativamente simple y consistía en:

1. Subsidios universales para las familias en efectivo.

2. La generación de un ahorro forzoso en línea con las posibilidades de producción de la economía.

3. Una ración de artículos de primera necesidad.

4. Un impuesto al capital a aplicarse a posteriori de la guerra

Este combo de medidas implicaba, en palabras de Keynes, "un avance hacia la igualdad económica mayor a cualquiera que hayamos hecho en los últimos tiempos". Tal y como ocurre en la actualidad, Keynes se defendió de antemano de aquellos que argumentarían que un plan como ese llevaría a la inflación. A aquellos que siempre creen que a cualquier incremento de la demanda agregada le sigue un incremento en el nivel general de precios, Keynes los comparó con los perros, que creen que luego del silbato siempre van a tener la misma experiencia. Pero, además, el plan de Keynes no tenía que ver con una expansión descontrolada del consumo sino todo lo contrario. Hay que recordar que Inglaterra debía destinar una cantidad enorme de recursos a la guerra. Por lo tanto, el objetivo de Keynes fue el de planificar los niveles de consumo para hacerlos compatibles con las necesidades de la guerra.

Pues bien, en Argentina el aislamiento social ya nos produjo el ahorro forzoso del punto 2. El punto 4 podría ponerse en duda, dado que las condiciones de la economía argentina al comienzo del COVID-19 eran bien diferentes a la del Reino Unido en 1937 ¿Qué queda entonces respecto a 1 y 3? 3 parece estar contemplado por la Tarjeta Alimentar y por la repartija de comida que el ejército argentino comenzó a hacer en estos días.

Respecto a 1, el Gobierno ya avanzó en la dirección correcta con los bonos a jubilados, asignación por hijo e Ingreso Familiar Extraordinario. Sin embargo, en este punto el riesgo es quedarse corto. Actualmente el estímulo económico del gobierno está desbalanceado: mucha política monetaria de baja efectiva y poca política fiscal de alta efectividad. Nuevamente, el canal del crédito se encuentra poco desarrollado en Argentina y no va a ser éste el momento en el que eso va a cambiar. Calibrar el estímulo fiscal, en cuantía composición y forma de aplicación será la única forma de minimizar los impactos negativos del COVID-19. Y este estímulo tiene mucho más espacio que en el pasado puesto que la crisis nos producirá un sobrante de dólares. En este contexto es preferible pasarse de largo que quedarse corto.

Economía de guerra

Por último, esta guerra implica que el gobierno deberá extremar los controles directos sobre la economía. La planificación conjunta del sistema público y privado de salud es una tarea regular del ministerio de Salud, que en un momento como el actual será puesta a prueba. Los controles de precios sobre los alimentos serán una necesidad de primer orden. Y todas las críticas provenientes de los obstáculos que esto representa para el libre mercado carecen sentido, puesto que no existe tal cosa como un mercado en una economía en cuarentena. Y lo mismo vale para la planificación directa por parte del Estado Nacional de la producción doméstica. Algo de esto se comenzó a observar con el tema respiradores. Lejos de verlo como una amenaza, el sector privado debe ver esto como una oportunidad: la única oportunidad. Porque mientras dure el aislamiento social, la única demanda que estará garantizada, siempre que el estímulo fiscal sea el suficiente, será la de alimentos y medicamentos. Para todo el resto de la economía, el único actor económico que podrá demandar algo será el Estado. Por esa razón, poner las fuerzas productivas privadas a disposición del Estado nacional no es solo una obligación moral en este contexto sino probablemente la única posibilidad de miles de empresas de seguir produciendo.

Economista. Fue viceministro de Economía de la Nación entre 2013 y 2015. Actualmente es Coordinador de la carrera de Economía de la UNAJ y director de la consultora PxQ.
@pxqconsultora
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