Mundo Propio

Boric y el fin de la luna de miel

El gobierno chileno se enfrenta con los límites de la gestión, mientras el proceso constituyente corre peligro.

¡Buen día!

Espero que esta semana te encuentres bien, o que tengas a mano algún analgésico. El mío es el nuevo tema de Babasónicos, que escucho en loop hace varios días. Recomiendo. 

Hoy escribo para volver. Quiero que aprovechemos la visita de Gabriel Boric a Argentina la semana pasada para meternos en Chile, cuando su gobierno cumple un mes. No debería tener mucho sentido dedicar un correo a una gestión que acaba de comenzar, pero el caso chileno es especial, por varios motivos. Tras un ciclo que quedó formalmente enterrado en el estallido de 2019, el país se encuentra en una nueva transición, cuyo punto de partida es la Convención Constituyente, que en tres meses debe tener un proyecto listo para ser votado. El futuro del gobierno está atado a ese proceso, que está mostrando serios problemas de legitimidad. 

Este ciclo que comienza, por otro lado, está encabezado por una nueva generación de dirigentes que hoy tiene al presidente como mayor representante. Es una camada con poca experiencia en la gestión estatal, que en parte por eso y por otros déficits –como no tener una mayoría parlamentaria, por ejemplo– se ha recostado en un sector importante de la élite política anterior, de centroizquierda. Eso ha generado una tensión evidente entre estas nuevas dirigencias, sobre todo ante un contexto donde el gobierno tiene que tomar decisiones delicadas. Y acá vamos a decirlo más fácil: ese contexto es una bomba de tiempo. Un conflicto territorial en el sur, una crisis migratoria en el norte y un cuadro económico complicado –como en todos lados–, pero agravado por la resaca de un estallido que mermó la tolerancia al descontento y dejó, por otro lado, un reducto de movilización con el que el gobierno ya está lidiando.

O sea: una luna de miel hecha pico

Tomemos entonces estas dos puntas –que están vinculadas– a ver hacia dónde nos llevan.  

1) La Convención

El órgano perdió la batalla comunicacional hace varios meses. En septiembre del año pasado el diario La Tercera reveló que un constituyente de la Lista del Pueblo, por entonces el colectivo de independientes más grande y significativo, había fingido tener cáncer. El episodio derribó al conglomerado y marcó el inicio de una cobertura mediática cada vez más intensa, que hacía hincapié en presuntos lujos de convencionales –como transporte privado u hoteles caros cuando se movían fuera de la capital– mientras destacaba la falta de acuerdos y las propuestas más radicales en el marco del debate en las comisiones. Así, se construyó una imagen de la Convención como un circo identitario dominado por la izquierda, que gastaba el dinero de contribuyentes para tratar de imponer pequeñas causas antes que trabajar en un nuevo pacto social. 

Poco ayudaba el hecho de que muchas de las propuestas que circularon en las comisiones eran en efecto radicales y el tono del debate, en varios casos, tenía rasgos televisivos. Se señalaron también problemas en el diseño de la Convención, que dejó para los últimos meses la discusión y votación del articulado más sensible, como derechos sociales. Lo que quiero decir es que la imagen y apoyo del órgano ya venía en caída desde antes de las elecciones. Pero el panorama se agravó la semana pasada, cuando aparecieron tres encuestas que mostraban –por primera vez– una ventaja del Rechazo en el plebiscito que deberá decidir sobre el texto, y que ya tiene turno para el 4 de septiembre. Desde Buenos Aires, en conferencia tras visitar la ex ESMA, Boric confirmó las alarmas en el Ejecutivo.

Por supuesto que son preocupantes [las encuestas]. Y son un llamado de atención para todos quienes confiamos en este proceso. Yo he escuchado a gente que votó Apruebo y hoy día tiene dudas. Esas dudas no pueden ser sencillamente ignoradas. La discusión no es solamente comunicacional. No se le puede echar la culpa a lo externo. También hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso. Y ahí mi llamado es a buscar la mayor transversalidad y amplitud posible para construir una constitución que sea un punto de encuentro para todos los chilenos y chilenas.

Fue el mensaje más duro hacia el órgano desde su llegada al poder. Boric, lector sofisticado de poesía y narrativa, no eligió palabras al azar: al reconocer que el problema no es solo mediático y “externo”, el presidente puso el foco en la coalición que hoy domina las votaciones, los famosos “dos tercios” en lenguaje constituyente, compuesto principalmente por un sector de la centroizquierda, la izquierda, movimientos sociales y otros satélites independientes. La demanda de transversalidad se traduce como incorporar a la derecha. El mensaje no fue bien recibido por constituyentes de izquierda, incluso de su propia bancada (“Fue demasiado condescendiente”, dicen desde el Frente Amplio). Pero constituye, a solo tres meses del deadline para terminar el texto, el reconocimiento –y advertencia– de que el proceso muestra problemas.

“Hay un distanciamiento de la ciudadanía que es preocupante”, me dice Patricio Fernandez, constituyente de centro-izquierda y hombre cercano a Boric. “Efectivamente la Convención ha generado ruido, pero también es difícil seguir los detalles. Las cosas que un convencional dice son tomadas como algo mayoritario, se pasa por alto que cuando una comisión aprueba una norma no es lo mismo que la apruebe el pleno. No es fácil entender lo que está pasando. Y lo que ha aprobado el pleno no es nada radical, ninguna locura, pero eso no genera ruido. Por otra parte, hay un clima en la Convención que no ha sido lo suficiente generador de acuerdos y tranquilizador como uno desearía. La derecha ha sido poco incorporada en diálogos, pero a la hora de aprobar normas ha sido determinante. La parte luminosa son esas normas que se ven en el pleno”.

Fernandez dice dos verdades. Por un lado, lo que ha aprobado el pleno, es decir, los artículos que ya son parte del boceto del texto –que se puede seguir acá–, son de carácter progresista, pero están bien lejos de una constitución de corte bolivariana. En segundo lugar, las normas tienen votos de la derecha. Así lo demuestra este minucioso análisis de Claudio Fuentes, que asegura que la derecha ha “cruzado el charco” en las votaciones y que, en algunos casos, cuando el bloque de centroizquierda no se pone de acuerdo, ha sido determinante. Fuentes concluye que hay una disonancia entre lo que se vota y el debate político (y público) sobre el texto constitucional. Y agrega un dato clave: la derecha está dividida. Hay un sector más moderado (Evópoli y Renovación Nacional, el partido de Piñera) que apoya algunos incisos mientras los más duros (UDI, el partido heredero del pinochetismo, e independientes) en general los rechaza.

Pero en el debate público, todos los sectores de la derecha se muestran distanciados del proceso. “Estamos avanzando a un texto muy maximalista, muy refundacional, dominado por distintas izquierdas, donde hay un veto a la centroderecha”, me dice Hernán Larrain Matte, constituyente de Evópoli que está pronto a asumir la vicepresidencia de la bancada de Chile Vamos, la coalición de la derecha (que no incluye a Kast). “Todas nuestras normas son rechazadas y en el pleno nos vemos obligados a tener que aprobar y rechazar las propuestas de las izquierdas. Es un problema político, porque al excluir una parte de la sociedad chilena se genera un plebiscito muy divisorio”.

Acá narra también la aritmética. La derecha tiene –por mandato popular, en las elecciones de constituyentes– menos de un tercio de los escaños, cosa que le quita poder de veto y la vuelve prescindible para aprobar normas si el bloque de izquierda –que incluye a partidos pero también actores desarticulados– juega unido. Larrain Matte (apellido que combina a dos de las familias más poderosas en la historia de Chile) dice algo que las bancadas de centroizquierda y el propio partido del presidente reconocen: que un sector de la izquierda y los movimientos sociales efectivamente no quieren incluir a la derecha. Pero esas mismas voces también denuncian que la derecha está apostando al Rechazo para debilitar al gobierno y relanzarse políticamente después de la derrota electoral. Que el boicot es una estrategia.

Fotos: Juan Elman en Chile.

Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia y uno de los perfiles que aspira a liderar la coalición, dijo la semana pasada que, “aunque se apruebe, esta es una Constitución que no va a durar nada”. “Yo creo que ya hay que empezar a mirar cómo se va a modificar aquello que se apruebe, porque con esa Constitución no vamos a poder vivir”, agregó. La coalición todavía se encuentra procesando los resultados de las elecciones, en las que se vio obligada a apoyar a un “outsider” (Kast) en segunda vuelta. En un clima de permanente disputa, el plebiscito ofrece tanto la plataforma para volver a unir esfuerzos y renovar la narrativa como el ring para validar liderazgos. En un país donde el poder político y económico tienen vínculos fluidos, la posición de la derecha en el proceso importa también para saber el grado de legitimidad que tendrá la nueva Constitución dentro de los grandes capitales chilenos, rectores del modelo agotado.

El problema de la legitimidad, sin embargo, va más allá de la derecha.

Las encuestas no solo reflejan una distancia por problemas mediáticos o de trabajo intra Convención. El proceso tiene una desconfianza de origen, en el que se identifican sectores de izquierda y otros protagonistas del estallido. Recordemos rápido: la Convención nace como un acuerdo entre partidos políticos en un contexto de alta movilización social, donde ya habían empezado a formarse cabildos autoconvocados y donde la bronca iba dirigida no solo a Piñera, al que se le pedía la renuncia, sino hacia el resto del sistema. Para un sector de la protesta, el acuerdo (firmado por Boric, dato no menor), fue una traición al movimiento, al pactar reglas con la derecha y obturar el espíritu asambleario que hervía en las calles. También fue visto como un salvataje a Piñera y a la “clase política”, en jaque durante esas semanas. 

El propio concepto de autoridad fue cuestionado en el estallido. Si al carácter de la protesta se le suma la grave crisis de representación que vive Chile –fenómeno occidental, claro que sí, pero particularmente agudo en el país vecino–, es fácil comprender que los problemas exceden a la coyuntura. Y desbordan a Santiago: más allá del alto contenido simbólico y político en torno a la participación del pueblo mapuche, su representación en la Constitución es una incógnita cuando se considera las comunidades en el sur. En enero pasé dos semanas en la Araucanía, epicentro del conflicto, entrevistando distintos actores de la zona. La respuesta más positiva que encontré respecto al proceso fue la apatía.

Este cuadro es un síntoma. “El devenir de la Convención refleja claramente la imposibilidad de vertebrar el conflicto en el Chile actual. La Convención ha quedado presa de su propia legitimidad inicial, como salida al estallido, buscando afirmarla y reafirmarse, mediante gestos y giros identitarios que cada vez generan menos adhesión en la opinión pública”, me explica Juan Pablo Luna, profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. “Más que una solución institucional a los problemas de Chile, el proceso refleja la dificultad para representar constructivamente las rabias, demandas, e identidades que legitimamente se construyeron y dispersaron después de décadas de postergación”.

Luna, aclamado en los círculos intelectuales de Santiago por haber sido uno de los pocos académicos que alertó sobre el colapso del sistema político, insiste en que este cuadro va a acompañar al gobierno de Boric, siendo una “fragilidad”. Pero este cuenta con un activo importante: el factor generacional. “Esa es su principal ventaja. El clivaje generacional, además, ha logrado incorporar parcialmente a jóvenes de sectores populares, lo cual es una novedad para el sistema. Boric, por otro lado, representa un liderazgo con una capacidad innata para el manejo de los elementos simbólicos, con despliegue de gestos que logran generar empatía. Después del rechazó que generó Piñera, la llegada de Boric y la transición del verano generó alegría después de años de malestar e incertidumbre”.

Acá hay una clave. Para su despliegue, el gobierno tiene un primer reto en el plebiscito. “La opinión pública asocia mucho el proceso constituyente a Boric, y no es coincidencia que el nivel de apoyo a la Convención haya subido cuando ganó y ahora han caído juntos. Hay una asociación. Por eso es importante una victoria contundente del Apruebo. Es difícil especular por cuanto. Aún si triunfa, un resultado apretado va a generar tensiones”, me apunta Noam Titelman, ex dirigente estudiantil devenido académico y parte de la línea fundadora del Frente Amplio.

Para eso hay que prestar atención al frente interno. 

2) Las dos coaliciones

Marzo, estamos todos de acuerdo, se hizo demasiado largo, pero sigue siendo un mes, y un mes es poco para evaluar un gobierno. Hay, sin embargo, algunos elementos que desnudan problemas estructurales.

Recapitulemos. Boric llega a la presidencia a través de la plataforma Apruebo Dignidad, compuesta principalmente por el Frente Amplio –su espacio– y el Partido Comunista (PC) al que derrotó en primarias. Pero inclusive antes de la segunda vuelta, ante un resultado magro en la primera y más pobre aún en el Congreso, Boric se acercó al universo de la ex-Concertación, la coalición de centroizquierda que dominó la política chilena desde la transición, sobre todo al Partido Socialista (PS). Ese acercamiento luego se selló con el anuncio de gabinete, que cuenta con ministros de Apruebo Dignidad y del PS en la primera línea, y de otros partidos de la ex Concertación  –como el Partido por la Democracia (PPD)- en las segundas y terceras líneas. Otro dato saliente del gabinete, con más mujeres que hombres y en puestos centrales, es que le otorgó la cartera de Hacienda a Mario Marcel, presidente del Banco Central durante el gobierno de Piñera, un nombramiento celebrado por eso que llamamos los mercados. 

Fotos: Juan Elman en Chile

Los gestos de Boric en la campaña y el nombramiento del gabinete ya había generado tensión en algunas alas del PC. Esa tensión creció en el primer mes de gestión. “Este gobierno no ha perdido oportunidad para equivocarse”, me dijo un dirigente del partido que pidió no ser nombrado. “Se han ido alejando del mundo que los votó. Están más preocupados por darle muestras de buena conducta a la derecha económica que de gobernar para la gente que los escogió”. Hoy conviven diferentes ramas dentro del PC, que está, como el sistema en su conjunto, quebrado generacionalmente. Dirigentes jóvenes como la portavoz del gobierno Camila Vallejo, y la diputada Karol Cariola se sienten parte –y acompañan– al proyecto que encabeza Boric mientras los dirigentes más antiguos lo miran con desconfianza por recostarse en la ex Concertación, con la que el PC convivió en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, con evaluación negativa. 

Al gobierno le ha costado imponer su agenda en este primer mes. A eso se le suman errores no forzados en términos de declaraciones públicas. El caso más relevante es el de Izquia Siches, ministra de Interior, el cargo más importante después de la presidencia. La alusión a “Wallmapu” que generó críticas desde Argentina también las generó en Chile, especialmente desde la derecha. Mayor fue el revuelo cuando el jueves Siches se equivocó al acusar al gobierno de Piñera de expulsar migrantes en avión y luego regresarlo. Su debut ya había sido accidentado: fue recibida literalmente a los tiros en su primer viaje a la Araucanía, donde el Ministerio busca encabezar diálogos multisectoriales para abordar el conflicto, un proyecto que encuentra límites desde varias comunidades. También fue apuntada desde la izquierda: Siches salió a respaldar a Carabineros en las vísperas del Día del Joven Combatiente, que conmemora el asesinato de tres militantes por la dictadura, una fecha sensible y movilizadora.

Boric discutió pedidos de renuncia, pero por ahora la descarta y defendió a la Ministra públicamente. Que el cargo peligre a tan solo un mes de haber iniciado es revelador de los desafíos que tiene el gobierno en materia de seguridad pública y a nivel interno. Después está el factor individual. Siches, que saltó a la política luego de ser presidenta del Colegio de Médicos, donde rivalizó con Piñera en el contexto de pandemia, fue clave para la victoria de Boric. Le inyectó volumen territorial a la campaña, especialmente en el norte y la acercó más a sectores populares (Siches, no está de más decirlo, es el único rostro moreno que tiene la primera línea del gobierno chileno). Pero, al no tener inscripción partidaria, está más expuesta al relevo. Cuenta, sin embargo, con una ventaja que también es sintomática: no tiene reemplazante natural. El gossip de La Moneda es que nadie de los colaboradores cercanos a Boric quiso disputar el cargo. “Interior es un suicidio político”, decían.

La gestión de seguridad pública es central para un gobierno cuya mayor impugnación desde el centro y la derecha era que encarnaba un proyecto de cambios sin orden. El mapa es un campo minado, y cada conflicto tiene lógicas propias: además del sur y el norte, en la Región Metropolitana se han instalado con fuerza los grupos narcotraficantes y puntualmente en Santiago, hacia el centro, los conflictos entre manifestantes y Carabineros dominan los viernes, con el saldo de siempre: la represión. “Antes habíamos dicho que íbamos a reformar Carabineros. Ahora le damos todo nuestro apoyo en el momento de peor legitimidad de su historia, tanto por la represión en las protestas como por los escándalos de corrupción. Lo mismo con los prisioneros políticos: pasamos de reconocerlos como tales a negarles esa condición. El gobierno está perdiendo su propia base de apoyo”, dice el dirigente comunista, que asegura que su opinión es compartida por las bases del partido. 

En su primera semana, el gobierno anunció el retiro de las querellas por la Ley de Seguridad del Estado, que agiliza las penas y habilita la prisión preventiva para actos de desorden público, un instrumento utilizado por la dictadura de Pinochet que Piñera reflotó en el marco del estallido. Como consigna Federico Rivas Molina, hoy hay 211 personas detenidas –144 en prisión preventiva–, pero la gran mayoría fueron imputados también por delitos comunes, por lo que la medida tendría más impacto simbólico que práctico. El Ejecutivo presentó también una Ley de Amnistía, pero se encontró con otra pared familiar: el Congreso la demoró y su aprobación se proyecta lejana. Se trata de la principal demanda de los manifestantes de los viernes.

El otro flanco de tensión con la izquierda y movimientos sociales es la economía, en un contexto inflacionario agravado por la guerra. La síntesis de ese problema está en el debate por el “quinto retiro” de las AFP, los fondos –privados– que gestionan de manera discrecional las pensiones de los chilenos y sufrieron tres retiros voluntarios en el marco de la pandemia. El gobierno, que apoyó los retiros cuando era oposición, ahora se niega a extenderlos, una decisión que todavía se está discutiendo dentro de la coalición parlamentaria. Boric, Marcel, Siches y Vallejo salieron a rechazarlo. 

Ya voy cerrando. Este cuadro, además de reflejar las tensiones dentro de las bases del gobierno, que salieron a la calle para protestar contra “el modelo” y años de postergación económica, tiene efectos en la discusión sobre el plebiscito. Voces desde la izquierda sugieren que el gobierno puede postergar por unos meses la disciplina fiscal para que el clima económico durante la campaña sea más favorable para los votantes. “Lo más importante para el gobierno hoy es la aprobación de la Constitución. Si el país entra en recesión a mitad de año el Rechazo puede ganar. Hay variables que tienen que ser secundarias para que la gente vote más contenta”. El gobierno parece tenerlo en cuenta: el jueves Boric anunció un paquete económico de casi 4 mil millones de dólares con bonos, congelamiento de tarifas y extensión del IFE.

Los próximos meses, entonces, serán cruciales. A la batalla por el plebiscito le falta un ingrediente importante, que es la Constitución. Quedan tres meses para terminar de redactarla y recién en estos días se van a empezar a incorporar los “derechos fundamentales”, el cuerpo que mayor interés social suscita. Y cuando el texto se lleve a votación, va a contar con un activo crucial: a diferencia de la actual, escrita durante la dictadura de Pinochet, esta nueva Constitución va a ser hija de la democracia. 

Como ese afiche ambientalista que tenía la campaña de Boric, Chile discute nuevas raíces. Después, necesariamente, deberá ocuparse del bosque.

En su primer discurso como presidente, Boric repitió los gestos simbólicos que hizo el día que ganó la elección, decretó el inicio de un nuevo ciclo y prometió “reconstruir las confianzas después de tantas décadas de abuso y despojo”. Dijo que ese día era necesario hablar, pero que al día siguiente empezaría el trabajo. Cerró su discurso parafraseando a Allende. Luego dio media vuelta y respiró. 

Viste que ahora los memes son como postales.

Eso fue todo por hoy. 

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Un abrazo,

Juan

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Creo mucho en el periodismo y su belleza. Escribo sobre política internacional y otras cosas que me interesan, que suelen ser muchas. También estoy en Futurock y Radio Con Vos. Estudio Ciencia Política en la UBA. Soy fan de la pelea Mauro vs Samid.
@juan_elman
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