AMIA: una historia de encubrimientos

En febrero de 2019, veinticinco años después, se conoció la primera verdad: un tribunal oral determinó que distintos actores del Poder Judicial y de los servicios de inteligencia argentinos protagonizaron maniobras tendientes a desviar la investigación del atentado a la AMIA y encubrir a sus eventuales perpetradores. Es solo la punta del ovillo: resta saber por qué lo hicieron, a quiénes encubrieron y, finalmente, quiénes fueron todos los responsables del atentado contra la mutual judía que en 1994 asesinó a 85 personas e hirió a más de 150.

La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) del atentado a la AMIA tiene como hipótesis principal que el ataque fue ejecutado por el brazo armado de Hezbollah («Partido de Dios», nacido en el Líbano) y decidido por las máximas autoridades del gobierno de Irán en 1993 en una reunión celebrada en Mashad. La supuesta responsabilidad iraní en el atentado atraviesa la investigación desde las horas posteriores a que fuera perpetrado. Lo que aún nadie pudo explicar es cómo ocurrió que los mismos personajes a los que los servicios de inteligencia argentinos investigaban, al menos, desde 1992, tras el atentado contra la embajada de Israel, llevaran a cabo la segunda masacre en dos años.

En el 2014, en el marco del 20º aniversario del atentado a la AMIA, el periodista Walter Goobar postuló en el diario Miradas al Sur una fundada hipótesis que jamás fue desmentida: sostuvo que el gobierno argentino bajo las órdenes de Carlos Menem y sus servicios de inteligencia comandados por Hugo Anzorreguy habían dado curso en 1994 a una «operación controlada» que implicaba dejar que los autores del primer ataque avanzaran con la preparación del segundo para agarrarlos las manos en la masa y resolver así dos investigaciones en una. Eso permitiría recuperar el prestigio internacional perdido. Pero algo falló y la operación se les fue de las manos.

La investigación publicada por el autor del libro El tercer atentado: Argentina en la mira del terrorismo internacional permitía entender por qué el gobierno de Menem había desoído al menos media docena de alertas recibidas antes del 18 de julio de 1994 que daban cuenta de la inminencia de un segundo atentado en territorio argentino. La hipótesis de la «operación controlada» encajaba además con el hecho de que el clérigo iraní Moshen Rabbani -sospechado de ser uno de los autores intelectuales del atentado- fuera perdido de vista poco tiempo antes del ataque y años después hubiera participado de reuniones en la mismísima SIDE, según consta en documentos desclasificados detectados en 2016 por los fiscales que encabezaban en ese entonces la UFI-AMIA.

La Secretaria de Inteligencia de Estado había seguido a Rabbani, y a una larga lista de ciudadanos iraníes radicados en la Argentina, desde mucho antes de que estallara la bomba en la AMIA. Una de las pruebas más contundentes de ese seguimiento es la foto del clérigo en una concesionaria de autos ubicada en la Avenida Juan B. Justo, tomada en diciembre de 1993, más de medio año antes del ataque contra la mutual judía. Esa imagen sería utilizada luego para acusarlo de buscar una camioneta Trafic, el mismo vehículo que, según la justicia local, se utilizó para cometer el atentado. A 26 años del atentado, la teoría de la supuesta «operación controlada» puede ayudar también a comprender el por qué del encubrimiento.

Además de no investigar el atentado como debía y de participar del desvío de la investigación, la ex SIDE y miembros de algunas fuerzas federales de seguridad se dedicaron a espiar a las víctimas: una investigación publicada hace dos años junto a Cecilia Devanna en el portal Anfibia reveló que los familiares de las víctimas del atentado habían sido seguidos e investigados durante años por miembros de esas dependencias del Estado. ¿Por qué lo hicieron? Quizás con el objetivo de mantenerlos alejados de la verdad.

En ese artículo se relató que Diana Malamud, referente de una de las organizaciones de familiares de víctimas del atentado, había detectado en 1996 que la seguía un auto de la Policía Federal. Todo ocurrió en los días posteriores a que brindara un discurso crítico contra el gobierno nacional de turno en el segundo aniversario del atentado a la AMIA en el que había muerto su marido, Andrés Malamud, el arquitecto encargado de las refacciones de la mutual judía. Allí también se señaló que dentro la documentación desclasificada en el marco de la investigación del ataque terrorista ocurrido en 1994 aparecieron documentos vinculados a Malamud y otros familiares de víctimas.

En la continuidad de ese trabajo, Cenital pudo reconstruir el contendido de cinco informes encontrados durante los procesos de desclasificación dentro de las oficinas de la SIDE, en el área de terrorismo, referidos a la colectividad judía argentina. Los textos, que habrían sido producidos por miembros de la Policía Federal antes de llegar a manos de los servicios de inteligencia, datan de los años 1996, 1997 y 1998. Revelan que las fuerzas y organismos encargados de proteger a la sociedad y prevenir los atentados se dedicaron una vez más a husmear donde no debían.

El primero de los informes hallado en 2016 bajo el polvo de una biblioteca olvidada en la SIDE refiere a «La segmentación de la colectividad judía en argentina» y asegura que «se corresponde con correlatos casi simétricos de la política interna del Estado de Israel». «Tal es la raíz de las importantes diferencias que se evidencian entre dirigentes como el del Dr. Rubén Ezra Beraja de la DAIA y el Dr. Alberto Cruponicoff de la AMIA, en torno a temas varios que incluyen el atentado contra esta institución», se asegura en ese documento de inteligencia fechado el 12 enero 1996.

A lo largo de 176 páginas, el documento sin firma despliega un análisis de la estructura de la colectividad judía argentina, sus instituciones y sus dirigentes.

El segundo informe, del 26 de febrero de 1996, está titulado «Empresas» y sostiene que «empresas de seguridad privada cumpliendo el rol de «sayanin» (ayudas) para el Mossad israelí, trabajan también para entidades de la colectividad judía, muchas de las cuales están estrechamente vinculadas a la embajada de Israel o son virtuales apéndices de esta como la cámara de comercio argentino-israeli».

El tercero y el cuarto informe, fechados entre diciembre de 1997 y 1998 hacen referencia a la posición de Estados Unidos en relación a la denominada «globalización de la lucha contra el terrorismo» y la participación de ese país como supervisor del abordaje trinacional (Argentina, Brasil, Paraguay) del «fenómeno del terrorismo musulmán en la Ciudad del Este – Foz de Iguazú».

El quinto informe está referido a la «situación de seguridad de las entidades judías» y a «la interna de la colectividad». Según surge del propio documento, fue elaborado en los días en los que se cumplía el tercer aniversario del atentado a pedido de la jefatura de la Policía Federal y buscaba contrarrestar la idea de la posibilidad de un tercer atentado que funcionaba como «herramienta de presión de la embajada de Israel y las instituciones judías sobre el gobierno nacional».

Esos documentos, que aún no fueron explicados por nadie, contienen información de dirigentes, periodistas, profesionales y otros integrantes de la comunidad judía retratados a groso modo por escribas de la Policía Federal. Son documentos que terminaron en manos de los servicios de inteligencia y forman parte de los miles de papeles desclasificados con los que ahora trabaja un equipo de expertos de la UFI-AMIA en busca de algún elemento, aunque sea un hilo, que permita tirar del ovillo que lleva 26 años enrollado.