Rocca ganó por puntos y la UIA apoyó el RIGI al filo del debate en el Senado
Techint y las grandes empresas, sobre todo energéticas y mineras, se impusieron y lograron que la dirigencia industrial apoye en bloque el régimen de la Ley Bases en la víspera a su tratamiento en el recinto.
La junta directiva de la UIA, el órgano más amplio de su mesa de autoridades, comunicó este martes que “tanto el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) como el capítulo laboral y la moratoria fiscal resultan centrales para poner en valor las oportunidades que el país tiene por delante y amortiguar los efectos adversos de la coyuntura actual”.
Sin diferencias en el apoyo a la reforma laboral y a la moratoria, el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, trabajó para conseguir una fumata blanca industrial por el RIGI. El abogado atemperó la resistencia de las pymes, sobre todo metalúrgicas, que se oponían al sistema por considerar que inclinaba la cancha en favor de grandes grupos. Algunos cambios normativos, dicen críticos iniciales que terminaron firmando la paz interna, ayudaron a “nivelar”.
Sin embargo, el comunicado final obvió disidencias internas que permanecieron, según un industrial del interior crítico con los detalles del régimen.
Para calmar ánimo, el lobby de la UIA logró que el dictamen que se discutía este miércoles en el Senado limite la adquisición de bienes de uso importados de segunda mano eximidos de derechos de importación e incorpore una mención declamativa, sin especificaciones, al desarrollo de proveedores locales a los grandes proyectos. También se extienden algunos beneficios a los proveedores de los grandes proyectos, para la mercadería asociada a la inversión.
Un empresario que se oponía con vehemencia al régimen cambió de opinión y se lo explicó, en off, a Cenital: “Decíamos que, tal como estaba planteado, el RIGI destruía el ecosistema pyme. Ahora, esto puede ser virtuoso, si los incentivos incorporan a la industria nacional y hacen que sean palanca para el desarrollo”.
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La puja estuvo planteada desde el inicio del debate. El RIGI establece una serie de beneficios fiscales amplios y duraderos que las grandes empresas que buscan hundir capital en Vaca Muerta y para extraer cobre y litio, entre otros minerales, aguardan.
A la cabeza de ese grupo está Techint, el pulpo de Paolo Rocca. Tecpetrol, líder en la extracción de gas no convencional desde que aprovechó la resolución 46 de Mauricio Macri con un sostén de precio para el fluido que obtenía al inicio de la explotación, espera el régimen para acelerar inversiones. En el sector creen que los USD 6000 millones que la industria petrolera hunde en ese páramo patagónico deberían duplicarse o triplicarse en dos o tres años para aprovechar la ventana de oportunidad hacia la transición energética. También buscan acelerar alguno de los proyectos para producir gas licuado y poder exportarlo por barco.
Otras grandes empresas, como alimenticias y automotrices, siguieron la discusión por el costado. Distintas fuentes del sector respondieron con indiferencia o decidieron apoyar al Gobierno en su necesidad de herramientas, incluida la reforma laboral, en vez de adoptar una postura crítica sobre aspectos que podrían afectar la competitividad interna debido a diferencias impositivas.
En un extremo, una gran aceitera puede verse perjudicada si un competidor aprovecha el RIGI para establecer un nuevo puerto que goce de beneficios como la exención de derechos de exportación. El Gobierno les prometió a las empresas cerealeras que eso se saldará en el decreto reglamentario. La Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) activó reuniones conjuntas con la Federación de Aceiteros para transmitir “preocupación en relación a los efectos negativos que representaría para el sector la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal”, según una nota al gobernador Maximiliano Pullaro a la que accedió Cenital. Los trabajadores reclaman contra el impuesto a las Ganancias y la reforma laboral. Las empresas advierten que Ganancias afectará el clima laboral en las plantas, pero también sugieren que el RIGI no favorece a la industria.
Si la “T” jugó puertas adentro para impulsar el RIGI y otras grandes miraron para el costado, la Asociación de Metalúrgicos (ADIMRA), que integran proveedores y clientes de la multinacional de Rocca, manifestaron con vehemencia su oposición al régimen que salió con media sanción de la Cámara de Diputados. Se oponían, sobre todo, a la extrema permisividad para importar maquinaria usada con arancel cero y a la falta de programas de desarrollo de proveedores.
Otra férrea opositora al RIGI fue la Federación de Industrias de Santa Fe (FISFE). En esa provincia, la actividad cae casi 20% contra 2023, a pesar de la tracción de la soja. FISFE alzó la voz en Diputados y cree que los cambios que se incorporaron en el dictamen de mayoría de Senadores quedaron a medio camino.
Funes de Rioja jugó a acercar posiciones. Desde el inicio, las pymes y el ala técnica de la UIA plantearon reparos a la amplitud de los beneficios en desmedro de la capacidad instalada (por ejemplo, las automotrices) como de la competitividad interna. Los proyectos nuevos de los próximos dos o tres años (el régimen tiene prórroga) ganarán libertad para sacar divisas, pero también exenciones de derechos de importación y exportación. Las empresas ya radicadas deberían acudir a un polémico enjambre legal para obtener esos derechos sin hundir nuevo capital.
La UIA también empezó a mostrar una iniciativa propia, el proyecto de Ley Pyme. Busca acelerar amortizaciones y eximir de derechos de exportación a las pymes que inviertan, entre otras cuestiones fiscales. Con trámite incierto en el Congreso, fue parte de la agenda con la que, la semana pasada, Funes de Rioja recibió a un Guillermo Francos recién asumido como jefe de Gabinete.
El cambio de posición de la UIA empezó a plasmarse dos semanas atrás, en Mendoza. El 24 de mayo, en un evento regional, Funes de Rioja se mostró con el gobernador Alfredo Cornejo y con Juan Pazo, el secretario de Planeamiento y Gestión de Desarrollo Productivo que engloba industria, comercio y agricultura. “Apoyamos claramente la Ley de Bases porque creemos que tiene que haber instrumentos legales para que existan inversiones, hemos hecho sugerencias para defender el tejido de pymes que acompañan a los grandes tractores del desarrollo”, dijo el presidente de la entidad fabril.
Su trabajo le dejó heridas. Algunos industriales empiezan a explorar un cambio de conducción para 2025. “No le va a salir gratis, ya lo corrieron de Copal y no es lo mismo atravesar una baja de actividad con un gobierno que te dice sin tapujos que te quiere co…”, dijo uno de ellos a Cenital, en un chat con otras palabras irreproducibles.
Para entonces, el RIGI probablemente ya esté establecido y los grandes grupos energéticos y mineros, encabezados por Rocca, estén gozando de los treinta años de tan ansiada estabilidad fiscal y cambiaria.