Cómo construir soberanía sobre un territorio que no gobernamos 

Saltar el laberinto Malvinas: alternativas para construir un futuro argentino para las Islas del Atlántico Sur.

“Soberanía significa no pedir permiso para gobernar”, dijo el presidente Alberto Fernández el 20 de noviembre de 2021 cuando presentó la Mesa Interministerial Malvinas 40 años. Sin embargo, bajo la idea actual de democracia extendida en Occidente, soberanía es algo más que no pedir permiso, es también el reconocimiento por parte del sistema internacional de países de que ese permiso no es necesario. El intento de recuperar las islas de la forma en que se pretendió hacerlo hace cuatro décadas demostró ser un error histórico, un fracaso y un retroceso. 

¿Cómo es posible la construcción de soberanía e identidad cuando no se cuenta con la posesión efectiva de un territorio nacional?

El primer obstáculo a la hora de pensar cómo gobernar Malvinas es la peculiaridad del conflicto: la ONU reconoce a las Islas como un “territorio no autónomo” pendiente de descolonización. Pero, a diferencia de otros territorios que integran el listado, en las Malvinas no existe una población que reclame su autonomía y busque liberarse del yugo colonial, sino que se trata de un conflicto entre dos países por un territorio ocupado por la fuerza, en el que uno de ellos es excluido de manera ilegítima —situación solo compartida hoy con el caso de Gibraltar en territorio español, otro enclave británico—.

Gobernar las Malvinas

Un camino que nos acerca a recuperar las Islas es el de tender puentes que nos permitan construir paulatinamente algún grado de soberanía sobre ese territorio y sus ocupantes, lo que representa un gran desafío para el Estado Argentino. ¿Cómo ejercer soberanía sobre un territorio que no controla? ¿Cómo se puede  extender la presencia de nuestras instituciones políticas sobre las Islas?

La Constitución Nacional establece una estructura de gobierno del territorio con diferentes grados de autonomía, que determina los niveles de poder de quienes están involucrados en cada proceso de toma de decisiones. Las provincias representan el segundo grado de autonomía en el esquema federal, por debajo del poder nacional. Cuentan con un poder ejecutivo, órganos legislativos y una estructura judicial; a su vez, tienen la potestad de redactar su propia Constitución y establecer su ordenamiento territorial.

Las Malvinas están por debajo de ese orden, ya que integran la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. ¿Es este status jurídico el marco institucional más adecuado para las Islas? ¿El nivel de autonomía que les tenemos reservado es suficiente para gobernar un territorio sobre el que pesa un conflicto internacional tan importante para nuestra historia? Aunque presenta algunos problemas, ninguna alternativa parece más efectiva. Convertir a las Malvinas en una nueva provincia implicaría otorgarle autonomía política, administrativa y fiscal-financiera, darle su propio sistema de justicia, su régimen municipal, y sus sistemas de educación, salud y seguridad, además de sus representantes tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados en Buenos Aires. La actualidad demográfica de las islas no parece justificar ese volumen institucional: su población es apenas el 2% de la provincia menos poblada del país que hoy integran.

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Un tercer nivel de gobierno, el municipal, está determinado por la Constitución de cada provincia. En Tierra del Fuego, el territorio se divide en cinco departamentos, que pueden, a su vez, contener municipios, agrupamientos de población que cuentan con instituciones representativas de administración pública. De acuerdo con la Constitución fueguina, para que una localidad sea considerada municipio, se requiere una población mínima necesaria de 2 mil habitantes pero, para acceder a la autonomía institucional y dotarse de su propia carta orgánica, necesita sobrepasar los 10 mil habitantes estables, algo que hoy solo detentan las comunidades de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. Como las y los isleños de Malvinas no superan ese número, el actual ordenamiento político territorial limitaría su autonomía administrativa en varios aspectos, dependiendo fuertemente de la provincia para recibir salud, seguridad y educación, entre otros.

Las Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y otras islas e islotes, ocupados ilegítimamente por el Reino Unido, constituyen el Departamento de Islas del Atlántico Sur. La localidad más poblada es Puerto Argentino, de alrededor de 2 mil habitantes, número que le permitiría constituir un municipio sin autonomía institucional, mientras que los demás poblados no superan los 400 habitantes.

La actual situación política de las Islas, originada en el sistema jurídico británico, puede ser un obstáculo para que el Estado argentino construya su legitimidad en el territorio insular, porque entre los actuales residentes existe una cultura política vinculada a la idiosincrasia monárquica parlamentaria, muy diferente a la que impera en nuestro país.

¿Necesitamos entonces un nuevo marco jurídico-político acorde a las costumbres y las instituciones actuales del territorio ocupado? ¿Es necesario repensar el actual status político de las Islas? Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, descree de este planteo. “No coincido con esta mirada de que hoy exista una institucionalidad que subestima a Malvinas. Las islas pertenecen a una provincia y no sería correcto que el poder lo ejerciera otra entidad. La propia Tierra del Fuego tiene que ser protagonista en decidir el modo en que, a futuro, se ejerza la soberanía sobre Malvinas, que pueda decidir los grados de autonomía y el modo de incorporación en un proceso de transición”, dijo Carmona en diálogo con Cenital.

Sea cual fuese el formato institucional de Malvinas, existe una garantía hacia quienes habitan esas tierras insulares: desde 1994, nuestra Constitución Nacional impulsa un entendimiento amplio y armónico con la realidad de las islas. Su Disposición Transitoria Primera determina que “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

¿Cómo crear soberanía efectiva sobre las Islas?

Para desplegar su autoridad sobre el territorio, el Estado necesita el reconocimiento externo de sus pares, el monopolio de la violencia en ese territorio, y recursos fiscales con los que ofrecer servicios y actividades. En el plano interno, necesita asegurarse el reconocimiento de los ciudadanos y las ciudadanas para poder recaudar esos recursos y hacer obedecer las leyes, y para eso es fundamental la internalización de una identidad colectiva compartida entre los habitantes, a través de símbolos y signos de pertenencia, solidaridad y unión nacional.

Este es el gran desafío que el Estado argentino tiene frente al territorio ocupado por Reino Unido. ¿Cómo generar soberanía hoy en un territorio que no controla, sobre el que no tiene presencia efectiva? ¿Cómo crear un imaginario común y una identidad integradora que nos acerquen a un escenario postconflicto?

Una de las maneras es extender la presencia del Estado, sea en forma material o virtual. Hoy la pandemia puso en evidencia la importancia de la Argentina para las y los isleños: Malvinas fue uno de los territorios más aislados del mundo, al perder toda conexión con la metrópolis colonial, y aún sigue en esta situación. El gobierno de Reino Unido destrató a sus habitantes, mientras que Argentina ofreció vuelos sanitarios, además de reclamar el restablecimiento de la ruta aérea Punta Arenas-Río Gallegos-Puerto Argentino, entre otras ofertas rechazadas por la potencia colonial.

El Estado argentino explora alternativas para ampliar las posibilidades de conexión con quienes viven en Malvinas, para ofrecer aportes de conocimiento y cooperación. Desde 2013, todos los días, Radio Nacional Comodoro Rivadavia emite un boletín informativo en inglés destinado a las y los habitantes de las Islas. A fines del año pasado, la radio puso en funcionamiento un transmisor de 100 kw de potencia en la ciudad de Río Grande, que potencia la señal y permite llegar con mejor calidad a Malvinas. Por su parte, la empresa de telecomunicaciones ARSAT trabaja en un nuevo satélite que brindará conectividad en todo el territorio argentino, incluyendo a las Malvinas y a la Antártida, y permitirá una importante mejora en los servicios, hoy muy deficientes en las islas.

Ocupar el espectro radiofónico y satelital es un ejemplo concreto de cómo el Estado argentino puede encontrar formas originales de desplegarse sobre el territorio, ofreciendo servicios a sus habitantes, sin escalar un conflicto con la potencia ocupante. Como estas, existen otras posibilidades.

Para Carmona, es importante estudiar las experiencias de negociaciones anteriores respecto a Malvinas porque pueden darnos herramientas para ejercer la soberanía sobre las islas. “En 1971, mediante la negociación con el Reino Unido, se logró el Acuerdo de Comunicaciones que garantizó a nuestro país una presencia efectiva sobre el territorio de Malvinas, a través de YPF, Gas del Estado, el Correo Argentino y LADE, que  se hicieron presentes en el territorio de Malvinas y brindaron servicios de subsistencia a las y los isleños. También se enviaron maestros bilingües argentinos. Este fue un paso muy importante”, dijo el secretario a Cenital.

No debemos olvidar que, de acuerdo a nuestro preámbulo, todos los hombres (y mujeres) del mundo que quieran habitar en el suelo argentino están invitados a hacerlo. Para quienes, además de vivir, nacieron en Malvinas, las posibilidades son aún mayores, porque pueden tramitar la nacionalidad argentina y acceder a los mismos derechos y servicios públicos que el resto de los argentinos y argentinas que pueblan el continente.

Esto podría habilitar a nuestro país a ejercer algunos rasgos de soberanía sobre el territorio, a partir de las necesidades de quienes hoy residen en las islas. De esta manera, el Estado puede entablar una relación más fluida y amigable con las y los malvinenses que, en el futuro, abra una ventana de oportunidad para recuperar el ejercicio efectivo de soberanía. Desde esta perspectiva, se pueden negociar plazos y formas, sin poner en riesgo la legitimidad del reclamo de soberanía argentina sobre los archipiélagos ocupados.

Licenciado (UBA), Magíster (UFRGS, Brasil) y Doctor en Ciencia Política (USP, Brasil), profesor e investigador de la UAI y trabaja como asesor en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Autor del libro"Gobernadores versus legisladores en las provincias argentinas".

Licenciado (UBA) y Magíster en Ciencia Política por la Universidade de Brasília (UNB). Es asesor del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Antes fue redactor de la revista Debate y colaboró en otras publicaciones como Bastión Digital y El Estadista.