Infinito punto verde

Catamarca, minería y conflicto: ¿quién y cómo se decide sobre los territorios?

Mesa de diálogo y represión en Andalgalá. Conflictos socioambientales. Los recursos naturales y el desarrollo. Gobernanza ambiental. La visión de Alberto Acosta y la de García Linera. Cómo se dialoga.

¡Hola! ¿Cómo estás?

Tenía preparado un news sobre otro tema, pero me arrastró la coyuntura a un tema bastante más espinoso que es la conflictividad socioambiental, las voces de los territorios, la democracia, el aprovechamiento de los recursos naturales y cómo damos todas estas discusiones.

Es un tema bien difícil y complejo que voy a intentar abordar con el mayor cuidado y honestidad posible. Desde ya, no tenemos que coincidir, pero sí podemos pensar estos temas que están lejos de estar resueltos.

La coyuntura inmediata

Por si no vivís en un termo ambiente-desarrollo como yo, te pongo en contexto. El lunes, el gobierno nacional inauguró dos iniciativas que, ante la profundización del debate sobre la minería y la incesante conflictividad que el Estado no está pudiendo resolver de manera virtuosa, procuran empezar a saldar estas deudas abriendo espacios de diálogo, respondiendo preguntas y generando y brindando información sobre la actividad. 

Se trata de la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (MEMAC) y el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 

Del encuentro participaron gobernadores, funcionarios, empresarios y organizaciones ambientales y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Al día siguiente, en Andalgalá, su provincia, se desalojó un campamento que impedía el acceso a la mina MARA (en Catamarca la minería es una actividad habilitada) y a la noche hubo represión con balas de goma en la localidad de Choya. El gobierno catamarqueño explicó que fue como respuesta a una emboscada. Aún si diésemos por suficiente la justificación, es una muestra más de la incapacidad del Estado de encauzar los conflictos mineros hacia el diálogo y la negociación pacífica.

El contexto más amplio

A partir de lo que Maristella Svampa conceptualiza como el consenso de los commodities donde los gobiernos latinoamericanos de comienzos de siglo apostaron a los recursos naturales como forma de apalancar el desarrollo económico, la expansión de este tipo de actividades como la minería, la extracción de hidrocarburos, la agricultura fueron avanzando sobre nuevos territorios generando una multiplicación de conflictos socioambientales.

El proyecto del economista catalán Martínez Alier del Atlas de Justicia Ambiental recopila e intenta sistematizar todos estos conflictos dejando a las claras que nos encontramos frente a un fenómeno relevante y que se extiende por toda Latinoamérica.

En Argentina particularmente venimos de una sucesión de discusiones y conflictos de este tipo. Por mencionar algunos de los últimos tiempos, recordemos el caso del acuerdo porcino con China, el debate por la habilitación de la minería en Mendoza o en Chubut y el caso de la exploración de petróleo offshore.

Minería, conflicto socioambiental y gobernanza

Así, cuando miramos los territorios, vemos que el aprovechamiento de los recursos naturales -y particularmente la minería- está asociado cada vez a mayor conflictividad. 

En el origen, por ejemplo la conflictividad respecto de la minería en Catamarca viene asociada a la noción del eldoradismo (otro concepto svampiano), donde el gobierno vendió a La Alumbrera (la primera mina a cielo abierto en Argentina) como la gran salvación para los problemas económicos nacionales y de las localidades donde están los recursos. Se construyó una lógica donde se entendía que solo por la instalación de las actividades el desarrollo local iba a derramar y se implementaban pocas políticas para impulsarlo.

Así, cuando empezaron a incumplirse las primeras promesas de generación de empleo, infraestructura y actividad económica, y las respuestas ante los reclamos fueron escasas, comenzó a generarse cierta conflictividad. A eso se sumó una gestión de los impactos y accidentes ambientales que brindó poca seguridad a la población. 

Esquemáticamente crudo, así como se hablaba mucho de los beneficios de la actividad, se mencionaba poco respecto de los potenciales riesgos e impactos ambientales. De esta manera la credibilidad del control por parte de las instituciones provinciales iba disminuyendo.

Esta incapacidad del Estado de atender y resolver los conflictos en estado incipiente llevó a una creciente radicalidad. El corolario es que en la actualidad los reclamos, en general, ya no tienen que ver con el reparto de las regalías, el empleo local, la protección ambiental y demás, sino que se exige directamente la prohibición de la minería y la cancelación de proyectos. 

Además de las promesas incumplidas, con el tiempo se fueron acumulando situaciones que minaron la legitimidad de la actividad. En los territorios fueron organizándose asambleas que actúan en una combinación entre estrategias judiciales, legislativas y de acción directa. En muchos casos, los gobiernos provinciales no supieron estar a la altura de los desafíos, no solo que en varias ocasiones no pudieron resolver las acciones directas con negociación y diálogo, sino que recurrieron a la represión. Asimismo, en el último tiempo las discusiones legislativas se propusieron con poca anticipación, en fechas que parecían desalentar la atención pública y en algunos casos, como el de Chubut, ligadas al cobro de coimas por parte de los legisladores. También, las instancias de participación ciudadana no se organizan en miras de realmente facilitar y promoverla, sino más bien evitándola, por ejemplo con notificaciones tardías, dificultades para acceder a las evaluaciones de impacto, etc. 

En algunas provincias la cuestión escaló a varios episodios de violencia, incluyendo represión de las fuerzas de seguridad, escraches a legisladores y el incendio de la Casa de Gobierno en Chubut

De esta manera, la gobernanza de la minería en algunas provincias (cabe aclarar que la conflictividad no es igual en todas las jurisdicciones) está deslegitimada, asociada a prácticas poco democráticas, se pone en duda la capacidad de control de las instituciones y se terminó generando una desconfianza absoluta entre los actores que imposibilita cualquier discusión o debate sobre el fondo de la cuestión. 

Así, el actual escenario nos muestra una especie de empate técnico entre dos visiones respecto de la minería: de un lado quienes ven en ella un aporte al desarrollo, y por el otro quienes creen que sus impactos negativos son tan importantes que debe prohibirse. Es interesante remarcar que en ambas visiones encontramos representantes tanto estatales como actores económicos y sociales, incluso en una misma comunidad hay personas a favor y en contra de la actividad.

Desarmar esa acumulación histórica de desencuentros, desconfianza, violencia y conflicto no es tarea sencilla y requiere de respeto, cuidado, voluntad, empatía y coherencia. Entendiendo también que hoy el conflicto está nacionalizado y que lo que sucede en cualquier provincia gatilla la discusión en todo el territorio nacional. 

¿500 años igual? Recursos naturales y desarrollo

La pregunta parece obvia, ¿por qué los gobiernos y una parte de la sociedad sigue apostando a la minería y otras actividades ligadas a los recursos naturales si genera conflictividad social? La respuesta corta es porque creen que aportan al desarrollo económico y social.

La respuesta larga es que hace un par de décadas apareció en las ciencias sociales la teoría de la maldición de los recursos naturales que sostiene que aquellos países con abundancia tienden a tener un menor desarrollo económico y social.

La adaptación latinoamericana de esta teoría fue la noción de “extractivismo”, en la cual también hay una mirada negativa sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, incorporando otras dimensiones regionales como las relaciones de dominación a nivel mundial entre países centrales industrializados y países periféricos exportadores de recursos naturales. 

Según escribe Alberto Acosta, el expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador: 

“El extractivismo es una modalidad de acumulación que comenzó a fraguarse masivamente hace 500 años. Con la conquista y la colonización de América, África y Asia empezó a estructurarse la economía mundial: el sistema capitalista. Esta modalidad de acumulación extractivista estuvo determinada desde entonces por las demandas de los centros metropolitanos del capitalismo naciente. Unas regiones fueron especializadas en la extracción y producción de materias primas, es decir de bienes primarios, mientras que otras asumieron el papel de productoras de manufacturas. Las primeras exportan Naturaleza, las segundas la importan. Para intentar una definición comprensible utilizaremos el término de extractivismo cuando nos referimos a aquellas actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesados (o que lo son limitadamente), sobre todo para la exportación. El extractivismo no se limita a los minerales o al petróleo. Hay también extractivismo agrario, forestal e inclusive pesquero.”

Ahora bien, hay varios países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Suecia, Finlandia, Inglaterra y, más recientemente, China o incluso en cierta medida Chile que se desarrollaron apalancándose en sus dotaciones de recursos naturales y actualmente siguen aprovechándolos. 

De hecho, incluso en nuestra región la experiencia de los gobiernos progresistas, el mencionado consenso de los commodities y el viento de cola del alza de los precios internacionales, también permitieron mejoras económicas y sociales relevantes. Esta configuración entre 2003 y 2013 no solo permitió una importante baja de la pobreza tanto en Argentina y otros países de la región, sino que también disminuyó la desigualdad y mejoraron otros indicadores sociales como la esperanza de vida, el alfabetismo y el acceso a infraestructuras (agua potable, saneamiento, telecomunicaciones). 

Sin embargo, esos avances no fueron suficientes para transformar estructuralmente la matriz productiva o el lugar en la división internacional del trabajo de América Latina de manera tal que una vez finalizado el boom, las mejoras se estancaron, pero -en general- no retrocedieron. 

¿Qué nos dice este proceso sobre el uso de recursos naturales entonces? 

Que  acompañados de las políticas adecuadas, pueden no solo cumplir el rol fundamental de aportar divisas, sino permitir la dinamización de la economía, el impulso a otros sectores y la mejora de las condiciones de vida de la población en su conjunto. Y que el desafío lo encontramos en cómo mantener esas condiciones en el tiempo y cómo vamos continuamente fortaleciendo la estructura productiva para independizarla de los ciclos económicos internacionales.

¿Y sobre el extractivismo?

Volviendo a la definición de Acosta, “aquellas actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesados (o que lo son limitadamente), sobre todo para la exportación”. En estos términos está claro que la minería es una actividad extractiva. Sin embargo, ¿vale aplicar el mismo concepto a la experiencia de Alumbrera donde efectivamente hubo escasas políticas de desarrollo local, las exigencias a las empresas fueron exiguas y los vínculos con los actores sociales son tensos o a los casos de San Juan, Santa Cruz o Jujuy (que pudieron aprender de la experiencia de Alumbrera en Catamarca) donde hay políticas de desarrollo de proveedores, exigencias de empleo local y/o empresas públicas asociadas? ¿Hay condiciones bajo las cuales la minería puede dejar de ser entendida como extractivista o pensamos que indefectiblemente siempre todo proyecto minero condena al subdesarrollo? 

Personalmente, creo que la pregunta por los recursos naturales tal vez podría vincularse más con los tiempos, las instituciones, la gestión y la gobernanza de los recursos que con la existencia y la explotación en sí. Y así, la discusión por el uso y el destino de los recursos naturales se vuelve más matizada que una dicotomía derivada del concepto de “maldición” y nos permite pensar de manera estratégica cómo hacemos para vincularlos de manera virtuosa con el desarrollo sostenible nacional. 

Estas preguntas resultan relevantes sobre todo en un contexto económico en el que hay un consenso generalizado de que una importante parte de las penurias económicas argentinas y la dificultad para el crecimiento tienen que ver con la falta de dólares, y que formas viables de conseguir esas divisas en el corto plazo para volver a destrabar un proceso de crecimiento son dos sectores ligados a los recursos naturales: el hidrocarburífero y el minero. Específicamente, el gobierno sostiene que el sector minero actualmente exporta USD 3.000 millones y se estima que podría multiplicar esa cifra por 4 hacia 2030, mientras que de Vaca Muerta y de los hidrocarburos offshore se habla de un aumento en decenas de millones de dólares.

En palabras de Álvaro García Linera, vicepresidente de Evo Morales:

“¿Acaso no es posible utilizar los recursos que brinda la actividad primaria exportadora controlada por el Estado para generar los excedentes que permitan satisfacer condiciones mínimas de vida, y garantizar una educación intercultural y científica que genere una masa crítica intelectual capaz de asumir y conducir los emergentes procesos de industrialización y de economía del conocimiento? ¿Acaso dejando de producir materias primas el socialismo tocará la puerta? ¿Dejando intempestivamente el “extractivismo” se tendrán los recursos materiales e intelectuales para pasar inmediatamente a las etapas industriales y cognitivas de la producción? 

Hay que superar la etapa de ser simples productores de materias primas. Está claro. Pero eso no se logra regresando a la situación de mendicidad estatal que caracterizó a Bolivia hasta el año 2005, cuando las riquezas generadas estaban en manos de las empresas extranjeras. Eso no se logra paralizando el aparato productivo, contrayendo el excedente que viene de las materias primas y regresando a una economía de autosubsistencia que no sólo nos colocará en un nivel de mayor indefensión que el de antes, llevándonos a la abdicación total de cualquier atisbo de soberanía (cuya base material radica en que el país pueda vivir y comer de su trabajo); sino que además le abrirá las puertas a la restauración patronal-neoliberal que se presentará como la que sí puede satisfacer las demandas materiales básicas de la sociedad”.

¿Cómo se llega al diálogo?

Entonces, hasta aquí vimos que nos encontramos con dos posturas que en la construcción histórica del conflicto se volvieron cada vez más cerradas sobre sí mismas y deslegitimadoras del discurso opuesto. Esto es “antimineros sobre-ideologizados” vs “empleados de las mineras” o descripciones similares.

Desarmar esto requiere de predisposición de ambas partes. Obviamente la responsabilidad primordial le cabe al Estado, y en la medida en la que responda con represión y no logre reconstruir confianza en las instituciones eso va a ser imposible. ¿Cómo puede construir confianza? Por ejemplo a través de la aprobación de una ley nacional de evaluación de impacto ambiental que permita normalizar la institución en todas las provincias y estipule las formas y condiciones de participación ciudadana.

Luego, es necesario dar cuenta de que aquí hay una discusión irresuelta donde las dos posturas son legítimas y en ese sentido discursos totalizadores o que anulan la posición opuesta como “Catamarca es una provincia minera” o “no es no” no permitirán desandar este conflicto. Aquí cabe diferenciar entre quienes de alguna manera son o fueron damnificados por la actividad y quienes dan estas discusiones desde otros lugares y roles.

Tanto la preocupación por el desarrollo económico, la reducción de la pobreza, la generación de divisas, el empleo, las industrias asociadas, etc. como por la protección del ambiente, el uso y la contaminación del agua, el respeto al Acuerdo de Escazú que garantiza la participación ambiental y el Convenio de la OIT que trata el derecho a la autodeterminación y consulta previa de las comunidades originarias, son posturas válidas y la pretensión del respeto por una sin dar cuenta de la otra es problemático.

Para explicitarlo, proponer sin más un proyecto minero en una zona de escasez hídrica sin explicar cómo se va a garantizar la disponibilidad de agua para las poblaciones y las actividades económicas preexistentes, u oponerse a la actividad sin dar cuenta de que eso tiene un costo económico local y nacional, vuelve muy dificultoso el debate entre las partes.

Repito que la responsabilidad primordial le cabe al Estado, y que en un contexto de represión y escasa credibilidad institucional es imposible, pero para intentar acercarnos a una resolución virtuosa de este tema, todos los actores necesitan lidiar con las disyuntivas que presentan sus posturas.

A partir de ahí podremos discutir cómo imaginamos el desarrollo argentino, qué actividades creemos necesarias y cuáles dispensables en el hoy y en el mañana y cómo pasamos de un escenario a otro, entendiendo que no necesariamente la promoción de unas actividades impide otras o su apalancamiento. Por ejemplo, en medio de esta discusión por proyectos extractivos, también el jueves se convirtió en ley el proyecto de producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial. Volviendo a acudir a García Linera: “No es un proceso simple; requiere años, tal vez décadas. Lo importante es reorientar el sentido de la producción, sin olvidar que hoy hay que satisfacer también las necesidades básicas apremiantes, que fueron las que precisamente llevaron a la población a asumir la construcción del poder del Estado”

Te mando un abrazo, nos leemos en dos semanas.

Eli

PD: Si te gusta el trabajo que hacemos en Cenital, podés apoyarnos por acá para que podamos seguir haciéndolo. 

Este es el newsletter Infinito punto verde de Cenital.
Podés suscribirte para recibirlo completo en tu correo. Es gratis.
Soy Licenciada en Ciencias Ambientales, Magíster en Políticas Públicas y Becaria Doctoral en Ciencia Política en la UNSAM. En todos los ámbitos que puedo me dedico a sumergirme en los dilemas que nos presenta el desarrollo sustentable, uno de los mayores desafíos que enfrentamos en este siglo. Me mudé a un departamento en CABA hace poquito, así que estoy aprendiendo a ser porteña y tener plantas y compost en el balcón.
@elimohle

Apoya nuestro periodismo

Si te gusta lo que hacemos, ayudanos a seguir haciéndolo.